La ayuda para la Policía

La Policía dominicana no cuenta con todos los recursos para presentar batalla en este terreno, porque está limitada de equipos y vehículos y, además, y esto es lo más grave, porque está incapacitada, ya que dentro de ella operan delincuentes y aliados de los criminales.



Expertos de la Policía de Nueva York ayudan a la nuestra en la preparación de una campaña nacional contra la delincuencia, especialmente la que se deriva de las confrontaciones de pandilleros por el control del mercado de las drogas.

Esta ayuda es valiosa, porque la policía neoyorquina ha acumulado una gran experiencia en el desmantelamiento de los nidos de delincuentes que, una década atrás, habían atemorizado a la gran urbe, gracias a una firme ofensiva que ha transformado incluso barrios otrora peligrosos en zonas por donde ya se puede transitar sin mayores temores.

Se hicieron famosas las redadas que, en determinadas cuadras, hacían los policías para decomisar dinero y drogas y para arrestar a los jefes de las diferentes pandillas. La ofensiva logró, de paso, disminuir la intensidad del negocio de la pornografia, los juegos ilegales y otras formas de vida del gansterismo.

La experiencia ha querido ser extrapolada a México, donde en estos momentos el gobierno del Presidente Fox ha decidido llevar a cabo una lucha más agresiva contra el narcotráfico, ante las osadas aventuras que estos han protagonizado provocando motines carceleros y matando a guardias y policías en diferentes estados.Esta lucha se ha desatado, formalmente, desde que México accedió a enviar a los Estados Unidos a una serie de jefes de los cárteles de la droga, lo cual ha sacado del contexto del negocio a sus principales cabecillas, lo que ha desarticulado en cierta medida este lucrativo y criminal negocio.

A resultas de ese enfrentamiento, la inseguridad está prevaleciendo en México, y los Estados Unidos han emitido recomendaciones a sus ciudadanos sobre sitios donde no deben ir y precauciones que deben tomar si, en caso de fuerza mayor, tienen que desplazarse hacia ese país.Aquí estamos presenciando una inusual ola de delincuencia que, al decir del Presidente Fernández y de la Iglesia Católica, la dispara el narcotráfico en su desesperado intento por evitar que con la caída de algunos de sus cabecillas y los decomisos de cargamentos de drogas, pierdan ganancias y protagonismo.

Por eso están intranquilos y más violentos.La Policía dominicana no cuenta con todos los recursos para presentar batalla en este terreno, porque está limitada de equipos y vehículos y, además, y esto es lo más grave, porque está incapacitada, ya que dentro de ella operan delincuentes y aliados de los criminales.

Ojalá que pudiera lograrse que un buen equipo de policías especializados de Nueva York asista a sus colegas dominicanos en lo que tiene que ver con nuevas amenazas, nuevos actores y nuevas estrategias eficaces, y que esa cooperación vaya más allá de lo coyuntural, que no se quede en una asistencia sólo para el diseño de la estrategia anticrimen, sino en una relación de más largo plazo.

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La Iglesia dominicana, de cara hacia el futuro

Este Tercer Plan Nacional de Pastoral coincide con una dolorosa realidad: la familia, como núcleo vital de la sociedad, luce estremecida y atrapada en una grave crisis que la desarticula y la disuelve.


Como todo cuerpo vivo y organizado, la Iglesia dominicana también se planifica y columbra el porvenir, y hoy justamente se propone anunciar sus nuevas acciones pastorales para una sociedad bastante enferma.

El plan, que da continuación a dos anteriores que se proyectaron por diez años cada uno, tiene por objetivo intensificar la evangelización del pueblo dominicano, con miras a promover un cambio en muchas actitudes incorrectas que parecen desviarnos.

La aplicación de este plan involucrará a las 189 parroquias de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y su impacto social habremos de sentirlo con el curso de los años, ya que se trata de dar respuestas a una serie de males que la Iglesia ha venido radiografiando desde que se inició el nuevo siglo.

Desde el 2001, la Iglesia hizo circular entre sus fieles un cuestionario para identificar los logros o fracasos de ella, como institución, y para establecer los principales problemas de la sociedad dominicana.Con ese bagaje de información, bastante comprobada y depurada, los grandes pensadores, el pueblo llano y todo aquel que se siente comprometido con la causa cristiana, ha podido trazarse la línea general del Tercer Plan de Pastoral, que tiene un horizonte de 11 años, pues terminará con las celebraciones del quinto centenario de su instalación en el país.

Hoy se congregará el Cardenal López Rodríguez con sus obispos auxiliares, los sacerdotes, diáconos y responsables de las distintas pastorales, en el Estadio Olímpico, a presentar el plan ante el país.Es bueno indicar que desde el Concilio Vaticano Segundo, clausurado en 1965, la Iglesia universal se miró a sí misma y de cara al mundo, y produjo valiosos documentos que normarían su accionar y su misión en los nuevos tiempos.

Más o menos ese es el tipo de ejercicio que ha hecho la Iglesia dominicana, para medir el nivel de contacto, participación y respuesta que da a las necesidades espirituales y de orientación del pueblo dominicano.

Este Tercer Plan coincide con una dolorosa realidad: la familia, como núcleo vital de la sociedad, luce estremecida y atrapada en una grave crisis que la desarticula y la disuelve.

Demasiadas familias se han desintegrado y otras marchan por ese camino. Se va perdiendo la relación de respeto y unidad entre padres e hijos. Muchas uniones se disuelven y, a menudo, los frutos de ellas, los hijos, se descarrilan, se marchan, se desvinculan de sus raíces, o pierden todo interés por los valores fundamentales de una sociedad sana. Todo se relativiza y se va creando una comunidad de gentes que sólo procuran su provecho propio, en desmedro del provecho colectivo. A este cuadro de males es que la Iglesia pretende darle respuestas evangélicas, sanas, positivas e impostergables.

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Muchas expectativas ante la gira fronteriza

Ojalá que el Presidente de la República, con toda la autoridad que tiene para hacerlo, llegue a Jimaní con la buena noticia de que declarará de interés público esas tierras, y las aportará, como contrapartida del Estado, para el proyecto de las viviendas

La visita que inicia hoy el Presidente a la frontera ha despertado muchas expectativas, y es lógico que eso ocurra, pues se trata de provincias rezagadas que han pasado años y años tratando de salir de la pobreza y el estancamiento.

Sabemos que el Presidente no puede jugar a la demagogia prometiendo obras que su gobierno no está en condiciones de emprender por falta de financiamientos. Pero no deja de causar aliento el hecho de que, en un contexto nuevo de la llamada lucha contra la pobreza, estas provincias sean tomadas en cuenta a la hora de repartir compensaciones para soportar el impacto de los ajustes que, inevitablemente, acompañan los acuerdos stand-by del FMI.

Hay un caso, el de Jimaní, del que ya hemos hablado en dos editoriales, que sin necesidad de que el Gobierno se involucre en gravosas cargas fijas para la inversión, puede representar un extraordinario jalón para dinamizar la depauperada economía de esa comunidad. Nos referimos al proyecto de construcción de aproximadamente 300 casas para los damnificados de las inundaciones de mayo del pasado año, actualmente paralizado por las reclamaciones de personas que alegan que son dueñas de los terrenos en los que inicialmente se ha contemplado edificarlas.

Las decenas de millones de pesos recaudados por tres fundaciones para costear las casas no han podido ser invertidas por culpa de esta traba, por lo que creemos que es necesario que el Presidente de la República, con toda la autoridad que tiene para hacerlo, llegue a Jimaní con la buena noticia de que declarará de interés público esas tierras, y las aportará, como contrapartida del Estado, para el proyecto de las viviendas. Esto garantizaría que, de inmediato, se liberen esos fondos millonarios y se creen fuentes de empleo, más negocios y más dinamismo económico en Jimaní, sin que el Gobierno, de entrada, tenga que gastar un centavo.

El Gobierno tiene que ayudar a estas fundaciones a realizar su proyecto sin mayores tropiezos, ya que del éxito de éste dependerá el futuro de las donaciones voluntarias de los dominicanos frente a casos de tragedias. Otro detalle: en la medida de lo posible, el Gobierno debe remozar las instalaciones de nuestros puestos de control fronterizo, que parecen verdaderos mercados y pocilgas.

Tiene también que procurar incentivos para que el turismo se desarrolle, para que despierte, para crear conciencia de que en toda esa zona hay bellezas incomparables y que es necesario darles el empujón que necesitan, ya que otras áreas del país han alcanzado a plenitud su desarrollo. Es mucho lo que se puede hacer por nuestra frontera, si hay voluntad en el Gobierno.

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La frontera, en la agenda presidencial

Lo que el Presidente encontrará es que la región carece de planteles educativos y adecuados centros médicos, que necesita mejores caminos vecinales y una mejor comunicación interprovincial, que se requiere transformar drásticamente el sistema de vigilancia y control y que es indispensable poner en marcha algunas obras que dinamicen la economía de estas provincias

La frontera nunca ha estado en la agenda de prioridades de nuestros gobiernos, a pesar de la infinita lista de promesas que se han hecho —y que se quedan en teoría— para enfrentar y resolver sus necesidades básicas.Si sus pueblos subsisten, es porque sus habitantes han hecho un esfuerzo sobrehumano para soportar las rigideces del desempleo, de la falta de desarrollo industrial o empresarial, y la precariedad de los servicios de salud y de educación que el Estado debe ofrecerles.La región tiene atractivos turísticos que no han sido debidamente explotados. Y para vencer un poco la renuencia de inversionistas a instalar empresas en esa zona, hubo que aprobar una ley de incentivos que, de tan elástica que es en materia de privilegios fiscales, ha creado una distorsión que puede conducir a su revisión.En realidad, esa ley es uno de los pocos atractivos poderosos que puede alentar un flujo mayor de inversiones en esa zona, que hasta ahora sólo vive del comercio con Haití y de lo que produce su agricultura.De ahí que resulte importante la gira de tres días que inicia mañana el Presidente Leonel Fernández, para verificar el estado actual de esas provincias fronterizas.No hay nada que añadirle a lo que él, como mandatario y como político que ha recorrido esa zona de palmo a palmo en otras oportunidades, se supone que conoce.Lo que el Presidente encontrará es que la región carece de planteles educativos y adecuados centros médicos, que necesita mejores caminos vecinales y una mejor comunicación interprovincial, que se requiere transformar drásticamente el sistema de vigilancia y control y que es indispensable poner en marcha algunas obras que dinamicen la economía de estas provincias.No se explica que el lago Enriquillo, una de las mas hermosas atracciones turísticas, no cuente con facilidades para paseos en botes y yates y con hoteles y restaurantes en todo su entorno, ni es posible que el único aeropuerto del Suroeste —el de Barahona— esté sin uso, ni que la zona carezca de buenas pistas para avionetas que hagan factible el traslado de turistas que están en otras zonas, para conocer sus bellezas naturales.El sistema de postas militares fronterizas debe mejorarse. No es posible que los retenes sean piedras y pencas de coco o troncos de árboles afeando sus carreteras y que no existan puestos de vigilancia decentes y bien equipados.El caso de Jimaní es para llorar. Donaciones por casi 70 millones de pesos están en bancos esperando que se resuelva un problema con los terrenos para construir 300 casas para los damnificados. Sólo liberando esa suma, se dinamiza extraordinariamente la economía de Jimaní sin que el Gobierno tenga que invertir un solo centavo. Estos problemas son los que requieren de solución. Ojalá que el Presidente los tome en cuenta y actúe en consecuencia.

Guajimía: ¿quién se anima a limpiarla?

Sugerimos al Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Oeste que organice, cada 200 metros lineales, una brigada con los residentes en ambas orillas, para proceder a la limpieza de esos tramos, por paga

La cañada de Guajimía sigue siendo el gran basurero del municipio Santo Domingo Oeste, a pesar de que el Congreso aprobó un préstamo de 83.5 millones de dólares de Canadá para sanearla por completo.Tal vez los fondos nunca lleguen y nada puedan hacer las autoridades para resolver esta situación, salvo dejar que el tema sea , como siempre lo ha sido, materia prima de la demagogia electoral o de las promesas incumplidas de nuestros políticos.¿Por qué la gente que se arracima en sus orillas descarga en ella todas sus basuras? Sencillamente porque no existe un sistema eficaz de recogida de basura en ese sector y porque a nadie se le ha ocurrido aplicar medidas prácticas para lograrlo.Sugerimos al Ayuntamiento del municipio que organice, cada 200 metros lineales, una brigada con los residentes en ambas orillas, para proceder a la limpieza de esos tramos, por paga.Una vez limpiados los tramos, mediante un operativo general, se puede implementar un mecanismo de distribución, entre todos los residentes en sus alrededores, de fundas plásticas o envases más resistentes para que depositen en ellos sus desperdicios.Camiones o camionetas , propios o alquilados, deben ser utilizados en un sistemático servicio de recogida de esas fundas, mientras las brigadas se ocupan de cuidar la cañada para que otros no sigan ensuciándola más de la cuenta.Hay que facilitar la recogida de la basura pues, de lo contrario, la gente no se la tragará ni se ahogará en ella.Si es posible, en las brigadas pueden participar personas que han sido beneficiadas con el programa “Comer es primero” para que aporten su fuerza física de trabajo por el bien suyo, de sus familias y de la comunidad.No podemos hacernos muchas ilusiones con los “mega-proyectos” urbanísticos que se anuncian como parte del trabajo de saneamiento y, en lo que liberan los fondos, si es que los liberan, hay que resolver con pragmatismo este problema.La cañada no aguanta más basura.Cuando llueve, esta basura cae en el río Haina, contamina sus aguas, elimina oxígeno y mata los peces.Esta cañada es fuente contaminante, incubadora de epidemias y, además, un peligro para los que residen en sus orillas. Ya se han ahogado muchos niños y jóvenes cuando se desborda. Estamos seguros de que si a esas pobres familias se les facilita un mecanismo para recogerle sus basuras, no las tirarán en la cañada.Esas soluciones prácticas están al alcance de sus autoridades. Si las fundas o los envases no se pueden vender a los residentes, pues que se especialice una parte de los arbitrios cobrados como un fondo para suplirlos, y que se organicen premiaciones para los residentes que mantengan limpios sus respectivos tramos de cañada. Hagamos la prueba...y luego veremos.

“Descualquierícenlas”

Si algo se impone ahora es revertir lo que el Presidente Fernández llamó la “cualquierización” de las Fuerzas Armadas, es decir, la presencia y gravitación en ella de soldados corruptos, oficiales impreparados o alegremente ascendidos, para dar paso a la oficialidad académica y militarmente mejor preparada

En un desvencijado puesto o retén militar del Suroeste, que sólo por ser desvencijado proyecta una pobre imagen del Ejército, un soldado detuvo a una camioneta de pasajeros, como parece ser la rutina. El conductor le pasó una papeleta...y continuó su viaje.Esta escena fue observada por el director general de este diario en Ojeda, en el camino de Barahona a Pedernales. También observó cómo en otros “retenes”, en distintas vías del arco que une a Neiba, Jimaní y otras localidades sureñas, conductores de buses, minibuses, camionetas de pasajeros o camiones de carga, al cumplir la orden de detenerse, estrechaban sus manos con las de los soldados. Y no parecía que fuese sólo por un hermoso gesto de amistad.Si esa es la costumbre, es hora de que la Secretaría de las Fuerzas Armadas, con todas sus ramas armadas, y también la Policía Nacional, piensen en la necesidad de reforzar sus propios mecanismos de inteligencia y de vigilancia secreta, porque de nada vale tanto equipamiento y tanta tecnología contra el narcotráfico y los contrabandos de todo género, si toda la cadena de chequeos en las postas fronterizas está permeada por estas dádivas.Para cambiar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía, como ha dicho el Presidente de la República, en el contexto de la estrategia contra la delincuencia, es preciso dar a estos detalles la máxima importancia.Si los contrabandistas, los narcotraficantes o los traficantes de ilegales pueden cruzar retenes fronterizos al menor “costo”, tal situación da lugar a que se proyecte una imagen negativa de las Fuerzas Armadas, de contubernio con estas prácticas.Nos consta que el secretario militar, almirante Sigfrido Pared Pérez , se esfuerza porque la imagen de la institución no sufra más desmedro, tras las escandalosas revelaciones de que en su seno actuaban –o actúan– oficiales vinculados a estas acciones corruptas y anti-patrióticas.La imagen la forjan los hombres y sus hechos. En la medida en que se toleran estas debilidades se empaña la fama de la institución. Su credibilidad e integridad sufren cuando se ingresa a civiles sin preparación con altos rangos –algunos de los cuales resultaron ser tremendos delincuentes– o cuando el escalafón, que es el más sagrado mecanismo de promoción, se violenta con ascensos inmerecidos o con despidos injustificados.Si algo se impone ahora es revertir lo que el Presidente Fernández llamó la “cualquierización” de las Fuerzas Armadas, es decir, la presencia y gravitación en ella de soldados corruptos, oficiales impreparados o alegremente ascendidos, para dar paso a la oficialidad académica y militarmente mejor preparada,y rescatar la ética y la disciplina en que deben formarse los guardianes y garantes de nuestra soberanía, nuestra paz y nuestra seguridad.

La juventud que hemos perdido

Con una gran porción de jóvenes dañada por tantos males, no se explica que el Gobierno y el Congreso hayan escamoteado recursos que deben destinarse a sofocar algunas de las causas que han provocado esta degradación y este descarrilamiento de quienes deberían ser porque hoy no lo son el futuro de la patria

Este país ha perdido ya a una buena parte de su juventud, concretamente a aquellos adolescentes y jóvenes que, por múltiples causas, han quedado convertidos en puras escorias de la sociedad.Y esto hay que admitirlo con dolor, aunque no debemos rendirnos frente a esa penosa realidad.Los resultados de esa degradación los estamos presenciando en este día, reflejados en el alto número de jóvenes que se han perdido en la drogadicción, en el pandillerismo y la delincuencia, en el atraso por la falta de educación o en el ocio y la vagancia, por la ausencia de oportunidades de trabajo.Otra parte de nuestra juventud ha quedado seducida por el snobismo, procurando vivir bajo otros modelos morales y existenciales que aquí no han echado raíces ni forman parte de nuestra idiosincracia.Queda, por suerte, una parte significativa que ha elegido el camino del estudio, del comportamiento serio y respetuoso; que se forma en nuestras escuelas y universidades para servirle al país desde diversas profesiones.Y en ese segmento incontaminado, todavía promisorio, gravitan ya fuertes peligros. Muchos de los que salen de las academias, investidos como profesionales, no encuentran dónde trabajar o dónde poner en práctica sus conocimientos.Las estadísticas asociadas a la criminalidad en el país nos dicen que los principales actores son jóvenes menores de 25 años. Por igual, los que componen la mayoría en el mercado de consumo de sustancias prohibidas. Son mayoría, también, las niñas y adolescentes embarazadas que recurren al aborto y que han abandonado sus hogares y escuelas para “buscársela” en las calles.Con una porción tan grande dañada por tantos males, no se explica que el Gobierno y el Congreso hayan escamoteado recursos que deben destinarse a sofocar algunas de las causas que han provocado esta degradación y este descarrilamiento de quienes deberían ser porque hoy no lo son el futuro de la patria.Con mucha pena, el director de la Pastoral Juvenil, padre Luis Rosario, se ha quejado de que los presupuestos para la juventud han sido recortados en un 20 por ciento en aquellas entidades y programas especializados en este segmento de la población.¿Y es así como vamos a combatir la delincuencia y a mejorar las condiciones de vida en aquellos barrios y sectores en los que una juventud ociosa y viciosa, sin futuro, sin formación, necesita ser regenerada?.Andamos por muy mal camino y no podemos decir, ahora, que hay una luz al final del túnel.

Mayor seguridad para las zonas turísticas

Lo que sí tiene que fortalecerse es a la Politur ( Policía Turística) para que, con más agentes, más equipos y vehículos apropiados, garantice esa seguridad, en adición a la que ya tienen, como propia, los diversos hoteles

Este país invierte y apuesta al turismo, y en el turismo tiene una de las mayores fuentes de ingresos, aparte de la variedad de negocios y empleos que origina en sus áreas de influencia.Para mantener esta “industria” en su más alto grado de productividad y eficiencia el Estado, inicialmente, dio facilidades para la inversión y asumió algunas responsabilidades, como las de crear infraestructuras viales, aeropuertos, instalar redes de agua y de luz hacia las zonas más atractivas y delimitar polos turísticos, concediéndoles innumerables privilegios fiscales y de otra índole.Luego comenzaron a fluir las inversiones extranjeras y entonces el desarrollo hotelero alcanzó un dinamismo que, al día de hoy, no se detiene. Sólo para este año se invierten más de 4 mil millones de dólares en nuevas instalaciones.El país se conoce ya, en el extranjero, por la fama y la calidad de sus mejores polos turísticos.Para mantener este sector en pleno dinamismo, se requiere del mayor esmero de las autoridades por proveer seguridad para los huéspedes o para aquellos que visitan los polos, sean o no turistas extranjeros.De ahí que la Secretaría de Turismo haya informado que solicitará a la Policía Turística (Politur) el diseño de una estrategia para reforzar la seguridad en las áreas adyacentes a los principales hoteles de la costa Este y Norte, con la finalidad de poner fin a algunos hechos delictivos, aislados, eso sí, que han ocurrido últimamente.La idea es buena, pero no deberíamos incurrir en excesos, como el de establecer una cadena de “retenes” para detener e investigar a todo aquel que se vaya a internar en vehículos por esas zonas, lo cual es una violación al derecho de libre tránsito y una presunción de que, dentro de ellos, hay sospechosos de ser delincuentes.Lo que sí tiene que fortalecerse es a la Politur para que, con más agentes, más equipos y vehículos apropiados, garantice esa seguridad, en adición a la que ya tienen, como propia, los diversos hoteles.Hasta ahora la delincuencia ha sido controlada y esto es un éxito. Los hoteleros han contribuido con motores, caballos y equipos de comunicación a mantener una excelente vigilancia en playas y alrededores de resorts.No podemos permitir que un evento delictivo dañe a la “industria” turística, tan sensible a las malas noticias.Y mientras siga siendo alto el volumen de beneficios que ella deja, en buena proporción comparativa debemos nosotros, como país, invertir en la promoción de nuestras bellezas, tanto aquí como en el extranjero, y al mismo tiempo convertir a Politur en una efectiva y única plataforma para la seguridad de las áreas hoteleras, incluyendo los poblados que han crecido y se desarrollan en sus alrededores.
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Dejemos de “fastidiar” con el Almirante

Dejemos tranquilo al Almirante en su gran faro, que demasiados problemas tenemos aquí para echarnos encima una controversia inútil e inacabable sobre la autenticidad de sus restos


Nadie se explica el afán que tienen ciertos “investigadores” españoles de escudriñar los restos del almirante Cristóbal Colón, con la ya prejuiciada intención de supuestamente establecer si son o no los del descubridor.A nosotros nos basta con los testimonios y las pruebas históricas que se han aportado para reafirmar que los despojos mortales de Cristóbal Colón son atesorados en nuestro país, pese a la controversia que pretende disminuir esta verdad.Es decir, que no tenemos ninguna duda, ni preocupación alguna en ese sentido, como para estar obligados, imperativamente, a someternos al deseo de unos cuantos científicos, sean o no de España, de poner a prueba sus propias teorías y suposiciones.Estaríamos brindando un escenario lleno de riesgos, y desautorizándonos de antemano nosotros mismos si, al permitir tal examen, desprovistos de toda seguridad sobre la calidad y competencia de sus examinadores, estos arrojan “dudas” sobre la autenticidad de los restos.Hasta ahora constituye un valioso patrimonio el que los restos descansen en su monumental faro.El tiempo y la historia han transcurrido sin que ese asunto nos cause alguna intranquilidad, mucho menos dudas.Lo que sí nos preocupa es que, antes de que se haya emprendido la investigación, se diga que su objeto es demostrar tal autenticidad. De hecho, ya existe un prejuicio, una incertidumbre y no tenemos, como país, todas las garantías de que el resultado del examen constituya una prueba de pulcritud y exactitud científica.A lo sumo, y sólo si la humanidad o las Naciones Unidas lo desean, se podría organizar un equipo internacional, con especialistas de varios países, incluyendo el nuestro, para abordar la re-identificación en un contexto general que abarque los aspectos históricos, antropológicos, físicos y médicos que sean menester. Se dice que el grupo de investigadores españoles quiere verificar las condiciones medioambientales en que se encuentran los restos. ¿Para qué y por orden de quién?Creemos que el Gobierno dominicano, a través de la Secretaría de Cultura, ha tomado una decisión acertada al pedir que se posponga la visita de los investigadores.Todo cuanto tenga que ver con aspectos que envuelvan reliquias históricas debería contar con la opinión y el consenso de la Academia Dominicana de la Historia, cuyos miembros han puesto ya determinadas condiciones y rigores en el eventual caso de que, por voluntad de las Naciones Unidas o expresamente del interés de España, como nación, se autorice el experticio de los restos. Mientras tanto, dejemos tranquilo al Almirante en su gran faro, que demasiados problemas tenemos aquí para echarnos encima una controversia inútil e inacabable sobre la autenticidad de sus restos.

Bases del plan anticrimen

La ciudadanía, que ha dado demostraciones públicas de que rechaza la violencia y la delincuencia, debe sentirse alentada y esperanzada con estas medidas que pronto va a poner en práctica el Gobierno y debe dar el mayor respaldo a la Policía para cumplir con su labor, dificilísima por demás

El Gobierno acaba de avanzar algunos planes que conformarán su estrategia anticrimen, comprometiendo la suma de 24 millones de dólares para un adecuado equipamiento de la Policía Nacional, con lo cual comienza a dar en la diana del problema, pese a todo lo complejo que es.

El dinero será invertido en la adquisición de cientos de motocicletas y vehículos y en otros instrumentos indispensables para la labor de vigilancia, prevención y sofocación de la delincuencia en todos los sentidos. Reabrirá la academia de entrenamiento policial y se asegurará que especialistas norteamericanos vengan al país a ofrecer sus técnicas y sus experiencias a los agentes, con la finalidad de prepararlos mejor para un desafío que, como notamos cada día, se acrecienta.

Las autoridades tienen que luchar contra un enemigo mejor armado, en muchos casos, que sus propios agentes y con un poder económico para comprar o doblegar voluntades, para eludir los encarcelamientos y para llevarse por delante a todo aquel que se le oponga a sus planes.

El narcotráfico, principal vector de la criminalidad que ahora se siente en las calles y en nuestros barrios, no solo fomenta vicios, sino que opera sobre la base de atemorizar, asesinar, ajustar cuentas y violentar leyes, y en su estrategia atrae o elimina policías y autoridades.

No es menos cierto que, para que un plan anticrimen de esta magnitud tenga éxito, es imprescindible que la Policía atraviese primero por un proceso de depuración para excluir a los indisciplinados, a los permeados por los delincuentes, a los mismos delicuentes uniformados y a todo aquel incapacitado para brindar un servicio de seguridad ciudadana como el país lo reclama.

También tienen las autoridades que ser más eficientes en el desarme de la población, especialmente de aquellos que portan armas a sabiendas de sus antecedentes delictivos, o de los que sin ninguna justificación poseen y usan estos artificios letales.

Lo que ha habido en los últimos meses, es un esfuerzo de regularizar el porte y tenencia, que no es más que organizar o promover un armamentismo regulado. Pero desarme no ha habido.Y hasta que eso no ocurra, la autoridad será siempre vulnerable, no importa la cantidad de vehículos y equipos que posea.

Una observación pertinente: es preciso que los equipos sean cuidados y mantenidos como debe de ser. El patrón de uso en nuestras instituciones públicas es convertir en chatarras, en pocos meses, los vehículos nuevos, o en irlos abandonando porque no pueden ser reparados, sean mínimos o grandes sus desperfectos.

La ciudadanía, que ha dado demostraciones públicas de que rechaza la violencia y la delincuencia, debe sentirse alentada y esperanzada con estas medidas que pronto va a poner en práctica el Gobierno, y debe dar el mayor respaldo a la Policía para cumplir con su labor, dificilísima por demás.

Ahora bien, la Policía tiene que volver a ganarse la confianza de todos nosotros. O, de lo contrario, el plan anticrimen no servirá de nada.

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Barahona, la “Costa del Paraíso”

En estos días una misión de la Organización Mundial de Turismo está visitando las zonas o polos turísticos del país y ojalá que con esa visita se refuerce la voluntad de colocar a Barahona y las zonas adyacentes en el impostergable tercer “marca-país” dominicano


Puerto Plata y Punta Cana se han convertido en lo que los expertos turísticos llaman destinos “marca-país”. Con sólo nombrarlos, su fama se reconoce enseguida. En las pizarras de los aeropuertos internacionales o en los afiches de promoción aparecen estos nombres que, en la práctica, sustituyen al del país.Junto a estas dos, tenemos otra “marca-país” que inexplicablemente no se ha explotado ni desarrollado.Hablamos de Barahona y sus regiones aledañas, en el Suroeste, donde se amalgaman extraordinarias bellezas naturales y ambientes diversos.Ya sea para explotar el turismo de playa y sol, el de ríos y lagos para la pesca, el de los botes y yates para competencias marinas, o el ecológico, para conocer bosques y montañas con sus bellezas casi vírgenes. Paradójicamente, tales recursos no han sido debidamente explotados como destino turístico genérico.Es una pena, por ejemplo, que teniendo un excelente aeropuerto y toda una infraestructura de carreteras en buen estado, accesos a lugares de interés y maravillas de la naturaleza, no haya podido desarrollarse la llamada industria hotelera.Los pocos hoteles de la región siguen gracias a la tenacidad de sus operadores o dueños y a la enorme fe que tienen en el futuro del turismo en esa zona.El Lago Enriquillo cautiva a los turistas. Sin embargo, carece de botes o embarcaciones de paseo para ofrecer al visitante las delicias de un recorrido en el que pueda apreciar las bellezas de su entorno.No hay lugares apropiados para acampar o para servir de posada a los visitantes.Los pueblos fronterizos, a pesar de su pobreza, lucen los parques más hermosos y limpios. Las calles también, lo que habla de la virtud de sus residentes, que se preocupan por limpiarlos.Hay demasiadas fuentes inexplotadas para hacer de Barahona una verdadera “Costa del Paraíso” .En estos días una misión de la Organización Mundial de Turismo está visitando las zonas o polos turísticos del país y ojalá que con esa visita se refuerce la voluntad de colocar a Barahona y zonas adyacentes en el impostergable tercer “marca-país” dominicano.Tiene todas las condiciones. Tiene aeropuerto con capacidad para vuelos internacionales. Tiene lugares únicos, de playa o montaña, un gran lago y una gran laguna, tiene excelentes vías de comunicación. ¿Por qué, entonces, esa zona ha quedado rezagada? Hagamos de Barahona, o de esa “Costa del Paraíso”, el otro gran destino del turismo para la República Dominicana.

Presidente, expropie esas tierras y ayude a Jimaní

El esfuerzo por revitalizar esa ciudad fronteriza después de la destrucción causada por el desbordamiento del río Soleil ha quedado truncado por la inacción oficial, en algunos casos, y por la misma indiferencia de toda la sociedad, que ha dejado de mirar hacia Jimaní.


La misma estampa de la destrucción, la misma desolación y, obviamente, la misma desesperanza de sentir algún día un jalón de progreso, siguen marcando hoy a Jimaní, a ocho meses de su gran tragedia.

El esfuerzo por revitalizar esa ciudad fronteriza después de la destrucción causada por el desbordamiento del río Soleil ha quedado truncado por la inacción oficial, en algunos casos, y por la misma indiferencia de toda la sociedad , que ha dejado de mirar hacia Jimaní.

El director general del Listín estuvo en esa zona, observando qué avance había tenido el esfuerzo de recuperación. Notó, por ejemplo, que un hermoso proyecto para construir 300 casas para los damnificados está paralizado por simples tonterías.

Unos reclamantes de propiedades, con títulos o sin ellos, han entorpecido la construcción de las viviendas, para las cuales existe un fondo formado con recaudaciones hechas por las fundaciones Solidaridad, Sur Futuro y Visión Mundial, luego de la tragedia.

Cuando se eligieron los terrenos para la nueva urbanización se creía que eran del Estado. Al no ser así, no ha podido iniciarse ni siquiera una casita, por lo que estimamos que ha llegado la hora de que el Gobierno declare de interés público esas tierras y las destine a un verdadero y necesario proyecto social.

Entre el dinero recaudado por las fundaciones y la promesa del Gobierno de aportar 52 millones para las infraestructuras de agua, luz, calles y aceras, la inversión sería de unos 120 millones de pesos, suma que jamás ha sido invertida de golpe en ese poblado.

Eso significa que Jimaní, con ese proyecto, entraría en una etapa de dinamismo económico, con buena cantidad de mano de obra, con el surgimiento de nuevos negocios, en definitiva, con una actividad comercial superior a la de su clásico mercado de los sábados. Todo esto depende de la acción urgente, responsable, inmediata, del Gobierno, facilitando los terrenos para que se inicie la construcción de las casas, que ya fueron diseñadas por el Consejo de Asuntos Urbanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Se quiere hacer una verdadera organización para favorecer a los damnificados, ya que las casas que construyó el pasado gobierno son unos verdaderos mamotretos, plagadas de vicios de construcción, totalmente inapropiadas para que sean habitadas por gentes. Para colmo, solamente asfaltaron una calle y un pedazo de otra, y los que allí viven se ahogan del polvo y no tienen acueducto.Jimaní, aún con las huellas vivas de su tragedia, reclama a la sociedad y al Gobierno que no se olviden de ella.

El Gobierno, ahora, tiene el reto de romper la traba que impide la construcción de las nuevas casas. ¿Cómo?, expropiando las tierras, sin más pérdida de tiempo, lo que permitirá que se liberen los fondos recaudados y se inviertan de inmediato, porque para eso fue que los donó el pueblo.

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Que se aplique el “anti-doping”

El “anti-doping” es uno de los tantos recursos que tiene la sociedad para prevenirse de la expansión de la drogadicción, un flagelo que ha envilecido a millones de jóvenes, niños y adultos en el mundo, alrededor del cual opera un multimillonario negocio ilegal que, a su vez, destruye valores y hasta las mismas instituciones de un Estado

La prueba “anti-doping”, para establecer si una persona consume drogas prohibidas, es algo que ya debería generalizarse en el país.Así como el famoso “papel de buena conducta” constituye un requisito para ciertas actividades del ciudadano, así la prueba “anti-doping” pudiera servir como un eficaz instrumento para descubrir a los usuarios de las drogas, especialmente cuando pretenden ingresar o emplearse en instituciones que, justamente, están llamadas a combatir ese flagelo.

El presidente del Consejo Nacional de Drogas, general José Aníbal Sanz Jiminián, propone que esta prueba se le aplique no solamente a los militares y policías, sino a los estudiantes y maestros de las escuelas públicas y privadas. La aplicación debería extenderse hasta los que aspiran a posiciones electivas, incluso a los que ya se encuentran ejerciendo dichas funciones en nuestras cámaras legislativas y nuestros ayuntamientos.

La prueba, cuyo costo imaginamos es muy alto para que pueda ser asumido solamente por el Gobierno, puede ser cobrada a los usuarios, de la misma manera en que se pagan ciertos sellos y documentos oficiales.En realidad, su gran valor está en que permite a una institución, a una empresa, a un centro escolar, determinar quiénes son drogadictos y ameritan de tratamientos médicos y psicológicos, con lo cual se evitan trastornos que, a la postre, resultan más costosos.

En el mundo deportivo, estas pruebas son regulares y hasta reglamentarias, y a través de ellas se ha podido detectar la presencia de sustancias narcóticas en jugadores y la inmediata eliminación de estos en las competencias, antes, durante o después de ellas, tan pronto se tienen las comprobaciones.

Ningún deportista se queja o rehuye a la prueba. Por el contrario, el ciudadano que se sienta libre de estas sustancias o del vicio de la drogadicción, no opondrá resistencia a la prueba, mucho menos si se convierte en obligatoria y reglamentaria por vía de una ley del Congreso.

El “anti-doping” es uno de los tantos recursos que tiene la sociedad para prevenirse de la expansión de la drogadicción, un flagelo que ha envilecido a millones de jóvenes, niños y adultos en el mundo, alrededor del cual opera un multimillonario negocio ilegal que, a su vez, destruye valores y hasta las mismas instituciones de un Estado.

Los dominicanos hemos visto cómo el fenómeno de la drogadicción ha derivado en la formación y luchas de pandillas, en el incremento de la delincuencia barrial, en la burla a la autoridad en todos los sentidos, en riquezas emergentes que dislocan la economía creando espejismos de desarrollo y en la vulneración física e intelectual de muchos ciudadanos que, lamentablemente, cayeron en esa trampa.

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Descabezados, pero no desarticulados

Una vez identificadas las figuras o amanuenses que intervienen en el encubrimiento y facilitación del negocio criminal, habrá que ver cómo el Gobierno actual, y la Justicia, se ocupan de ellas

Desmantelar una red del narcotráfico no es un ejercicio que sólo se queda en la captura y enjuiciamiento de sus cabecillas o principales cómplices.En el caso de la red recién descubierta, lo que tenemos a la vista es su descabezamiento, ya que su principal cabecilla ha sido detenido junto a otras personas que cumplen, a su vez, roles específicos dentro de ese sistema mafioso.

En torno a ellos funciona un círculo de los que pueden recibir, procesar, empacar, movilizar o distribuir la droga que, por el momento, nadie sabe a cuántas personas involucra, ni se ha informado de cuáles infraestructuras tienen a su disposición.

Luego, en apoyo a la maquinaria logística, existe el mecanismo del soborno, de la complacencia, en otras palabras, de la compra de silencios, de permisos, de impunidad para atravesar rutas y saltar procedimientos legales, donde se mueven muchos millones de pesos. En esta fase es que los narcos tocan las llamadas “altas esferas” del poder, que pudieran estar en posiciones políticas, empresariales, judiciales, periodísticas o de otra índole.

¿Cuántos, en esta fase o círculo, están comprometidos? Es algo que está por verse, y sobre lo cual pudieran asomarse detalles en la medida en que avanzan las investigaciones.

Una vez identificadas las figuras o amanuenses que intervienen en el encubrimiento y facilitación del negocio criminal, habrá que ver cómo el Gobierno actual, y la Justicia, se ocupan de ellas.Sacarlas de sus posiciones, si las tienen, y enjuiciarlas, es lo correcto.

Y ahí no quedaría satisfecha del todo la operación del desmantelamiento, pues donde se mueve demasiado dinero es mucha la gente que, directa o indirectamente, depende de su rol de complicidad.

Luego viene otra fase, esta de carácter más tenebroso, que consiste en la eliminación de testigos, de gente que pueda dar testimonios o pistas a las autoridades sobre el resto de la cofradía, la cual podría materializarse en el asesinato de personas, en ajustes de cuenta, o en fugas desesperadas.

Nunca se descarta, observando el patrón de consecuencias que han tenido otras cacerías de narcos en el mundo, que implicados con cierto poder, con cierta influencia, activen sus mecanismos de represalias--a todos los niveles---para tratar de impedir que las investigaciones lleguen hasta el fondo.

Veremos cómo aquellos que, en su íntima convicción, se consideran muy comprometidos o que pretenden pasar como “vacas sagradas”, intocables a la investigación, se van a comportar frente a este escándalo en las próximas semanas, cuando la justicia norteamericana comience a agarrar este toro por los cuernos.Y hasta por el rabo.

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¿Policía sepulturera?

Si unos pocos hacen el ruido y la ostentación irrespetuosa al enterrar a los líderes de sus pandillas, como lo han hecho para escandalizar a toda la sociedad, pues que la autoridad se empantalone y ejerza con responsabilidad y firmeza su rol, llamando al orden, por las buenas, a los que organizan estos funerales

La determinación de la Policía de enterrar cadáveres de reconocidos delincuentes no es el remedio a la aberración de los llamados “entierros populares”, en el marco de los cuales una turba despide al antisocial con tiros, música en alto volumen y consumo de bebidas y drogas.

El papel de la Policía no es el del sepulturero,sino el de verdadero garante de la paz pública y del orden. Y en esto tiene experiencia, bastante experiencia; lo único que falta es que sepa utilizarla, en apego a su mandato, como lo dispone la ley.

Nadie puede garantizar que un reconocido delincuente caerá en un enfrentamiento con sus tropas.Puede darse el caso de que muera en un lance de pandillas, en una emboscada barrial o en otras circunstancias en que ni siquiera están presentes los agentes de ese cuerpo.

¿Qué haría, entonces? ¿Buscar el cadáver en el barrio, llevarlo a Patología Forense, declararlo de “interés público” y luego enterrarlo? Limitarse a este papel es equivalente a tomar el rábano por las hojas, porque el estilo y el comportamiento que asumen los deudos o amigos y compinches del criminal abatido, al enterrarlo, obedece a realidades del submundo en que ellos viven.

Es un ambiente penoso, lastimoso, el que les ha tocado vivir, y en el que muchos se han deformado, se han degenerado y han elegido una rutina de vida marcada por los actos delictivos, por el instinto dañoso de robar, matar y endrogarse.

Han nacido y crecido en una sociedad que, en verdad, les niega a muchos el reconocimiento de sus derechos, el acceso a servicios indispensables, al trabajo, al techo, a una buena alimentación y atenciones de salud.

Naturalmente, tales limitaciones, tal ambiente de pobreza no justifica que se rebelen de la forma en que muchos lo han hecho, apelando a una especie de “derecho destructivo”, fomentado por las malas intenciones.

Hay muchos pobres en esos barrios que se esfuerzan por trabajar y progresar. Y lo han logrado. ¿Cuántos excelentes ciudadanos y meritorios profesionales no han salido de esos ghettos? No es cuestión de pobreza, sino de educación y formación.

Si unos pocos hacen el ruido y la ostentación irrespetuosa al enterrar a los líderes de sus pandillas, como lo han hecho para escandalizar a toda la sociedad, pues que la autoridad se empantalone y ejerza con responsabilidad y firmeza su rol, llamando al orden, por las buenas, a los que organizan estos funerales.

En definitiva, es con delincuentes que estamos bregando. Y frente a sus desmanes, la sociedad tiene esta alternativa: o los neutraliza o los deja que se entronicen como los reyes de este país.

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Las “altas esferas” contaminadas por el narco

No hay dudas de que este grado de involucramiento de las altas esferas dominicanas pone al descubierto que habían bases creadas para que esto, a la vuelta de pocos años, funcionase como un "narco-Estado”


Es una revelación bastante grave la que ha hecho el embajador de los Estados Unidos, Hans Hertell, al señalar que altas esferas del poder dominicano aparecen comprometidas en la más importante red de narcotráfico que operaba en el país y que recién ha sido desarticulada.

El Gobierno actual, y sobre todo la Justicia, tienen ahora el reto de develar esa madeja de complicidades, actuar con firmeza contra los que se prestaron a ese crimen y, de inmediato, remover los cimientos en que se sustentaba la red desarticulada.

Porque hayan caído algunos jefes de esa organización no puede decirse que la red ha sido disuelta, incapacitada, herida de muerte. Es preciso que se remuevan los residuos y que las investigaciones prosigan, hasta alcanzar otras esferas que, como las ondas concéntricas, se reproducen en una organización de este género, en la que se mueven millones de pesos y dólares.

El grado de penetración de la red fue tal que algunos detalles confidenciales del curso de la investigación de la DEA y de la Dirección Nacional de Control de Drogas llegaron al conocimiento del principal acusado, y casi ponen a punto de aborto la operación de su captura. "Ese solo dato es espeluznante".

Y es suficiente para que las actuales autoridades se hagan el propósito de limpiar las Fuerzas Armadas y la Policía de elementos implicados en la red, no importa la jerarquía. Como ha dicho el embajador Hertell, en este proceso no puede haber “vacas sagradas”, algo que, más o menos igual, dijo el presidente Leonel Fernández, a propósito del descubrimiento de este caso.

No hay dudas de que este grado de involucramiento de las altas esferas dominicanas pone al descubierto que habían bases creadas para que esto, a la vuelta de pocos años, funcionase como un “narco-Estado”.

Es decir, como un territorio en el que el narcotráfico se legitimiza en los hechos con el encubrimiento y/o patrocinio de las autoridades, y en donde la escala de valores tradicionales es suplantada por otra en la que los negocios turbios, el enriquecimiento rápido, el envilecimiento de las instituciones, constituyen las notas predominantes de su quehacer.

Casi bordeamos un Estado de esa naturaleza.Esta experiencia obliga al Gobierno del Presidente Fernández —y a la Justicia, primordialmente— a desplegar todas sus voluntades, su pragmatismo y su determinación para que el cabecilla de esta red sea procesado en los Estados Unidos, y a que sus cómplices locales —no importa la jerarquía que hayan tenido o el puesto prominente que hayan alcanzado en esas “altas esferas”— sean descubiertos, procesados y castigados por haberse asociado en esta conspiración contra la Patria misma.

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Dos muestras elocuentes de la descomposición

Este “culto” que la delincuencia ha pretendido hacer a la bandera es falso y a la vez perverso. No es más que la confirmación de que sus promotores entienden que ya esto es “tierra de nadie” y que, con sus actos y aventuras delictivas, han logrado que las autoridades tiren la toalla y les dejen el campo libre a sus desmanes.

Envolver el ataúd de un delincuente con la bandera nacional constituye un vergonzoso acto de profanación de nuestro símbolo patrio.Otra muestra de la descomposición que acusan determinados valores en nuestra sociedad, una de cuyas más sobrecogedoras expresiones es la burla a la autoridad y a la ley.

Los delincuentes, que ya están demasiado envalentonados con su capacidad de desafiar a la Policía y a la Justicia creen que ha llegado el momento de relajar también los sagrados estandartes patrios, para que se entienda que lo que tenemos es una caricatura de país.

Todo lo que representa la bandera, como suma de los valores y del orden legal en que fue creada la República Dominicana, es lo opuesto a lo que buscan los delincuentes cuando, por medio de la violencia, la extorsión, el crimen y el chantaje, intentan destruir la coexistencia pacífica, la tranquilidad de los barrios y el rigor de nuestras leyes y normas sociales.

El que un antisocial sea llevado hasta su tumba envuelto su féretro en la bandera es un hecho que hiere la sensibilidad de todos aquellos dominicanos que respetan a la bandera como un símbolo de identidad nacional.

El uso, en estas circunstancias, es francamente violatorio de los reglamentos existentes, ya que las reglas oficiales sólo admiten la colocación del estandarte en féretros de presidentes, vicepresidentes, ex-presidentes y ex-vicepresidentes, oficiales generales de las Fuerzas Armadas y la Policía y los soldados muertos en combate.

Es lamentable que la autoridad , que vigilaba de cerca el cortejo, permitiera este insulto y este abuso. Esto refleja anarquía.

¿Acaso ha claudicado la autoridad frente a estas osadías de los delincuentes? ¿Acaso la paralizó el miedo y le impidió retirar la bandera del ataud por la burla y humillación que ello representa para una sociedad dolida y herida por sus desafueros?Este “culto” que la delincuencia ha pretendido hacer a la bandera es falso y a la vez perverso.

No es más que la confirmación de que sus promotores entienden que ya esto es “tierra de nadie” y que, con sus actos y aventuras delictivas, han logrado que las autoridades tiren la toalla y les dejen el campo libre a sus desmanes.

Por eso se dan el lujo de mostrarle a la sociedad que ellos, con la bandera, pueden hacer lo que les venga en ganas. Hasta tenerla de trapo.

Y si acaso ese acto no es suficiente, otro más elocuente confirma este proceso de descomposición: la presencia de ciudadanos con pancartas frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, reclamando que se respeten “los derechos” de un implicado en el narcotráfico, al que habría que preguntarle si también respetó las leyes y los derechos nacionales como para hacerse acreedor de semejante homenaje a su “honradez” y su “inocencia”.

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Ante un estado de emergencia vial

Como se ve, estamos frente a una emergencia vial en algunas zonas del país y a una amenaza de producción alimenticia mermada que debe mover la rápida acción asistencial del Gobierno

Se torna dramática, cada vez más, la situación que padecen las familias que tienen o tuvieron, hasta hace poco, sus viviendas a lo largo de un extenso tramo de la carretera turística de Luperón.

Los deslizamientos y grietas que se han producido en algunas de sus partes han destruido, hundido o resquebrajado muchas casuchas, y han entorpecido el tránsito por ella.

El Gobierno ha ido en auxilio de los damnificados, y de pronto se han tomado algunas medidas para impedir el tránsito de vehículos.

Lo que se aconseja es que, dado el alto riesgo que existe con la profusión de lluvias en la zona, se organice rápidamente un plan de evacuación de familias cuyas casas no han sido afectadas, pero que pueden serlo en una eventualidad, antes de lamentar una tragedia mayor.

Son estas situaciones imprevistas, que obligan a un gobierno a buscar, donde sea, los recursos necesarios para dar amparo a estas familias, por un lado, y para reparar, hasta donde sea posible, los daños recibidos por la carretera.

Si al cabo de una investigación de carácter, se llega a la conclusión de que la carretera es, definitivamente, inviable, hay que tomar las medidas para restringir el paso de vehículos de todo tipo y, en lo posible, para impedir que se levanten viviendas en las zonas de riesgo.

Otro esfuerzo ingente lo tiene el Gobierno por delante, respecto a los daños causados por las últimas lluvias de diciembre---y las de principio de este mes---en la zona del Nordeste.

Cerca de 30 puentes que destruyó la tormenta Jeanne requieren ser restablecidos, lo que exige una inversión de 800 millones de pesos. Estas lluvias recientes destruyeron obras que se habían reconstruido y, en el caso del badén de El Helechal, en el Este, las aguas se lo llevaron de nuevo.

Los que viven lejos de esas comunidades no pueden medir la magnitud de las pérdidas que han sufrido en los últimos cuatro meses.

No sólo confrontan dificultades para comunicarse por la vía terrestre, sino que las plantaciones han sido inundadas y se han perdido muchas cosechas.

Esto implica que, para poder alimentar a sus propios pobladores, tienen que acudir a mercados muy distantes a buscar víveres y otros productos, pagándolos más caros.

Los de Samaná, por ejemplo, han tenido que venir a la Capital para abastecerse de plátanos del Sur. Y estamos seguros de que se incrementará la demanda, y se encarecerá ese solo producto, porque las plantaciones del Norte han quedado bastante melladas con las inundaciones y las lluvias.

Como se ve, estamos frente a una emergencia vial en algunas zonas del país y a una amenaza de producción alimenticia mermada que debe mover la rápida acción asistencial del Gobierno.

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Pueblos limpios, sin gastar millonadas

Se nos ocurre que, como una forma de contribuir a aminorar el problema de la acumulación de basura en la Capital, el Gobierno central puede alentar a las mujeres y hombres beneficiados con el plan “Comer es primero”, a cumplir una determinada cuota de tiempo en estas labores


La Vega y Bonao, Azua y Baní y otras tantas importantes cabeceras de provincias, han demostrado ser ciudades pulcras, donde la limpieza de sus calles constituye un sello de orgullo.

Todo es fruto de la voluntad de sus munícipes, que mantienen una tradición de escrupulosidad por encima de lo que haga o deje de hacer el ayuntamiento local.

Naturalmente, con una cultura así, los ayuntamientos no pueden menos que corresponder a ella dando prioridad a la recogida de basura y su disposición adecuada.

Y cumplen su misión sin necesidad de contratar empresas privadas y sin que esto represente un dolor de cabeza para sus comunidades.

Esta limpieza contrasta con la suciedad que prevalece en la Capital y en Santiago, la segunda ciudad del país, cuyos ayuntamientos gastan una millonada en el pago de unos servicios privados de recogida de basura sin resultados satisfactorios.Y fuera de lo difícil que les resulta la recogida, mas dramática resulta la incapacidad para disponerla en adecuados vertederos.

Se nos ocurre que, como una forma de contribuir a aminorar el problema de la acumulación de basura en la Capital, el Gobierno central puede alentar a las mujeres y hombres beneficiados con el plan “Comer es primero”, a cumplir una determinada cuota de tiempo en estas labores.

Es una forma de evitar que sean unos simples parásitos que sólo viven de esperar un cheque mensual para comer, y que en cambio se sientan útiles haciendo algo en favor de sus propios vecindarios. Por ejemplo, se pueden seleccionar equipos de los beneficiados con “Comer es primero”, para que cada uno de ellos asuma la limpieza de su cuadra, tres veces por semana, y de tal forma comienzan a integrarse a un modelo de cooperación ciudadana que, en el futuro, puede ser mejor remunerado.

Cuando se hacían antes los llamados planes de emergencia en las navidades, los gobiernos municipales y el Central aplicaban justamente esta fórmula: trabajo remunerado por tres meses.En esta oportunidad, son miles las familias que se benefician del plan “Comer es primero”, lo cual es un alivio y una forma de asegurarse un bocado diariamente.

Aparte de proveer ayuda para alimentarse, el plan es, en el fondo, una herramienta que ayuda a desactivar las insatisfacciones de miles de familias pobres. Y si ahora le añadimos una cuota de cooperación con el trabajo de limpieza en las calles o cualquier actividad que exija participación comunitaria, el plan entonces cobraría nuevos relieves.

Mucho millones nos gastamos en pagarles a algunas empresas para que se lucren en el negocio de la basura, y nos olvidamos y dejamos rezagados a miles de ciudadanos que ansían un trabajito para vivir dignamente.

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La carretera San Cristóbal-Baní: ¿va o no va?

Editorial Listín Diario - Enero 10 2005

Mientras la obra está paralizada, son miles los ciudadanos, conductores y pasajeros, que sufren a diario el tormento de andar en una carretera peligrosa, que ya ha cobrado y sigue cobrando numerosas vidas

La ampliación de la carretera San Cristóbal-Baní no resiste ya más demoras. El simulacro de iniciación ha resultado peor, pues ahora la carretera se ha estrechado más de lo que es, en espera de que algún día avancen los trabajos.

Los que van o vienen del Sur se exponen, en este tramo, a toda suerte de peligros. El flujo de motoconchistas, de un poblado a otro, hace lento y riesgoso el tránsito de los vehículos.

Los camiones grandes casi rozan entre sí cuando se cruzan en paralelo.Hay partes en la vía en que, por efectos de los cortes de terreno que se hicieron en el simulacro de iniciación, son ya peligrosos declives para los automovilistas.

Al instalarse las nuevas autoridades el 16 de agosto del 2004, se informó que se había ordenado una auditoría para esclarecer el destino de casi mil millones de pesos que se habían pagado para la construcción de esa vía.

No se sabe todavía en qué ha parado esa investigación.Y si así fue, nadie explica por qué la obra no ha avanzado bajo las nuevas autoridades de la Secretaría de Obras Públicas o de la institución que la tuviese a su cargo.Mientras la obra está paralizada, son miles los ciudadanos, conductores y pasajeros, que sufren a diario el tormento de andar en una carretera peligrosa, que ya ha cobrado y sigue cobrando numerosas vidas.

Motoristas temerarios
Las estadísticas más recientes sobre los accidentes de tránsito muestran que la mayoría de las víctimas son motoristas, con la agravante de que ellos constituyen la clase de conductores más temeraria y a la vez la más favorecida con la indulgencia frente a las violaciones de las leyes.

Los motoristas pueden andar sin luces delanteras o traseras, sin placas, sin cascos de protección sus conductores, sin licencias, sin mufflers. Pueden pasar en rojo en cualquier semáforo, delante de los propios agentes de Amet, y pueden hacer todas las cabriolas que quieran en las calles, detenerse donde les dé la gana, andar en vía contraria, en fin, tienen licencia para todo.

En el manejo temerario y en la fragilidad de sus aparatos está la razón, en gran medida, del alto predominio de motoristas accidentados.

¿Cómo podrá resolverse esto? Haciendo aplicar las leyes rigurosamente, es la respuesta más lógica.

Ahora bien: ¿Tienen las autoridades la voluntad suficiente para hacerlo?