Consenso de gelatina

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Los efectos catastróficos que estos impuestos pueden tener en la competitividad y la rentabilidad de los sectores productivos, o en la capacidad adquisitiva de la población, jamás se subsanarían con las llamadas partes compensatorias de la reforma, porque el Estado no nos devuelve, ni en servicios ni en calidades, lo que el contribuyente le ha pagado.

El “consenso” para la reforma fiscal no fue tal, a juzgar por la forma en que varios sectores están objetando las medidas clave del proyecto.

El rechazo más abrumador ha sido para el aumento de la base y el porcentaje del Itebis, así como contra los gravámenes a los ahorros y a los beneficios obtenidos por la vía de certificados e inversiones financieras.

Las empresas afectadas por impuestos selectivos, como las de bebidas alcohólicas y telecomunicaciones, han encontrado en las vistas públicas un escenario apropiado para hacer saber que estas cargas les resultan pesadas.

Si hubo algún consenso en la etapa de diseño del proyecto de reforma, en la práctica el compromiso parece haberse tornado gelatinoso. Y esto puede tener sus explicaciones. No es lo mismo discutir o ponerse de acuerdo en una sala privada con las gentes del Gobierno, que ir a decirle públicamente al país, en las vistas congresionales, con qué realmente se está o no de acuerdo.

Una reforma fiscal de los alcances de la que se ha propuesto el Gobierno pudiera ser el paliativo que se busca a la pérdida de unos ingresos fijos por más de 20 mil millones que dejarían de percibirse al momento de la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y Centroamérica.

Este sería el resultado del desmonte de la comisión cambiaria del 13 por ciento. Ese 13 por ciento de la comisión cambiaria, como han dicho los empresarios, aumenta progresivamente en la cadena de comercialización.

Cuando se propone que el Itebis suba al 16 por ciento, en realidad estamos ampliando aquella comisión cambiaria en tres puntos porcentuales, pero con la desventaja de que al tratarse de un impuesto que administra el que vende y ofrece el artículo o el servicio, su cobro absoluto no está garantizado.

Otro elemento clave de la reforma es su pertinencia en el actual contexto de apreturas económicas del país, del pueblo, especialmente de los menos favorecidos. Una reforma no puede implantarse pasándole por encima a esta realidad. Tampoco puede motivarla un gobierno que no devuelve a la población, en obras reproductivas, en empleos y en mejor calidad de los servicios sanitarios y educativos, parte de la millonada que logra con esta sangría impositiva.

En el papel, y para el cálculo matemático, es fácil combinar números y sugerir impuestos. Pero los efectos catastróficos que estos pueden tener en la competitividad y la rentabilidad de los sectores productivos, o en la capacidad adquisitiva de la población, jamás se subsanarían con las llamadas partes compensatorias de la reforma, porque el Estado no nos devuelve, ni en servicios ni en calidades, lo que el contribuyente le ha pagado.

Ahí es que radica la verdadera y sentida oposición a esta reforma fiscal. Naturalmente, hay sectores que sólo pretenden todo el beneficio para ellos, porque siempre han vivido de la expoliación, de la evasión o de otras formas de engaño, y que procuran que las cargas vayan sobre los hombros de una clase media escuálida y atrapada por la crisis.