La Cámara de Diputados: ¿Lo toma o lo deja?

Sea cual sea el destino final del procedimiento, lo cierto es que constituiría una burla para la misma Cámara que, ante una culpabilidad establecida, reintegre al legislador en su curul y le reconozca validez a todos sus actos como diputado activo

Después que la Suprema Corte ha emitido una sentencia condenatoria contra un legislador de la República al que ha hallado culpable de un delito de lesa humanidad, lo menos que puede esperarse ahora de la Cámara de Diputados es que lo saque definitivamente de su seno.No le convendría a su imagen de entidad consagrada a aprobar las leyes de la nación que una de sus butacas siga siendo ocupada por un individuo al que la Suprema Corte, nada más y nada menos, ha condenado a un año y seis meses de prisión por el delito de tráfico de indocumentados.Esa imagen ha sufrido, de hecho, con el manejo mismo del caso. El susodicho legislador llegó al cargo con el peso de las acusaciones de traficar ilegalmente con ciudadanos extranjeros, desde su posición de cónsul en Cabo Haitiano. Es decir, tenía un pie en el hemiciclo y otro, virtualmente en la cárcel, cuando pasó a formar parte de dicha Cámara.Con todas las acusaciones ventiladas, la Cámara ni lo desaforó, pero tampoco declaró no ha lugar al reclamo del ministerio público para juzgarlo.Ahora todo el mundo se pregunta qué hará la Cámara frente a este dictamen tan elocuente, trascendental e histórico, que encierra, prima facie, una importante lección para la sociedad y para el mundo político.El mensaje es de que aquí no pueden haber “vacas sagradas” capaces de eludir el juicio y la sanción que las leyes establecen, al abrigo de complicidades políticas o de otra índole que han abierto amplio campo a las impunidades.Así como la Suprema se ha enaltecido al emitir la sentencia que autorizó la extradición de Quirino Paulino Castillo, así lo ha hecho ahora al ajustarse al mandato de la ley y fallar sobre el delito de tráfico de indocumentados, culpabilizando del hecho a una persona que, en su momento, representaba como cónsul al Estado dominicano, lo cual tiene una tipificación clara en la Constitución dominicana.Al diputado se le ha enviado a prisión, pero existe un propósito de sus abogados de solicitar que se le libere mediante habeas corpus. Sea cual sea el destino final del procedimiento, lo cierto es que constituiría una burla para la misma Cámara que, ante una culpabilidad establecida, lo reintegre en su curul y le reconozca validez a todos sus actos como legislador activo.Para la sociedad, que lucha por institucionalizar este país para que sus dirigentes y sus representantes electos, sean los primeros en dar un ejemplo de apego a estas obligaciones, sería frustrante que la figura de la inmunidad parlamentaria se convierta, en la práctica, en un pasaporte para que los beneficiados puedan delinquir o abusar de las leyes.Por ese camino, estamos desdibujando lo que nos queda de decencia, de patria y de esperanzas.