Extradición y “nacionalismo”

La sociedad tiene que sentirse satisfecha de que, en este caso, ha habido un ejercicio responsable de la justicia frente al narcotráfico, aunque les duela a sus cómplices y sus aliados

La extradición es una de las instituciones jurídicas del mundo más antiguas, y su aplicación se remonta a los tiempos bíblicos , hasta las mismas tribus de Israel.Desde el siglo VIII de la Era Cristiana se ha recurrido a este mecanismo para resolver las disputas o reclamaciones de delincuentes que cometen una fechoría en un país y se van al suyo, o a otro, para evadir la persecución de la justicia.En el siglo pasado, esa figura alcanzó una mayor formalidad en nuestra América Latina, a partir de la aprobación del Código de Derecho Internacional privado o Código Sánchez de Bustamante, en La Habana, en 1928.Desde entonces, nuestro país ha suscrito tratados de extradición con Cuba (1905), con Estados Unidos (1910), con Uruguay (1933), con España(1981), con Colombia (1982), con Taiwán(1990) y más remotamente con Haití, en 1874.Y más allá de estos tratados, el país ha suscrito la Convención Interamericana sobre Extradición y ha votado su propia ley sobre la materia exclusivamente, la número 489.Tanto esta ley, como las demás que forman parte del cuerpo doctrinal de nuestro sistema juridico, es lo que caracteriza el llamado Estado de Derecho, algo que muchos defienden, día a día, a veces sin saber todo lo que encierra esta expresión.Por tanto, sería una violación grosera a ese mismo Estado de Derecho que cualquiera de nuestros órganos del sistema judicial o del Poder Ejecutivo, ignorando los mandatos de estos tratados y estas leyes, se cruzaran de brazos y se declararan en inacción frente a la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para extraditar a Quirino Paulino Castillo.La extradición no entraña, pues, ningún ejercicio pecaminoso de la justicia, ni altera para nada la soberanía ni las bases legales y morales en que se funda la nación dominicana,ni mucho menos el nacionalismo sano que consiste en la defensa de los intereses de nuestra patria. Atacar o intentar desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia por un fallo que sólo se limita a estimar que “ha lugar” a la solicitud de extradición que formuló a Estados Unidos, atribución que se la otorga el Código Procesal Penal y la tradición jurídica francesa, es ignorar que el alto tribunal ha actuado conforme a lo que le permite el Estado de Derecho que muchos defienden a veces sin saber qué es, en esencia.La atribución final de la extradición la tiene, en virtud de la ley, el Presidente de la República.Y este ha sido consecuente con una historia de reciprocidad en esta materia de tratados bilaterales con Estados Unidos y otros países, y tampoco puede considerársele un ejercicio pecaminoso, ni ilegal ni antinacional, mucho menos un acto de entreguismo o de sumisión infame a otros poderes.La sociedad tiene que sentirse satisfecha de que, en este caso, ha habido un ejercicio responsable de la justicia frente al narcotráfico, aunque les duela a sus cómplices y sus aliados.