Quitar el subsidio es un suicidio

Estamos en un ambiente cargado de desalientos, de frustraciones, de expectativas insatisfechas, pero al mismo tiempo de alta delincuencia, inseguridad y de actitud hostil, envalentonada y probablemente conspirativa del sector más sucio de la oposición

Quitar subsidios al gas propano ha sido, en América Latina, un acto equivalente a largar una bomba atómica a los pobres.No se ha salvado ningún país de caer en inestabilidad o de ver a sus gobiernos derribados, a resultas de esta desregulación en sus precios.A Bucaram, en Ecuador, no lo tumbaron sólo por payaso y por privar en loco, sino porque eliminó el subsidio al gas y elevó los precios de la gasolina.Aquí estamos a punto de tropezar con la misma piedra. Para complacer al Fondo Monetario Internacional.Al FMI hay que decirle que no, en esas pretensiones. No podemos suicidarnos. Estamos en un ambiente cargado de desalientos, de frustraciones, de expectativas insatisfechas, pero al mismo tiempo de alta delincuencia, inseguridad y de actitud hostil, envalentonada, y probablemente conspirativa, del sector más sucio de la oposición.Al Gobierno lo están acechando.Sus enemigos esperan que quite el subsidio del gas para alentar protestas que, por demás, se justificarían, y para crear un estado de inestabilidad abonado por el mantenimiento de altos precios en los productos de primera necesidad, escasez perceptible de circulante y resistencia al trabajo de la Justicia contra los corruptos del pasado régimen.Adicionalmente, hay malestar en un empresariado que se siente acosado y culpabilizado de la crisis, por evasión impositiva o por oposición a nuevas reformas fiscales que incrementen los gravámenes.Y como colofón, quien se hará responsable de la medida es un Gobierno que ha visto perder su popularidad en un 30 por ciento antes de cumplir su primer año de ejercicio.¿Qué vale más para el país, su propia paz o la economía de 2,700 millones de pesos?¿Qué importa más, que el turismo, principal fuente de generación de divisas, se desplome a causa de un estado generalizado de protestas, violencia y crisis, o economizarnos 2,700 millones de pesos en subsidios? La alternativa está en suprimir solamente el subsidio para aquellos consumidores que usan el gas propano como combustible de vehículos.Se dice que constituyen el 40 por ciento del mercado. “Focalizar” el subsidio es molestoso, discriminatorio y excluyente. ¿Quién podrá evitar la queja de madres pobres cuando vayan a comprar gas a precios que fluctuarán cada semana y no reciban el subsidio, mientras otras son beneficiadas con la compensación? Les dirán “comesolas”. Y no las verán como otras pobres más, sino como unas privilegiadas por el partido oficial.Además, aquí hay dos millones de pobres y la tarjeta del subsidio apenas alcanzaría para un tercio. Entonces, ¿qué sentido tiene meternos en esta aventura? ¿Es que acaso el Gobierno quiere suicidarse?

El perdón que pide la Iglesia

En los casos, locales o internacionales, en que estos episodios han representado una verdadera ofensa para las sociedades, la Iglesia ha respetado la tabla rasa que su moral y fe prescriben y ha condenado y protestado por tales aberraciones. Y responsablemente ha pedido perdón por las conductas de los descarriados

En el evangelio de Jesús, el amor y el perdón constituyen cara y cruz del núcleo fundamental del mensaje de salvación y de redención del hombre en un mundo demasiado pecaminoso.Lo que más enaltece su doctrina es, precisamente, la misericordia que emana del Padre, y esta misericordia no sólo es fruto de una auténtica caridad, sino de la capacidad que tenga el ser humano para perdonar al prójimo, especialmente al enemigo.Este es el gran manjar que alimenta la fe cristiana y por ello ha resultado coherente, honesta y responsable la actitud asumida públicamente por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez de pedir perdón al país, en nombre de la Iglesia Católica, por la gravísima ofensa y daño irreparable que algunos de sus miembros han perpetrado a la sociedad, en forma de crímenes horripilantes o de perversos abusos sexuales.Junto con la sincera humildad y valentía que significa pedir perdón, la Iglesia ha hecho un llamado a la Justicia para que, tras calibrar la gravedad de los hechos en cada uno de los casos a su cargo, imponga a los acusados las debidas sanciones que consagra el nuevo Código Procesal Penal.La Iglesia ni apadrina, ni promueve, ni tolera ni desea actos de este tipo y cuando alguno de sus miembros los comete es, sin dudas, porque el pecado, o las fuertes tentaciones del que siempre acecha para llevar a la perdición a los débiles de fe han hecho nido en sus corazones.La Iglesia , siguiendo las enseñanzas de su guía, aprecia y respeta la dignidad humana. Hace del hombre el objeto de su salvación, jamás de su abuso y degradación. Ella, como institución formada eminentemente por seres humanos, también es pecadora.Y lo fundamental es que sea precavida o previsora, y que haga cuanto sea posible para depurar a los que entran a ella como fieles siervos del Señor, pero que terminan capitulando en la fe, por muchísimas razones.En los casos, locales o internacionales, en que estos episodios han representado una verdadera ofensa para las sociedades, la Iglesia ha respetado la tabla rasa que su moral y fe prescriben y ha condenado y protestado por tales aberraciones. Y responsablemente ha pedido perdón por las conductas de los descarriados.Y ha sido inmensamente generosa, invocando la siempre misericordiosa actitud del Padre para que, en las horas críticas, aliente el arrepentimiento de los culpables y los pueda hacer merecedor de un perdón que no discrimina sexo, condición social o económica, raza o creencia religiosa.El país acepta el perdón que pide su Iglesia enaltecida.

El etanol, una solución a la vista

Tenemos que alentar en nuestro país formas viables y, sobre todo, baratas, para prepararnos frente a un horizonte de petróleo caro y escaso. De hecho, con los nuevos aumentos del barril del crudo la economía dominicana queda severamente impactada, y todos los pequeños pasos que damos hacia adelante se revierten

Sea con hidrógeno o con etanol, lo cierto es que el mundo debe de buscar nuevos combustibles para asegurar la movilidad de sus flotillas de vehículos, barcos y aviones en esta época de petróleo caro y en vías de escasear.Ya el Presidente Bush proclamó que, para el caso de Estados Unidos, y cabe decir para el resto del mundo industrializado, el hidrógeno “es el futuro”.Y aquí, por suerte, el gobierno del Presidente Fernández se ha interesado por un plan de producción de etanol a partir de la caña de azúcar, como parte de una estrategia para el ahorro de los combustibles fósiles.Naturalmente que, además de estas alternativas de combustibles, es indispensable ir más allá en la formulación de una estrategia de energía, procurando explotar otras fuentes hasta ahora no desarrolladas suficientemente en el país.En el caso del hidrógeno los especialistas dicen que no es fácil almacenarlo en su estado líquido, porque las células tardan demasiado en "calentarse", y el rendimiento de estos motores es menor que el de aquellos que funcionan a gasolina. Asimismo, indican que el proceso para extraer hidrógeno del agua consume gran cantidad de energía (combustible fósil) y contamina el ambiente. Según los especialistas, estamos a una década de alcanzar un avance significativo en esta materia. No obstante estas trabas, el Presidente Bush promueve con entusiasmo el uso de los primeros vehículos --unos 85 mil aproximadamente--movidos por hidrógeno en los Estados Unidos.En Brasil y Francia se utiliza el bio-etanol mezclado con gasolina. Se trata de un alcohol obtenido de la caña de azúcar o la remolacha. Se usa en aviones y en vehículos.Y para los que dudan de que todavía existen otras fuentes, vehículos que funcionan con aire han aparecido en varias ciudades alrededor del mundo. Estos vehículos utilizan, de hecho, aire comprimido como combustible. El aire es almacenado en tanques y, al ser liberado, mueve los pistones que propulsan el vehículo hasta alcanzar 120 kilómetros por hora. Esta idea ha contribuido a reducir las emisiones tóxicas en sitios como Ciudad de México y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.También existen en el mundo los vehículos “eléctricos” o impulsados por baterías que, a su vez, se alimentan de energía solar.La Toyota ha producido un vehículo que combina gasolina con energía de batería. El motor impulsa una especie de “inversor” y este, a su vez, continúa moviendo el vehículo.Tenemos que alentar en nuestro país formas viables y, sobre todo, baratas, para prepararnos frente a un horizonte de petróleo caro y escaso.De hecho, con los nuevos aumentos del barril del crudo la economía dominicana queda severamente impactada, y todos los pequeños pasos que damos hacia adelante se revierten, sin que sea nuestra culpa. El etanol puede ser, en el futuro, una de nuestras grandes soluciones a esa dependencia absoluta del petróleo y sus derivados.

Al Presidente Pacheco se le fue “la pajarita”

Aquí no rige ese tipo de normas, y lo cierto es que deberíamos establecerlas. No sólo para el Presidente de la República, sino para el resto de los funcionarios y de los mismos legisladores

“A veces se nos va la pajarita”, dijo un arrepentido Presidente Abel Pacheco al pueblo costarricense, tratando de explicar que fue un error aceptar una membresía en Cap Cana y otras atenciones de los propietarios de ese complejo turístico. Con el telón de fondo de los escándalos de soborno a tres ex-presidentes, que representaron para Costa Rica una humillación nacional, era previsible que a Pacheco le cayeran los palitos por su desliz.Resuelto, ahora, a devolver el obsequio, la polvareda ha servido para recordarle al Presidente que tiene que sujetarse a las normas que le impiden aceptar regalos, boletos de viaje, viáticos y otros beneficios.Son normas que forman parte de un conjunto de salvaguardas éticas, con las cuales se busca evitar —como acontece en el caso de los presidentes norteamericanos— que éstos sean tentados por sobornos u otras “atenciones” mientras ejercen su mandato.Aquí no rige ese tipo de normas, y lo cierto es que deberíamos establecerlas. No sólo para el Presidente de la República, sino para el resto de los funcionarios y de los mismos legisladores.En Ecuador, por ejemplo, está prohibido a los miembros del Congreso usar en su provecho fondos que provengan del presupuesto nacional.A los que violan esa disposición se les expulsa del Congreso.En ausencia de normas semejantes, los presidentes dominicanos no tienen impedimento para aceptar una diversidad de “atenciones” que en ánimo de halagarlos les brindan amigos, allegados o desconocidos.Un escandaloso caso, ahora puesto de manifiesto en un tribunal, es el de un poderoso narcotraficante que le brindó un desayuno y le dio 2 millones de pesos— seguramente producto de una transacción mafiosa— nada más y nada menos que al Presidente de turno, muy dado, por lo visto, a aceptar obsequios de conocidos y extraños.Esta tentación a recibir regalos o “atenciones” puede resultar peligrosa. Muchos pueden ser regalos envenenados que, por serlo, tienen implicaciones serias en la institucionalidad de un país o en el rigor moral que debe caracterizar el ejercicio de la primera magistratura.Esas prácticas conducen al tráfico de influencia, a irritantes concesiones de privilegios y a lo que es peor, al condicionamiento de las decisiones de un mandatario.La prensa costarricense, que presionó valientemente al Presidente para que devolviera o anulara las concesiones recibidas, ha jugado su verdadero papel al denunciar lo dañoso que puede ser para la dignidad y la imagen presidencial que el señor Pacheco se “despistara”, o como él mismo dijo en un lenguaje muy popular, que “se nos va la pajarita”, al aceptar las dádivas.Ahora que ha soltado “la pajarita”, tal vez se libre de pasar por el mismo trance de sus predecesores, a los que les cupo cárcel por andar aceptando donaciones y prebendas locales y extranjeras sin medir sus consecuencias.

Que al estadio se le declare Juan Marichal

¿Quién ha sido la mayor gloria del béisbol dominicano en toda la historia? Sin ninguna duda, Juan Marichal, el astro de los lanzadores de los Gigantes de San Francisco.
Es el único dominicano que pertenece al Salón de la Fama de Cooperstown, donde se enaltece a las principales figuras del béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos.
Es como el templo de los grandes en ese deporte.
En 16 años de vida deportiva activa en las grandes ligas, Marichal lanzó 244 juegos completos y ganó 243, lo que nos da una idea de su extraordinaria carrera.
Por esos méritos, el equipo de los Gigantes de San Francisco le rindió un histórico homenaje, develizando una estatua en la entrada de su parque y colocando la bandera dominicana en el asta del play, siendo la única vez que la enseña tricolor nuestra ondea en un estadio norteamericano de la gran carpa.
Jugadores latinoamericanos de la talla de Juan Marichal han recibido reconocimientos en sus países, tanto en estadios como coliseos, calles y hasta ciudades que llevan sus nombres.
Aquí, sin embargo, le estamos escamoteando a Juan Marichal el merecidísimo honor de darle al Estadio Quisqueya, el principal del país, su nombre.
¿Qué tanto esperamos para hacerlo?
No sólo honramos a Marichal, sino que nos honramos como país, al dedicarle este significativo homenaje en vida.
Como nadie es profeta en su tierra, han sido los propios norteamericanos, los del glorioso equipo de los Gigantes, los que han tomado la feliz y justa iniciativa de erigirle una estatua como muy pocos beisbolistas, norteamericanos o no, cuentan en los Estados Unidos.
Si aquí hemos homenajeado a Félix Sánchez, el excelente corredor de carreras, bautizando con su nombre el Estadio Olímpico y lo mismo hemos hecho con otras luminarias del béisbol, como son los casos de Tetelo Vargas y Julián Javier, para los estadios de San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís, ¿qué impide que el nombre de Juan Marichal le sea dado al Estadio Quisqueya?
El Congreso tiene la palabra.
Y no hay razones para demorar este reconocimiento a una persona que le dio brillo a su país cuando no eran tantas, como ahora, las figuras deportivas dominicanas que descollaban en el mundo en cualquier disciplina deportiva. Esta es la hora de la decisión.El Quisqueya debe llamarse estadio Juan Marichal.

El nombre de Juan Pablo II para el Mirador Este

El nuestro fue un país privilegiado durante su pontificado, no solamente por sus visitas, en número que no igualan otros de nuestras dimensiones geográficas y poblacionales, sino en las decisiones que tomó para fortalecer cuantitativa y cualitativamente la Iglesia dominicana

Bautizar con el nombre del finado papa Juan Pablo Segundo al Parque Mirador Este es una atinada iniciativa. Así lo desean numerosos ciudadanos que han escrito una propuesta al diputado Pelegrín Castillo, para que este sea el promotor del proyecto de ley en tal sentido.Es una forma de patentizar, para la posteridad, el respeto, el cariño y la admiración que el pueblo católico dominicano le demostró a ese amable pontífice, que nos visitó tres veces, honrándonos con ser los primeros en el inicio de sus históricos periplos por el mundo.En ese parque Mirador del Este ofició la misa conmemorativa de los 500 años del inicio de la evangelización, ceremonia que marcó la celebración, también histórica, de la cuarta asamblea de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM).Es, como se ve, un sitio apropiado para honrarlo con el nombre de un Pontífice que vino a nosotros con expresiones y muestras concretas de cariño y amor, y que nos dejó sabias enseñanzas para crecer como comunidad cristiana y como nación libre y civilizada.En su ámbito particular, la Iglesia dominicana ya ha bautizado, en su honor, mientras ejercía su pontificado, algunas aulas y parroquias, pero hace falta que el homenaje alcance una dimensión nacional, dándole su nombre no sólo a este parque tan hermoso y representativo, sino a otras instalaciones, plazas o avenidas en las que la presencia del Papa constituyó parte significativa de sus visitas.El nuestro fue un país privilegiado durante su pontificado, no solamente por sus visitas, en número que no igualan otros de nuestras dimensiones geográficas y poblacionales, sino en las decisiones que tomó para fortalecer cuantitativa y cualitativamente la Iglesia dominicana.Aparte de estas iniciativas, siempre nos tuvo en sus oraciones cuando alguna catástrofe ocurría en el país y nos afligía. Su solidaridad, en tiempos difíciles, resultó balsámica para nuestros espíritus atribulados.Calladamente, ofreció ayudas materiales para causas de la Iglesia o simplemente para necesidades de grupos humanos, que no se publicitan porque esa no es la intencion.Creemos que la carga de elementos históricos que se sintetizan en sus tres visitas, en los contenidos de sus discursos, en sus recuerdos dominicanos, amerita que se plasmen en ejemplos permanentes de evocación y de reconocimiento, como es cuando imprimimos su nombre en los rótulos de cualquier calle o avenida, en espacios abiertos o en edificaciones y templos.Por estas y otras razones, nos asociamos a la petición y creemos que el Congreso Nacional, ante tal proyecto, no vacilará en emitir la ley correspondiente que declare al Parque Mirador del Este, de la Capital, con el nombre del queridísimo y santo Papa Juan Pablo Segundo.

Más poderosa que lo imaginado

Parecería que estamos creando, así, un nuevo embudo a través del cual podrían colarse, sola y únicamente, los casos que política y estratégicamente convengan al Gobierno de turno, y “congelando” en una nevera los expedientes que le puedan hacer daño

La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción es algo así como la superestructura de otra superestructura jurídica que ya existe para esos fines.La prueba está en que, mediante un reglamento, se le autoriza a esa Comisión a “solicitar y recibir” las auditorías que realicen la Contraloría y la Cámara de Cuentas.Y , también, a “constatar la efectividad de los controles administrativos que establece el Estado dominicano”, funciones que hasta ahora se reservan a la Cámara de Cuentas, como órgano superior, y a la Contraloría General.Los auditores y contadores están para verificar cómo se manejan los recursos públicos y se cumplen los procedimientos establecidos, y tanto la Cámara como la Contraloría tienen competencias para recomendar medidas profilácticas y velar por la efectividad de los controles establecidos.Pero ahora esa facultad se le concede también a la poderosa Comisión de Ética, junto con otras capacidades, como la de servir prácticamente de depósito y filtro de todas las acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos.Parecería que estamos creando, así, un nuevo embudo a través del cual podrían colarse, sola y únicamente, los casos que política y estratégicamente convengan al Gobierno de turno, y “congelando” en una nevera los expedientes que le puedan hacer daño.Si el Estado dispone de una Cámara de Cuentas, una Contraloría General, un Procurador General, un Fiscal del Distrito Nacional y un Departamento de Prevención de la Corrupción, qué razón subyace para crear, sobre todos, una superestructura casi superior que controle sus actos?.Las auditorías que realizan la Cámara de Cuentas y la propia Contraloría tienen sus cursos bien definidos. Si se descubre corrupción y claras violaciones a las leyes, los experticios son enviados a la Fiscalía para que proceda de inmediato. Si a este proceso se le mete una cuña para que el expediente haga una parada en la Comisión de Ética y ésta, a su vez, someta dichas auditorías a su propia revisión, pueden pasar varias cosas, entre ellas que se demore la viabilidad del expediente hacia la jurisdicción debida —si no conviene al Gobierno o al partido en el poder—, o que la Comisión se convierta en juez y parte de un proceso que, por ley, le corresponde a otras instituciones.¿Tiene la Comisión los recursos suficientes y el personal capacitado para cumplir la ciclópea labor que le ha asignado, por decreto, el Presidente de la República?Tal vez las aprehensiones que han causado su formación y sus amplias atribuciones no sean del todo justas. Tal vez estamos exagerando sus implicaciones negativas o suponiéndole una dimensión operativa que no tiene.Pero vale la pena que se hagan estas interrogantes y reflexiones, frente a la comprobada y sorprendente parsimonia, lentitud, y a veces timidez, con que este Gobierno ha decidido enfrentar el flagelo de la corrupción.Si la actitud hubiese sido otra, la Comisión de Ética constituiría escudo y corona de esa lucha y no lo que, hoy, muchos temen que sea

Más poderosa que lo imaginado

Parecería que estamos creando, así, un nuevo embudo a través del cual podrían colarse, sola y únicamente, los casos que política y estratégicamente convengan al Gobierno de turno, y “congelando” en una nevera los expedientes que le puedan hacer daño

La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción es algo así como la superestructura de otra superestructura jurídica que ya existe para esos fines.La prueba está en que, mediante un reglamento, se le autoriza a esa Comisión a “solicitar y recibir” las auditorías que realicen la Contraloría y la Cámara de Cuentas.Y , también, a “constatar la efectividad de los controles administrativos que establece el Estado dominicano”, funciones que hasta ahora se reservan a la Cámara de Cuentas, como órgano superior, y a la Contraloría General.Los auditores y contadores están para verificar cómo se manejan los recursos públicos y se cumplen los procedimientos establecidos, y tanto la Cámara como la Contraloría tienen competencias para recomendar medidas profilácticas y velar por la efectividad de los controles establecidos.Pero ahora esa facultad se le concede también a la poderosa Comisión de Ética, junto con otras capacidades, como la de servir prácticamente de depósito y filtro de todas las acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos.Parecería que estamos creando, así, un nuevo embudo a través del cual podrían colarse, sola y únicamente, los casos que política y estratégicamente convengan al Gobierno de turno, y “congelando” en una nevera los expedientes que le puedan hacer daño.Si el Estado dispone de una Cámara de Cuentas, una Contraloría General, un Procurador General, un Fiscal del Distrito Nacional y un Departamento de Prevención de la Corrupción, qué razón subyace para crear, sobre todos, una superestructura casi superior que controle sus actos?.Las auditorías que realizan la Cámara de Cuentas y la propia Contraloría tienen sus cursos bien definidos. Si se descubre corrupción y claras violaciones a las leyes, los experticios son enviados a la Fiscalía para que proceda de inmediato. Si a este proceso se le mete una cuña para que el expediente haga una parada en la Comisión de Ética y ésta, a su vez, someta dichas auditorías a su propia revisión, pueden pasar varias cosas, entre ellas que se demore la viabilidad del expediente hacia la jurisdicción debida —si no conviene al Gobierno o al partido en el poder—, o que la Comisión se convierta en juez y parte de un proceso que, por ley, le corresponde a otras instituciones.¿Tiene la Comisión los recursos suficientes y el personal capacitado para cumplir la ciclópea labor que le ha asignado, por decreto, el Presidente de la República?Tal vez las aprehensiones que han causado su formación y sus amplias atribuciones no sean del todo justas. Tal vez estamos exagerando sus implicaciones negativas o suponiéndole una dimensión operativa que no tiene.Pero vale la pena que se hagan estas interrogantes y reflexiones, frente a la comprobada y sorprendente parsimonia, lentitud, y a veces timidez, con que este Gobierno ha decidido enfrentar el flagelo de la corrupción.Si la actitud hubiese sido otra, la Comisión de Ética constituiría escudo y corona de esa lucha y no lo que, hoy, muchos temen que sea

¿Y por qué no comprarlos aquí?

Creemos que es atendible, para que no haya lugar a sospechas de algún chanchullo, que las autoridades del sector agropecuario y los productores nacionales discutan las posibilidades de adquirir localmente los productos que ahora se licitan internacionalmente.


Hay justificada preocupación en los industriales y productores dominicanos frente a los planes de INESPRE de importar masivamente distintos rubros que aquí se producen en abundancia.

Entienden que estas importaciones masivas son perjudiciales, porque vendrían amparadas en “permisos, exoneraciones y/o créditos correspondientes”, condiciones demasiado ventajosas que no se conceden a los productores locales.

Lo que se pretende importar, bajo estas premisas, son habichuelas pintas, espaguetis, pica-pica, atún, avena, leche en polvo, harina de maíz y aceite, a granel o empacados.

Lo que llama la atención , en este asunto, es que para una adquisición de esta magnitud no se den oportunidades a los productores locales, existiendo esos mismos productos en el país.Otra cuestión incomprensible es que se les excluya de la licitación, lo cual sólo se justificaría si se van a comprar productos que no se producen o se manufacturan en el país.

Además, a qué se debe que, para traer esos productos, los suplidores sean beneficiados de “permisos, exoneraciones y/o créditos correspondientes”, cuando a los productores locales se les aplican impuestos por aranceles del orden del 32 por ciento, incluyendo el ITBIS y el recargo cambiario.

Creemos que es atendible, para que no haya lugar a sospechas de algún chanchullo, que las autoridades del sector agropecuario y los productores nacionales discutan las posibilidades de adquirir localmente los productos que ahora se licitan internacionalmente, siempre y cuando existan condiciones iguales para todos, no ventajas para otros, que lucen ostensibles en el plan de importaciones masivas del INESPRE.


Avanzando juntos, día a día
En la inauguración del nuevo edificio de oficinas corporativas de la empresa telefónica Verizon, monseñor Arnaiz recordó uno de los tantos editoriales antológicos de Rafael Herrera, en el que decía que sólo dos instituciones funcionaban bien en el país hace años: la Iglesia y Codetel.

Codetel desarrolló la telefonía en el país y sigue siendo, bajo la denominación de Verizon, la más grande impulsora de los avances tecnológicos que se registran en esa esfera.

El edificio, llamado inteligente porque todo se activa electrónicamente, requirió una inversión de 50 millones de dólares, más 10 millones de dólares en un modernísimo centro de datos, inversiones que sumadas a más de 100 millones de dólares en infraestructuras y nuevos proyectos, garantizan un servicio de alta calidad y rapidez, así como de diversidad, para las telecomunicaciones dominicanas. Verizon, con esto, sigue haciendo bien las cosas.

El Reglamento: “E p’atrás” que vamos

Estamos en presencia de una especie de “reglamento-ley”, de contenido inadmisible, pues asimila en su forma y su fondo el espíritu de la dictadura que parió la ley 1951, totalmente restrictivo, propio del régimen de prohibición consustancial a esa naturaleza tiránica.


Nadie se explica que en un régimen que se precia de democrático, sea el Poder Ejecutivo el que reactualice el espíritu trujillista del menoscabo y la prohibición estableciendo nuevas cortapisas al libre ejercicio de la información en nuestro país.

Un mamotreto con categoría de reglamento para la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía ha cohonestado la barbaridad implantada por la ley trujillista número 1951, con el propósito de restringir la labor de los locutores y de aquellos que intervienen en los campos informativos de la radio y la televisión.El nuevo reglamento número 301-05, emitido el pasado 7 de mayo, prohíbe a los locutores “transmitir noticias alarmantes” sobre sucesos de la naturaleza que no hayan sido aprobadas y “debidamente autorizadas” por la autoridad competente.

De igual modo, autoriza a los representantes de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía a suspender emisiones de radio y televisión, y contempla sanciones para aquellos que “irrespeten las autoridades legítimamente constituidas y las instituciones públicas” y, como ya hemos anotado, para las emisiones que causen “alarma o pánico en el público”.

Creemos que este es un paso incorrecto, erróneo y peligroso de la autoridad.

Todo reglamento, como saben los conocedores del derecho, se confecciona en función de una ley marco, para definir sus alcances, facilitar el procedimiento de su aplicación y subsanar cualquier interpretación inconveniente de sus atribuciones e implicaciones.

Se dice, por tanto, que el reglamento es una perfecta continuación de la ley, aunque algunos entienden que ciertos reglamentos se diseñan para que tengan un alcance mas allá de la propia ley marco, o para maniquearla.En este caso, hasta donde sabemos, la ley marco, la número 1951 que creó la Comisión, no ha sido modificada.

Por tanto, estamos en presencia de una especie de “reglamento-ley”, de contenido inadmisible, pues asimila en su forma y su fondo el espíritu de la dictadura que parió la ley 1951, totalmente restrictivo, propio del régimen de prohibición consustancial a esa naturaleza tiránica.

Además, en el nuevo reglamento persisten sanciones y restricciones que coliden con la apertura democrática y con las leyes y la Constitución misma.

La capacidad que se les otorga a los llamados representantes de la CEEPR de cerrar programas en los que se irrespeta a la autoridad está ya consagrada en la ley 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento, y es muy clara en cuanto a que son los tribunales, una vez apoderados, los que deciden el tipo de sanción correspondiente. No de manera directa, por vía de un funcionario, sin que medie la jurisdicción apropiada. El reglamento, como se ve, es abusivo y violatorio.

El país no puede darse el lujo de que nos rija semejante mamotreto. Hay que echarlo pa’bajo.Y pronto.

Arrabalización amenaza nuestros polos turísticos

Un país no puede desarrollar el turismo mezclando hoteles de lujo con arrabales. Eso es un contrasentido. Y aquí lo estamos permitiendo. Cerca de varios hoteles en la zona de Bávaro, por ejemplo, se multiplican como semilleros casuchas y negocios que ofrecen un feo y desagradable marco a las majestuosas instalaciones hoteleras de grandes cadenas nacionales e internacionales.


Con el inicio de los trabajos del complejo turístico Cap-Cana, en Higüey, se robustece la base que ha ido creando el país para sacar del turismo el mayor de los provechos.

En esa zona se construyen más hoteles que harán elevar la oferta a 26 mil habitaciones en un corto tiempo.

En la medida en que se abren estas oportunidades, es mayor el compromiso que tenemos todos —gobierno y sociedad— en la protección de la llamada “industria sin chimeneas”, la que le provee al país, en estos momentos, el grueso de sus divisas.

Sin embargo, no nos luce que estemos haciendo lo que mandan las realidades en este sentido.Si tomamos el caso de Puerto Plata, donde nuevas infraestructuras han sido creadas para revertir una etapa de declive, nos damos cuenta de que los factores que hacen un turismo sustentable no están siendo tomados en cuenta.

Las calles y avenidas están deterioradas, hay aguas malolientes y desperdicios en pleno malecón, hay un panorama de viviendas victorianas desvencijadas y un creciente proceso de arrabalización en sus entornos hoteleros. Lo mismo pasa en Punta Cana y Bávaro.

El cáncer de la arrabalización, la bullanguería y el descontrol se tornan fuertes amenazas a las nuevas y elevadísimas inversiones que se están haciendo en la zona para consolidar el turismo.

Cerca de varios hoteles en la zona de Bávaro, por ejemplo, se multiplican como semilleros casuchas y negocios que ofrecen un feo y desagradable marco a las majestuosas instalaciones hoteleras de grandes cadenas nacionales e internacionales.

Los prostíbulos, las peleas y el bullicio completan el “decorado” de una zona que, por la naturaleza del negocio, necesita de paz, seguridad, limpieza y orden.

Las autoridades, las pasadas y las presentes, han palpado esa realidad. No han hecho nada para aminorarla o resolverla.Un país no puede desarrollar el turismo mezclando hoteles de lujo con arrabales. Eso es un contrasentido. Y aquí lo estamos permitiendo.

Es indispensable un plan maestro para la regulación de los entornos turísticos de nuestro país. Hay que hacerlo antes de que sea tarde.En ningún otro país que ha cultivado al turismo como una de sus fuentes principales de divisas se ve el panorama, deprimente, que existe en el nuestro.

El apoyo oficial o estatal al turismo es mínimo.

Si bien es cierto que la responsabilidad y el riesgo de la inversión es de los hoteleros o empresarios turísticos, no lo es menos que un Estado que se beneficia de esos ingresos debe aportar su granito de arena para mejorar las condiciones de los entornos hoteleros y de los pueblos adyacentes.

¿Por encima de la ley?

La ley la ampara y los procedimientos para lograrlo son muy explícitos. Al ciudadano citado no se le consagra, por el momento, el albedrío de decidir si es o no útil, en su propia convicción, acudir o no por ante un tribunal


Se supone que, como ex presidente de la República, el primero que debe hacer honor a lo que manda la ley es el ingeniero Hipólito Mejía. Su no comparecencia a un juicio, pese a una citación legítima y regular de una jueza, es una verdadera falta de respeto a la autoridad judicial. Es inexcusable. La razón esgrimida para no hacerlo, una supuesta falta de elementos de valor o de interés para dicho juicio, hace presumir que, a su entender, las reglas las impone el imputado o el testigo, no la magistrada a cuyo cargo está esclarecer el caso en cuestión. La jueza tiene que decidir, y así lo hizo, quién tiene o no méritos para comparecer a la audiencia a prestar testimonio. La ley la ampara y los procedimientos para lograrlo son muy explícitos. Al ciudadano citado no se le consagra, por el momento, el albedrío de decidir si es o no útil, en su propia convicción, acudir o no por ante un tribunal. Podrán existir causas de fuerza mayor, comprobables y atendibles, que excusen la inasistencia, pero jamás las del tipo de argumentos usados por el ex presidente para rehuir a su comparecencia. Como ex presidente, repetimos, su deber es no sólo cumplir con la ley, sino dar el ejemplo a los demás. Si otro fuese el contexto, es decir, si fuera presidente en ejercicio, la Constitución establece las condiciones para que, en un caso determinado, se le lleve a juicio. Lo mismo aplica para los legisladores y para los secretarios de Estado, a los cuales se les confiere jurisdicción privilegiada. Pero este no es el caso actual, y de ahí que al rehusar asistir como testigo a un juicio por difamación e injuria, abierto a instancias de un ciudadano al que se le considera su mano derecha en el poder, razón por demás suficiente para que lo ayudara con su testimonio a salir bien librado en su demanda, la sociedad interpreta el gesto como una burla a la majestad de la Justicia. Y como un vivo ejemplo de desdén frente a la ley, de cuyo alcance no está ajeno ni él ni nadie en este país.

El recuerdo de una gran humillación

El Gobierno echó mano entonces a sus amanuenses políticos y los instaló en los puestos de mando de LISTÍN, uno para garantizar la sumisión de la línea editorial al absurdo reeleccionista que nublaría desde entonces la mente y las acciones del mandatario, y otros para garantizar que la mentira, la manipulación, la distorsión y la censura complementaran el resto de la obra intervencionista.


El 15 de mayo del 2003, hará mañana dos años, el LISTÍN DIARIO sufrió una de sus mayores humillaciones en 115 años de historia.

Un presidente intoxicado de poder, Hipólito Mejía, equiparándose en su maldad al tirano Rafael Leonidas Trujillo, cuyas presiones obligaron al cierre de este medio por más de tres décadas, alentó la intervención de este diario por parte de la Autoridad Monetaria y Financiera, usando la fuerza policial y al ministerio público.

La acusación: éramos un ente para el lavado de activos.

El director fue destituido y en su lugar, para edulcorar el atropello, designaron a quien en esos momentos era el director de otro de nuestros medios, acaso por la relación cercana, a nivel de asesor, que tenía con el desorbitado mandatario.

Pero éste, en medio del escándalo y el abuso en que inauguraría su ejercicio, prefirió a último momento no aceptar ese reto.

El Gobierno echó mano entonces a sus amanuenses políticos y los instaló en los puestos de mando del LISTÍN, uno para garantizar la sumisión de la línea editorial al absurdo reeleccionista que nublaría desde entonces la mente y las acciones del mandatario, y otros para garantizar que la mentira, la manipulación, la distorsión y la censura complementaran el resto de la obra intervencionista.

Como ocurre con frecuencia ante excesos de esta magnitud, la Justicia dominicana desaprobó la intervención.Desde la instancia inicial de un juez de amparo hasta la cumbre de la Suprema Corte de Justicia, la acción era del todo inadmisible. Estaba viciada. Era inconstitucional en muchos sentidos.

En pocas palabras, un atropello injustificado contra la libertad de prensa, contra la libertad de empresa, contra todo el sentido común.

Un atentado, sobre todo, contra la tradición de independencia del más antiguo y apreciado medio de comunicación impreso de la República Dominicana, testigo de su devenir republicano y democrático, aliado de las más nobles y sentidas aspiraciones de los dominicanos.

Recordamos el episodio, el que nunca deseamos ni imaginamos que ocurriría, sólo para que los dominicanos preserven en sus corazones el ideal de una vida en libertad plena, bajo la cual los medios de comunicación actúan como soportes, jamás como arietes de causas políticas o de los innobles caprichos y excesos de sus gobernantes, tanto si son dictadores, o con vocación para abusar de todos desde el poder, como si se descubren en su verdadera dimensión de bufones ridículos o como desmedidos y ambiciosos cleptócratas.


Sábado 14 de Mayo del 2005

La memoria histórica se nos diluye

Es una pena que estemos asistiendo a la disolución inminente de nuestras reliquias o riquezas documentales históricas, testimonio de nuestro pasado, escuela para nuestro presente y nuestro futuro.


Lo sabemos, pero nadie parece escandalizarse ni preocuparse por lo que está ocurriendo. Aceleradamente, la memoria histórica de este país se va perdiendo o diluyendo entre la desaparición de documentos de los archivos más importantes y el desdén de las nuevas generaciones por nuestro pasado.

Del Archivo General de la Nación se han perdido millares de legajos únicos, en los que se habían registrado documentalmente —y gråficamente— episodios históricos, disposiciones, resoluciones, actas y publicaciones diversas.

Ha habido allí, en los últimos años, lo que su actual director define como una “depredación espantosa” del material archivado.Y lo mismo ha ocurrido, desde la decapitación de la dictadura de Trujillo, con otros documentos que se conservaban en los archivos del Palacio, la Cancillería, los tribunales de la República y órganos del ministerio público o en colecciones privadas.

Lo mismo ha pasado en las instituciones que expiden, modifican o conservan títulos de propiedades.Y lo peor es lo que está ocurriendo desde hace tiempo: la no declaración de nacimiento de millares de niños que hoy son ciudadanos inexistentes legalmente, auténticos “muertos civilmente”, a los cuales no se les posibilitará, ni ahora ni en el futuro, reclamaciones de cualquier género a las que tengan legítimo derecho.

Es una pena que estemos asistiendo a la disolución inminente de nuestras reliquias o riquezas documentales históricas, testimonio de nuestro pasado, escuela para nuestro presente y nuestro futuro.A esta pérdida se añade, como elemento más preocupante aún, el desinterés de los jóvenes por conocer o indagar lo que pasó recientemente o hace mucho tiempo.

Esa ignorancia se pone de manifiesto en los sondeos o los concursos televisivos o radiales en los que se les pregunta sobre personajes y acontecimientos históricos relevantes. Para colmo, si existiera algún interés en conocerlos y extraer de ellos alguna utilidad o experiencia positiva, iluminadora, rectificadora, no pueden contar con fuentes idóneas, completas, incontaminadas, ya que los archivos del país son un desastre. Son nada.

Ante esa realidad, el nuevo director del Archivo General, Roberto Cassá, propone crear un sistema de archivos que comprometa a todas las instituciones nacionales.Una manera, aunque tardía, de remediar en algo esta depredación que a nadie parece dolerle.

Cuando los pueblos proyectan semejante descuido e insensibilidad frente al progresivo declive de su memoria histórica, no se dan cuenta de que con ello pierden también lo mejor de su idiosincrasia y entonces quedan a merced de los vaivenes de la cotidianidad, sin referentes que ayuden a cambiar o a seguir el rumbo que andamos buscando y necesitando.

Viernes 13 de Mayo del 2005

TLC: nos jugamos nuestro destino

Cuando el Presidente de la República Dominicana acude a Washington, junto con los demás mandatarios centroamericanos, a promover la aprobación de este acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, lo hace con plena conciencia de que su propio pueblo ignora la magnitud o el impacto —bueno o malo— que tendrá en su economía.


Si algo conoce o entiende el pueblo sobre lo que es el TLC se lo debe, básicamente, a lo que se ha dicho de ese acuerdo en el debate local entre intereses encontrados.Es una pena que los partidos políticos, que aglutinan a un buen porcentaje de la población y que en teoría influyen sobre ella, hayan estado ajenos al debate.

Han sido fundamentalmente los sectores empresariales los que han examinado públicamente algunos aspectos conflictivos del tratado que pensamos firmar con Estados Unidos y los países centroamericanos.Pero el resto del país, diríase que la gran mayoría de los dominicanos, sólo tiene de ese tratado una vaga noción.

Es probable que en esa misma situación estén los legisladores, llamados a dar su voto de aprobación o rechazo, ya que es demasiado voluminoso el expediente.Ha llegado a las cámaras en numerosas cajas, y por la naturaleza del tratado no deja de ser tarea paciente y larga la obligación de estudiarlo.

Sólo hay que considerar que, para negociarlo, hubieron de celebrarse numerosas reuniones, no exentas de duras discusiones.

Cuando el Presidente de la República acude a Washington, junto con los demás mandatarios centroamericanos, a promover la aprobación de este acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, lo hace con plena conciencia de que su propio pueblo ignora la magnitud o el impacto —bueno o malo— que tendrá en su economía.Y en sus propias vidas.

El tratado implica, como se ha dicho, la eliminación de aranceles a productos que importamos, con trato recíproco para los nuestros en el mercado norteamericano y en el centroamericano.Por ende, este solo aspecto implicará una nueva reforma fiscal para recuperar, en cuanto sea posible, el sacrificio que implica perder de golpe ingresos por más de l2 mil millones de pesos.

Para las empresas locales, el nuevo esquema significa remodelarse, adecuarse y ser realmente competitivas, y aquí sabemos que existen condiciones objetivas que lo impiden a plenitud.La mayoría de los dominicanos, ante la parcial o casi nula comprensión que tiene sobre la materia, no está capacitada para discernir sobre algo que repercutirá en el destino de nuestro país.

Cuando el Presidente dice que si el tratado no se aprueba la economía dominicana se arruinaría irremediablemente, no nos ofrece en cambio alguna otra alternativa frente a tan sobrecogedor horizonte.En esta disyuntiva, sólo cabe apostar a que este vaticinio no se cumpla, exista o no tratado.


Jueves 12 de Mayo del 2005

“Por nuestro país primero” Republica Dominicana

Mientras se dice que la escuela dominicana adolece de condiciones, intelectuales y materiales, que inviten a los adolescentes a recorrer el camino de la educación hasta el final, en Puerto Plata la juventud y los niños participan animadamente en los talleres de literatura que se les ofrecen.

Desde hace 25 años, la Sociedad Cultural Renovación de Puerto Plata ha venido celebrando su concurso literario “Por nuestro país primero”, el que más atrae a los jóvenes estudiantes de esa provincia.

En todo ese lapso, unos 35 mil adolescentes puertoplateños han enviado sus obras para distintas categorías. De esos concursos ha surgido una generación de jóvenes escritores y toda una colección de obras que constituyen un orgullo para la nación.

Brugal y Compañía aporta los fondos para las premiaciones, que abarcan cada año a cerca de 60 participantes.

Se les entregan pergaminos, trofeos y, en los casos especiales, fuertes sumas de dinero en efectivo.Esta vez, sin embargo, el concurso adquirió otra dimensión, pues en lugar de ceñirse exclusivamente a los adolescentes puertoplateños, quedó abierto a la participación de escritores de todo el país.Y no sólo los jóvenes, sino de cualquier edad.

Esto le ha dado ahora una categoría nacional al concurso, y se piensa, inclusive, extenderlo a toda la región del Caribe en un futuro no muy lejano. Hay que palpar el entusiasmo de los jóvenes talentos dominicanos por participar en este certamen, en contraste con el desdén de otros muchos frente al reto de educarse y servir al país.

Mientras se dice que la escuela dominicana adolece de condiciones, intelectuales y materiales, que inviten a los adolescentes a recorrer el camino de la educación hasta el final, en Puerto Plata la juventud y los niños participan animadamente en los talleres de literatura que se les ofrecen.

A través de estos talleres, aprenden técnicas de redacción, conocen los elementos de la literatura, leen libros y comentan a los autores dominicanos y extranjeros. Es en la educación en que deben concentrarse las mayores inversiones del Estado y del sector privado.

Este último tiene que darle valor y sentido a la misión social, y en este campo hay demasiadas oportunidades para hacerlo.Por eso Brugal se ha distinguido. Es una compañía destacada en los negocios, casi globalizada en lo que concierne a la venta de sus productos, y aliada de la educación.

Su fundación ha sido el soporte, el mecenas, de muchas instituciones de servicio en el país, gracias a la sensibilidad de sus principales pilares don Osvaldo Brugal y don George Arzeno Brugal, así como del joven empresario Ricky Brugal.

Liliam Russo , presidenta de la Sociedad Cultural Renovación, es la gran matriarca y llama inspiradora de estos concursos, los que ha mantenido gracias a su firme creencia en la educación y a la fe en el futuro de Puerto Plata.


Mayo 11, 2005

Preocupante cadena de despidos

Es que de repente hemos visto cesar a miles de trabajadores en pocos meses y no ha habido otra fuente, tan potencial y estable como esa, que los absorba.


De una población de 4 mil trabajadores hasta hace un año, apenas quedan unos 1,500 en las empresas de zona franca de Puerto Plata.

El mismo fenómeno se está dando en otras ciudades donde operan empresas de este género, y todo el mundo sabe cuál es la causa: una pérdida acelerada de competitividad de sus productos por la masiva entrada de sus iguales chinos en el mercado norteamericano.

Pero también hay factores locales que, combinados con aquel fundamental, han marcado este retroceso.

Los empleados despedidos de la zona franca tienen destrezas y especialidades. No quiere esto decir que, por tales capacidades, pueden por sí mismos emprender negocios de subsistencia de forma inmediata.

Estas cancelaciones masivas repercuten en la economía de esas ciudades. Los motoconchistas tienen menos usuarios, los que venden comidas o cualquier otro artículo ya no tienen a los mismos consumidores demandándoles esos productos, las mujeres frecuentan menos los salones de belleza, los colmaderos dejan de vender lo que vendían.

Es una cadena de efectos, en nada positivos, para las economías que han dependido y marchado con los aportes y los gastos de estos empleados.

En el caso de Puerto Plata, esto equivale a una tragedia para centenares de familias pobres.Esto tiene que poner a reflexionar al Gobierno y al resto de la sociedad. Es que de repente hemos visto cesar a miles de trabajadores en pocos meses y no ha habido otra fuente, tan potencial y estable como esa, que los absorba.

No se están creando, para colmo, nuevas fuentes de trabajo, porque hasta ahora las obras del Gobierno no son del tipo de las que generan mucha mano de obra.

Habrá que volver al libro balaguerista y promover la construcción de viviendas, apartamentos y otras edificaciones, y obras que muevan la economía de los pueblos y sean un paliativo a tan alto e imparable desempleo.

Hasta ahora, ni el Estado ni el sector privado han podido contener los factores que obligan a estos despidos.

Pero tampoco han contribuido a crear plazas de repuesto, para amortiguar el enorme impacto que este desempleo provoca en la vida y la economía de nuestros pueblos.En la medida en que se hace difícil para la mayoría el acceso a un ingreso estable y digno, en esa medida se aprietan las condiciones de vida de sus familias.

Salvo otras actividades que han demostrado ser impulsoras de la economía, es en la construcción donde descansa la vía más expedita y concreta para revertir esta situación de desempleo y para cambiar este estado de cosas.

Mayo 10, 2005

La memoria histórica se nos diluye

Es una pena que estemos asistiendo a la disolución inminente de nuestras reliquias o riquezas documentales históricas, testimonio de nuestro pasado, escuela para nuestro presente y nuestro futuro

Lo sabemos, pero nadie parece escandalizarse ni preocuparse por lo que está ocurriendo. Aceleradamente, la memoria histórica de este país se va perdiendo o diluyendo entre la desaparición de documentos de los archivos más importantes y el desdén de las nuevas generaciones por nuestro pasado.Del Archivo General de la Nación se han perdido millares de legajos únicos, en los que se habían registrado documentalmente —y gråficamente— episodios históricos, disposiciones, resoluciones, actas y publicaciones diversas.Ha habido allí, en los últimos años, lo que su actual director define como una “depredación espantosa” del material archivado.Y lo mismo ha ocurrido, desde la decapitación de la dictadura de Trujillo, con otros documentos que se conservaban en los archivos del Palacio, la Cancillería, los tribunales de la República y órganos del ministerio público o en colecciones privadas.Lo mismo ha pasado en las instituciones que expiden, modifican o conservan títulos de propiedades.Y lo peor es lo que está ocurriendo desde hace tiempo: la no declaración de nacimiento de millares de niños que hoy son ciudadanos inexistentes legalmente, auténticos “muertos civilmente”, a los cuales no se les posibilitará, ni ahora ni en el futuro, reclamaciones de cualquier género a las que tengan legítimo derecho.Es una pena que estemos asistiendo a la disolución inminente de nuestras reliquias o riquezas documentales históricas, testimonio de nuestro pasado, escuela para nuestro presente y nuestro futuro.A esta pérdida se añade, como elemento más preocupante aún, el desinterés de los jóvenes por conocer o indagar lo que pasó recientemente o hace mucho tiempo.Esa ignorancia se pone de manifiesto en los sondeos o los concursos televisivos o radiales en los que se les pregunta sobre personajes y acontecimientos históricos relevantes.Para colmo, si existiera algún interés en conocerlos y extraer de ellos alguna utilidad o experiencia positiva, iluminadora, rectificadora, no pueden contar con fuentes idóneas, completas, incontaminadas, ya que los archivos del país son un desastre. Son nada.Ante esa realidad, el nuevo director del Archivo General, Roberto Cassá, propone crear un sistema de archivos que comprometa a todas las instituciones nacionales.Una manera, aunque tardía, de remediar en algo esta depredación que a nadie parece dolerle.Cuando los pueblos proyectan semejante descuido e insensibilidad frente al progresivo declive de su memoria histórica, no se dan cuenta de que con ello pierden también lo mejor de su idiosincrasia y entonces quedan a merced de los vaivenes de la cotidianidad, sin referentes que ayuden a cambiar o a seguir el rumbo que andamos buscando y necesitando.

TLC: nos jugamos nuestro destino

Cuando el Presidente de la República acude a Washington, junto con los demás mandatarios centroamericanos, a promover la aprobación de este acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, lo hace con plena conciencia de que su propio pueblo ignora la magnitud o el impacto —bueno o malo— que tendrá en su economía

Si algo conoce o entiende el pueblo sobre lo que es el TLC se lo debe, básicamente, a lo que se ha dicho de ese acuerdo en el debate local entre intereses encontrados.Es una pena que los partidos políticos, que aglutinan a un buen porcentaje de la población y que en teoría influyen sobre ella, hayan estado ajenos al debate.Han sido fundamentalmente los sectores empresariales los que han examinado públicamente algunos aspectos conflictivos del tratado que pensamos firmar con Estados Unidos y los países centroamericanos.Pero el resto del país, diríase que la gran mayoría de los dominicanos, sólo tiene de ese tratado una vaga noción.Es probable que en esa misma situación estén los legisladores, llamados a dar su voto de aprobación o rechazo, ya que es demasiado voluminoso el expediente.Ha llegado a las cámaras en numerosas cajas, y por la naturaleza del tratado no deja de ser tarea paciente y larga la obligación de estudiarlo.Sólo hay que considerar que, para negociarlo, hubieron de celebrarse numerosas reuniones, no exentas de duras discusiones.Cuando el Presidente de la República acude a Washington, junto con los demás mandatarios centroamericanos, a promover la aprobación de este acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, lo hace con plena conciencia de que su propio pueblo ignora la magnitud o el impacto —bueno o malo— que tendrá en su economía.Y en sus propias vidas.El tratado implica, como se ha dicho, la eliminación de aranceles a productos que importamos, con trato recíproco para los nuestros en el mercado norteamericano y en el centroamericano.Por ende, este solo aspecto implicará una nueva reforma fiscal para recuperar, en cuanto sea posible, el sacrificio que implica perder de golpe ingresos por más de l2 mil millones de pesos.Para las empresas locales, el nuevo esquema significa remodelarse, adecuarse y ser realmente competitivas, y aquí sabemos que existen condiciones objetivas que lo impiden a plenitud.La mayoría de los dominicanos, ante la parcial o casi nula comprensión que tiene sobre la materia, no está capacitada para discernir sobre algo que repercutirá en el destino de nuestro país.Cuando el Presidente dice que si el tratado no se aprueba la economía dominicana se arruinaría irremediablemente, no nos ofrece en cambio alguna otra alternativa frente a tan sobrecogedor horizonte.En esta disyuntiva, sólo cabe apostar a que este vaticinio no se cumpla, exista o no tratado.

Puerto Plata, en pleno repunte

Puerto Plata, como taller experimental por excelencia del turismo dominicano, ha aprendido mucho de sus experiencias, y ahora se nota que, al calor de un plan de desarrollo concebido por sus principales instituciones, la provincia comienza a recuperar aceleradamente sus espacios ganados en esta materia


Puerto Plata está demostrando que repunta, vigorosamente, con su industria turística y hotelera, y es menester que en esta fase de la recuperación el Gobierno le preste atención a sus prioridades.No sólo se han canalizado nuevas inversiones privadas para ampliar la cobertura hotelera, sino que se nota un gran esfuerzo por crear las bases del llamado turismo sustentable, que no es mas que el mejoramiento integral de todo el ambiente en que este se desarrolla. Pero esa sustentabilidad no descansa solamente en el sector privado que más incide en el turismo, sino en el mismo Gobierno y en la autoridad municipal, que están obligadas a poner en orden algunas situaciones que desmedran la calidad del turismo en esa provincia.No se justifica, por ejemplo, la existencia de un vertedero de basura contaminante y desagradable en la ciudad de Puerto Plata, el deterioro de las principales carreteras de acceso y las precarias condiciones del puerto.También llama la atención que siendo Puerto Plata no sólo una ciudad turística, sino el primer polo turístico del país, las instalaciones que alojan las oficinas locales de la Secretaría de Turismo no presenten un mejor estado.O que el Malecón, en una ciudad con un hermoso mar, esté en estado de abandono. Para hablar de turismo sustentable, es imprescindible que el entorno, el ambiente de la ciudad, sea higienizado, que se pavimenten sus calles, que se organice su transporte y, por supuesto, que existan garantías reales para la movilidad y la seguridad de los turistas que pasean por sus diferentes zonas.Sabemos que existen programas, como el acuerdo entre el Estado y el Banco Mundial para sanear el balneario de Sosúa, mediante un proceso de recolección y manejo de sus desechos sólidos y que se estudia la privatización de este servicio, verdaderamente vital para desarrabalizar esa playa.Por igual, hay que destinar inversiones a los proyectos de emisarios submarinos que ayudarán al tratamiento y posterior descarga de las aguas servidas por la industria hotelera en las aguas del océano Atlántico.Puerto Plata ha aprendido mucho de sus experiencias, y ahora se nota que, al calor de un plan de desarrollo concebido por sus principales instituciones, la provincia comienza a recuperar aceleradamente sus espacios ganados en esta materia.En un contexto como este, no es aconsejable imponerle más gravámenes de la cuenta a esa industria, sobre todo si tomamos en consideración que otros sectores productivos están deprimidos en estos momentos y que el mayor garante del flujo de divisas al país es el turismo. Como se suele decir, no podemos matar las pocas gallinas de los huevos oro que quedan después de la debacle económica en que nos dejó el anterior gobierno.

¿Y vamos a dejar que nos maten?

Por eso es que entendemos que vale la pena continuar los operativos de la Policía Preventiva en los distintos sectores del país, porque aquí nadie está seguro de que llegará con vida a su hogar o si será víctima de un atraco o un atropello

El pasado sábado, tres forajidos armados se acercaron al joven empresario Francisco Valera García, sobrino del exrector de la UASD, Porfirio García, cuando éste llegaba a su residencia en el sector Alma Rosa, forcejearon con él. Y finalmente lo mataron de un balazo en el estómago.El día de su velatorio, al lado de la sala en que lo exponían, había otro ciudadano que también perdió la vida en semejantes circunstancias, víctima de un intento de atraco, como aquel.Con el grito desesperado de la madre y el padre de Francisco Valera García que veían, asombrados y adoloridos, cómo su hijo era abatido en el frente de su residencia, los forajidos emprendieron la huida, disparando a diestra y siniestra para evitar que alguien los detuviera.Una reflexión, ahora, a propósito de este caso:En el hipotético escenario de que, en el camino de la huida, apareciesen policías o guardias —o los mismos parientes de Francisco— que pudiesen repeler a los agresores, ¿cuál era la alternativa?¿Dejarse matar, también? ¿Leerles sus derechos, según el nuevo Código Procesal Penal? ¿Intentar detenerlos y nada más?Otra reflexión: Cuando los derechos que tenía Francisco, como el derecho a la vida y a la defensa de su misma vida, fueron violentados e ignorados por esos delincuentes, ¿quién, entonces, sale a protestar?Si los agresores hubiesen sido repelidos a tiros, tal como ellos acostumbran a hacer con infelices e inocentes ciudadanos, ¿condenarían a la Policía por haber actuado así contra otros para los cuales esos derechos no existen?.Aquí hemos llegado a creer que el Código Procesal Penal está por encima del legítimo derecho a la vida, a la defensa de la vida, y al de la propiedad de un patrimonio, y que frente al delincuente que los viola, lo correcto es aplicarle el reglamento y no la misma medicina que ellos les aplican a sus víctimas.Por eso es que entendemos que vale la pena continuar los operativos de la Policía Preventiva en los distintos sectores del país, porque aquí nadie está seguro de que llegará con vida a su hogar o si será víctima de un atraco o un atropello.Aquí roban hasta lentes recetados, que se los arrancan del rostro a sus portadores. Y todos sabemos quiénes delinquen por costumbre, por necesidad o por afán de conseguir dinero para consumir drogas. En cualquier vecindario los vecinos se conocen bastante bien.La delincuencia nos arropa y torna más insegura la vida de este país. Cuando llega el momento de poner bajo control a los delincuentes, no podemos desalentar a la Policía, ni debemos, en hipócrita actitud, pedir que se abandone el esfuerzo o que al actuar contra los delincuentes lo hagan con paños tibios, supuestamente para reconocerles y darles validez a unos derechos que ellos jamás respetan ni reconocen. Moralmente, no podemos permitirlo.

Homs, una inversión necesaria

Combinar inversiones del sector público con el privado, como la que se plantea ahora en el caso del Hospital Metropolitano de Santiago, es un paso imperativo en estos momentos

Cuando Balaguer emprendió la construcción de la Plaza de la Salud, fueron muchos los que lo vituperaron por embarcarse en una obra que –según alegaban– era demasiado costosa. Y le proponían, en cambio, que la millonada de la inversión se destinara a mejorar los hospitales públicos.Si le hubiese hecho caso a esas argumentaciones, hoy no tendríamos una estructura hospitalaria modélica como esa, donde existe la última tecnología para diagnósticos, cirugías y otras especialidades médicas, y donde no se discrimina a nadie que busque las atenciones de calidad que necesite.Para la época en que fue construida y puesta bajo control de patronatos integrados por médicos, empresarios y otros destacados ciudadanos, sin ninguna influencia de las entidades estatales dedicadas a la salud, se columbraba ya un futuro en el que la seguridad social se convertiría en el sistema que garantizase, de verdad, la salubridad de la población.Y si también fuese por razones de costos, Balaguer no hubiese emprendido otras grandes obras que hoy se aprecian por su utilidad y su impacto positivo en esta sociedad. Huelga señalarlas.Tenemos que estar claros en un asunto: estamos dando los primeros pasos hacia un nuevo sistema de seguridad social que, definitivamente, suplante el ineficaz y mal servicio que en materia de salud tenemos los dominicanos con una estructura hospitalaria en crisis que no da señales de ninguna mejoría.Combinar inversiones del sector público con el privado, como la que se plantea ahora en el caso del Hospital Metropolitano de Santiago, es un paso imperativo en estos momentos. Ya existen antecedentes en otras esferas, como la hotelería turística y las medianas y pequeñas empresas, en las que el aval o participación del Estado ha sido altamente beneficiosa.Creemos, por tanto, que es un paso acertado el que ha dado el Presidente Fernández al disponer una inversión de mil millones de pesos para la terminación y puesta en operación del Homs, que se vislumbra como una especie de plaza de la salud para una ciudad tan importante como Santiago.Los inversionistas privados que harán esta alianza con el Estado han demostrado ya, en otros campos de su competencia, los alcances de sus contribuciones a la economía y al mejoramiento de las condiciones de vida de los santiagueros. No son parásitos sociales ni andan buscando quitarles a otros su legítimo derecho a funcionar y ganarse sus propios espacios en esa sociedad.El Presidente no puede subordinar esta inversión a criterios puramente mercantilistas que han matizado algunas argumentaciones de los que se oponen a esta inversión.Tiene que hacerla y procurar que, una vez entre en operación el hospital, se suministren los servicios y atenciones indispensables al universo de usuarios que, amparados en el sistema de seguridad social en ciernes, habrán de beneficiarse de la alta tecnología y la calidad científica y profesional de los médicos que formarán parte de ese centro.Haga esa inversión, Presidente, que el tiempo se encargará de darle la razón.