La reunificación de las elecciones

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.-El país no soporta los derroches presupuestarios para el montaje de campañas electorales cada dos años, lapsos durante los cuales la vida política gira alrededor de esas ambiciones o de los impactos y recelos que crean los cambios en el control de los poderes del Estado.

En toda lucha por el poder, las prioridades de los partidos apuntan hacia la búsqueda de estos espacios, no necesariamente hacia la aportación de fórmulas para resolver los tantos problemas que ellos mismos originan desde los centros de mando del congreso, los ayuntamientos o el Gobierno cuando les toca manejarlos.

En esa febril lucha por mantenerse arriba, los partidos no escatiman ningún recurso. Período tras período se hacen permisivos frente a la corrupción administrativa en las instituciones públicas, fuentes predilectas, a menudo, para el sostenimiento financiero de sus campañas.

Y si hablamos de reelección, cuando este virus queda inoculado en la mente y en la intención de los gobernantes o legisladores y síndicos, no hay barreras que impidan el uso intenso de los recursos públicos para apalancar sus ambiciones.

Esa historia la conocemos y ha sido la causa de muchas dilapidaciones impunes de dichos fondos públicos.

Ahora se plantea la idea de promover la reunificación de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales en un mismo año, como siempre había sido hasta el 1994, para economizarnos las costosas inversiones en que incurre el Estado al organizarlas cada dos años.

La propone el Partido Reformista Social Cristiano, con la finalidad de que sea el fruto de un compromiso de los principales sectores de la vida nacional y que tenga vigencia a partir del 2012.

Va acompañada de la sugerencia de una reforma constitucional luego de las venideras elecciones congresuales y municipales en la que se consigne que las nuevas autoridades electas duren en sus cargos seis años.

Una reforma del esquema electoral, como la planteada, necesita ensamblarse con otras medidas que garanticen que las autoridades electas queden comprometidas con un plan nacional de desarrollo a quince o veinte años, para que así la composición política de los poderes del Estado no sea un impedimento o interferencia al imperativo del consenso social, político y económico que exige la nación en estos momentos.

Culpa de muchos de nuestros grandes estropicios, nuestros retrocesos o de los lentos avances hacia el progreso la tiene, en gran medida, el permanente diferendo que divide o aleja a los partidos de un acuerdo o consenso para que las buenas y apropiadas políticas de desarrollo se cumplan en el largo plazo, sin tantos traumas.

Lo que procede es abrir un debate civilizado sobre esta y otras propuestas que ya se han aireado para fortalecer la institucionalidad del país y adaptar nuestras estructuras políticas, económicas y sociales a los nuevos formatos creados por la globalización, sin exponerse a los vaivenes o a las veleidades de las fuerzas de turno que ejercen el poder.