Borrón... y Corte nueva

Lo cierto es que Panamá vive, en esta coyuntura, un momento de grandes oportunidades, pues si no se aboca a la reforma judicial puede caer en peligro la gobernabilidad en la medida en que la población sienta que se fomenta la impunidad de los jueces acusados de vender sentencias y hasta de favorecer a los narcotraficantes

La paráfrasis parece graciosa, pero es algo más que eso. Es la consigna actual en Panamá, a propósito de los escándalos que han sacudido a la Suprema Corte de Justicia, cuyos magistrados han comenzado a sacar los trapos al sol y a acusarse mutuamente de ser venales y corruptos.La presión popular y política para que renuncien o sean expulsados, bajo juicio de la Asamblea de Diputados, la mayoría de los jueces de ese alto tribunal, ha sido tan intensa que ha obligado a los tres poderes del Estado a suscribir un acuerdo para buscar una salida a la crisis.Los diarios panameños y otras organizaciones han recibido esta noticia con evidente desagrado, primero porque en la comisión figura el presidente de la Corte, un juez desacreditado y moralmente incompetente para asunir la tarea de la profilaxis del sistema judicial, y porque se teme que, en lugar de impulsar una verdadera reforma, lo que se busca es ganar tiempo para que por obra de una maniobra política sean nombrados, como nuevos jueces, figuras controladas por el propio partido en el Gobierno.Esto ha creado una disyuntiva de orden legal. Si debe dejarse en manos de un Consejo Judicial, integrado por los mismos hombres de la Suprema, que se juzguen a sí mismos, o si se apela a un mecanismo que permita que sea la Asamblea Nacional de Diputados la que abra juicio, si estima que aplican hechos punibles a los magistrados. O si se deja que la presión popular obligue a los magistrados a renunciar.Cualquiera que fuese la fórmula, no hay dudas de que esto coloca a la nación panameña en la disyuntiva de abocarse a una reforma mayor, no sólo de la Justicia, sino en otros órdenes, y para ello ya surgen voces que proponen que se convoque a la llamada Constituyente Paralela, consagrada en el artículo 314 de la actual Constitución.La idea que está prendiendo entre los más sensatos es que se cree una especie de consejo nacional de la magistratura, a fin de que las influencias políticas que permiten al Presidente designar a los jueces al principio de su mandato, den paso a un mecanismo más transparente.El consejo no sólo sería un ente nominador de los jueces de todo el sistema judicial panameño, sino el juzgador de las conductas penales y éticas atribuidas a todos los miembros del órgano judicial.Lo cierto es que Panamá vive, en esta coyuntura, un momento de grandes oportunidades, pues si no se aboca a la reforma judicial puede caer en peligro la gobernabilidad en la medida en que la población sienta que se fomenta la impunidad de los jueces acusados de vender sentencias y hasta de favorecer a los narcotraficantes. Y si un país llega a desconfiar de su propia justicia, ¿qué no será de aquellos que, fuera de él, se interesen por invertir y arriesgar sus capitales?El caso, sin embargo, ofrece una lección no sólo a los panameños, sino al resto de los países latinoamericanos, donde persisten vicios y defectos de este género. La lección es la de que si no se hace un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad y la transparencia en el ejercicio de los poderes del Estado, éstos, a la menor oportunidad, se verán enfrentados a pruebas semejantes que pongan en riesgo su credibilidad y su legitimidad.O a su colapso final, inclusive.