Gobierno y prensa, favoritismo y coerción

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Los lectores, televidentes u oyentes, sabios y despiertos, se dan cuenta enseguida de cuándo un medio está –como se dice vulgarmente–”agarrado por el pichirrí” e incapacitado para informar veraz y oportunamente, y cuándo obra parcializado con los intereses gubernamentales.


Cada vez que se examina el estado de la libertad de prensa en nuestro continente se visualizan, intranquilizadoramente, las recurrentes tendencias de los gobiernos a ocultar la verdad de muchos hechos que rodean su quehacer.

Para sacar de la vista y del debate esas deficiencias o los escandalosos casos de corrupción que se generan alrededor o desde su mismo centro, los gobiernos apelan a multiformes presiones.

Para pretender ceñirse a las leyes y los reglamentos, crean o promueven legislaciones más duras y restrictivas contra la prensa.

Si quieren ser más directos y disuasivos, recurren a la intimidación por vías del crimen o del chantaje.

Y si quieren aparentar más sutiles, pero igual de coercitivos, apelan a aquellas medidas en que se involucran las instituciones fiscales, aduaneras o que tienen que ver con la concesión de permisos, para poner trabas y restringir dichas autorizaciones.

Otro modelo, ya agotado e ineficaz, es el favoritismo en la concesión de anuncios publicitarios, método a través del cual el Gobierno premia a los medios adocenados y castiga a los que considera que son odiosos o “enemigos”.

A veces las ventajas van más allá de lo visible en la colocación de la propaganda y alcanzan –o favorecen, digamos– a los propietarios de los medios, con abundantes facilidades para beneficiarse de los actos y concesiones del Estado.

Se procura así que estos sean simpáticos, poco críticos y, por lo general, ciegos ante las incompetencias, fracasos o indelicadezas que se cometan en el ejercicio de las funciones públicas, o que callen adrede las verdades que surgen de algún escándalo o anomalía descubierta, dizque para no enterar y documentar adecuadamente a la opinión pública.

El resultado de todas estas fórmulas de acoso o limitación a los medios de comunicación es el fiasco, pues a la altura en que se encuentra el sistema democrático en muchos países resulta casi imposible ocultar o mediatizar la verdad.

Naturalmente, quien más sufre las consecuencias de las coerciones o la sumisión ante el chantaje son aquellos medios que claudicaron a su misión.

Los lectores, televidentes u oyentes, sabios y despiertos, se dan cuenta enseguida de cuándo un medio está –como se dice vulgarmente- ”agarrado por el pichirrí” e incapacitado para informar veraz y oportunamente, y cuándo obra parcializado con los intereses gubernamentales.

Por eso la Sociedad Interamericana de Prensa ha estudiado a profundidad el menú de amenazas, abiertas o soterradas, que se manifiestan desde los gobiernos hacia los medios independientes de comunicación, y se mantiene vigilante y dispuesta para librar grandes y sostenidas luchas contra ese estado de cosas, donde quiera y cuando quiera que ocurra.

Se tiene como un paradigma histórico en esta tesitura la valerosa decisión del Washington Post de retirar sus periodistas de la Casa Blanca en la presidencia de Nixon, para que no desperdiciaran su tiempo oyendo una retahíla de mentiras y de evasivas con que ese gobierno intentó manipular la verdad sobre el escándalo de Watergate.

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