Reforma y gobernabilidad

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.-La gobernabilidad, como hemos dicho, no es una obra exclusiva de uno de los poderes del Estado, sino de los tres.
Uno solo de esos poderes no puede, por sí mismo, resolver todos los problemas de la nación, salvo el caso –indeseable, y por demás poco aconsejable– de que estén concentrados en las manos de un dictador.
El tema de la gobernabilidad se plantea, desde la óptica del Poder Ejecutivo, como el condicionante fundamental de la reforma fiscal que ahora se discute en el Congreso.
Si no aprueban la reforma, tal cual fue sometida, entonces vendría el caos, según la visión apocalíptica, y obviamente exagerada, del secretario Técnico de la Presidencia.
¿Y no podría venir el caos si, ignorando los padecimientos del pueblo, uno de estos poderes clava sobre los presupuestos diluidos del contribuyente, del pueblo carenciado, más impuestos que nadie sabe en qué obras útiles se van a usar?
¿No podríamos caer en la ingobernabilidad si los pueblos, ansiosos de inversiones públicas, languidecen por culpa de la desatención de un gobierno que se ha guardado 13 mil millones de pesos en tiempos en que las economías populares se resienten de una represa financiera y una austeridad impuesta por la circunstancia de crisis que heredamos del anterior régimen?
¿No sería atentar contra la gobernabilidad el que, a contrapelo de las aspiraciones de una sociedad para que castigue la corrupción pública, el Gobierno secuestre y no divulgue las auditorías que ponen en evidencia la magnitud de ese latrocinio?
¿No sería apostar a la ingobernabilidad el que, bajo el más patético cuadro de angustias y miserias en que viven millares de dominicanos, el Poder parezca indiferente y ausente cuando se le reclama acción oportuna y sostenida y solución a esas necesidades?
A los tres poderes públicos les corresponde una misión compartida para que la administración de los bienes de un país, la organización de la sociedad y la marcha de sus entes productivos, así como la regimentación de su sistema político, garanticen la existencia de un Estado democrático, en orden y en libertad.
En un Estado así, los poderes no pueden imponer unilateralmente –aunque tengan todas las potestades constitucionales– medidas que afecten el bien común sólo para tapar los hoyos de sus ineficiencias o para cubrir los errores de sus desatinos.
A este país, en las condiciones en que se encuentra, no puede imponérsele cargas excesivas que terminen sofocando el estrecho espacio que los dominicanos tienen para coger aire y no morir asfixiados por la crisis.
La verdadera gobernabilidad radica en el tino, el cuidado y la prudencia que tengan los tres poderes para no apretar más de la cuenta las tuercas que sostienen la rueda de la convivencia social dominicana.
Por esto, además, es válido, constitucional y saludable para la gobernabilidad el espacio que abre el Poder Legislativo a los sectores que producen las riquezas de que se nutren, sustancialmente, las arcas nacionales, y que manejan a sus anchas los que administran el Poder Ejecutivo.