Este modelo de corrupción tiene que acabar

SANTO DOMINGO, R.D.- Junio 21- El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicará una relación más estrecha, más fluida y con más dividendos económicos para las partes, y para que tenga viabilidad y éxito se requiere que el modelo de hacer política y de manejar el Gobierno se ajuste a normas de transparencia, honestidad, pulcritud, y a la sanción de delitos de lesa humanidad.



Diferente a las razones que obligaron, en el pasado reciente, a apresurar reformas a la Carta Magna, el país está abocado ahora a crear nuevos marcos jurídicos y constitucionales para responder no sólo a las leyes supranacionales existentes, sino al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.


Este último tratado implicará una relación más estrecha, má fluida y con más dividendos económicos para las partes, y para que tenga viabilidad y éxito se requiere que el modelo de hacer política y de manejar el Gobierno se ajuste a normas de transparencia, honestidad, pulcritud, y a la sanción de delitos de lesa humanidad.


El país, por tanto, tiene que prepararse para adecuar sus reglas constitucionales a estas nuevas exigencias, así como a los grandes e ineludibles compromisos asumidos con los objetivos del milenio, todo lo cual ha de consagrarse, a su vez, en las líneas maestras de la nueva Constitución que surja del proceso de reformas.


No se trata, ahora, de acomodar el texto constitucional a las ambiciones o las trapisondas puras y simples, a la vez que coyunturales y oportunistas, de los políticos, sino a las metas de un plan de nación que ha de acordarse entre todas las fuerzas representativas de la sociedad.


Estados Unidos, que pone el oro y la regla en este tratado, no va a permitir que la apertura de nuevos negocios y la instalación de empresas norteamericanas o multinacionales, a través de las cuales se manejará una gruesa suma de muchos millones de dólares en comercio y otros intercambios, esté sujeta a los vaivenes políticos o a las extendidas formas de corrupción que se han hecho normales en nuestros gobiernos.


De ahí que una de las exigencias fundamentales en un nuevo proceso de enmiendas a la Constitución es la de que el sistema judicial se fortalezca, se haga más ágil , independiente y competente para poder juzgar los actos inconstitucionales o los desapegos legales en los que suelen incurrir las autoridades, prevalidas de su poder, para dejar que las cosas sigan manga por hombros en nuestro país, al amparo de las permisividades y las tendencias corruptoras que han caracterizado la gestión pública y la vida interna de los partidos, llamados a ser los principales soportes del régimen democrático.