Los once años de la Declaración de Chapultepec

Cosechas buenas de esa declaración, en el caso nuestro, son la ley de acceso a la información pública sin que medien caprichosas restricciones, la propuesta reforma de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento para eliminar penalidades sin sentido contra la prensa y las normas sobre transparencia informativa que se están aplicando en las distintas dependencias de los poderes públicos.


La Sociedad Interamericana de Prensa ha brindado a este Continente, con su Declaración de Chapultepec, una extraordinaria plataforma de principios fundamentales que deben respetarse para que la prensa libre pueda cumplir su misiòn en nuestros países.

A la fecha, esa declaración ha sido firmada por 32 presidentes de casi todos los países latinoamericanos y las excepciones son, hasta ahora, la de Venezuela, Cuba, Santa Lucía, Barbados y Canadá. Hay casos de países en que hasta tres presidentes la han suscrito.

El hecho de firmarlas no ha garantizado, sin embargo, una garantía real de que los derechos de los ciudadanos y de sus medios de prensa a la comunicación estén protegidos ampliamente, o se respeten con rigor, sea cual sea la circunstancia.

Pero la Declaración ha dejado sus valores residuales en las legislaciones de nuestros paìses y todo es cuestión de tiempo y de conciencia para que los pueblos se ocupen de exigir su cumplimiento.

Los diez puntos de la Declaración no constituyen, tampoco, reclamos inalcanzables ni imponen camisas de fuerza a nadie. Ellos subrayan otros principios cardinales de la Declaración sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fundamentos consagrados en las constituciones de muchos de nuestros países.

Su validez radica, sin embargo, en el respeto que se tengan hacia ellos. Es el pueblo, principal beneficiario de esa libertad, el que debe velar porque los órganos del Estado cumplan su parte, en lo que concierne a las garanías que deben ofrecer al ejercicio de la libertad de expresión.

Cosechas buenas de esa declaración, en el caso nuestro, son la ley de acceso a la información pública sin que medien caprichosas restricciones, la propuesta reforma de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento para eliminar penalidades sin sentido contra la prensa, y las normas sobre transparencia informativa que se están aplicando en las distintas dependencias de los poderes públicos.

Naturalmente, no estamos ajenos a las tentaciones de esos mismos poderes, ya que cuando se ven muy presionados recurren a distintas formas elusivas o represivas, se olvidan de que el país firmó unos principios valederos a los que deben darle cumplimiento y a veces no tienen reparos en abusar y atropellar a los periodistas y a los medios cuando estos les lucen más inquisitivos, agresivos y rebuscones.

De todas formas, la Declaración de Chapultepec es un excelente marco para el fortalecimiento del derecho a la información. Es una carta que interpela cada día nuestras conciencias, y que poco a poco ha ido arrinconando a los que son propensos al abuso y al desconocimiento de estos derechos inalienables del ser humano.

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