La tropa sobornada

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.-Al rendir su informe sobre la tragedia de los haitianos que murieron asfixiados en un furgón, la comisión investigadora ha implicado a 10 civiles y 7 soldados en el tráfico ilegal de indocumentados.Y lo más relevante del informe –una verdad que muchos saben– es que reconoce indicios de que los soldados recibieron dádivas de los traficantes para permitir el paso del camión por la frontera.Esta admisión subraya la vulnerabilidad de la fuerza que ha sido destacada para proteger la frontera y hacer cumplir las leyes que, por una suma de pesos o sabrá qué otras prebendas, entra fácilmente en contubernio con los mafiosos.Si esto sucede en una cadena de puestos militares con un camión que nadie revisó, lo mismo ha de suponerse que pasa con armas, drogas y otras mercancías que se introducen de contrabando en esa zona.La solución no parece radicar en un número mayor de soldados de vigilancia o control, sino en una depuración del personal que vaya a cumplir esa misión y que se certifique que está apto para no incurrir en esas complicidades.A pocos días de descubrirse la carga lúgubre del furgón, otros dos operativos han servido para detener a decenas de haitianos ilegales, lo que indica que el tráfico de personas es más intenso y fluido y que alrededor de ese negocio deben operar no una, sino varias mafias o grupos organizados.Y si esto es únicamente con ilegales, habrá que suponer que para los otros contrabandos existen equipos especializados y familiarizados con los procedimientos de incursión y soborno.De esto se deduce que, pese a algunos operativos exitosos, son más los casos de contrabando de todo tipo que entran al país, probablemente usando el mismo señuelo de sobornar militares y policías, que los que impiden las autoridades.En circunstancias como estas, ¿qué garantías habrá de que pueda ejercerse un control mas adecuado y real de la inmigración haitiana en la frontera si existen soldados proclives a la corrupción?Esta preocupación es digna de plantearse en un momento en que el país siente que no ha podido frenar la avalancha de ilegales haitianos y que no hay autoridad que pueda, con sus recursos y con todo el poder que la ley le otorga, combatir el contrabando de mercancías, especialmente drogas.Uno de los parámetros que sirven para examinar las fallas de un Estado es el control que pueda mantener sobre sus fronteras. Si es ineficaz, esto indica que es susceptible de caer en situaciones complejas e imprevisibles, como las que comenzamos a ver en toda su trágica dimensión con el caso de los ilegales.Reconocemos el duro y doloroso trance en que viven miles de haitianos hambrientos y desempleados y la desesperación en que caen aquellos que por lo menos tienen para pagar altas sumas a un traficante de humanos, pero el país no puede dar la sensación de que ha tirado la toalla y se ha dejado apabullar por este problema, cuando en verdad hay maneras de controlar y de actuar con firmeza y legalidad ante el fenómeno de la inmigración ilegal, como se hace en otros países.