¿Haitianos o dominicanos, qué son ahora?

Hay muchas interrogantes sobre el nuevo destino de estos ciudadanos que, por obra y gracia de un plumazo, perdieron una “nacionalidad” certificada oficialmente, aunque irregular o ilegal en su origen.



Al cancelar las actas de nacimiento de casi 90 personas de origen haitiano que fueron gestionadas por dos sacerdotes, la Junta Central Electoral ha convertido en parias a todos los afectados.

¿Cuál será, entonces, de ahora en adelante, la situación jurídica de estos desarfortunados ciudadanos?

Si muchos de ellos ya hicieron vida pública con un sello de identidad dominicana y posiblemente han sido acreedores de otros documentos del Estado Civil que los acreditan como dominicanos, ¿a qué consecuencias jurídicas se exponen ahora como simples excluidos o parias?

Pretendiendo corregir una situación que ahora se reputa ilegal, la JCE despoja virtualmente de sus derechos civiles dominicanos a ese grupo de ciudadanos que todavía no se sabe si son haitianos o dominicanos, y los deja en un limbo.

Si nacieron aquí y por una razón de humanidad fueron declarados dominicanos por obra de las gestiones –legales o no– de dos sacerdotes extranjeros, hay que establecer una culpabilidad de hecho y de origen: la de los oficiales civiles que se prestaron para legalizar esas declaraciones de nacimiento.

¿Han sido sancionados los culpables de haber oficializado una ilegalidad? Tal parece que no. La penalización, sin embargo, ha caído sobre los ciudadanos que se beneficiaron del documento, tal vez sin que ellos tengan la auténtica culpa o responsabilidad de dicho delito o irregularidad.

Hasta donde ha podido saberse, la mayoría eran niños cuando fueron declarados por ante las oficialías de dos provincias dominicanas. Se supone que ahora muchos de ellos son adultos, posiblemente dotados de cédulas y de un bagaje de documentos y pruebas que “confirman” su condición de ciudadanos dominicanos.

Tal vez muchos actúan y sienten como dominicanos, o verdaderamente nacieron aquí y, por tanto, son merecedores de la ciudadanía.Este aspecto tiene que dilucidarse y aclararse, para que no incurramos en una injusticia pretendiendo corregir un procedimiento ilegal e irregular.

Por lo pronto, ¿qué pasará ahora con esos parias si acaso viven todavía en el país y han ejercido sus actos a plena conciencia de que son dominicanos?¿Se les declararán nulos todos los actos que, subsiguientemente, y como dominicanos, realizaron, incluyendo la variedad de documentos a los que probablemente han tenido derecho en virtud de su primaria condición ciudadana?

Hay muchas interrogantes sobre el nuevo destino de estos ciudadanos que, por obra y gracia de un plumazo, perdieron una “nacionalidad” certifificada oficialmente, aunque irregular o ilegal en su origen, y estas interrogantes deben ser respondidas por los especialistas del Derecho, antes de que nos venga encima otra demanda y otra condena desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.