La verdad secuestrada

SANTO DOMINGO, RD.- Los medios de comunicación no pueden renunciar, por intereses específicos, por chantajes del Gobierno o del sector empresarial, o por la razón que fuera, al aprovechamiento de la ley de acceso a la información pública.


Cuando el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, estableció como primera regla el derecho que tiene el ciudadano a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado y de todas las sociedades organizadas, públicas o privadas.

Pese a que contamos con una herramienta tan fundamental para promover la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, los primeros reacios o reluctantes a cumplirla son los funcionarios del Gobierno.

Se escudan en insostenibles argumentos o interpretaciones legales para negar la información que se les solicita, con lo cual confirman lo que ha sido una ancestral actitud de los gobiernos: resistirse a ser claros y francos en el trato de los asuntos que políticamente no les convienen.

Aún cuando sabemos la importancia que tiene para la sociedad que esta ley sea fortalecida con un uso más consistente y sistemático, ha sido poco cultivada como un ejercicio de transparencia por los propios medios de comunicación.

La transparencia, aquí en nuestro país, no es completa ni suficiente. La verdad está poco menos que secuestrada. Muchos lo saben y muchos promueven esa aberración, adrede, sin que les remuerda la conciencia o sin importarles que la sociedad, más sabia que sus manipuladores, les haga saber cuanto sabe que se le oculta.

No puede decirse que el Gobierno la asuma en toda su dimensión y consecuencias. La transparencia está mediatizada, a todos los niveles.

Si se trata de dilucidar problemas gravísimos en alguna entidad financiera, entran de inmediato las cortapisas, los retruécanos, las complacencias o los frenéticos despliegues de influencia para poner un “zipper” a quienes están llamados a difundir lo que al país verdaderamente le interesa.

Hablar de transparencia como el ejercicio ideal para que una sociedad se entere y decida en función de informaciones concretas y exactas es muy bonito en los discursos, pero sumamente difícil de cumplir en la práctica.

La sociedad dice estar representada en una diversidad de entidades que supuestamente velan por la transparencia y, la gobernabilidad, pero la mayoría acusa un defecto: solo ven la paja en el ojo ajeno, no la viga en el suyo.

Todavía queda mucho camino para llegar al momento en que la sociedad pueda discutir y deliberar sobre sus propias miserias, sin que medien las ingratas mordazas o el más descarado encubrimiento por parte de quienes están llamados a respetar el derecho del pueblo a recibir esa información completa, veraz, oportuna y adecuada de la que habla el Congreso al sustentar la ley 200-04.

Los medios de comunicación no pueden renunciar, por intereses específicos, por chantajes del Gobierno o del sector empresarial, o por la razón que fuera, al aprovechamiento de la ley de acceso a la información pública, y lo ideal es que la pongan a prueba, día a día, hasta que finalmente podamos decir que la transparencia es una verdadera realidad y no una pura y penosa ficción en nuestro país.