Más transparencia en el Gobierno

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.-En aras de la transparencia en las licitaciones o concursos de las entidades del Estado, la Presidencia de la República tiene que esclarecer el “affaire” interno que se ha creado en torno a la adquisición de softwares para el llamado “gobierno electrónico”.Se habla de que hay discrepancias entre el monto contratado para la operación y el valor real de un contrato de este tipo, por virtud del cual se instalaría y se pondría en operación la plataforma tecnológica para dicho gobierno electrónico.Considerando que se trata de una transacción millonaria, es preciso que se ofrezca una información completa sobre la forma en que se ha hecho la licitación y sobre las distintas ofertas, con sus respectivos costos, que se presentaron para instalar dicha plataforma.Esto es más oportuno por cuanto han salido a relucir versiones extraoficiales que sugieren que algo huele mal, al punto que determinó la salida del Gobierno de Gustavo Montalvo, uno de los más apreciados colaboradores del Presidente de la República.Montalvo, miembro de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, renunció en desacuerdo con esa licitación. Y su renuncia ha sido tan sentida que los voceros oficiales del Gobierno hicieron saber que el Presidente la lamentaba sobremanera.Sus compañeros de la Comisión de Ética, por un lado, y la secretaría general del PLD, por el otro, han hecho reconocimiento público de las condiciones morales del renunciante, lo que acentúa la significación y repercusiones de su salida.Lo extraño es que, frente a tantas pruebas de preocupación por esa renuncia y por las causas profundas que la motivan, el Gobierno haya mantenido silencio sobre los comentarios que sugieren que hubo sobrevaluación, o que no se cumplieron determinadas normas de transparencia en la contratación.De igual modo, el Gobierno debe aclarar también los prolegómenos de la entrega de una suma de dólares a su embajador en Haití, por parte de las autoridades de ese país, lo que contraviene las normas diplomáticas internacionales.La Cancillería estudia el caso y promete dar una información sobre lo que en apariencias es un bochornoso e inapropiado trato entre un embajador y el gobierno ante el cual está acreditado.Estos dos casos, a los que les asoman ya ribetes escandalosos, afectan la preconizada lucha del gobierno contra la corrupción. Mientras se tiendan mantos de silencio sobre ellos, más cuestionada estaría la imagen del Gobierno en esta materia.Y más razón tendrían aquellos ciudadanos que, desde el principio, han percibido que no hay una voluntad ni una firmeza real de combatir la corrupción, y que este flagelo podría hacer olas en esta misma administración si el Presidente se descuida.