¿Otra zona putrefacta del Estado?

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Nada puede quedar oculto ni nadie puede obstruir a la justicia en su propósito de escudriñar el trabajo que se ha realizado en esas oficialías y verificar si son ciertas las denuncias de malas prácticas, de cobros abusivos y de adulteraciones al por mayor y al detalle Grandes escándalos que han hecho terminar en la cárcel a políticos y exmandatarios tienen su origen en nebulosas contribuciones.


Si las oficialías del Estado Civil se han convertido en otra zona podrida por la corrupción, es un imperativo legal y moral que se abra una amplia investigación sobre sus operaciones.Uno de los oficiales recién cancelados ha denunciado prácticas onerosas en el manejo de las actas y registros de la vida civil que tienen a su cargo dichas oficinas, pero las máximas autoridades de la Junta Central Electoral las niegan.

La Fiscalía del Distrito Nacional puja por hacer valer su derecho a supervisar las operaciones de las oficialías y advierte que usará la fuerza pública si fuese necesario para intervenir en ellas.Estas oficialías están bajo la lupa de la opinión pública a raíz de descubrirse el escándalo de los pasaportes oficiales utilizados por auténticos y falsos regidores, auxiliados por funcionarios públicos, para montar una red de tráfico de personas hacia el extranjero.

El acta de nacimiento, pieza fundamental en el retruécano mafioso de los regidores y funcionarios públicos, ha quedado en entredicho.Los procedimientos rigurosos que se establecen en la ley 659 sobre actos del Estado civil para expedir estas actas han sido violentados repetidamente, con lo cual se ponen bajo sospecha de ilegalidad no solamente las actas adulteradas por la mafia de los pasaportes, sino las demás que se han expedido regularmente en dichas oficialías.

Cuando se vulnera la validez o autenticidad de estas actas, quien pierde es el país, pues sus ciudadanos pueden ser sujetos de duda frente a terceros, especialmente si están en el extranjero y deben usar sus pasaportes o tarjetas de identidad.

En la mayoría de los países organizados, el pasaporte o la licencia constituyen dos documentos de identidad confiables y válidos. Así que, cuando en el caso nuestro atropellamos esa legalidad estamos causando un daño tremendo a la credibilidad del documento nacional.Y si las oficialías del Estado Civil se han prestado para esas y otras operaciones pecaminosas e ilegales, todo debe saberse y la justicia tiene que actuar en consecuencia.

Nada puede quedar oculto ni nadie puede obstruir a la justicia en su propósito de escudriñar el trabajo que se ha realizado en esas oficialías y verificar si son ciertas las denuncias de malas prácticas, de cobros abusivos y de adulteraciones al por mayor y al detalle.

Si dos instituciones-la JCE y la Fiscalía del Distrito-se arrogan la potestad de supervisar esas operaciones, no tiene sentido que entre ambas se haya creado una puja que no permite que se abra la profunda investigación que amerita el caso.

Sólo de esa manera podrá establecerse si la putrefacción es parcial o total, y cuáles son las secuelas de ambas en el ordenamiento institucional y legal del país. Pero la investigación debe hacerse y nadie debería impedirla o entorpecerla una vez en curso.