Licitaciones sin el “decreto-puente”

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- los últimos días, sin esperar la entrada en vigor de un “decreto-puente” que regularizará las compras del Estado.

Se trata de las licitaciones para equipos y accesorios del Metro y para la instalación de dos plantas a carbón que produzcan 1,200 megavatios en conjunto.

Ambos concursos comprometen enormes sumas de dinero y exigencias técnicas de envergadura que, a decir verdad, ameritaban una sujeción más formal a las reglas que pueda establecer el “decreto-puente” que ha prometido emitir el Poder Ejecutivo en cuestión de días.

El “decreto-puente” es un paso intermedio en lo que se aprueba la ley sobre la materia, una ley que vendría a llenar exigencias implícitas en el tratado de libre comercio con Centroamérica y los Estados Unidos.

Nadie se explica por qué se ha demorado tanto su aprobación, si se considera que la necesidad de la transparencia en el manejo de los recursos de un Estado constituye, ya, a nivel de América Latina, un imperativo de primer orden en la lucha contra la corrupción administrativa.

La realización de licitaciones para compras o concesiones de obras del Estado antes de que se emita el “decreto-puente” puede dar lugar a múltiples conjeturas sobre la celeridad con que se han hecho.

Lo conveniente hubiese sido que, conocida la intención del Poder Ejecutivo de emitir el “decreto-puente”, estas licitaciones hubiesen esperado por las nuevas reglas , en el supuesto de que serán más rigurosas y completas para garantizar una transacción más transparente, menos sujeta a sospechas.

Es natural, por la tradición indeseable que han revestido muchos negocios del Gobierno, que se muevan intereses, lobbistas, testaferros y toda suerte de enflautadores procurando las mieles crematísticas para llevarse grandes tajadas, mientras dejan al Estado indefenso ante incumplimientos, engaños o trapisondas.

Se presume que la ley sobre la transparencia, que ha tardado en aprobarse un tiempo demasiado largo, así como el “decreto-puente”, subrayarían la voluntad del Estado de tener sus cuentas claras, en un momento en que tantos aventureros y codiciosos medran alrededor de las obras millonarias para lucrarse a costa del bien público.

Las regulaciones sobre las compras del Gobierno permitirán que se adquiera lo necesario, lo indispensable, al mejor precio y en las mejores condiciones, evitando así una cultura del manirrotismo que ha drenado, en distintas etapas, los recursos del Estado, sin control ni supervisión.

La sociedad espera que no haya más demora en la emisión del “decreto-puente” y que, en el ínterin, no se apresuren licitaciones multimillonarias, aunque sean para obras y proyectos de interés nacional.

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