De seguro que están decepcionados

Un grupo de expertos de la OEA ha estado en el país evaluando cómo nosotros respetamos y ponemos en práctica los mandatos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Congreso.
De seguro que están decepcionados.
Pese a que la convención interamericana, por su carácter de ley supranacional, es muy clara en la definición de los actos de corrupción o antiéticos en la administración pública, su aplicación ha sido hasta ahora virtualmente nula.
Todavía no hay transparencia suficiente ni tranquilizadora en lo que concierne al manejo de fondos públicos.
Ni siquiera se percibe vocación auténtica, en la burocracia, para acogerse a los saludables procedimientos de la ley de acceso a la información pública. La existencia de una Comisión Nacional de Ética y de los llamados comités de probidad que funcionan en algunas dependencias gubernamentales, no evita que los funcionarios transgredan las reglas y se dediquen a buscar “lo mío primero”, valiéndose de todos los trucos posibles para ocultar las sustracciones. La prueba es que bajo la pasada administración se cometieron innumerables fechorías y manejos turbios de los fondos públicos, y no se conoce que la ley o las disposiciones de la Convención fuesen aplicadas con rigor y proporcionalmente a los casos perpetrados.
Actos ilícitos, como el facilitar el tráfico de seres humanos, de drogas narcóticas, de influencias, o enajenación de recursos del patrimonio nacional, así como el depósito de sustancias peligrosas que atentan contra el medio ambiente, se produjeron en ese período y de nada valieron las leyes que castigan esas irregularidades e inmoralidades.
Hasta el gobierno de los Estados Unidos se vio precisado a cancelar visados de entrada a su territorio a funcionarios del régimen, una medida que sólo se asume cuando es grave el impacto que una transgresión tiene en su ordenamiento jurídico, en su economía, en sus más caros intereses como nación.
El Presidente Bush, en enero del 2004, dispuso que se cancelara automáticamente el visado a todo funcionario de gobiernos extranjeros que incurrieran en comprobados actos de corrupción, medida que alcanzaba también, de manera gradual y por un efecto de cascada, hasta sus familiares más directos.
Estados Unidos quiso certificar, dentro de la OEA, a las naciones latinoamericanas según su nivel de respeto o violación de esta convención interamericana, pero todavía hay resistencia.
De todos modos, la presencia de un grupo de expertos de la OEA alentando la sujeción a esa convención anticorrupción, es una señal de que el asunto preocupa bastante, porque ya se le considera como una de las causas debilitantes del sistema democrático en el continente, en correlato con el avance de la pobreza y el descrédito de los partidos políticos y sus llamados “líderes”.