Una “lucha” timorata, lenta e ineficaz

Los que minimizan el impacto que estas actitudes dubitativas producen en el ánimo de la ciudadanía no están sintonizando con la realidad concreta, que exige acción y castigo, más que circo o pura persecución política

Por la forma timorata, lenta e ineficaz con que se ha enfrentado hasta ahora la corrupción en las esferas oficiales, ya parecen quedar pocos dominicanos esperanzados en que se cumplan las promesas que se hicieron para encarar ese flagelo.La percepción que se tiene, en amplios círculos de nuestra sociedad, es que para influyentes figuras del Gobierno, esa lucha no es prioritaria y no debe consumir las energías que pudieran dedicarse a otros objetivos, como el de la recuperación de la economía.Si se considera que la aspiración de deshacer entuertos es simplemente intangible, no medible por ninguna vía concreta de las que se usan para tomar el pulso a una situación, entonces el Gobierno podría caer —como parece que ha caído— en una distorsión de enfoque.En una diplopía.Es decir, en una imagen doble en la que la realidad y las aspiraciones concretas de los ciudadanos queda opacada por las “prioridades” que se forma el propio Gobierno de su quehacer, que parecen ser las de alcanzar la recuperación económica del país, lo cual no está mal después de la terrible pesadilla que sufrimos.Y de ahí que, al choque de ambas imágenes, el Gobierno reaccione tardíamente frente al aluvión de denuncias y sospechas de que gente conectada al poder ha incurrido ya en actos indelicados, y entonces se da cuenta de que la corrupción es un mal que ha llegado a sus entornos.Reacciona frente a la embestida, pero actúa con respuestas escasamente contundentes. Esta lentitud en reaccionar frente al escándalo sobre la forma y el costo del amoblamiento del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y sobre las sospechas que recaen en personas vinculadas al extraditado narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo y que habrían gozado de la confianza de los nuevos inquilinos del poder, acentúa las preocupaciones de la Iglesia Católica y otras entidades de la sociedad civil de que no existe voluntad para enfrentar las pasadas y nuevas manifestaciones de corrupción.El hecho de que desde el Gobierno se diga que los contenidos de treinta auditorías son tan fuertes que, de sólo divulgarlos, producirían un estremecimiento de la sociedad, pero todavía se ocultan o se guardan, arroja más dudas.Los que minimizan el impacto que estas actitudes dubitativas producen en el ánimo de la ciudadanía no están sintonizando con la realidad concreta, que exige acción y castigo, más que circo o pura persecución política.El Departamento de Prevención de la Corrupción ha admitido ayer que esta lucha es ineficaz por el momento. Y las razones que ofrece para intentar justificar la inacción, la lentitud o sencillamente la incapacidad de librarla con más voluntad, no resultan admisibles ni creibles para una sociedad que esperaba —en esa materia— algo más de este gobierno.