Centros de salud sin supervisión

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.-Unas 9 mil clínicas o centros de salud funcionan sin tener el certificado de habilitación que expide la Secretaría de Salud Pública cuando comprueba que reúnen las condiciones requeridas por la ley

En cualquier sociedad organizada, no hay hotel, restaurante o clínica que opere sin supervisión de alguna autoridad oficial.
Las licencias o franquicias que se otorgan para que uno de estos centros opere están subordinadas a una serie de requisitos que deben ser escrupulosamente observados.
Si no lo hacen, las autoridades cierran estos establecimientos o imponen multas según la gravedad de la falta.
Aquí no hemos llegado todavía a esos niveles, salvo en el caso de empresas industriales o importadoras que sí requieren de certificados de calidad y de seguridad.
No se sabe de que se ejerza una sistemática supervisión de centros como los que hemos citado, ni que se obligue a sus propietarios u operadores a sujetarse a las reglas establecidas.
Es el caso de 9 mil clínicas o centros de salud que funcionan sin tener el certificado de habilitación que expide la Secretaría de Salud Pública, cuando comprueba que reunen las condiciones requeridas por la ley.
Por tanto, la Secretaría de Salud no sabe a ciencia cierta si todo lo que se denomina clínica o consultorio está en condiciones de higiene, equipos, recursos humanos e insumos para atender a los pacientes.
Ese descontrol es gravísimo, porque denota una incapacidad del mismo Gobierno para establecer si sus normas farmacéuticas, clínicas o de otra índole se cumplen en el país.
El propio Colegio Médico Dominicano admite la situación y dice que la mayoría de los hospitales y clínicas, sean públicos o privados, no cumplen siquiera con las exigencias básicas para ser certificados.
Problema mayor todavía.
Esto amerita que se le preste urgente y seria atención, porque está en juego la salud de la ciudadanía y porque la ley, en este caso, no está siendo respetada.
Es preciso indicar que de ese número de 9 mil centros ya unos 2,300 han solicitado la certificación.
Sigue entonces siendo grave que, si califican, no tengan ya dicha certificación, como garantía a los pacientes de que las cosas en esos lugares se hacen según las normas apropiadas.
Lo que se sabe, hasta el momento, es que unos 1,747 establecimientos recibieron “certificados de habilitación” provisionales, provistos casi a la carrera, sin haberse sometido estrictamente a la inspección y la evaluación requerida.
Como quiera que se vea el problema, asoma la incompetencia, el descuido, el desprecio hacia un mandato de ley que está llamado a garantizar a los ciudadanos cierta calidad profesional y ambiental a la hora de procurar la salud.
Estas son de las cosas que andan manga por hombros en nuestro país, lamentablemente.