Cuidemos nuestro espacio aéreo

SANTO DOMINGO.-Entre internacionales y locales el país cuenta, puede decirse, con una de las más formidables infraestructuras para la aviación comercial.
Seis aeropuertos internacionales, más aquellos que se emplean para vuelos locales, es una cantidad bastante significativa si tomamos en cuenta el tamaño del territorio y la relativa cercanía que existe entre dichas terminales.
Esta expansión es el producto del desarrollo de nuestros polos turísticos y, en alguna medida, del crecimiento de nuestras estructuras de producción y comercio, pero más que nada de lo primero, es decir, del turismo.
Para tener una idea del gran flujo de aviones que tocan nuestro territorio, basta señalar que sólo el aeropuerto de Punta Cana registra, al día, más de 40 vuelos diarios, superior al de Las Américas, y que ya suman millones los turistas que vienen al país durante el año a disfrutar de sus bellezas y sus facilidades para el descanso y el placer.
No obstante esta extraordinaria infraestructura, hay carencias evidentes en algunas actividades que sirven de soporte, como es el caso de los controladores aéreos, cuyo número y calidad se ha puesto en entredicho en estos días.
Pilotos de naves extranjeras se han quejado de lo que consideran poca destreza o capacidad de los operadores para guiarlos y orientarlos en las fases de despegue y aterrizaje, o en sus movimientos sobre el espacio aéreo dominicano.
Reportajes publicados en Diario Libre dan cuenta de que hubo por lo menos 23 casos de “aproximaciones peligrosas” entre aeronaves que, gracias a la mano de Dios, no culminaron en grandes tragedias.
El conocer este dato es, sencillamente, sobrecogedor.
A partir de estas revelaciones, es mucha la gente que vivirá preocupada por la inseguridad o los riesgos implícitos en las atribuidas impericias de nuestros controladores aéreos. Antes nos montábamos confiados en que, por la poca frecuencia y número de vuelos, casi nada podía ocurrir al salir o entrar en las áreas de influencia de los controladores dominicanos, pero a partir de ahora habrá que cruzar los dedos.
Al país hay que decirle la verdad acerca de cómo operan las torres de control de nuestros aeropuertos, y qué capacidad o utilidad tienen los equipos que se usan para brindar los servicios de control o para monitorear el tráfico de esas aeronaves en el país.
Recordamos que a raíz de la absurda decisión tomada por el anterior gobierno, de convertir a la base aérea de San Isidro en un aeródromo de pequeñas y medianas naves, se advirtió que esto podría acarrear un grave peligro para los aviones que operan desde Las Américas.
Ante la información de tantas “aproximaciones peligrosas”, urge pues que las autoridades adopten de inmediato las medidas de rigor que eviten que el país se vea envuelto en una crisis de desconfianza e inseguridad para la aviación comercial.

No llevó cheques

SANTO DOMINGO, R.D.- La voluntad de hacer cosas y de terminarlas sólo se aprecia en la medida en que el Gobierno, dinero en mano, responde a las expectativas. Y si bien cae agradable a los oídos de los auditorios el anuncio de proyectos atractivos, productivos e impulsadores de empleos, de tales promesas no subsisten ni avanzan las comunidades


Nos contaron la anécdota de un viaje que quería hacer el Presidente a un pueblo del Cibao. Al consultar a una personalidad de ese pueblo, éste le advirtió:”Si no vienes con tres cheques, mejor no hagas el viaje”.

Llevar uno o dos cheques con sumas sustanciales, para que con ellos comiencen obras, es lo que gusta a los pueblos. No las promesas o los anuncios de obras futuristas o de planes grandilocuentes.

De eso están ya saturados.

La voluntad de hacer cosas y de terminarlas sólo se aprecia en la medida en que el Gobierno, dinero en mano, responde a las expectativas. Y si bien cae agradable a los oídos de los auditorios el anuncio de proyectos atractivos, productivos e impulsadores de empleos, de tales promesas no subsisten ni avanzan las comunidades.
El pasado fin de semana el Presidente estuvo en Puerto Plata.

Pero no llevó cheques.

Prometió trasladar el verterdero horrible que se encuentra a la entrada de esa ciudad, eje de un polo turístico que le genera al país aproximadamente el 25 por ciento de sus divisas, pero se teme que esta sea una solución a muy largo plazo.
También prometió la reparación del malecón, un paseo que da vergüenza no sólo por la destrucción de sus bancos y de su entorno, sino por el mal olor que despide en toda la zona el vertido de aguas negras .

Falta reparar las calles y avenidas de Puerto Plata, a fin de que luzca como debe lucir una ciudad turística, que ahora parece en ostensible abandono.

Pero para hacer estas y otras obras, prometidas por el Presidente, hace falta el cheque. O los cheques. Y de esto no hubo nada en Puerto Plata. Al menos para sus prioridades turísticas, pues es justo reconocer que hay un empeño del Gobierno por terminar el edificio de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algo que se inició en su primer mandato (1996-2000) y que todavía no ha concluido.

Ante los ojos del Presidente

Cada día, cuando sale de su hogar y va a Palacio, el Presidente seguramente puede ver cómo una zona del Parque Olímpico Juan Pablo Duarte, concretamente al lado del cuartel policial, se va llenando de chatarras, en lo que parece ser un nuevo taller de mecánica de la Secretaría de Deportes. ¿No le duele, al Presidente, que se arrabalice el parque olímpico tan olímpicamente ante sus propios ojos?

Muchos lo quisieran, pero no se puede

SANTO DOMINGO.-Muchos  dominicanos, desilusionados con el quehacer de nuestros políticos y de nuestros partidos, no ocultan sus deseos de que alguna figura de la Iglesia , ante este vacío de liderazgo, cuelgue algún día los hábitos y asuma las responsabilidades de dirigir a esta nación.
Naturalmente que se trata de puras aspiraciones que no se formulan públicamente, pero que emergen en conversatorios –o en los llamados “mentideros políticos”, como se suele decir en los ambientes de tertulias– cada vez que la decepción por el trabajo de los políticos alcanza sus mayores grados en nuestra sociedad.
La Iglesia dominicana se ha ganado, como institución, un gran respeto y una confiabilidad  superior a la de cualquier otra en el país. Esto lo dicen las encuestas que, frecuentemente, se han realizado aquí para medir las preferencias de la población en diversos asuntos. Y esto tiene una explicación: ella es la que consistentemente, auténticamente, defiende el bien común y hace causa con la defensa de la dignidad del individuo, al amparo de la riqueza de orden moral que contiene su doctrina social.
Sus obispos y muchos de sus sacerdotes  no cesan de predicar ideas y soluciones que sintonizan perfectamente con las legítimas aspiraciones de los ciudadanos en distintos órdenes, como el moral, el económico, el político y el social, y en algunas circunstancias han actuado casi como portavoces autorizados de esas inquietudes, o como interlocutores entre grupos de la sociedad y las organizaciones del poder público, canalizando y resolviendo problemas temporales.
Este papel les ha conferido, sin dudas, una dimensión social y popular que muchos políticos ambicionarían tener. Tal vez por esa autoridad y seriedad con que han abordado los problemas de la sociedad es que vienen a representar, en el ideal de muchos dominicanos, el modelo adecuado para guiar y gobernar a nuestro pueblo.
No obstante, el Papa Benedicto XVI se ha ocupado de recordar este sábado a los obispos de Papusia, Nueva Guinea, que “la identidad del sacerdote no debe estar ligada jamás a un título seglar ni confundida con una función civil o política",
La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual Gaudium et Spes (Esperanzas y temores), aprobada por el Concilio Vaticano Segundo, afirma que la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas y deben actuar, cada una, en sus propios terrenos, siempre al servicio de la vocación personal y social del hombre.
Bajo esta premisa, queda bastante claro que la iglesia, por razón de su misión y de su competencia “no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno”, lo que no le impide enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona. En este sentido, la Iglesia dominicana ha actuado con apego a esas líneas. Por eso es que muchos quisieran que, de su seno, salga el liderazgo idoneo que andamos buscando.

El telemaratón de hoy en Baní

SANTO DOMINGO, R.D.- Dos millones de pesos pueden reunirse rápidamente. Por lo tanto, el pueblo banilejo no debería conformarse con llegar a esa cantidad, sino sobrepasarla, para que con recursos suficientes puedan satisfacerse otras necesidades que van más allá de la ampliación del local.


Este viernes se celebra en Baní un radio-telemaratón para recaudar fondos a favor de la ampliación de la sede de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.
El espacio que ocupa el local actual es pequeño para atender a la gran cantidad de pacientes que, de distintas partes del Sur, procuran allí atenciones a sus minusvalías.

Esta estrechez también implica que el centro está impedido de ofrecer otras atenciones especializadas y que los pacientes tengan que ser referidos entonces a la Capital, a la sede principal.

Por eso es que se va a realizar el radio-telemaratón, ya que con dos millones de pesos se puede hacer la ampliación del local y la integración de más equipos y personal para los tratamientos fisioterapeuticos y las consultas de fisiatría.

En Baní hay muchas instituciones que tienen tradición de cooperación y solidaridad en causas tan nobles como esta. Los banilejos que residen en la Capital, especialmente los que tienen todavía muchas familias en Baní, deben de cooperar.

Las ayudas pueden ser hechas llamando al teléfono 688-6444 extensión 238, en la oficina de captación de recursos del Centro de Rehabilitación de Santo Domingo.,
Hay que tomar en cuenta que Rehabilitación no le anda pidiendo dinero al Gobierno, sino al pueblo, que es el beneficiario de sus amorosos, eficaces y gratuitos servicios. Es el pueblo, entonces, el que tiene que tomar conciencia de que a una institución de tan altos fines, hay que apoyarla y no dejarla padecer insuficiencias.

Además, es preciso recordar que esta institución ha sido posible porque la ciudadanía, con sus aportes voluntarios, reunió recursos para que pudiera tener su edificio central y para que pudiera expandir sus servicios a otras partes del país.

Esto quiere decir que el pueblo dominicano puede vanagloriarse de decir que la obra
de Rehabilitación es una obra eminentemente popular, sustentada y fortalecida desde el inicio por las contribuciones ciudadanas.

Por eso estamos confiados de que para el caso de Baní, que ahora es tan dramático porque a diario se congregan decenas de personas buscando atenciones especializadas para sus minusvalías, y no hay espacios para recibirlas, la solidaridad será efectiva.

Dos millones de pesos pueden reunirse rápidamente. Por lo tanto, el pueblo banilejo no debería conformarse con llegar a esa cantidad, sino sobrepasarla, para que con recursos suficientes puedan satisfacerse otras necesidades que van más allá de la ampliación del local.

La actividad será celebrada en la plazoleta del Ayuntamiento, desde las 10:00 de la mañana.

Ojalá que, al cabo de la misma, los banilejos puedan dar al resto de la sociedad dominicana otro mensaje de su capacidad para resolver sus necesidades por sí mismos, como lo han hecho toda la vida.

Que no se despenalice el aborto

SANTO DOMINGO, R.D.- Es alentador que estas figuras del Congreso hayan avanzado una posición contraria a la despenalización del aborto, con lo cual demuestran que no están dispuestos a prestarse a semejante desatino legal y moral.


Hay buenas señales de prudencia, de razón y de sensibilidad humana que nos llegan desde el Congreso: el presidente del Senado y el diputado presidente de la comisión que estudia el proyecto de Código Penal no están de acuerdo con la despenalización del aborto.

Así lo han hecho saber a la prensa el senador Andrés Bautista, presidente del Senado, y el diputado José Ricardo Taveras, de la comisión cameral que estudia los contenidos del nuevo código.

Estas posiciones son responsables, y si bien se expresan de manera individual, creemos que es indispensable que los partidos políticos representados en el Congreso fijen sus criterios pública y formalmente sobre este delicado asunto.

La Constitución dominicana consagra el derecho a la vida, sin entrar en sutilezas de carácter semántico ni en interpretaciones acomodaticias, sino con bastante claridad.

No es posible, pues, desnaturalizar ese principio para dar ganancia de causa a grupos abortistas que, con jugosos patrocinios, tratan de imponer algunos eufemismos que, a la postre, terminan abriendo el camino hacia la despenalización de este crimen, en una sociedad que no soporta ya más cargas de desprecio ni más atentados contra la vida humana, de muchas maneras.

Los partidos políticos, de cara al país, están en el deber de decir qué piensan acerca de estas intentonas de grupos llamados progresistas o modernistas, tan proclives a apañar —en esa tesitura innovativa— que homosexuales o lesbianas se casen y hagan el amor, que a un anciano le inyecten una sustancia letal para una “muerte asistida” o que cualquiera experimente con la vida de una criatura, a la que no consideran “persona” hasta que no adquiere razón ni entendimiento.

Entretanto, es alentador que estas figuras del Congreso hayan avanzado una posición contraria a la despenalización del aborto, con lo cual demuestran que no están dispuestos a prestarse a semejante desatino legal y moral.


Don Payo Ginebra
El empresariado aprendió a actuar y a defenderse como clase hace muy pocos años,cuando Don Luis Augusto Ginebra Hernández (Don Payo) se convirtió en el valiente portavoz de sus intereses.

Este empresario del ramo de seguros ganó prestigio en su quehacer productivo, pero mucho más en su rol dirigencial desde la presidencia del Consejo Nacional de Hombres de Empresa hoy de la Empresa Privada (CONEP).

Ginebra expuso, con una franqueza que no era usual ni frecuente, las principales aspiraciones del empresariado dominicano en una sociedad que, en esos momentos, privilegiaba la dirección de un Estado elefantiásico, pero ineficiente. En ese proceso de cambio de perfiles a la sociedad que tenemos hoy, don Payo Ginebra fue un artífice indiscutible. Paz a sus restos y nuestras condolencias a sus hijos y demás familiares.

¡Esa aberración no puede pasar!

SANTO DOMINGO, R.D.- Permitir la legalización del aborto equivaldría a fomentar el derrumbe de la primacía que tiene la vida sobre los demás bienes jurídicos y derechos del hombre, y a abrir las compuertas a un modelo de sociedad despreciativa de los demás valores humanos.


Desde 1999 hay un andamiaje montado para lograr que el Congreso, olvidándose del sentido absoluto que la Constitución les brinda al derecho a la vida y a la integridad física, legalice el aborto.

El proceso comenzó con una reducción de las penas, y ahora hay un grupo de legisladores pretendiendo crear las condiciones para despenalizarlo casi en sentido general, eliminándole su tipificación y calificación criminal.

Permitir esto equivaldría a fomentar el derrumbe de la primacía que tiene la vida sobre los demás bienes jurídicos y derechos del hombre, y a abrir las compuertas a un modelo de sociedad despreciativa de los demás valores humanos.

El plan de los congresistas es introducir, en los artículos 225, 226, 227 y 228 del proyecto de código, consideraciones que le quiten al aborto su categoría de crimen para denominarlo “interrupción del embarazo”.

No se incluye al aborto entre los atentados contra la persona humana, sino entre las infracciones aplicables a los casos en que se “coloca en peligro” la vida humana.

Pero resulta que el aborto significa la supresión de la vida en su etapa inicial, no es una simple “interrupción”, porque no se trata de un aparato eléctrico que pueda ser apagado y encendido cuantas veces quiera un usuario y conserva su funcionalidad.

Además, a la hora en que se despenalice el aborto, habría que despenalizar los demás crímenes, porque no hay diferencias entre ningún acto que conduce a la supresión de la vida humana, en cualesquiera de sus etapas, sino en las formas de hacerlo.

La sociedad dominicana, que ya ha sufrido bastante con una violencia entronizada, no puede permitir que el escaso valor que muchos le dan a la vida, a la integridad física de los ciudadanos, se agote por completo con una legislación ultrabenigna contra el crimen de matar una criatura en el vientre, indefensa e inocente, lo cual es todavía más grave.

Si Dios, el creador de la vida, es uno de los fundamentos de nuestra patria, visible en nuestros principales símbolos, no podemos ser tan hipócritas ni tan inconsecuentes con las esencias de nuestra nacionalidad, permitiendo que se apruebe un código que, en esta materia, es deshumanizante y absurdo.
¡Esa aberración no puede pasar!

Este modelo de corrupción tiene que acabar

SANTO DOMINGO, R.D.- Junio 21- El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicará una relación más estrecha, más fluida y con más dividendos económicos para las partes, y para que tenga viabilidad y éxito se requiere que el modelo de hacer política y de manejar el Gobierno se ajuste a normas de transparencia, honestidad, pulcritud, y a la sanción de delitos de lesa humanidad.



Diferente a las razones que obligaron, en el pasado reciente, a apresurar reformas a la Carta Magna, el país está abocado ahora a crear nuevos marcos jurídicos y constitucionales para responder no sólo a las leyes supranacionales existentes, sino al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.


Este último tratado implicará una relación más estrecha, má fluida y con más dividendos económicos para las partes, y para que tenga viabilidad y éxito se requiere que el modelo de hacer política y de manejar el Gobierno se ajuste a normas de transparencia, honestidad, pulcritud, y a la sanción de delitos de lesa humanidad.


El país, por tanto, tiene que prepararse para adecuar sus reglas constitucionales a estas nuevas exigencias, así como a los grandes e ineludibles compromisos asumidos con los objetivos del milenio, todo lo cual ha de consagrarse, a su vez, en las líneas maestras de la nueva Constitución que surja del proceso de reformas.


No se trata, ahora, de acomodar el texto constitucional a las ambiciones o las trapisondas puras y simples, a la vez que coyunturales y oportunistas, de los políticos, sino a las metas de un plan de nación que ha de acordarse entre todas las fuerzas representativas de la sociedad.


Estados Unidos, que pone el oro y la regla en este tratado, no va a permitir que la apertura de nuevos negocios y la instalación de empresas norteamericanas o multinacionales, a través de las cuales se manejará una gruesa suma de muchos millones de dólares en comercio y otros intercambios, esté sujeta a los vaivenes políticos o a las extendidas formas de corrupción que se han hecho normales en nuestros gobiernos.


De ahí que una de las exigencias fundamentales en un nuevo proceso de enmiendas a la Constitución es la de que el sistema judicial se fortalezca, se haga más ágil , independiente y competente para poder juzgar los actos inconstitucionales o los desapegos legales en los que suelen incurrir las autoridades, prevalidas de su poder, para dejar que las cosas sigan manga por hombros en nuestro país, al amparo de las permisividades y las tendencias corruptoras que han caracterizado la gestión pública y la vida interna de los partidos, llamados a ser los principales soportes del régimen democrático.

El terrible encanto de las trapisondas políticas

SANTO DOMINGO, R.D.- El engaño, la trampa, la jugada sucia, no han estado ausentes del ejercicio de la actividad política en nuestro pais, y por esa razón es que hemos visto cómo los enflautadores se meten a este oficio y logran, con tales destrezas, llegar al poder y desfalcar el erario sin miedo a las consecuencias.

La democracia nuestra, quiérase o no, ha garantizado hasta ahora esta nociva inclinación, que tiene sus reflejos mas elocuentes en las trapisondas que caracterizan las asambleas o convenciones de los partidos o en la libertad con que el llamado ¨clientelismo político¨echa manos a recursos públicos para comprar adhesiones y votos.

Por eso la función pública ha llegado a grados de envilecimiento inaceptables y bochornosos, ya que los enflautadores de profesión y de éxito dentro de las organizaciones han podido escalar altas posiciones en los gobiernos desde las cuales han satisfecho sus afanes de lucro y de poder.

La suerte de millones de pobres o desamparados, las penurias de la clase media o la crisis de los servicios públicos, no figuran en una agenda seria y honesta que los comprometa a hacer algo mejor por el pais.Se quedan como simples y demagógicos listados de promesas en los programas de gobierno que se venden al electorado.

Se supone que la democracia funciona sobre la base del respeto al sistema de elección y de representatividad. Sin embargo, este es uno de los principios mas zarandeados porque no han faltado las tramposerías ni las manipulaciones perversas de la voluntad popular, sea cual sea la escala en que tratan de manifestarse.Tanto si acontece en elecciones generales, como si se hacen en los pequeños universos de los partidos.

Con todas esas lacras, el sistema partidario no ha podido deshacerse de ellas.Ni parece que hay mucha voluntad en los líderes para adecentar el esquema.De ahí que todas las ideas que hierven en la sociedad moderna para reformar ese sistema, comenzando por hacerlo desde la propia Constitución de la República, chocan con estas resistencias.

Aún sabiendo de estas imperfecciones, todavía los partidos y los políticos pueden considerarse entes suertudos, porque se les financian sus actividades con fondos que deberían emplearse en causas mas positivas y nobles, y no en actividades en las que las levedades morales se asumen como consustanciales al oficio.

A veces la llamada gobernabilidad no es mas que un pacto entre culpables, para lavar todos los trapos de la corrupción en el patio del sistema partidario, por el temor de que, si se hace afuera, a la vista del pueblo, otros serían sus veredictos a la hora de ir a las urnas a decidir el destino nacional.

El plebiscito y el referéndum (y 2)

SANTO DOMINGO.-Si en el país existiera la figura del referéndum revocatorio, estamos seguros de que la democracia tendría aquí un horizonte menos nebuloso del que parece dibujarse en otras naciones, en medio de temores de que se debilite o desaparezca.
Con el referéndum revocatorio u obligatorio, la sociedad estaría en capacidad de mandar señales de inconformidad hacia los gobiernos, obligándolos a ceñirse a las leyes y a la Constitución y a dar respuestas a las promesas y a las expectativas de mejoramiento de la vida del pueblo.
Se evitaría que, como está ocurriendo en ciertas naciones latinoamericanas, la inconformidad popular encuentre terreno abonado en las vías de fuerza o de violencia para desalojar a un mandatario del poder.
La carta latinoamericana, que proscribe la sustitución de los gobiernos legítimamente elegidos, encontraría un pilar de robustecimiento en la figura del referéndum revocatorio, siempre que se diseñe el mecanismo de forma clara y precisa para justificar su convocatoria, y que esta sea el producto de la voluntad manifiesta de un segmento representativo de la sociedad.
Hay referéndums de dos tipos, el obligatorio y el facultativo, ambos para casos estrictamente jurídicos y constitucionales, pero en este caso estamos hablando de un referéndum revocatorio u obligatorio, porque se consignaría en la Constitución sólo para el objetivo específico de interrumpir el ejercicio de cualquier autoridad electa por medio de votos.
Las propuestas de reforma constitucional en este sentido, hechas por el presidente Fernández, han encontrado objeciones en ciertas esferas políticas, lo cual tiene lógica explicación.
Hasta ahora, el liderazgo político tiene licencia para el yerro, para la impericia, para la torpeza y el tollo, y para burlarse de la llamada voluntad popular, al amparo del mandato claro de la Constitución que le autoriza un ejercicio de cuatro años. Después que se encaraman en el poder, hacen lo que les viene en ganas. A veces, hasta la misma Constitución violan, y nada pasa. El pueblo está obligado a soportar a los gobiernos malos, hasta la llegada de una nueva elección.
Con el referéndum revocatorio, el país tendría un atajo, si tal fuese la necesidad, para no continuar con un mandatario o una autoridad electa que sea incompetente por más tiempo del período constitucional. Naturalmente, no puede usarse este mecanismo de manera festinada ni deportivamente.
Talvez los políticos no quieran tener esta espada de Damocles pendiente de sus ejercicios, pero creemos que esta salvaguarda es esencial para la democracia y para la sociedad misma.
En cuanto al plebiscito, hace tiempo que debimos incorporarlo a nuestra carta magna, como un mecanismo para decidir asuntos excepcionales que pueden definir el rumbo de un país, sus retos más cruciales, con la participación mayoritaria, no con la sola opinión de estamentos o instituciones que, en ciertos casos, están sesgados por sus propios intereses políticos o partidarios.

El plebiscito y el referéndum (1)

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana tiene que incorporar a la Constitución las figuras del plebiscito y del referéndum, si todavía queremos darle un poco más de oxígeno al sistema democrático para que no colapse.
Ambas figuras están en las raíces de la democracia. Son consustanciales a ella porque abren espacios a la voluntad popular para que se exprese sin las limitaciones que hasta ahora tienen a la hora de decidir asuntos cruciales.
El plebiscito es un mecanismo bastante generalizado en el mundo, inclusive hasta en países que no tienen tradición democrática, donde por supuesto ha sido desnaturalizado y usado en maniqueísmos políticos.
Su finalidad básica es la de permitir al pueblo que se exprese en favor o en contra de asuntos de excepcional importancia y repercusión en la vida colectiva, como por ejemplo los casos de nuevas leyes, cesión de territorios o firma de tratados internacionales.
Jamás debería plantearse como un mecanismo para resolver asuntos electorales, porque entonces se desnaturalizaría o quedaría viciado, como ha ocurrido en dos naciones donde no hay democracia plena, Irak y Cuba.
El referéndum, en cambio, está generalmente reservado para decidir sobre aspectos constitucionales.Y, al respecto, se distinguen dos características, el referéndum obligatorio que sirve para validar normas jurídicas, y el referéndum facultativo, por medio del cual un Presidente o el Congreso tienen potestad de convocarlos.
En el caso actual, el presidente Fernández ha propuesto el llamado referéndum revocatorio, con la finalidad de que el pueblo pueda decidir la revocación del mandato de cualquiera de sus autoridades electas, inclusive el presidente mismo.
Consideramos que estas propuestas son atinadas y necesarias y que merecen ser incorporadas a una eventual reforma constitucional siempre y cuando se haga sobre la base de temas consensuados, no bajo coyunturas reales o artificiales.
Hasta ahora, el método que tenemos para revocar mandatos presidenciales o el ejercicio presidencial es el electoral y, en casos de violaciones flagrantes, el juicio político en el Senado.
El método electoral lo hemos ido mejorando a través de enmiendas a la ley, pero no siempre resulta un mecanismo que exprese realmente la voluntad mayoritaria de un país, ya que las reglas admiten porcentajes. Es un juego de sumas de minorías.
Y si tenemos la desgracia, como fue la experiencia reciente, de soportar un gobierno incapaz, corrupto o que se deslegitima con sus actos, no hay vías fáciles para deshacerse de él, salvo que no sean las violentas o sediciosas, las pobladas o las demostraciones pacíficas que paralizan a un pueblo y obligan a la renuncia de un mandatario. Hay otras virtudes en estas reformas y las expondremos mañana.

Entidades que aportan al medio ambiente

SANTO DOMINGO, R.D.- A las instituciones de este género sólo les falta una mano de apoyo del fisco para que les permitan traer, libre de impuestos, las maquinarias y tecnologías limpias, no contaminantes, que necesitan para la renovación de sus entidades



De un universo muy desacreditado de ONG, hay contadas organizaciones que todavía le hacen honor a su misión y que han tenido éxito en el cuidado del medio ambiente.

En estos días cuestionamos la existencia de centenares de organizaciones no gubernamentales que no rinden cuentas de cómo gastan los subsidios estatales, pero de las que tampoco se sabe qué hacen exactamente para merecer tales ayudas.
Pero es de justicia reconocer que otras, muy pocas por cierto, cumplen su papel admirablemente.

Y lo acabamos de comprobar en estos días cuando la Secretaría de Medio Ambiente, al conmemorar el Día del Planeta, reconoció a diez de ellas por sus diferentes contribuciones al cuidado de los entornos en los cuales desarrollan sus actividades.

Entre ellas está la Fundación Agricultura y Medio Ambiente, un centro de secado solar de frutas y hierbas, en Baní, producidas orgánicamente, contrarrestando la contaminación producida por las actividades agrícolas.

También la Asociación de Porcicultores de Licey al Medio, que ha instalado biodigestores para aprovechar los desechos de los cerdos en la producción de energía limpia, con un método que evita el vertido de sus excretas en los cuerpos de agua próximos a las granjas.

Otra es la Asociación de Productores Agroforestales de Zambrana, en Cotuí, que se ajusta a las leyes ambientales en el proceso de manejo de plantaciones y aserrado de maderas, utilizando dos hornos que operan con energía solar.

También fue galardonada la Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste, de Nagua, la que a través de sus proyectos ecoturísticos está evitando que mediante la tala de árboles y la creación de conucos temporales, siga destruyéndose la biodiversidad ecológica de la loma de Guaconejo.

El Consejo Comunitario El Limón, de San José de Ocoa, es otro ejemplo. Allí trabajan la agricultura orgánica. Un 80 por ciento de los suelos se aprovechan bajo criterios de conservación. Poseen una hidroeléctrica construida por ellos mismos.

Por igual, se reconoció al Proyecto Paraíso Caño Hondo, de Hato Mayor, por rehabilitar la marina y brindar servicios de turismo ecológico. Otra entidad reconocida es Fundeco, con su proyecto de electrificación rural con energía solar y sus centros tecnológicos en la frontera. Así mismo, se reconoció la labor del Centro de Promoción Campesina Lemba, que opera con la Diócesis de Barahona en proyectos apícolas; al Programa Universidad del Campo, que capacita a agricultores en cuidado al medio ambiente en la cuenca alta del Yaque y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bayahíbe y La Romana, por el respeto al medio ambiente.

A las instituciones de este género sólo les falta una mano de apoyo del fisco para que les permita traer, libre de impuestos, las maquinarias y tecnologías limpias, no contaminantes, que necesitan para la renovación de sus entidades.

El Presidente desactivó la bomba

SANTO DOMINGO, R.D.- Afortunadamente, el Presidente se ha ido del lado de la clase media y de los pobres y ha resuelto mantener el subsidio al gas licuado de petroleo, tal como lo encontró desde el pasado gobierno, excluyendo, naturalmente, a los hoteles, restaurantes e industrias manufactureras.



El Gobierno ha dado el paso más correcto al mantener el subsidio al gas licuado de petróleo, una de las pocas compensaciones que recibe la clase media y los más empobrecidos de este país por parte del Estado.


El Presidente Leonel Fernández, en su discurso de anoche, aportó argumentos sólidos, incuestionables, para seguir sustentando la política de subsidio, pese a las recomendaciones en contra del FMI y de empresarios dominicanos.

El LISTÍN, que desde el primer momento se abanderó a favor del subsidio, entiende que el Presidente ha hecho la mejor apuesta.

Lo contrario hubiese representado, para su gobierno, una creciente presión generada por la insatisfacción popular, tal como ha ocurrido en otros países que se aventuraron a su eliminación o reducción, y pagaron por ello un alto costo en violencia, inestabilidad y hasta interrupción del orden constitucional.

Los alegatos de que el subsidio representa una carga fuerte para el Gobierno no podían, bajo ningún concepto razonable, tener asidero, sobre todo si se considera que en lo que va del acuerdo con el FMI se han superado muchos topes, se han mejorado las recaudaciones, se ha reducido la inflación y el Gobierno dice marchar cómodo con sus metas disciplinarias.

Si todo va tan bien como se dice, ¿qué gravitación negativa podría tener entonces sobre el presupuesto del Gobierno el mantenimiento del subsidio?

Además, se pierde de vista que el producto del que estamos hablando es esencial en la cocción de alimentos y en la transportación.

Son milllares —no únicamente choferes del concho— los hombres y mujeres de clase media que usan gas en sus vehículos para poder trasladarse a sus trabajos o sus diligencias.

Si se les hubiese quitado el subsidio, el Gobierno estaría condenando a esos usuarios —repetimos, no a los choferes del concho— a mayores sacrificios. Se las iba a poner más dificil de lo que están las cosas, encareciéndoles lo único que tal vez no está sometido a las fluctuaciones de precios, como ocurre con la gasolina y el gasoil.

En un momento en que hay demasiadas expectativas insatisfechas, era aventurero, un verdadero suicidio para el Gobierno, producir un corte drástico en esta especie de compensación popular.

Ese paso le hubiera costado muy caro, políticamente hablando.

Afortunadamente, el Presidente se ha ido del lado de la clase media y de los pobres y ha resuelto mantener el subsidio, tal como lo encontró desde el pasado gobierno, excluyendo, naturalmente, a los hoteles, restaurantes e industrias manufactureras.
Ha sido una apuesta por la paz social.

Por el sosiego de este país.

Los empresarios en la mirilla

SANTO DOMINGO.- R.D.- Este muestrario no es limitativo. Ilustra, a grandes rasgos, el bajo nivel de aprecio que tiene la clase empresarial, una imagen que, sin embargo, no es del todo consecuente con la realidad.





Este gobierno parece tener de los empresarios una pésima imagen: el Presidente dice que son los principales evasores del pago de la energía eléctrica.Y pide mano dura contra tales prácticas.

Para la Dirección General de Impuestos Internos, numerosos empresarios eluden pagar los tributos establecidos mediante ley, recurriendo en algunos casos a maniobras de ocultación de sus cuentas.

Para la Dirección General de Aduanas, lidiar con ciertos empresarios es su lucha inacabable pues, según ha dicho, hay muchos que todavía entran productos de contrabando, sin pagar aranceles.

Cuando no es evasión de impuestos, se acusa a los empresarios de ser renuentes al aumento de los salarios mínimos y a pagar contribuciones al Seguro Social.

Y, también, son los empresarios los blancos de las críticas que se formulan desde otros sectores cuando sus posiciones frente a la reforma fiscal difieren de las del Gobierno o de otros sectores de la sociedad. Este muestrario no es limitativo.

Ilustra, a grandes rasgos, el bajo nivel de aprecio que tiene la clase empresarial, una imagen que, sin embargo, no es del todo consecuente con la realidad.

Se olvida, cuando se formulan estas críticas, que en el país el sector que más genera empleos estables es el empresarial privado. La suma de los impuestos que paga la usa el Gobierno, y no siempre el pueblo está satisfecho de la forma en que se invierten esos recursos.

A la hora de sustentar sus campañas políticas, los partidos y los dirigentes recurren a los empresarios para succionarles sus carteras, los “multan” con contribuciones en cenas, cocteles y otras actividades sociales o para sus convenciones.

Desde el poder esos mismos beneficiarios de las contribuciones tal vez se muestren algún día agradecidos de estas generosas aportaciones. Tal vez. Porque hay casos elocuentes que evidencian todo lo contrario. Eso no quita que, para ciertas necesidades del poder, tengan que ser llamados estos explotadores y evasores de impuestos para adelantar sumas multimillonarias para cubrir déficit en los presupuestos de instituciones públicas, para crear “pooles” bancarios, o para facilitar aeronaves o asumir el padrinazgo de sectores desatendidos, cuya responsabilidad es enteramente del Gobierno.

También los empresarios son puestos en la mira de aquellos que, desde sus curules o butacas de concejales, promueven iniciativas que, a sabiendas del impacto que tendrán en la rentabilidad o en los negocios de ese sector, suscitan urgentes “negociaciones” o “búsqueda de consensos”, para arreglar las cosas de la mejor manera.

Los empresarios tendrán que revisarse, porque el estigma de la trapisonda y el engaño les ha caído encima.

Desde que el Presidente de la República ha pedido mano dura contra ellos, por robarse la energía eléctrica, es poco lo que queda para espantarnos en este país.

Los empresarios en la mirilla

Este gobierno parece tener de los empresarios una pésima imagen: el Presidente dice que son los principales evasores del pago de la energía eléctrica.Y pide mano dura contra tales prácticas.
Para la Dirección General de Impuestos Internos, numerosos empresarios eluden pagar los tributos establecidos mediante ley, recurriendo en algunos casos a maniobras de ocultación de sus cuentas.
Para la Dirección General de Aduanas, lidiar con ciertos empresarios es su lucha inacabable pues, según ha dicho, hay muchos que todavía entran productos de contrabando, sin pagar aranceles.
Cuando no es evasión de impuestos, se acusa a los empresarios de ser renuentes al aumento de los salarios mínimos y a pagar contribuciones al Seguro Social.
Y, también, son los empresarios los blancos de las críticas que se formulan desde otros sectores cuando sus posiciones frente a la reforma fiscal difieren de las del Gobierno o de otros sectores de la sociedad. Este muestrario no es limitativo. Ilustra, a grandes rasgos, el bajo nivel de aprecio que tiene la clase empresarial, una imagen que, sin embargo, no es del todo consecuente con la realidad.
Se olvida, cuando se formulan estas críticas, que en el país el sector que más genera empleos estables es el empresarial privado. La suma de los impuestos que paga la usa el Gobierno, y no siempre el pueblo está satisfecho de la forma en que se invierten esos recursos.
A la hora de sustentar sus campañas políticas, los partidos y los dirigentes recurren a los empresarios para succionarles sus carteras, los “multan” con contribuciones en cenas, cocteles y otras actividades sociales o para sus convenciones.
Desde el poder esos mismos beneficiarios de las contribuciones tal vez se muestren algún día agradecidos de estas generosas aportaciones. Tal vez. Porque hay casos elocuentes que evidencian todo lo contrario. Eso no quita que, para ciertas necesidades del poder, tengan que ser llamados estos explotadores y evasores de impuestos para adelantar sumas multimillonarias para cubrir déficit en los presupuestos de instituciones públicas, para crear “pooles” bancarios, o para facilitar aeronaves o asumir el padrinazgo de sectores desatendidos, cuya responsabilidad es enteramente del Gobierno.
También los empresarios son puestos en la mira de aquellos que, desde sus curules o butacas de concejales, promueven iniciativas que, a sabiendas del impacto que tendrán en la rentabilidad o en los negocios de ese sector, suscitan urgentes “negociaciones” o “búsqueda de consensos”, para arreglar las cosas de la mejor manera.
Los empresarios tendrán que revisarse, porque el estigma de la trapisonda y el engaño les ha caído encima.
Desde que el Presidente de la República ha pedido mano dura contra ellos, por robarse la energía eléctrica, es poco lo que queda para espantarnos en este país.

¿Y qué ha pasado con las 30 auditorías?

La sociedad no debe aceptar que prosiga esta actitud de permisividad y ocultamiento de graves delitos contra la nación. Es el momento, con el nuevo código, de dejar que la función de descubrir la verdad y penalizar el delito sea ejercida por los tribunales, no por el Gobierno.



Con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, no hay manera de que los tribunales dejen expedientes durmiendo el sueño eterno, como ocurría antes. Ahora, la dinámica del procedimiento obliga a que una vez establecido el mérito para una causa, ésta se inicie y culmine en plazos determinados, impostergables.

A esa dinámica ayuda, por supuesto, otro elemento vital del código: el valor de la prueba. Sin pruebas concretas no es posible condenar caprichosamente a nadie.

En el pasado, y valiéndose de todas las opacidades de los antiguos procesos penales, la autoridad –tanto la del Poder Ejecutivo, vía el ministerio público, como la policial– acusaba y arrestaba sin pruebas, y hubo miles de casos de ciudadanos que guardaron prisión inocentemente, o hallados culpables, por más tiempo del debido a causa de retrasos y reenvíos de juicios.

En un contexto como ese, entidades y ciudadanos fueron acusados de lavado de activos y ahora resulta que quienes acusaban aparecen ensombrecidos, o bajo sospecha, por tales delitos.

En el estado actual de aplicación del nuevo código, toda auditoría que se haya practicado a entidades del Estado dominicano y que revelen serias irregularidades o fuertes pruebas de corrupción administrativa, tienen un espacio seguro y puntual para ventilarse.

Por encima de los gustos o intereses de un Gobierno, de un partido político o de ciudadanos particulares.

Si como hubo de decir el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, de que aproximadamente 30 auditorías a instituciones del Gobierno, hechas en la pasada gestión, revelan pruebas “estremecedoras” de corrupción, qué sentido tiene engavetarlas y ocultarlas al conocimiento libérrimo del pueblo?

Se alega, en círculos políticos, que el Gobierno no las da a conocer –como en realidad lo obliga la ley– para no afectar la llamada “gobernabilidad”.
¿Y qué es la gobernabilidad?

Aquí queremos interpretarla como una suma de factores que propicia una relación de entendimiento y armonía entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero el acto de gobernar es muy claro y no priva al Ejecutivo de hacer respetar y cumplir la ley, vía su ministerio público, cuando ésta ha sido atropellada. ¿Y acaso el robo de los dineros públicos y demás actos de corrupción no caen dentro de esta categoría delictiva?

La sociedad no debe aceptar que prosiga esta actitud de permisividad y ocultamiento de graves delitos contra la nación. Es el momento, con el nuevo código, de dejar que la función de descubrir la verdad y penalizar el delito sea ejercida por los tribunales, no por el Gobierno.

Lo que hace Kaio en un país que no es el suyo

Kaio es un japonés que conoce bien la vida y la realidad de nuestras costas, porque durante tres años formó parte de una misión de especialistas en biología marina que estuvo estudiando nuestros litorales.
Le encantó el país, se aplatanó en Samaná, se casó con una dominicana y ahora desarrolla un interesante experimento –acuario natural, lo llama él– para la protección de las especies marinas.
Se dice que el dominicano vive de espaldas al mar. Y es verdad. Tanto es así que probablemente no se ha dado cuenta de que la población marina ha disminuido drásticamente, y que ya no hay tantos peces como antes en nuestras costas.
Se ha producido una pesca indiscriminada y desorganizada, por un lado, y por el otro las prácticas rudimentarias de los pescadores nuestros han ahuyentado especies o han eliminado las fuentes naturales para su vida y subsistencia.
Procurando evitar que esta extinción se acelere, Kaio ha creado un acuario natural a 200 metros de la orilla de la playa del hotel Casa Marina Bay, en Las Galeras, Samaná, y allí se concentran mas de 20 mil cabezas de peces.
Él ha creado una estructura flotante desde la cual, dos veces por día, suministra alimentos a los peces. Alrededor de esta estructura abundan, en suaves y hermosos desplazamientos, una increíble variedad de peces de todos los tamaños.
Los peces saben que allí tienen alimentos y por eso se ha ido formando una especie de corredor, entre la zona coralina y la playa, en la que ellos viven y se reproducen.
Este corredor atrae a otros peces que se mueven mar adentro y, bajo tales condiciones de seguridad y de alimentación, crecen en población.
No obstante su esfuerzo personal, un esfuerzo que debe ser imitado a todo lo largo de nuestras playas para ver si podemos salvar las especies que han sido sometidas a la captura intensiva, hay pescadores insensatos que se meten de noche en su acuario a lanzar redes o nasas para pescarlas.
Esto puede ahuyentar a los peces y malograr todo el objetivo de preservarlos en las zonas más próximas de nuestra plataforma marina.
La Secretaría de Medio Ambiente y las autoridades de Policía y Marina deben poner fin a estas incursiones.
Deben convertirse en protectoras de este acuario y en promotoras de su expansión o reproducción en el país.
Para el hotel Casa Marina Bay, que ha tomado la acertada iniciativa de permitir la instalación de este acuario, esta es una contribución importante.
Además, se ha convertido en un atractivo punto de visita para los turistas o huéspedes del hotel. El acuario de Kaio, en Las Galeras, Samaná, es una de nuestras mini-maravillas marinas. Ojalá que podamos cuidarlo y reproducirlo, para que no nos quedemos sin fauna marina a la vuelta de pocos años.

Los fuertes nudos entre el narco y el poder

Al Gobierno y la justicia de Estados Unidos tenemos que agradecerles todo cuanto han hecho para desmantelar los pilares que comenzaban a sustentar un narco-Estado en nuestro país.
La firmeza y la perseverancia de las autoridades norteamericanas en la persecución, enjuiciamiento y penalización de este crimen, se ha hecho sentir en el ámbito local, con su ayuda para detectar a las figuras envueltas en los carteles de la droga y diligenciar su extradición.
Hasta ahora, lo que los dominicanos han conocido de este esfuerzo se limita, fundamentalmente, a la identidad de los integrantes de la banda, al multimillonario patrimonio que poseían y a su proximidad con el poder.
Pero todavía hay detalles y resultados de pacientes investigaciones que dicen algo más de la forma en que esas bandas estuvieron imbricadas en los mismos centros decisivos del poder, procurando neutralizar toda acción que entorpeciera su floreciente negocio. Esas redes sólo se organizan, se activan, actúan y logran éxito e impunidad si cuentan con un padrinazgo que permita el trasiego, empaque, redistribución y cobro de la “mercancía”, así como la libre movilidad de sus jerarcas y peones.
La autoridad que está llamada a evitar y desmantelar esas redes queda, de súbito, paralizada o incapacitada para operar como la ley manda, y este proceder es lo que va configurando la esencia de un narco-Estado.
Es decir, un territorio y una autoridad al servicio de los que manejan este tráfico, que no se queda solamente en un toma y daca de la “mercancía”, sino que abarca el envilecimiento de las normas que rigen y procuran la sanidad del sistema financiero, la transparencia administrativa, el control del contrabando y la evasión fiscal, la inversión misma y hasta el propio desenvolvimiento de la maquinaria estatal.
La penetración de los narcos en un Estado y el desarrollo sin tropiezos de su negocio, también envilece el ejercicio político, pues en la medida en que estos son económicamente sustentados por los narcos, a la hora de ejercer puestos públicos tienen necesariamente una cuota de “gratitud” frente a estos.
La gravedad de las implicaciones de estos lazos concupiscentes entre el narco y las autoridades, o las “altas esferas del poder”, como lo ha denunciado el embajador de los Estados Unidos, Hans Hertell, quedará expuesta al conocimiento público en la medida en que las cortes norteamericanas diluciden el Caso Quirino.
Esa verdad debe obligar a la sociedad dominicana a recapacitar sobre lo dañino que es la permisividad, tanto de ella misma como de quienes la gobernaron o la gobiernan, frente al lujo, la ostentación y el derroche que, producto de fortunas creadas de la noche a la mañana, muestran sin ningún rubor los agentes del narco, en su especial e íntima relación con la autoridad.

¿Y quién da cuenta de esa millonada?

SANTO DOMINGO. R.D. - Junio 10- Mientras no se desmonte este insólito reparto de los dineros públicos, ningún gobierno tiene moral para quitarles a los pobres el subsidio que reciben por la compra del gas propano, un subsidio que no es para beber ron ni hacer bulla en las calles.


Una considerable suma de millones de pesos del erario público, fruto de los impuestos que se les cobran a los ciudadanos, va a parar, sin fiscalización rigurosa, a los partidos políticos y a las ONG.

El pueblo que paga los impuestos no sabe ni una jota de en qué, realmente, se gasta esa millonada.

Ni se explica, tampoco, el porqué de este privilegio.

Pero mientras se esperan tales explicaciones, lo indiscutible es que tampoco el pueblo recibe un beneficio tangible, positivo, de esa no transparentada efusión de millones de pesos, tan necesarios para ser invertidos en asuntos más prioritarios, de resultados visibles.

Es hora de plantearse un cambio radical en esta forma de reparto de los dineros públicos.

Y esto lo decimos porque constituye una burla al pueblo que paga impuestos, que los destinatarios de esos millones de pesos se guarden y oculten la información de cómo usan esos dineros.
Las llamadas “contribuciones” del Estado a los partidos , supuestamente para permitirles el desarrollo de sus actividades en tiempos de campaña electoral, se diluyen, principalmente, en ron, combustible y alquiler de vehículos, en rótulos y pancartas. Y de lo que sobra, ninguna cuenta se rinde de manera exhaustiva, peso a peso, chele a chele.

De esas campañas, ¿qué positivo asimila el pueblo?

Las luchas por alcanzar posiciones electivas se dirimen en medio de epítetos, frases huecas, promesas manidas y desabridas, y en ataques sucios.

No se usa ese dinero para ninguna obra de interés público o social de las comunidades a las cuales se les agrede con una propaganda bulliciosa, estéril y matizada por una hemorragia de bebidas alcohólicas que, a menudo, provocan enfrentamientos violentos y sangrientos.

Con las ONG, parece que el negocio es rentable, pues de pocos años hacia acá se han multiplicado como por arte de magia y gozan de tan buena suerte que, a la hora de diseñar y aprobar el presupuesto de la Nación, mejor se quedan al margen instituciones de servicio a la sociedad, que esas entidades fantasmagóricas y secretas, a las que se les remunera bien por un trabajo que nadie conoce ni siente.

Es una burla, repetimos, que sólo dos de ellas hayan dado cuenta de cómo han invertido las ayudas, y que el resto se quede ignorando los sucesivos llamamientos que se les hacen para que transparenten tales subsidios.

Mientras no se desmonte este insólito reparto de los dineros públicos, ningún gobierno tiene moral para quitarles a los pobres el subsidio que reciben por la compra del gas propano, un subsidio que no es para beber ron ni hacer bulla en las calles.

La ley y la autoridad, en franco descalabro

Vivimos en una atmósfera de miedo ciudadano. No se puede confiar en nadie. La gente anda armada, por si acaso. Los negocios a los que acuden muchos ciudadanos, como los supermercados, las iglesias, los centros comerciales, son blancos predilectos de los delincuentes para cometer sus tropelías.



Las noticias sobre crímenes, robos, asaltos y casos insólitos de violencia intrafamiliar, llenan de preocupación, miedo e inseguridad a la sociedad dominicana.

Estamos en un momento en que violar la ley o desafiar la autoridad es un acto instintivo entre muchos de nosotros.

Antes, cuando la autoridad tenía algún peso o poder disuasorio, nadie quería caer preso o verse involucrado en un enfrentamiento con la Policía.

Ahora no. Pocos temen, al sometimiento, a la demanda, a caer presos.

Con el nuevo Código Procesal Penal, aplicándose en paralelo a un estado en que se percibe que la ley ya puede ser violada según el antojo de quien lo haga o lo intente, ir ante un tribunal o a la cárcel, no parece asustar a nadie. Se tiene la certeza de que, no importa la gravedad del crimen, usted fácilmente puede salir de una audiencia para su casa.

Entretanto, no cesa la ola de robos en casas y en las calles, a plena luz del día.
Solamente en una calle, la manzana número 81 de la Ciudad Satélite Duarte, en el kilómetro 22 y medio de la autopista Duarte, de 14 casas han robado en 7 en los últimos días.

Las páginas de los diarios recogen a diario numerosas muertes en tiroteos de la Policía con delincuentes o presuntos delincuentes, actos de venganza, ataques perpetrados por desconocidos, riñas por cualquier motivo, hasta por tonterías, abusos y agresiones contra mujeres y niños, y toda una variedad de actos delictivos.

La gente no se siente segura en ningún lugar. El patrullaje es más visible en lugares estratégicos, donde se supone que la delincuencia encuentra sus últimos límites, que en aquellos sitios donde definitivamente se anidan los malandrines.

Vivimos en una atmósfera de miedo ciudadano. No se puede confiar en nadie. La gente anda armada, por si acaso. Los negocios a los que acuden muchos ciudadanos, como los supermercados, las iglesias, los centros comerciales, son blancos predilectos de los delincuentes para cometer sus tropelías.

Motoristas que se mueven por la ciudad, generalmente con sus motores sin luces, atracan a diestra y siniestra a ciudadanos indefensos.

Las leyes de tránsito son letra muerta.Y los agentes que representan a la autoridad se han hecho insensibles ante las violaciones.

A nivel general se percibe que hay un descalabro del principio de la sujección y acatamiento de las leyes.Y todo eso parte, en primer lugar, de una débil o relajada autoridad, una falla en su ejercicio e imposición, una falla que a su vez roza el ámbito de los tribunales.

El delinquir se está convirtiendo en un deporte peligrosísimo para esta sociedad, y no aparece nadie que le ponga fin o que lo controle.

El fondo especial de la Fundación Brugal

SANTO DOMINGO, R.D. - Elogiamos el esfuerzo de Brugal por añadir a sus ya conocidos programas de repercusión social este nuevo fondo especial para la educación.



Todo cuanto signifique inversión en la educación ha de considerarse como un acto esencialmente patriótico, porque su única finalidad es la de preparar y formar a mejores ciudadanos.

Si esta sociedad parece, por momentos, descarrilada, como que va por rumbos difusos, es por causa, en gran medida, de las deficiencias que hemos tenido para educar a todo aquel que lo necesita.

De ahí que resulte una decisión encomiable e invaluable la de la Fundación Brugal de crear un fondo millonario para financiar investigaciones, incentivar y promover la excelencia académica a nivel universitario y otorgar becas de grado y postgrado para estudios en áreas prioritarias.

Esto constituye no sólo una inversión útil, sino indispensable. En verdad, lo ideal sería que todas las grandes empresas dominicanas crearan un fondo especial que se destine a planes educativos, a todos los niveles. La inversión del Estado no es suficiente. Ni siquiera cubre el porcentaje mínimo que exigen las circunstancias, porque al presupuesto de Educación siempre lo dejan en baja, deficitario.

Este país acusa un serio problema de analfabetismo y de deserción escolar.Y también de déficit en la formación de los estudiantes.Y una sociedad no puede echar hacia adelante si sus recursos humanos son precarios en todos los sentidos.

La falta de educación sistemática y abarcadora conduce a la disolución de valores y principios, debilita la fe del ciudadano en su país, fomenta el irrespeto o el desprecio a la ley y la autoridad, y crea una profunda crisis de identidad.

En un país tan lleno de riquezas, pero sobre todo enfrentado a nuevos retos que nos obligan a mejorar la competitividad industrial, comercial o empresarial y gestionaria, las investigaciones tienen su lugar y su importancia.

El desarrollo de investigaciones puede abrir nuevos campos para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales o de las oportunidades que ofrece la ciencia para el mejoramiento de la calidad de vida de los humanos.

El gran drama de la educación universitaria es que carece de recursos, instalaciones y programas para desarrollar investigaciones.Para colmo, los que salen graduados ni siquiera tienen la seguridad de encontrar plazas para ejercer sus profesiones.

Elogiamos el esfuerzo de Brugal por añadir a sus ya conocidos programas de repercusión social este nuevo fondo especial para la educación.

Esto confirma nuevamente el slogan de la empresa, Brugal cree en su gente, en la gente de este pais.

¡Cuánta falta hace que todos pensemos igual!

Samaná, actos contra el turismo

Playas serenas, de arenas blancas, de poca profundidad, coronadas por tupidos cocales, constituyen ricos activos de Samaná.
Toda su costa es impresionantemente hermosa, no así la ciudad, ni tampoco su entrada, pese a que la naturaleza la ha dotado de un puerto amplio y apropiado para construir una marina.
No obstante poseer esos bienes de la naturaleza, Samaná no tiene la suerte –por lo menos hasta ahora– de sacarles mayor rentabilidad a sus bellezas.
Pocos hoteles existen. Dos de ellos están en reparación y otro, el Casa Marina Bay, ubicado en una especie de paraíso terrenal en Las Galeras, recibe el mayor flujo de turistas que viene de Europa, pero la ausencia de un apropiado aeropuerto obliga a trasladar a los turistas desde Puerto Plata, en un trayecto que toma varias horas.
Sin una buena infraestructura aeroportuaria, no podemos pretender desarrollar el potencial turístico que tiene Samaná, pero este tampoco puede quedarse rezagado por culpa de la pereza o el desinterés de las propias autoridades gubernamentales.
No se explica, por lo pronto, qué es lo que se espera para que se aplique un riguroso plan de protección de las playas de ese litoral, a fin de evitar que las zonas circundantes sean dañadas o depredadas por las inconsecuencias de los hombres.
Da pena, mucha pena, que vehículos de todo tipo estén circulando por una larga franja playera dañando el ambiente mas próximo a las playas, y que cuando se toma una disposición oficial para obligarlos a circular por una carretera asfaltada, los afectados provoquen desórdenes en la zona.
Fue lo que ocurrió hace una semana. Para no cumplir con una disposición de la Secretaría de Turismo que prohíbe el paso de camiones, camionetas y otros vehículos, algunos de los cuales para depositar basura, un grupo organizó una huelga, quemaron gomas, bloquearon el único acceso por carretera, se enfrentaron a la Policía y hubo un herido. Resultado: la tensión obligó al hotel a sacar a los turistas alemanes, italianos y franceses en botes, y luego montarlos en autobuses para, desde allí, dirigirse al aeropuerto de Puerto Plata.
¿Qué impresión se habrán llevado los turistas de esta zona del pais?
Eso, justamente, es lo que debemos evitar. No hay otra fuente posible que pueda, a corto plazo, generar ingresos y empleos para esa comunidad que no sea el turismo. Y el turismo no es sólo acondicionar un espacio para que los extranjeros o los dominicanos disfruten. Es crear un ambiente de armonía, una disposición para el servicio, una infraestructura de atenciones, en la que deben involucrarse todos los que viven en la zona, si es que les interesa explotar una vía rápida para el desarrollo que vaya más allá de la agricultura que, por cierto, está ahora de capa caída.
El Gobierno, y sobre todo las autoridades locales, la sociedad samanense, no pueden permitir que se sigan dañando las áreas de playa con basuras o arrabales ni que se originen actos hostiles contra los turistas. Esto es matar una gallina con huevos de oro.

La sociedad busca a un líder fuerte

SANTO DOMINGO, R.D.- La búsqueda de un líder fuerte, que sobresale en las encuestas Demos que se vienen realizando desde los años 90, es la respuesta de la sociedad a tanta corrupción desde el poder


Las encuestas Demos nos han revelado, con una cadencia precisa, año tras año, que la sociedad dominicana anda detrás de un hombre fuerte que la gobierne.

Hombre fuerte se traduce por mano dura, algo así como firmeza para restablecer los niveles de respeto y de disciplina que deben de normar a una comunidad civilizada.

No quiere esto decir que el hombre fuerte equivalga a un sustituto de la ley o de las instituciones, aunque a menudo muchos lo preferirían frente al acelerado proceso de descrédito e ilegitimidad en que han venido cayendo los liderazgos nacionales entroncados con el poder o las entidades más representativas del Estado.

Nadie quisiera volver al modelo Trujillo, ni tampoco al de sus peores caricaturas, como el más reciente que hemos sufrido, sino al que demuestre, en el ejercicio del poder, que tiene convicciones y decisiones firmes sobre el imperio del orden y de la ley, y que está dispuesto a jugársela para que ambos prevalezcan por encima de los abusos o las ñoñerías que los debilitan.

Otros estudiosos, en América Latina, perciben lo mismo que la última Demos 2004 ha hallado: que hay creciente y aguda insatisfacción con los partidos que supuestamente son garantes de la democracia y del desarrollo en libertad.

Uno tras otro, sucediéndose en el poder, han salido embarrados por la corrupción. Y bajo todos estos mandatos que hemos tenido desde Trujillo para acá, sólo los indicadores económicos —puras cifras y estadísticas— han mejorado en el país. Lo más importante, la dignidad y el derecho del ciudadano a vivir decentemente, no se ha logrado aún con tan impresionante desarrollo económico.

Esto es lo que dice, en síntesis, el estudio sobre el desarrollo humano del país, preparado por el PNUD.

La mejor fotografía a la incapacidad y a la ineficiencia de los políticos que, con sus promesas o sus impericias, han llenado de frustración a un pueblo que esperaba más de ellos y de sus partidos.

La búsqueda de un líder fuerte, que sobresale en las encuestas Demos que se vienen realizando desde los años 90, es la respuesta de la sociedad a tanta corrupción desde el poder.

De veras, se necesita un cambio de modelos. Un cambio de hombres. Los partidos, lamentablemente, no los han suplido en 40 años de democracia. Pero es en democracia que queremos que surjan los líderes que, conscientes de las verdaderas necesidades de la sociedad, trabajen para atenderlas y resolverlas.

Mientras haya clientelismo, mientras el que llegue al poder sea indulgente con las indelicadezas o los más burdos actos de corrupción de su antecesor, mientras haya válvulas por las cuales se escape el dinero del Estado sin controles, mientras los recursos públicos sigan siendo un pastel a repartir entre pocos y persistan las profundas desigualdades que hieren a esta sociedad, se hace más oportuno y pertinente el deseo del cambio, la búsqueda de un líder fuerte para renovar los valores democráticos y restablecer el respeto a la ley y al prójimo, en orden y en libertad.

Una manito al Instituto de Estudios de Bellas Artes

SANTO DOMINGO, R.D.- Es indispensable sostener una entidad que encauce el desarrollo profesional de las disciplinas artísticas en nuestro país, llevando a un nivel superior la formación de nuestros artistas, como lo está haciendo el Instituto Especializado de Estudios Superiores de Bellas Artes, y no bloquearlo ni castrarlo, asfixiándolo económicamente.


Parece muy claro que el Gobierno anda corto de fondos, a juzgar por los enormes atrasos que tiene en los pagos de subsidios a hospitales y otras instituciones.

El caso de los hospitales es dramático, pues la dinámica de sus servicios tiene mucho que ver con los recursos disponibles.

Si no hay dineros para adquirir medicamentos, utensilios y otros requerimientos básicos, no pueden realizar operaciones delicadas o atender adecuadamente a los enfermos.

Así como se registran estas precariedades, hay otros casos menos notorios que, a su escala, repercuten negativamente en sus operaciones.

Uno de ellos es el del Instituto Especializado de Estudios Superiores de Bellas Artes, llamado a cultivar el espíritu de nuestros artistas o de los jóvenes y adolescentes con carismas o aptitudes para la creación hermosa y sublime, que también son necesarias en una sociedad aunque sea para aminorar la dureza de una vida cotidiana signada por las amarguras, las carencias, los sufrimientos por los malos servicios públicos y el “estrés” que todos adquirimos cuando las cosas no nos salen bien.

Ese Instituto fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el 2003, pero por ser en diciembre que se dictó la resolución no pudo entrar en el presupuesto del 2004.

Trabajó su primer año gracias a un aporte especial de la Presidencia de la República, y como para este año tampoco tuvo la suerte de ser incluido en el Presupuesto, vuelve a depender de la generosidad de la Presidencia para poder operar normalmente.

Desde noviembre del año pasado el Instituto no ha podido pagar los salarios de sus profesores y empleados, y se teme que exista un plan incubado en ciertas esferas para hacer desaparecer esa institución y dar paso a otra.

Es lo que siempre pasa en este país. Que somos inconstantes en darle continuidad a los actos del Gobierno, en este caso, a la labor de una entidad que fue aprobada por la instancia más alta, el consejo nacional de educación superior, para fomentar seguramente otra que responda a alguna necesidad de gente que ha llegado ahora al poder.

Es indispensable sostener una entidad que encauce el desarrollo profesional de las disciplinas artísticas en nuestro país, llevando a un nivel superior la formación de nuestros artistas, como lo está haciendo el Instituto, y no bloquearlo ni castrarlo, asfixiándolo económicamente.

Comprendemos que el presupuesto del Gobierno no es tan estirable y que la prueba de que anda apretado es la tardanza en auxiliar a los hospitales, que son básicos en esta sociedad, y que en una circunstancia como esta no tiene mucha fuerza pedir dinero para las bellas artes.

Pero de algún cajoncito habrá que sacar esta ayuda, para que no desaparezca ni deje de funcionar el Instituto Especializado de Estudios Superiores de Bellas Artes.

Aquí debe de abrirse otro proceso

SANTO DOMINGO. R.D. - Junio 4- Si el miedo se aposenta sobre ese trípode gobierno-justicia-sociedad civil, que se sepa que nosotros, en este diario, no evadiremosla responsabilidad de denunciar tales dobleces y exigir incansablemente que se haga justicia, caiga quien caiga.


Al margen del derrotero que pueda tener en las cortes norteamericanas el caso Quirino, es obvio que la Justicia dominicana tiene que abrir aquí un proceso paralelo para determinar la dimensión de los daños que él y sus cómplices hicieron al país.


Los Estados Unidos tienen sus razones para perseguirlo y juzgarlo. Se sienten perjudicados por los negocios ilícitos en la introducción y venta de narcóticos y por el lavado de activos provenientes de ese negocio.


El narcotráfico está considerado un crimen de lesa humanidad.


Así como los Estados Unidos sienten que sus leyes y sus normas fueron violentadas y que, por tanto, caben fuertes penalidades para sus responsables, no es menos cierto que aquí también quedan secuelas gravísimas de las andanzas delictivas y criminales de esos narcotraficantes.


Las escandalosas revelaciones que han surgido en el juicio abierto por el senador Hernani Salazar contra el doctor Vinicio Castillo permiten ir develando una compleja trama de acciones y complicidades en la que altas esferas del poder figuran comprometidas. Seriamente comprometidas.


El daño que este contubernio ha infligido a las leyes nacionales y a principios muy respetados de moral social es de una magnitud que apenas estamos descubriendo, percibiendo y sufriendo.


Estas complicidades, ¿quedarán impunes? ¿Se cruzará de brazos la Justicia dominicana frente a ese cúmulo de evidencias, sospechas o verdaderos indicios y dejará que sean otros tribunales —en este caso los norteamericanos— que se ocupen de penalizar esos delitos?


¿Mantendrá el ministerio público las manos afuera de estos expedientes, simple y llanamente porque son los fiscales norteamericanos quienes mas están interesados en dilucidarlos?


Si al Gobierno actual le ha faltado voluntad, determinación y valor político para proceder al arresto de todos los sospechosos —sean quienes sean— de pertenecer a la banda de narcotraficantes que por el momento ha sido neutralizada, ¿le faltará también coraje a la Justicia para dar el frente?


Tememos que eso sea lo que ocurra. Sobre todo si tomamos en consideración que las llamadas fuerzas determinantes de la sociedad civil se han mantenido indiferentes, indolentes y hasta desinteresadas en presionar para que se actúe contra la banda y sus cómplices en el poder, como lo han hecho frente a otros casos.


Si el miedo se aposenta sobre ese trípode gobierno-justicia-sociedad civil, que se sepa que nosotros, en este diario, no evadiremos la responsabilidad de denunciar tales dobleces y exigir incansablemente que se haga justicia, caiga quien caiga.

¿Suicidio o asesinato?

SANTO DOMINGO, R.D.- Junio 2, 2005- Dada la reputación y el rigor profesional que se le reconoce al doctor Sarita, creemos que su testimonio es esencial para que se establezca si fue suicidio o asesinato la causa de la muerte misteriosa de ese hombre.




El caso Meregildo no deja de provocar sorpresas cada día. Es tanto igual que el juicio Hernani Salazar-Vincho Castillo. Todas las novedades de ambos procesos ponen en evidencia las flaquezas humanas y, sobre todo, la corrupción rampante a todos los niveles.

Las autoridades parecen decididas, en lo que se refiere al asesinato de la joven pareja, del que se acusa al diácono Meregildo Díaz y otros, a no dejar cabos sueltos. Uno de esos cabos es el que lleva a la muerte del ciudadano Quírico Rojas Caram.

Inicialmente se presentó su muerte como un suicidio, por envenenamiento, ya que alrededor de su cama aparecieron sustancias letales, como el Lannat y el Tres Pasitos. Pero el examen que se le hizo al cadáver en Patología Forense parece que contradice esa percepción.

Según el director de esta institución, doctor Sergio Sarita Valdez, en un artículo publicado esta semana en el periódico Hoy, el cadáver de Rojas Caram presenta signos de violencia y fue movido varias veces antes de ser depositado en el lugar donde lo encontraron en Jarabacoa.

El patólogo halló signos que son comunes en un caso de asfixia, tales como la sangre sin coagular, congestión y hemorragia en la cara y conjuntivas de ambos ojos, cianosis de labios, lengua, dedos y uñas. Sarita dice que, de acuerdo con su análisis, "se trata de una muerte violenta”.

Además, le preocupa la movida postmortem del cadáver, lo que al parecer ocurrió varias veces antes de que se depositara finalmente en la cabaña de Jarabacoa.

"Aún después de realizada la necropsia nosotros no estábamos convencidos de que realmente se tratara de un acto voluntario en donde la víctima optara para matarse". En tal sentido, se preguntó "¿por qué tanta precipitación en vender a la prensa la versión de suicidio de esta persona?, ¿por qué no se esperó a que concluyera el experticio antes de emitir una opinión acerca de la manera del fallecimiento?"

Dada la reputación y el rigor profesional que se le reconoce al doctor Sarita, creemos que su testimonio es esencial para que se establezca si fue suicidio o asesinato la causa de la muerte misteriosa de ese hombre.

Este detalle, desentrañado, puede ayudar mucho a una investigación exhaustiva, siempre y cuando no se contamine con trampas o con eliminación de evidencias para salvar de responsabilidad a más cómplices en el horripilante asesinato de los esposos Joel Sarmiento Díaz y Yaniris Ruiz, quemados y descuartizados y lanzados sus restos en dos tanques que aparecieron en Hatillo, Azua.

La Policía y la Justicia tienen que decir toda la verdad, sin ocultarle nada al país sobre este bochornoso caso.

Los niños de Quirino no merecen tal rechazo

La sociedad ha rechazado las aberraciones del padre y de los que, desde el poder, permitieron su gran negocio de traficar con drogas, que luego agudizaban el envilecimiento de sus consumidores, pero no admite —de eso estamos seguros— que se perpetre un acto discriminatorio, excluyente y hasta despreciativo con los hijos de Quirino, que ninguna culpa, repetimos, tienen en este caso

Quirino Paulino Castillo y sus cómplices en las altas esferas del poder pudieron haber causado un grave daño moral y económico al país, pero no por ello sus hijos deben pagar la suma de tantos pecados.Lo decimos a propósito de la increíble información divulgada ayer por sus abogados, en el sentido de que los hijos de Quirino fueron expulsados del colegio privado en el cual se educaban.No hay derecho alguno a privar a un ser humano, sobre todo a niños que probablemente son inocentes de los actos de sus padres, de la oportunidad de recibir la educación en un centro de cuyo alumnado formaban parte, o de cualquier otro al que fueran por primera vez.El acto de cancelarle la reinscripción, al que legítimamente puede apelar la dirección del colegio, se reputa ahora discriminatorio, porque se hace en el contexto del enjuiciamiento del padre en una corte de Nueva York, tras el escándalo provocado por su arresto y por el conocimiento del cúmulo de cargos que pesan sobre él.¿Eran sus hijos aceptables antes de?Si lo fueron, entonces no hay razones válidas para tal castigo, injusto e innecesario a la vez, porque esto de ninguna manera implica o involucra al colegio en el proceso que ya se ha abierto en y fuera del país contra el ex capitán del Ejército en los tiempos de Hipólito Mejía.Los hijos no son responsables de los crímenes imputables al padre, y si acaso por el hecho de serlos generaron, entre los demás alumnos y profesores, un rechazo ostensible, como si fuesen leprosos en los tiempos en que la lepra era una terrible epidemia, más que la expulsión lo que mandaba el compromiso de los educadores era el apoyo y la solidaridad con los afectados.Y este compromiso también alcanzaba a los padres de los demás alumnos.La sociedad ha rechazado las aberraciones del padre y de los que , desde el poder, permitieron su gran negocio de traficar con drogas, que luego agudizaban el envilecimiento de sus consumidores, pero no admite—de eso estamos seguros— que se perpetre un acto discriminatorio, excluyente y hasta despreciativo con los hijos de Quirino, que ninguna culpa, repetimos, tienen en este caso.Ellos crearon seguramente una buena y sana relación con otros niños. No es justo que el estigma del padre los contagie, ni que la sola condición de hijos de un narcotraficante constituya un anatema permanente, que contribuya a cerrarles las puertas a su formación y al ejercicio de sus plenos derechos en esta sociedad, así como a la oportunidad de educarse y actuar como grandes ciudadanos, talvez con mas méritos de aquellos que los han condenado injustamente.