Más poderosa que lo imaginado

Parecería que estamos creando, así, un nuevo embudo a través del cual podrían colarse, sola y únicamente, los casos que política y estratégicamente convengan al Gobierno de turno, y “congelando” en una nevera los expedientes que le puedan hacer daño

La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción es algo así como la superestructura de otra superestructura jurídica que ya existe para esos fines.La prueba está en que, mediante un reglamento, se le autoriza a esa Comisión a “solicitar y recibir” las auditorías que realicen la Contraloría y la Cámara de Cuentas.Y , también, a “constatar la efectividad de los controles administrativos que establece el Estado dominicano”, funciones que hasta ahora se reservan a la Cámara de Cuentas, como órgano superior, y a la Contraloría General.Los auditores y contadores están para verificar cómo se manejan los recursos públicos y se cumplen los procedimientos establecidos, y tanto la Cámara como la Contraloría tienen competencias para recomendar medidas profilácticas y velar por la efectividad de los controles establecidos.Pero ahora esa facultad se le concede también a la poderosa Comisión de Ética, junto con otras capacidades, como la de servir prácticamente de depósito y filtro de todas las acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos.Parecería que estamos creando, así, un nuevo embudo a través del cual podrían colarse, sola y únicamente, los casos que política y estratégicamente convengan al Gobierno de turno, y “congelando” en una nevera los expedientes que le puedan hacer daño.Si el Estado dispone de una Cámara de Cuentas, una Contraloría General, un Procurador General, un Fiscal del Distrito Nacional y un Departamento de Prevención de la Corrupción, qué razón subyace para crear, sobre todos, una superestructura casi superior que controle sus actos?.Las auditorías que realizan la Cámara de Cuentas y la propia Contraloría tienen sus cursos bien definidos. Si se descubre corrupción y claras violaciones a las leyes, los experticios son enviados a la Fiscalía para que proceda de inmediato. Si a este proceso se le mete una cuña para que el expediente haga una parada en la Comisión de Ética y ésta, a su vez, someta dichas auditorías a su propia revisión, pueden pasar varias cosas, entre ellas que se demore la viabilidad del expediente hacia la jurisdicción debida —si no conviene al Gobierno o al partido en el poder—, o que la Comisión se convierta en juez y parte de un proceso que, por ley, le corresponde a otras instituciones.¿Tiene la Comisión los recursos suficientes y el personal capacitado para cumplir la ciclópea labor que le ha asignado, por decreto, el Presidente de la República?Tal vez las aprehensiones que han causado su formación y sus amplias atribuciones no sean del todo justas. Tal vez estamos exagerando sus implicaciones negativas o suponiéndole una dimensión operativa que no tiene.Pero vale la pena que se hagan estas interrogantes y reflexiones, frente a la comprobada y sorprendente parsimonia, lentitud, y a veces timidez, con que este Gobierno ha decidido enfrentar el flagelo de la corrupción.Si la actitud hubiese sido otra, la Comisión de Ética constituiría escudo y corona de esa lucha y no lo que, hoy, muchos temen que sea