Valerosa sentencia de la Suprema

Con esta sentencia la Suprema hace un gran aporte a la lucha contra el narcotráfico y todas sus secuelas, sin tener virtualmente ningún apoyo o endoso de la sociedad civil que, penosamente, se quedó dubitativa, callada y timorata frente a este mayúsculo escándalo que se deriva de los nexos del acusado con figuras del pasado gobierno.


Los narcotraficantes le temen como el diablo a la cruz a su extradición a los Estados Unidos, porque conocen la rectitud y la severidad con que su sistema judicial encara sus casos.

La mejor prueba de ello es que, en el climax de su resistencia a ser deportados hacia Estados Unidos, los narcotraficantes colombianos fueron capaces de volar el edificio de la Suprema Corte en Bogotá y asesinar, en una sangrienta cadena de ataques y también secuestros, a magistrados y autoridades que luchaban contra ellos.

En el caso dominicano, la sentencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, asumiendo directamente la responsabilidad de la extradición de Quirino Ernesto Paulino Castillo, es un veredicto que la honra y la fortalece.

Es el mejor testimonio de que, al nivel del máximo tribunal de la República, impera el compromiso de no permitir que los narcos se sientan fuera del alcance de la justicia de un país, sea Estados Unidos o cualquier otro con el que tengamos convenios de extradición, que los reclame cuando se sientan perjudicados por sus acciones criminales.

La Suprema Corte no sólo ha validado, con su sentencia, el acuerdo de extradición con Estados Unidos para el caso actual, sino que ha tomado su decisión con plena responsabilidad y firmeza, sin temor a las consecuencias. Ha hecho, con esto, un gran aporte a la lucha contra el narcotráfico y todas sus secuelas, sin tener virtualmente ningún apoyo o endoso de la sociedad civil que, penosamente, se quedó dubitativa, callada y timorata frente a este mayúsculo escándalo que se deriva de los nexos del acusado con figuras del pasado gobierno.

Ha sido notorio, y por tanto cuestionable, el silencio con que observó todo el proceso de investigación y exposición de evidencias sobre el acusado y sus cómplices, a pesar de que estamos en presencia de un acontecimiento que ha puesto al descubierto –en su propia médula– la corrupción de los órganos y figuras del poder en nuestro país, situación que ameritaba que las principales entidades de la sociedad se pronunciaran, con claridad y sin miedo, en favor de la Suprema, para no dejarla sola en su ejercicio.

Por experiencia de otros países, sabemos que la extradición de un capo del narcotráfico deviene, de inmediato, en revelaciones sobre sus nexos y cómplices, y en asesinatos selectivos, para borrar pruebas o proteger otras identidades comprometidas.

También en este escenario es preciso que la sociedad civil trabaje unida a la Suprema, al ministerio público y al Gobierno, para reclamar acciones sin titubeos, sin dobleces y sin enfoques miopes, contra los verdaderos depredadores de los recursos públicos, los que se burlan de las leyes y las instituciones, y los que se han enriquecido a través del vil flagelo del narcotráfico, tema que ha estado ausente de su discurso y de su accionar frente a este caso.

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