Ante un estado de emergencia vial

Como se ve, estamos frente a una emergencia vial en algunas zonas del país y a una amenaza de producción alimenticia mermada que debe mover la rápida acción asistencial del Gobierno

Se torna dramática, cada vez más, la situación que padecen las familias que tienen o tuvieron, hasta hace poco, sus viviendas a lo largo de un extenso tramo de la carretera turística de Luperón.

Los deslizamientos y grietas que se han producido en algunas de sus partes han destruido, hundido o resquebrajado muchas casuchas, y han entorpecido el tránsito por ella.

El Gobierno ha ido en auxilio de los damnificados, y de pronto se han tomado algunas medidas para impedir el tránsito de vehículos.

Lo que se aconseja es que, dado el alto riesgo que existe con la profusión de lluvias en la zona, se organice rápidamente un plan de evacuación de familias cuyas casas no han sido afectadas, pero que pueden serlo en una eventualidad, antes de lamentar una tragedia mayor.

Son estas situaciones imprevistas, que obligan a un gobierno a buscar, donde sea, los recursos necesarios para dar amparo a estas familias, por un lado, y para reparar, hasta donde sea posible, los daños recibidos por la carretera.

Si al cabo de una investigación de carácter, se llega a la conclusión de que la carretera es, definitivamente, inviable, hay que tomar las medidas para restringir el paso de vehículos de todo tipo y, en lo posible, para impedir que se levanten viviendas en las zonas de riesgo.

Otro esfuerzo ingente lo tiene el Gobierno por delante, respecto a los daños causados por las últimas lluvias de diciembre---y las de principio de este mes---en la zona del Nordeste.

Cerca de 30 puentes que destruyó la tormenta Jeanne requieren ser restablecidos, lo que exige una inversión de 800 millones de pesos. Estas lluvias recientes destruyeron obras que se habían reconstruido y, en el caso del badén de El Helechal, en el Este, las aguas se lo llevaron de nuevo.

Los que viven lejos de esas comunidades no pueden medir la magnitud de las pérdidas que han sufrido en los últimos cuatro meses.

No sólo confrontan dificultades para comunicarse por la vía terrestre, sino que las plantaciones han sido inundadas y se han perdido muchas cosechas.

Esto implica que, para poder alimentar a sus propios pobladores, tienen que acudir a mercados muy distantes a buscar víveres y otros productos, pagándolos más caros.

Los de Samaná, por ejemplo, han tenido que venir a la Capital para abastecerse de plátanos del Sur. Y estamos seguros de que se incrementará la demanda, y se encarecerá ese solo producto, porque las plantaciones del Norte han quedado bastante melladas con las inundaciones y las lluvias.

Como se ve, estamos frente a una emergencia vial en algunas zonas del país y a una amenaza de producción alimenticia mermada que debe mover la rápida acción asistencial del Gobierno.

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