El PLD tiene que aclarar ese asunto

SANTO DOMINGO, RD.-Justo en el momento en que el Gobierno ha diseñado un plan de ética pública, su propio partido admite la posibilidad de que altos funcionarios hayan hecho “uso y abuso” de los recursos del Estado para promover acciones fraudulentas en su pasada elección de dirigentes.
El “uso y abuso” de esos recursos está castigado por la misma Constitución de la República y por su Código Penal. Y si faltara poco, lo proscribe la plataforma aprobada por la Comisión Nacional de Ética y Contra la Corrupción.
Ningún partido está exento de sufrir los efectos de fraudes y tramposerías en sus convenciones o elecciones internas, ni de que las luchas internas se tornen violentas o desestabilizadoras. En definitiva, en ese ambiente de pujas y discrepancias es que desarrollan su ejercicio, tanto si están en el poder como si actúan fuera de él.
Estamos acostumbrados a esas prácticas, para las cuales ellos mismos establecen sus propios códigos de indulgencia, bajo la premisa de que en política no importan los medios, sino los fines. Por eso es que la ética o la moral poco asiento tienen dentro de sus organizaciones o en la conducta individual de los políticos.
Y de esa degradación moral se contagia, desafortunadamente, el ejercicio del poder. Si las democracias están en peligro, o se reputan frágiles en nuestros países, es en gran medida a causa de la corrupción de sus premisas y de sus fines. Los políticos desvergonzados y corruptos son los culpables de esa situación. Por eso lucen con tan baja estima ante la sociedad.
En el caso particular del uso y abuso de los recursos del Estado, es preciso determinar si fue cierto. Y si lo fue, la magnitud de las cantidades dilapidadas ilegalmente. Y, en consecuencia, el partido debe elegir entre apañar esa inconducta gravísima, o dar un ejemplo a la nación, denunciándola y sometiendo a los culpables a la acción de la Justicia.
De lo contrario, si se comprueban esas y otras irregularidades en su proceso electivo, constituiría una vergüenza para el propio presidente del partido, que lo es al mismo tiempo de la República, el que su reelección en ese cargo político se haya producido en un marco contaminado por el fraude y la acción dolosa.
Un gobierno, un presidente y un partido que han proclamado su apego a las normas éticas en su ejercicio público no pueden permitir, bajo ninguna circunstancia, que las prácticas corruptas se aposenten en sus actividades internas, so pena de merecer el rechazo de una población que quisiera más sanidad, más limpieza y más seriedad en el sistema de partidos del país.
Además, si las denuncias se comprobaran, constituiría una ofensa al país, sometido a privaciones, a cargas impositivas y a un escenario de restricciones y desesperanzas, que los recursos que el Estado recauda para dedicarlos al bien común, sean desviados para doblegar voluntades y comprar conciencias o para patrocinar escandalosos fraudes electorales internos.