¿Por encima de la ley?

La ley la ampara y los procedimientos para lograrlo son muy explícitos. Al ciudadano citado no se le consagra, por el momento, el albedrío de decidir si es o no útil, en su propia convicción, acudir o no por ante un tribunal


Se supone que, como ex presidente de la República, el primero que debe hacer honor a lo que manda la ley es el ingeniero Hipólito Mejía. Su no comparecencia a un juicio, pese a una citación legítima y regular de una jueza, es una verdadera falta de respeto a la autoridad judicial. Es inexcusable. La razón esgrimida para no hacerlo, una supuesta falta de elementos de valor o de interés para dicho juicio, hace presumir que, a su entender, las reglas las impone el imputado o el testigo, no la magistrada a cuyo cargo está esclarecer el caso en cuestión. La jueza tiene que decidir, y así lo hizo, quién tiene o no méritos para comparecer a la audiencia a prestar testimonio. La ley la ampara y los procedimientos para lograrlo son muy explícitos. Al ciudadano citado no se le consagra, por el momento, el albedrío de decidir si es o no útil, en su propia convicción, acudir o no por ante un tribunal. Podrán existir causas de fuerza mayor, comprobables y atendibles, que excusen la inasistencia, pero jamás las del tipo de argumentos usados por el ex presidente para rehuir a su comparecencia. Como ex presidente, repetimos, su deber es no sólo cumplir con la ley, sino dar el ejemplo a los demás. Si otro fuese el contexto, es decir, si fuera presidente en ejercicio, la Constitución establece las condiciones para que, en un caso determinado, se le lleve a juicio. Lo mismo aplica para los legisladores y para los secretarios de Estado, a los cuales se les confiere jurisdicción privilegiada. Pero este no es el caso actual, y de ahí que al rehusar asistir como testigo a un juicio por difamación e injuria, abierto a instancias de un ciudadano al que se le considera su mano derecha en el poder, razón por demás suficiente para que lo ayudara con su testimonio a salir bien librado en su demanda, la sociedad interpreta el gesto como una burla a la majestad de la Justicia. Y como un vivo ejemplo de desdén frente a la ley, de cuyo alcance no está ajeno ni él ni nadie en este país.