Que se aplique el “anti-doping”

El “anti-doping” es uno de los tantos recursos que tiene la sociedad para prevenirse de la expansión de la drogadicción, un flagelo que ha envilecido a millones de jóvenes, niños y adultos en el mundo, alrededor del cual opera un multimillonario negocio ilegal que, a su vez, destruye valores y hasta las mismas instituciones de un Estado

La prueba “anti-doping”, para establecer si una persona consume drogas prohibidas, es algo que ya debería generalizarse en el país.Así como el famoso “papel de buena conducta” constituye un requisito para ciertas actividades del ciudadano, así la prueba “anti-doping” pudiera servir como un eficaz instrumento para descubrir a los usuarios de las drogas, especialmente cuando pretenden ingresar o emplearse en instituciones que, justamente, están llamadas a combatir ese flagelo.

El presidente del Consejo Nacional de Drogas, general José Aníbal Sanz Jiminián, propone que esta prueba se le aplique no solamente a los militares y policías, sino a los estudiantes y maestros de las escuelas públicas y privadas. La aplicación debería extenderse hasta los que aspiran a posiciones electivas, incluso a los que ya se encuentran ejerciendo dichas funciones en nuestras cámaras legislativas y nuestros ayuntamientos.

La prueba, cuyo costo imaginamos es muy alto para que pueda ser asumido solamente por el Gobierno, puede ser cobrada a los usuarios, de la misma manera en que se pagan ciertos sellos y documentos oficiales.En realidad, su gran valor está en que permite a una institución, a una empresa, a un centro escolar, determinar quiénes son drogadictos y ameritan de tratamientos médicos y psicológicos, con lo cual se evitan trastornos que, a la postre, resultan más costosos.

En el mundo deportivo, estas pruebas son regulares y hasta reglamentarias, y a través de ellas se ha podido detectar la presencia de sustancias narcóticas en jugadores y la inmediata eliminación de estos en las competencias, antes, durante o después de ellas, tan pronto se tienen las comprobaciones.

Ningún deportista se queja o rehuye a la prueba. Por el contrario, el ciudadano que se sienta libre de estas sustancias o del vicio de la drogadicción, no opondrá resistencia a la prueba, mucho menos si se convierte en obligatoria y reglamentaria por vía de una ley del Congreso.

El “anti-doping” es uno de los tantos recursos que tiene la sociedad para prevenirse de la expansión de la drogadicción, un flagelo que ha envilecido a millones de jóvenes, niños y adultos en el mundo, alrededor del cual opera un multimillonario negocio ilegal que, a su vez, destruye valores y hasta las mismas instituciones de un Estado.

Los dominicanos hemos visto cómo el fenómeno de la drogadicción ha derivado en la formación y luchas de pandillas, en el incremento de la delincuencia barrial, en la burla a la autoridad en todos los sentidos, en riquezas emergentes que dislocan la economía creando espejismos de desarrollo y en la vulneración física e intelectual de muchos ciudadanos que, lamentablemente, cayeron en esa trampa.

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