Crímenes que no pueden quedar impunes

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.-Año tras año, en todas sus últimas asambleas, la Sociedad Interamericana de Prensa ha hecho un reclamo a la Justicia dominicana para que se establezcan sanciones a los autores de los asesinatos de comunicadores sociales dominicanos, auténticos mártires de la libertad de expresión.

Sin embargo, sus exhortaciones no han logrado romper la inercia y el desdén hacia esos crímenes impunes y lucen que caen en oídos sordos de unas autoridades judiciales a las que, por lo visto, no les anima mucho el deseo de aplicar todo el peso de la ley a los responsables.

Hablamos de los casos de Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Narciso González (Narcizaso) y, del más reciente, el de Juan Andújar, corresponsal de LISTÍN DIARIO en Azua.

Puede decirse que todos han sido esclarecidos de alguna u otra manera. Se han compilado evidencias acerca de los culpables materiales e intelectuales, pero no se han impuesto las justas condenas a todos los responsables y parecería como que, en el contexto general, se prefiere que estos casos queden en un limbo jurídico.

Sería una vergüenza histórica para una sociedad cuyos mejores intereses fueron defendidos por estos queridos comunicadores sociales que los asesinatos quedaran impunes, cuando ya otros países han llegado a crear comisiones o fiscales especiales para esclarecer y sancionar crímenes de periodistas, cometidos bajo la misma razón: impedirles que continuaran escribiendo y comunicando sus ideas, aunque fueran urticantes o punzantes para determinados sectores o personajes.

No importa el tiempo que haya pasado ni el nivel de poder de los personajes que tejieron y cometieron las cobardes tramas homicidas.

La sociedad no puede ser tan indiferente, ni tan pasiva ni tenerles miedo a los responsables. Esta indiferencia es tan aberrante como los crímenes mismos.La libertad de prensa en nuestro país ha ido cincelándose sobre la base de un tenaz ejercicio de información y comunicación responsable que ha implicado el sacrificio, la prisión o el exilio de muchos periodistas.

Hay, por tanto, un deber moral de la misma sociedad de unirse a los reclamos que consistentemente ha hecho la SIP en este sentido, para que las autoridades judiciales no escurran el bulto frente a la ineludible, imperativa y necesaria aplicación de sanciones para los criminales que quitaron la vida a los valientes periodistas Castro, Martínez, González y Andújar.