Don Enrique Franco

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Como conductor del diario más antiguo del Cibao, su dignidad de decano fue un valor apreciado por las comunidades de esa próspera región y en Santiago, particularmente, se le quiso con mucho afecto y respeto.


El periodismo del Cibao ha tenido en Don Enrique Franco uno de sus más destacados paradigmas. Talvez no hay otro, como él, con un ejercicio de más larga data y de tantos desafíos y vivencias en toda esa región del país.

Al morir ayer, justo en el mes del 90 aniversario del periódico La Información que fundó su padre Luis A. Franco Olavarrieta en unión de Pedro M. Hungría, Alfredo A. Rojas y J. Antonio Hungría, el país pierde a uno de sus más ilustres comunicadores.
Le tocó guiar a La Información en los tormentosos tiempos de cambio que sucedieron a la decapitación de la tiranía de Trujillo, apostando con todas sus energías al sostenimiento de la democracia.

Apegado a la tradición nacionalista del diario, su línea editorial estuvo ajustada al sentimiento popular contra la intervención extranjera en 1965 y por ello enfrentó algunas inmoderadas presiones, las que resistió valerosamente.

Como conductor del diario más antiguo del Cibao, su dignidad de decano fue un valor apreciado por las comunidades de esa próspera región y en Santiago, particularmente, se le quiso con mucho afecto y respeto.

Impregnó al diario el coraje, la dignidad y la decencia que han hecho de su línea de opinión una de las más respetadas del país, y alentó los repetidos cambios que experimentó el diario para ponerse a tono con los tiempos modernos.

Luego de que la familia propietaria vendiera la mayoría de sus acciones en el diario, Don Enrique siguió prestando sus servicios, como un faro de luz y como una referencia moral de gran valía hasta el día de ayer.

Era miembro de su Junta Asesora y para todos los periodistas de Santiago, así como muchos de sus colegas de la Capital y otras partes, constituía un icono del periodista consagrado.

Fue objeto de numerosos reconocimientos por su fructífero ejercicio, que se tradujo en iniciativas de interés general para su comunidad y para el resto del Cibao, del que La Información ha sido su vocero por excelencia a lo largo de tantas décadas.

Estas exaltaciones, sin embargo, nunca lo envanecieron ni le hicieron cambiar su estilo humilde ni su compromiso con las causas que siempre defendió a nombre del diario.
Con lo que el propio periódico producía, garantizó su independencia y su subsistencia, sin doblegarse a intereses y sin atarse a comprometedores condicionamientos.

El LISTÍN DIARIO expresa sus más sentidas condolencias a sus hijos Mirtha Franco de Cabral y Manuel José Cabral, Luis Enrique y Eduardo José Franco Cabral, a sus descendientes así como a toda la prensa santiaguera y a los ejecutivos de La Información, por la irreparable pérdida de este querido y distinguido colega.

Y lo despide con una oración al Señor para que le asegure el eterno descanso.

La verdad secuestrada

SANTO DOMINGO, RD.- Los medios de comunicación no pueden renunciar, por intereses específicos, por chantajes del Gobierno o del sector empresarial, o por la razón que fuera, al aprovechamiento de la ley de acceso a la información pública.


Cuando el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, estableció como primera regla el derecho que tiene el ciudadano a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado y de todas las sociedades organizadas, públicas o privadas.

Pese a que contamos con una herramienta tan fundamental para promover la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, los primeros reacios o reluctantes a cumplirla son los funcionarios del Gobierno.

Se escudan en insostenibles argumentos o interpretaciones legales para negar la información que se les solicita, con lo cual confirman lo que ha sido una ancestral actitud de los gobiernos: resistirse a ser claros y francos en el trato de los asuntos que políticamente no les convienen.

Aún cuando sabemos la importancia que tiene para la sociedad que esta ley sea fortalecida con un uso más consistente y sistemático, ha sido poco cultivada como un ejercicio de transparencia por los propios medios de comunicación.

La transparencia, aquí en nuestro país, no es completa ni suficiente. La verdad está poco menos que secuestrada. Muchos lo saben y muchos promueven esa aberración, adrede, sin que les remuerda la conciencia o sin importarles que la sociedad, más sabia que sus manipuladores, les haga saber cuanto sabe que se le oculta.

No puede decirse que el Gobierno la asuma en toda su dimensión y consecuencias. La transparencia está mediatizada, a todos los niveles.

Si se trata de dilucidar problemas gravísimos en alguna entidad financiera, entran de inmediato las cortapisas, los retruécanos, las complacencias o los frenéticos despliegues de influencia para poner un “zipper” a quienes están llamados a difundir lo que al país verdaderamente le interesa.

Hablar de transparencia como el ejercicio ideal para que una sociedad se entere y decida en función de informaciones concretas y exactas es muy bonito en los discursos, pero sumamente difícil de cumplir en la práctica.

La sociedad dice estar representada en una diversidad de entidades que supuestamente velan por la transparencia y, la gobernabilidad, pero la mayoría acusa un defecto: solo ven la paja en el ojo ajeno, no la viga en el suyo.

Todavía queda mucho camino para llegar al momento en que la sociedad pueda discutir y deliberar sobre sus propias miserias, sin que medien las ingratas mordazas o el más descarado encubrimiento por parte de quienes están llamados a respetar el derecho del pueblo a recibir esa información completa, veraz, oportuna y adecuada de la que habla el Congreso al sustentar la ley 200-04.

Los medios de comunicación no pueden renunciar, por intereses específicos, por chantajes del Gobierno o del sector empresarial, o por la razón que fuera, al aprovechamiento de la ley de acceso a la información pública, y lo ideal es que la pongan a prueba, día a día, hasta que finalmente podamos decir que la transparencia es una verdadera realidad y no una pura y penosa ficción en nuestro país.

Niños atrapados en la drogadicción

SANTO DOMINGO, RD.- Noviembre 26- Parece, sin embargo, que no hemos hecho conciencia todavía de la magnitud que va tomando el problema de la adicción de niños y adolescentes a las drogas, y las tremendas implicaciones sociales que esto tiene


Decenas de niños menores de 14 años ya son adictos a la cocaína, el crack y la marihuana, lo que refleja la penetración de estas drogas en la parte más sana e inocente de la sociedad.

Lo triste es que la mayor parte de los niños adictos viven en barriadas humildes, mientras que en la de clase adinerada o acomodada el vicio arropa a adolescentes y adultos.

En Hogares Crea, por ejemplo, hay casos de niños de hasta 8 años que tienen una experiencia de consumo aterradora para su edad.

Llegan a las drogas como “mulas” o transportadores y luego se tornan en consumidores consuetudinarios.

Para comprarlas, recurren a los asaltos y robos y hasta el homicidio, si fuese preciso.
Las escuelas son su escenario. Se insertan en ellas para transportar y vender drogas y forman pandillas para asegurarse el dinero de su consumo personal.

Los grandes alijos de drogas que se incautan a los altos capos del narco en el país evidencian que estamos atiborrados de esas sustancias.

Una vez, el Presidente Fernández dijo que el país había pasado de ser puente para convertirse en un mercado activo y lucrativo de las drogas.

Estos sobrecogedores informes sobre la existencia de centenares de niños implicados en el vicio confirman las apreciaciones del Presidente.

¿Qué se está haciendo para prevenir este fenómeno?
Nada.

Las entidades que se ocupan de regenerar a los adictos, no importa su edad, carecen de recursos para sostener sus programas y reconducir la vida de estos infelices.

Las tareas preventivas y educativas, si existen, no parecen estar influyendo determinantemente para frenar este proceso.

La sociedad y el Gobierno deben plantearse seriamente cómo asumir una responsabilidad compartida en el enfrentamiento de este problema.

Hay que actuar antes de que, a la vuelta de pocos años, perdamos irremediablemente lo único que tenemos como garantía de futuro, la niñez, un segmento de la población sano y apto para afrontar nuestro destino nacional.

Parece, sin embargo, que no hemos hecho conciencia todavía de la magnitud que va tomando el problema de la adicción de niños y adolescentes a las drogas, y las tremendas implicaciones sociales que esto tiene.

Despertemos nuestra sensibilidad y actuemos pronto. Y con el mismo afán con que las autoridades buscan recursos para mantener a una burocracia ineficiente, con ese mismo vigor deberían buscar recursos para salvar a la niñez dominicana de este terrible flagelo.

**

La mejor manera de fortalecer el Gobierno

SANTO DOMINGO, RD.- Es destacable la labor que está realizando el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que en este gobierno del Presidente Leonel Fernández se ha venido fortaleciendo y ha abierto sus puertas para que los servidores públicos se preparen para dar un mejor servicio a los ciudadanos.


Un periodista fue a una oficina pública para solicitar una certificación que necesitaba. Estuvo esperando para ser atendido por mucho más tiempo del que era lógico.

Se dirigió, entonces, a uno de los empleados de dicha entidad. La respuesta fue displicente y desatenta. Situaciones como estas acontecen a diario en las instituciones estatales, pues muchos empleados públicos no entienden que son y deben ser “servidores públicos”.

Muchas veces al hablar de modernización de la gestión pública se piensa en comprar computadoras o en poner acondicionadores de aire en los edificios estatales.

Si bien estas iniciativas son importantes, lo más prioritario debe ser la generación de una nueva mística de servicio público por parte de quienes integran las oficinas del gobierno.

El ciudadano muchas veces se encuentra con servidores públicos abúlicos, perezosos, malhumorados, ignorantes de las funciones, reglas, normas y objetivos de su propia institución.

Es destacable la labor que está realizando el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que en este gobierno del Presidente Leonel Fernández se ha venido fortaleciendo y ha abierto sus puertas para que los servidores públicos se preparen para dar un mejor servicio a los ciudadanos.

Ha llegado a nuestras manos una publicación que recoge la Rendición de Cuentas del INAP 2004-2005.

Llama la atención la gran cantidad de cursos y seminarios que ofrece el INAP, incluyendo videoconferencias periódicas con especialistas de prestigio internacional, así como los avances tecnológicos que permiten a los empleados públicos tomar clases en el INAP por Internet, desde sus oficinas y hogares.

La lectura del documento refleja que se trata de una entidad pequeña, tanto en número de empleados como en presupuesto, por lo que es necesario que el Gobierno le otorgue mayores recursos.

Naturalmente, la labor del INAP va de la mano con un cambio de cultura política nacional. Hay que romper ese criterio ancestral que estima como un esfuerzo vano la preparación de servidores públicos.

Hay que desarraigar la creencia de que no “no vale la pena” capacitar a los empleados públicos, porque su permanencia en el puesto depende de las contingencias políticas que traen las elecciones.

Mucho se habla en este país de reforma, de cambios, de progreso.

La verdad es que no puede haber reforma sin reformadores y no habrá progreso sin técnicos capacitados que desde el gobierno tengan los conocimientos y dominen las técnicas de gestión apropiadas para implementar esas políticas públicas que traerían progreso.

Cuentas claras con el Metro

SANTO DOMINGO, RD.- El Gobierno dominicano luce decidido a llevar a término el Metro, y sus promotores aseguran que la obra será costeada con recursos externos aportados por las empresas que ganen las licitaciones.


Las obras del Metro de la Capital han tomado de sorpresa a la ciudadanía, porque arrancan sin que se le diga al país su costo global, el tiempo de su ejecución y cómo se asignan las diferentes tareas de esa obra.

La fórmula balagueriana de hacer grandes obras sin que le importara mucho lo que sentía o pensaba el pueblo sobre ellas, parece haberse reeditado con este singular proyecto vial.

A las reservas iniciales con que fue recibido el anuncio de que se haría un tren que atravesaría el corazón del Distrito Nacional, ha seguido el sorpresivo inicio de las tareas de su construcción sin que se hayan convocado todos los concursos para la asignación de contratos a las empresas que intervendrán en cada una de sus fases.

Basándose en el ejemplo que más conoce, el Metro de Puerto Rico, el embajador de los Estados Unidos recordó que su costo inicial fue calculado en menos de 500 millones de dólares y terminó en 2 dos mil 400 millones.

“Al final, quien terminó pagando la obra fue el Tío Sam”, es decir, el Gobierno norteamericano.

El Gobierno dominicano luce decidido a llevar a término el Metro, y sus promotores aseguran que la obra será costeada con recursos externos aportados por las empresas que ganen las licitaciones.

El embajador norteamericano se queja de que no ha habido suficiente información pública sobre el proyecto, y se ha afincado en el espíritu y el texto del Tratado de Libre Comercio entre su país y el nuestro para recordar que las cláusulas sobre la transparencia en las licitaciones deben observarse.

Si este gobierno fue un entusiasta propulsor de ese acuerdo, lo cual quedó plasmado en las innumerables reuniones a las que era invitado a Palacio el embajador Hans Hertell, no debería de ninguna manera rehusarse a ser claro, franco y preciso en la información que se le exija sobre este asunto.

Según el embajador, la República Dominicana está abierta para negociar “pero no para los negocios en la forma tradicional”.

El embajador también percibe que este es un proyecto “complejo” y que lo ideal es que se desarrolle libre de controversias. Esa debería ser la preocupación de todos nosotros.

Cuando se mueven sumas multimillonarias y el Gobierno está de alguna manera en medio de ellas, siempre asoman las extravagantes tentaciones de sacar tajadas para los bolsillos de particulares, y entonces es el pueblo el que tiene que pagar con más impuestos y carestías las consecuencias de esos mega-negocios.

Si los promotores del Metro se guardan informaciones vitales, la obra no suscitará ni la comprensión ni el apoyo que debe merecer, en vista de sus previsibles beneficios. Un ejercicio de transparencia no cuesta nada y sí ayuda a “conservar las amistades”.

Una visión exagerada e injusta

SANTO DOMINGO, RD.- Estas distorsiones se difunden y adquieren afuera categoría de verdad porque aquí carecemos de una eficaz maquinaria para poner las cosas en su justo lugar cuando se nos hace daño de esa manera.


Es demasiado exagerada, y por tanto injusta, la visión que ofrece el "The New York Times" sobre la supuesta situación de peligrosidad en que viven los haitianos en nuestro país.

Todavía es más absurda la versión de que aquí solemos matar dos de tres haitianos y dejar uno que huya para que asuste a los suyos con la idea del genocidio.

Estas informaciones descabelladas, publicadas en un medio de tanta fama y aval frente a la opinión pública internacional, distorsionan la realidad de la situación de los haitianos en República Dominicana.

Crean la sensación de que existe persecución sistemática y por demás criminal contra ellos, cuando es todo lo contrario.

Si hubiera xenofobia, no tendríamos las frecuentes y normales ferias fronterizas en los que haitianos y dominicanos comparten el comercio de mercancías diversas.

No cabrían ni se aceptarían en los hospitales de maternidad o de otras especialidades a los haitianos ilegales que vienen aquí a procurar atenciones de salud.

Tampoco podrían vivir en paz y desarrollar sus actividades productivas los que moran en los llamados “Petit Haití” que existen en varias provincias dominicanas, y sobre todo en la Capital.

No podrían estar, tampoco, los miles de estudiantes haitianos que cursan diferentes carreras profesionales en nuestras universidades.

Y resultaría difícil que otros tantos miles se ganaran el sustento suyo y de sus familias trabajando en la construcción, en la agricultura, en los lujosos hoteles y centros turísticos y en la diversa gama de oportunidades que les ofrece esta sociedad.

Luce una falacia pretender proyectar la imagen de un Estado atropellante y abusador mientras se le desconoce el tremendo peso que soporta para aliviar, con comida, con insumos esenciales, con trabajo y con una asombrosa laxitud en materia migratoria, a un pueblo que no encuentra vías ni momentos de sosiego y de estabilidad para salir adelante.

Ahora bien, estas distorsiones se difunden y adquieren afuera categoría de verdad porque aquí carecemos de una eficaz maquinaria para poner las cosas en su justo lugar cuando se nos hace daño de esa manera.

Y, además, porque aquí impera un increíble desorden en lo que concierne al registro y control de los extranjeros, lo que propicia que cualquier acción destinada a corregir una irregularidad se interprete como un abuso a los derechos humanos o como una aberrante política o actitud discriminatoria frente a los haitianos en particular.

En la medida en que no nos hagamos respetar frente a estas malévolas distorsiones, en esa medida seguiremos siendo víctimas, injustamente, de acusaciones que no tienen asidero pero que, en el orden internacional y mediático, cumplen la función de rebajarnos y desacreditarnos como nación y pueblo tradicionalmente hospitalario y solidario.

Deforestación en la frontera

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Muchos esfuerzos y vigilias nos ha costado proteger la foresta de la gula depredadora de los haitianos y de ambiciosos dominicanos como para que ahora se permita la quema intensiva de carbón, a fin de satisfacer las necesidades energéticas de los haitianos.


En una frontera sin leyes, la tumba de árboles para preparar carbón es una rutina devastadora que le está haciendo mucho daño a nuestra foresta.Y no sólo se derriban árboles para la quema del carbón, sino para la venta de maderas violando las normas existentes.

El director de este diario y su asistente se internaron en la loma Vara de Vaca, en Restauración, y lo que vieron allí los dejó boquiabiertos.

Grandes troncos de pinos y otros árboles aparecían alineados a ambos extremos de un camino, y algunos agricultores dijeron que era producto de una tala “ilegal”, pero “tolerada”. Inclusive, denunciaron que autoridades encargadas de cuidar la foresta supuestamente autorizaban el corte, pero cuando los árboles habían sido derribados se apropiaban de ellos y amenazaban a los dueños de las tierras con someterlos a la justicia si denunciaban esta extorsión.

De seguro que tales prácticas se generalizan a todo lo largo de la zona, amparadas en la ausencia de vigilancia militar eficaz a esas alturas.Cruzar de un poblado dominicano a otro haitiano o internarse en montes que dividen a ambos países no es tarea imposible, ni difícil, ni restringida.

En estos momentos se está produciendo una sostenida deforestación y las autoridades están obligadas a ponerle coto.Muchos esfuerzos y vigilias nos ha costado proteger la foresta de la gula depredadora de los haitianos y de ambiciosos dominicanos como para que ahora se permita la quema intensiva de carbón, a fin de satisfacer las necesidades energéticas de los haitianos.

En Jimaní, y concretamente en la margen sur del Lago Enriquillo, esta devastación es ostensible, nociva y preocupante.Camiones llenos de carbón salen de las espesuras de los montes, preferentemente de noche, y pasan sin dificultades los controles de la frontera, internándose en Haití, donde realizan el gran negocio del carbón.

Baitoa, guayacán, bayahonda y cacheo son las especies preferidas para la producción carbonífera, pero más arriba en la línea fronteriza, en las zonas montañosas, el corte abarca maderas tan apreciadas como el pino.

Una prueba fechaciente del contubernio creado entre autoridades y depredadores es que en las últimas semanas han sido cancelados los responsables de algunas dependencias fronterizas de Medio Ambiente.

El subsecretario Miguel Abreu confirma que se han realizado operativos en los cuales se han confiscado centenares de sacos de carbón, y se han sometido a los culpables de estas violaciones. Pero muchos en Jimaní saben quiénes son los verdaderos jefes del negocio, y a éstos, por alguna magia, no les llega el brazo de la autoridad para atraparlos, impedirles su devastación y llevarlos a los tribunales, porque así son las cosas en este país.

**

La vida no vale un chele en este país

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Esa impunidad e irrespeto han roto los bordes o límites de lo sensatamente prohibido y de ahí que, al perder valor los elementos que garantizan la seguridad pública, esta sociedad marche como sin frenos, sin rumbos y sin gobierno.


La delincuencia callejera no cede y cada día nos trae una secuela de hechos horrendos que sólo ponen en evidencia lo devaluada que está la vida en nuestro país.

Darle uno o dos tiros a cualquier persona por la razón más tonta o injusta se ha convertido en un hecho natural para los asaltantes y ladronzuelos, que no temen a las retaliaciones de la autoridad ni mucho menos a las penalidades de la justicia.

El otro día fue apuñalada una mujer y a pesar de la rudeza del ataque, el culpable fue dejado libre por la jueza que atendió el caso en los tribunales.

La gente tiene la percepción de que la criminalidad y el raterismo han aumentado porque los culpables se saben pre-garantizados por las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal.

A cualquier malandrín lo mandan para su casa por “ausencia” o “insuficiencia” de pruebas, y la víctima queda totalmente desprotegida.Eso es lo que está pasando en este país, y a esa laxitud judicial se debe, segurísimo, la facilidad e intencionalidad con que actúan los delincuentes, a la luz del día y con sangre fría, pero más que nada con la íntima convicción de que nada les pasará.

El ambiente, además, está caracterizado por una falta de autoridad en muchos sentidos.

No nos cansamos de repetir que la tolerancia a las más leves infracciones, como son las del tránsito, concretamente la violación de los semáforos y las direcciones de las vías, ha ido creando una atmósfera de impunidad y de irrespeto a las leyes.

Esa impunidad e irrespeto han roto los bordes o límites de lo sensatamente prohibido y de ahí que, al perder valor los elementos que garantizan la seguridad pública, esta sociedad marche como sin frenos, sin rumbos y sin gobierno.

Ha habido un esfuerzo encomiable para reducir la criminalidad y la delincuencia en los barrios con el llamado Proyecto de Seguridad Democrática.

Pero de nada valdrá que se sepan las causas y se conciban los remedios si la Policía no tiene recursos suficientes para responder a las amenazas y desafíos de los bandoleros.

Hay que admitir que el país atraviesa por una situación socioeconómica delicada, que hay demasiado pobreza golpeando el infeliz destino de millares de dominicanos y que ya muchos no tienen esperanzas de nada y en nada.

Los gobiernos no tienen todos los recursos a la mano para resolver este problema, pero tampoco saben usar lo disponible en estas prioridades.

Hay gastos en muchas otras cosas y no en lo que tiene que ver con la estabilidad social y la paz de una nación. Esta es otra de las razones que explican la creciente e imparable vorágine de sangre y violencia en que nos encontramos.

Castigo ejemplar a los violadores sexuales

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Cuando se pierda el miedo al qué dirán o a la venganza que pudiera tomar el malhechor o violador, comenzará a tomar otro cariz en el país la lucha contra estas aberraciones sexuales.


El miedo a las represalias, el silencio o simplemente la desconfianza en que la autoridad y la justicia pueden hacer algo, ha sido la causa de que centenares de violaciones sexuales a menores hayan quedado impunes.Pero ahora, felizmente, tenemos una excepción que puede abrir el camino hacia un cambio de actitud frente a este creciente y ocultado fenómeno.

La familia del actual embajador dominicano en Canadá, y especialmente el padre, han sentado un importante precedente, al manejar públicamente el doloroso y penoso caso de su hija menor, violada sexualmente por cuatro malvados en las cercanías de su residencia.

Sin importar el peso del anatema social que siempre ha gravitado sobre los o las afectadas, la familia Tejera-Messina se cubrió de valor y llevó la denuncia del caso hasta los tribunales, prefiriendo un camino que muchos desdeñan por desconfianza en el papel que la justicia puede jugar para penalizar estos actos, o por no dilucidar el caso ante la opinión pública.

Después de varias audiencias, el tribunal ha fallado condenando a 20 años a los cuatro acusados del estupro de la menor, una sentencia ejemplar que debería constituirse en parámetro de referencia para aplicarla a los demás casos semejantes.

El trauma devastador de una violación, la humillación que representa para la víctima y para sus familiares un hecho bochornoso de esa dimensión, no se minimiza ni desaparece con una sentencia de este tipo, pero complace que no se quede impune.

El ejemplo de actitud valiente de la familia Tejera-Messina debe ser imitado por todos aquellos padres que, frente a una desventura como la que aquellos sufrieron, han tenido el conocimiento de que sus hijos han sido sexualmente abusados, o siquiera que hubo intentos de seducirlos, para que denuncien los casos ante la autoridad y ante la opinión pública.

El hecho de ocultarlos es lo que ha dado lugar a que se reproduzcan las violaciones en nuestro pais, llegando a niveles alarmantes.

Cuando se pierda el miedo al qué dirán o a la venganza que pudiera tomar el malhechor o violador, comenzará a tomar otro cariz en el país la lucha contra estas aberraciones sexuales.

Y la justicia, apoderada de los casos, no podrá menos que penalizar en su justa medida la magnitud y el daño irreparable de esas violaciones con sentencias como las que acaba de dictar un juez frente al proceso que comentamos.

Sólo con respuestas duras y contundentes y con actitudes no complacientes podrán sentarse ejemplos que ayuden a desalentar la práctica impune de estas violaciones y atrevimientos.

Luego hay otras alternativas de más largo plazo, como es la educación y las tareas preventivas, para ir reduciendo la progresiva escala de casos de esta naturaleza, y la sociedad no puede renunciar a esta imperativa y obligada tarea.

Las “bolaspas” en nuestro lenguaje

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- La gran virtud que tiene el nuevo Diccionario Panhispánico de Dudas es que unifica el idioma, pues si bien cada región de América o de España tiene respuestas distintas para el origen y la identidad de muchas palabras, ahora todas quedan reconocidas como iguales en uno y otro caso.


Los brillantes y sabios académicos de la lengua se han inventado un término, que ni siquiera aparece en los diccionarios, pero que dice mucho para el signo y la función que describe.

Es “bolaspa”.
Se hace representar en un símbolo o marca que a menudo vemos en ciertas palabras del diccionario y que consiste en un aspa dentro de una bola. De ahí el nombre compuesto que usa la Real Academia de la Lengua para indicar usos prohibidos en la norma culta del lenguaje.

Y más que prohibidos, en realidad la finalidad de una “bolaspa” es la de considerar incorrecta o desaconsejable ciertas formas linguísticas no aceptadas que, de tanto en tanto, se cuelan en nuestro hablar y en la escritura.

Pero ahora las cosas podrían cambiar y tal vez las “bolaspas” no sean más abundantes y visibles en los diccionarios del presente y del futuro, pues muchos términos han sido ahora aceptados o validados por las academias de la lengua de todo el mundo iberoamericano, permitiendo su uso normal en cualquiera de nuestros países.

Anglicismos tales back-up admiten ahora un equivalente español en “copia de seguridad” o consultora por consulting, mientras por otro lado se aceptan, en su idioma original, los términos jazz, ballet, blues, software, aunque pronunciándose de manera “españolizada”.

El adjetivo sexy ya puede usarse como sexi, el pick-up como picop.Ya podemos llamar “vaqueros” a los pantalones conocidos como “jeans”. O admitir la fonetización del término inglés blue jeans como “bluyín”.

Muchos se preguntan, a veces, cómo es válido decir “adecua”, si con acento o sin él, lo mismo con video, con acento o sin él en la i, o si es correcto escribir o decir imprimido o impreso, si se puede decir jueza, si las mayúsculas se acentúan o cuál es el femenino de canciller.

El nuevo diccionario permite escribir yacusi en lugar de jacuzzi, así como yaguar por jaguar, jaibol por highball.

El caso de imprimido es relevante, pues aunque existe en América una fuerte inclinación a usar el participio irregular impreso, la Academia permite que ambos participios se usen indistintamente en la formación de los tiempos compuestos y de la pasiva perifrástica.

La gran virtud que tiene el nuevo Diccionario Panhispánico de Dudas es que unifica el idioma, pues si bien cada región de América o de España tiene respuestas distintas para el origen y la identidad de muchas palabras, ahora todas quedan reconocidas como iguales en uno y otro caso.

Se abandona el purismo severo en el cuidado y manejo del idioma, y se democratiza . Es una fusión de lengua culta con lengua vulgar.

En definitiva, era inevitable que así ocurriera con el idioma más cohesionado del mundo por su sintaxis y por su sistema fonológico, en el que sólo existen cinco vocales, como ninguna otra lengua lo tiene.

La encuesta

SANTO DOMINGO, Rep. Dom.- Como todas las encuestas, en su esencia esta es una mirada a la realidad dominicana en un momento dado y en un contexto específico, lograda a través de 1,201 entrevistas personales efectuadas del 30 de octubre al 4 de noviembre.


El LISTÍN DIARIO y la empresa encuestadora internacional Hamilton Beattie &Staff se han unido en una relación de trabajo para auspiciar la realización y publicación de sondeos en nuestro país.

Los resultados de la primera encuesta se dan a conocer a partir de hoy, mostrando los niveles de percepción y de preferencias que tienen los dominicanos sobre problemas latentes y sobre los dirigentes políticos.

Al LISTÍN le complace esta alianza estratégica de trabajo con una empresa de bien ganada reputación en el mundo a lo largo de 40 años de experiencia.La Hamilton Beattie & Staff trabaja en Estados Unidos y 22 países del globo no sólo en la realización de encuestas, sino también en la formulación de estrategias de negocios, en relaciones públicas y en la protección y apoyo a marcas de compañías clasificadas entre las 500 más grandes e importantes del mundo.

En una encuesta que hizo el año pasado entre sus propios clientes, éstos le otorgaron un 97 por ciento de satisfacción por el trabajo realizado.La Hamilton Beattie & Staff tiene ya credenciales en nuestro país, pues ha trabajado desde hace diez años en la realización de sondeos políticos.

Sus investigaciones de opinión pública han tenido mucha calidad y seriedad y han servido para que los dominicanos puedan tomar un pulso exacto de una situación concreta, en su debido tiempo y contexto, que les sea de utilidad e interés en sus decisiones.

LISTÍN DIARIO espera que los sondeos contratados con esta firma extranjera contribuyan a ofrecer una idea amplia y clara de lo que piensan los dominicanos acerca de los temas de más actualidad y de la dirección de sus preferencias políticas.

De cara a unas elecciones municipales y legislativas el próximo año, estas encuestas pueden constituir un apropiado ejercicio de monitoreo de las aspiraciones e intenciones de los ciudadanos, estén o no en actitud de votar.

El uso de estas herramientas se ha hecho casi obligado en las sociedades modernas, obligando a las empresas encuestadoras a ser más innovadoras aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación.

El método de entrevista cara a cara es el más generalizado y confiable, pero también las empresas apelan al correo electrónico, al internet y la telefonía computarizada para llegar a más ciudadanos y, por ende, para alcanzar una mayor exactitud en la valoración y las preferencias de los entrevistados.

Como todas las encuestas, en su esencia esta es una mirada a la realidad dominicana en un momento dado y en un contexto específico, lograda a través de 1,201 entrevistas personales efectuadas del 30 de octubre al 4 de noviembre.

Es la primera de una serie y esperamos que sus resultados puedan ser útiles a los ciudadanos, especialmente a nuestros lectores, en su toma de decisiones futuras.

No dejemos caer plan ahorro de combustibles

SANTO DOMINGO, RD.- Aquí observamos que, en tiempos de bajas en los precios locales de los combustibles, se incrementa el consumo y la circulación de los vehículos, como si hubiesen cesado ya las causas imperativas que forzaron al plan de ahorro.


Si el Gobierno está convencido de que “ya terminó el tiempo del petróleo barato”, lo más apropiado es que se empeñe en hacer del ahorro de combustibles una política permanente, que se cumpla a cabalidad.

No puede perder el entusiasmo ni permitir que la ciudadanía también lo pierda. Y más que eso, no puede renunciar a aplicar otras medidas que faltan para completar el conjunto del plan nacional de ahorro de combustibles y energía. Pero el adoptarlas pura y simplemente para decir que existen no es la solución.

Lo primordial es crear conciencia de que a pesar de los altibajos que se han producido en los precios internacionales del barril de crudo, persistirá la tendencia hacia el alza por lo menos durante los próximos tres años.

Como el precio del petróleo depende de muchos factores, cualquier eventualidad negativa o catastrófica lo hace disparar más allá de lo razonable. Y para tales posibilidades debemos estar preparados.

Aquí observamos que, en tiempos de bajas en los precios locales de los combustibles, se incrementa el consumo y la circulación de los vehículos, como si hubiesen cesado ya las causas imperativas que forzaron al plan de ahorro.

Es bueno indicar que esto es un puro espejismo, una mejoría pasajera, que el país todavía no ha podido superar los problemas que vienen arrastrándose de años atrás, que le impiden costear una alta exportación de petróleo, y de petróleo caro.

Las sumas adicionales que han debido aplicarse para la importación de los hidrocarburos constituyen una verdadera sangría, y nos impiden derivar esos recursos a otros asuntos prioritarios y productivos.

El Gobierno puede y debe hacer su parte en el sacrificio, pero sin descuidar su obligación de hacer valer, entre los ciudadanos, la disposición del ahorro exigiendo que se cumplan las medidas dispuestas, sin dobleces.

**

El Diccionario Prehispánico de Dudas

SANTO DOMINGO, RD.- Listín Diario está participando activamente en este evento que concluirá el próximo sábado. Sabemos que el idioma español se ha extendido y se ha enriquecido con fuerza indetenible por horizontes muchos más anchos que la tierra donde fue inventado. Eso nos compromete y nos distingue.


La Real Academia de la Lengua Española ha invitado a su sede a los directivos de los más importantes medios de comunicación del mundo de habla hispana.

Desde el pasado martes, la prensa de hoy comparte butacas con los prominentes intelectuales que prestigian a la humanidad. Juntos y revueltos conversan, debaten e intercambian impresiones sobre los más recientes hallazgos de la ciencia de la escritura, como símbolo ejemplar de lo que debe ser la armoniosa relación profesional que siempre debe existir entre los trabajadores de la palabra.

Unos la embellecen y la visten de lujo. Otros la desnudan hasta convertirla en el principal trasmisor de las verdades que los pueblos necesitan para ser mejores y avanzar en la ruta del ansiado desarrollo.

Allí, en Madrid, se están desarrollando los actos oficiales de la presentación del Diccionario Prehispánico de Dudas que circulará al unísono en todos los países donde se habla el idioma de Cervantes y que ha sido editado por Santillana junto a la Real Academia y a las 22 academias iberoamericanas. La presencia de los medios ha sido y es muy importante en la historia de esta herramienta.

El Diccionario tiene la virtud de haber sido elaborado a partir de las aportaciones, críticas y señalamientos de los académicos de cada país, por lo que se constituye como un instrumento de referencia colectivo de gran utilidad práctica tanto para estudiantes como para escritores y profesionales.

Ayer, los representantes de los medios y los académicos, a raíz de un encuentro con los Reyes de España, suscribieron una Declaración donde establecen:

a) Valoramos de manera muy positiva el esfuerzo realizado por las veintidós Academias de la Lengua Española para ofrecer a todo el mundo hispano parlante una solución consensuada a las más frecuentes dudas lingüísticas.

Creemos que con ello se presta un eficaz servicio a la fundamental unidad del idioma, dentro del respeto a su diversidad de realización.

b) Nos satisface comprobar que son muchos los textos periodísticos que han servido de base de documentación de la continua evolución de la lengua, y que el trabajo de nuestros libros de estilo y las observaciones que hemos formulado a las Academias, de manera particular y en reuniones específicas, han sido aprovechadas con amplitud.

c) Por ello nos comprometemos a continuar esa colaboración aportando críticas y sugerencias que puedan enriquecer el texto y contribuyan a la permanente actualización de la obra.

d) Conscientes de la responsabilidad que en el buen uso de la lengua nos impone el poder de influencia de los medios, nos comprometemos a adoptar como norma básica de referencia la que todas las Academias han fijado en este ‘‘Diccionario prehispánico de dudas’’, y animamos a otros medios de comunicación a sumarse a la iniciativa.

El reto de este libro es enorme. Los medios de comunicación se han comprometido con los Académicos a reconocerlo como norma básica y con el gran incentivo de adaptarse a la personalidad de cada publicación. Y más aún, a partir de ahora, la relación entre los medios y las academias nacionales debe de ser permanente a los efectos de lograr la constante actualización del documento a partir de la constante evolución y enriquecimiento del idioma en cada región.

Listín Diario está participando activamente en este evento que concluirá el próximo sábado. Sabemos que el idioma español se ha extendido y se ha enriquecido con fuerza indetenible por horizontes muchos más anchos que la tierra donde fue inventado. Eso nos compromete y nos distingue. Tanto como dominicanos y como hispano parlantes.

**

Apoyamos la Policía Escolar

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Ojalá que los maestros sindicalizados y las asociaciones de padres de alumnos se conviertan en animadores y sustentadores de esta Policía Escolar, porque de ella dependerá que gradualmente vuelva el orden a los planteles.


La delincuencia y las drogas se aposentaron en las escuelas dominicanas, pretendiendo dañar en su cuna y en su base a los que encarnan el futuro de la patria.

Las escuelas, que fueron centros de ebullición de una generación que propulsaba cambios profundos en esta sociedad, perdieron poco a poco ese rol y quedaron a merced de influencias malsanas, reflejo de la misma descomposición que padece el cuerpo social dominicano.

De ahí que proliferaran los estudiantes armados, proclives a la formación de pandillas, o de aquellos que se prestaban para vender o consumir drogas.

El irrespeto al maestro y a las reglas de la educación se hicieron patentes, al punto de que en los planteles se escenificaron actos violentos, de rasgo y motivación delincuencial contra alumnos y profesores.

Los balances anuales que se ofrecen sobre la educación demuestran la alta deserción, la pérdida de horas de clase por motivos baladíes, el decomiso de armas de fuego y armas blancas, agresiones físicas y violaciones sexuales, así como atracos y otras aberraciones comunes.

En la medida en que la escuela se debilitaba en su papel de formadora y rectora de la moral y la buena conducta, que fueron sus pilares en el pasado, en esa medida se acentuaba esa decadencia.

Además, la ausencia de expectativas positivas para todo aquel que termine el ciclo básico y bachillerato se convertía en factor de desaliento de los estudiantes, y de ahí la facilidad con que abandonan los estudios.Visto en líneas generales ese marco de degradación y de inseguridad, hay que considerar como un paso positivo de las autoridades el restablecimiento de la Policía Escolar.Jóvenes universitarios, preparados para manejar a un estudiantado acostumbrado a romper reglas y desafiar la autoridad, se ocuparán de mantener la vigilancia y la protección de las escuelas públicas.

En la medida de lo posible, esta Policía tratará de evitar el ingreso de estudiantes armados o de “mulas” de las drogas y observar a aquellos que muestran signos o elementos asociados al satanismo, o a los que son propensos a las vulgaridades, las malas palabras y las acciones indecentes, para llamarlos enseguida al orden.

Ojalá que los maestros sindicalizados y las asociaciones de padres de alumnos se conviertan en animadores y sustentadores de esta Policía Escolar, porque de ella dependerá que gradualmente vuelva el orden a los planteles.

La sociedad, en general, debe observar el comportamiento y la forma en que ejercen su misión los policías escolares y ofrecerles, como es debido, el más amplio respaldo a su trabajo.

Es hora de poner un freno al acelerado proceso de decantación, desorden e irrespeto que unos pocos han provocado al interior de nuestras escuelas, que deberían ser faros que proyecten la luz de un mejor porvenir para nuestra patria.

**

Cumbres borrascosas

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Un área de libre comercio es un asunto de tal envergadura que, si de veras se asume como un compromiso hemisférico, requerirá de mucho tiempo para concretizarse


Un antiguo secretario general de la OEA solía decir que América Latina era la región más dividida del mundo, aunque pareciera lo contrario.

El decía que si a Estados Unidos se le hubiese ocurrido hacer una gran donación a toda América Latina y le permitiera a sus pueblos repartírsela equitativamente, en ese mismo momento quedaba atomizada toda la región.

Ese ejemplo, que es fuerte de admitir, se hace realidad de tiempo en tiempo, cuando se avanza algún intento o esfuerzo por unificar pareceres sobre una aspiración común.

Los Estados Unidos, por lo visto, no conocía la aguda percepción que sobre este continente tenía el antiguo secretario general de la OEA. Si lo hubiese sabido, no daría por un hecho que para este 2005, como estaba previsto, funcionase el Área de Libre Comercio de las Américas.

Y es que en la medida en que se acentúa la pobreza y el endeudamiento externo de los países de este continente, menos tiempo tienen sus líderes para enfrascarse en un interminable cotejo de números y cálculos, de ganancias y de pérdidas, en la formulación de un esquema de esa magnitud, que equivale en la práctica a una unión de naciones aprochadas en unas reglas comunes para su comercio regional y para otras prioridades.

De ahí que se vislumbrara, bien temprano, que la “Cumbre de las Américas”, convocada en Mar de Plata, Argentina, no suscitaría tanto entusiasmo de los países latinoamericanos con el compromiso de acelerar la entrada en vigencia del ALCA.

Ya han asomado fuertes tendencias en contra, en las que se reflejan las formas de pensamiento y visión política y estratégica de algunos presidentes que, como los del Mercosur, se sienten cómodos y menos dependientes del “imperio” con su propio esquema subregional.

Los pocos países que han suscrito acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, se sienten privilegiados con esa relación y probablemente no se esfuercen demasiado por involucrarse en una unión de más dimensión como el ALCA.

A Europa le tomó casi veinte años, contando con un órgano llamado la Comunidad Económica Europea, el diseñar y poner en práctica el anhelado propósito de su actual unión, al costo de grandes ajustes y reformas.Un área de libre comercio es un asunto de tal envergadura que, si de veras se asume como un compromiso hemisférico, requerirá de mucho tiempo para concretizarse.

El ejemplo del acuerdo firmado entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana es una muestra de lo meticuloso y decisivo que resulta armonizar intereses, niveles de competencia y de desarrollo, tamaño de mercados y prioridades nacionales, para alcanzar un tratado común.

Las “cumbres presidenciales” no han podido lograr mucho en este sentido. Pese a la gran oferta de los Estados Unidos con el ALCA, y lo que hemos visto en Mar de Plata, no hay duda que el antiguo secretario general de la OEA estaba en lo cierto en cuanto a sus percepciones.

**

Los que nos salvan la cara

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Tenemos una nación demasiado dividida en territorios o “cacicazgos” de políticos que manejan improductivamente presupuestos y que establecen prioridades totalmente distintas a las que fueran deseables establecer y cumplir con un criterio de lo nacional.



Sólo las glorias de nuestros artistas y deportistas, con el telón de fondo de nuestras bellezas naturales, han salvado en gran medida la imagen que el país proyecta al mundo y que persistentemente dañan nuestros gobiernos y nuestros políticos con sus desatinos y sus ambiciones.

El orgullo nacional reverbera en las competencias o los escenarios a los que concurren nuestros talentos gananciosos, aportando toques de virtudes a una nación que, por dentro, se debate entre problemas ancestrales o nuevos, que cada vez que se examinan desde fuera producen siempre los mismos veredictos negativos.

Las últimas evaluaciones que se hacen al conjunto de nuestras realidades dejan un sabor amargo a todos aquellos que todavía se preguntan ¿por qué seguimos tan atrasados y tan desordenados en muchos aspectos?

Si nos fuéramos a comparar con otros conglomerados semejantes en territorio y población, descubriríamos que en el mundo hay muchas ciudades que individualmente se igualan a nosotros en esas dos características y que funcionan bien con un alcalde.

Aquí, en cambio, sostenemos un modelo que fragmenta y atomiza las energías nacionales. Tenemos una nación demasiado dividida en territorios o “cacicazgos” de políticos que manejan improductivamente presupuestos y que establecen prioridades totalmente distintas a las que fueran deseables establecer y cumplir con un criterio de lo nacional.

Los políticos y sus partidos hacen uso a su mejor parecer de la riqueza nacional, una riqueza real que se expresa en un considerable producto interno bruto, y a la hora de pasar balance a lo que se ha hecho con tanto dinero lo que sobresale es discontinuidad de los procesos, parálisis, corrupción y los demás parámetros vitales por el suelo.

Para suavizar un tanto estas precariedades y atrasos, nos engrandecemos cuando un Juan Luis Guerra es colmado de apetecibles premios internacionales al talento y la gracia de la música; cuando otros artistas se ganan los corazones de gentes de todo el mundo, cuando los deportistas rompen marcas o se posicionan entre los mejores de sus categorías a nivel internacional, o cuando los que nos visitan quedan maravillados de nuestros paisajes y del trato sumamente hospitalario que les brindamos, porque todavía conservamos ese activo tan valioso de nuestra idiosincrasia.

Pero más allá de estos puntales, lo que tenemos a la vista es un panorama de retrocesos causados por el reparto político, por el accionar de grupos que sólo actúan en función de sus propios intereses, haciendo muy poco por mejorar los índices de la atención a la salud, a la educación, a las múltiples necesidades de los ciudadanos, y al gran cáncer que nos corroe: la pobreza cada vez más expansiva y generalizada.

El modelo más patético lo ofrece el propio Presidente, cuando dice que este país se asemeja a un enfermo que todavía no se levanta de su lecho y echa a andar por donde se debe y como se debe.

¿Haitianos o dominicanos, qué son ahora?

Hay muchas interrogantes sobre el nuevo destino de estos ciudadanos que, por obra y gracia de un plumazo, perdieron una “nacionalidad” certificada oficialmente, aunque irregular o ilegal en su origen.



Al cancelar las actas de nacimiento de casi 90 personas de origen haitiano que fueron gestionadas por dos sacerdotes, la Junta Central Electoral ha convertido en parias a todos los afectados.

¿Cuál será, entonces, de ahora en adelante, la situación jurídica de estos desarfortunados ciudadanos?

Si muchos de ellos ya hicieron vida pública con un sello de identidad dominicana y posiblemente han sido acreedores de otros documentos del Estado Civil que los acreditan como dominicanos, ¿a qué consecuencias jurídicas se exponen ahora como simples excluidos o parias?

Pretendiendo corregir una situación que ahora se reputa ilegal, la JCE despoja virtualmente de sus derechos civiles dominicanos a ese grupo de ciudadanos que todavía no se sabe si son haitianos o dominicanos, y los deja en un limbo.

Si nacieron aquí y por una razón de humanidad fueron declarados dominicanos por obra de las gestiones –legales o no– de dos sacerdotes extranjeros, hay que establecer una culpabilidad de hecho y de origen: la de los oficiales civiles que se prestaron para legalizar esas declaraciones de nacimiento.

¿Han sido sancionados los culpables de haber oficializado una ilegalidad? Tal parece que no. La penalización, sin embargo, ha caído sobre los ciudadanos que se beneficiaron del documento, tal vez sin que ellos tengan la auténtica culpa o responsabilidad de dicho delito o irregularidad.

Hasta donde ha podido saberse, la mayoría eran niños cuando fueron declarados por ante las oficialías de dos provincias dominicanas. Se supone que ahora muchos de ellos son adultos, posiblemente dotados de cédulas y de un bagaje de documentos y pruebas que “confirman” su condición de ciudadanos dominicanos.

Tal vez muchos actúan y sienten como dominicanos, o verdaderamente nacieron aquí y, por tanto, son merecedores de la ciudadanía.Este aspecto tiene que dilucidarse y aclararse, para que no incurramos en una injusticia pretendiendo corregir un procedimiento ilegal e irregular.

Por lo pronto, ¿qué pasará ahora con esos parias si acaso viven todavía en el país y han ejercido sus actos a plena conciencia de que son dominicanos?¿Se les declararán nulos todos los actos que, subsiguientemente, y como dominicanos, realizaron, incluyendo la variedad de documentos a los que probablemente han tenido derecho en virtud de su primaria condición ciudadana?

Hay muchas interrogantes sobre el nuevo destino de estos ciudadanos que, por obra y gracia de un plumazo, perdieron una “nacionalidad” certifificada oficialmente, aunque irregular o ilegal en su origen, y estas interrogantes deben ser respondidas por los especialistas del Derecho, antes de que nos venga encima otra demanda y otra condena desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Un mensaje enjundioso y sereno

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. - Nos identificamos plenamente con el llamado que hace la Conferencia del Episcopado Dominicano al Estado para que resuelva y reordene el fenómeno migratorio sin prejuicios, con visión positiva de la inmigración y con serenidad.


La Conferencia del Episcopado Dominicano, con la responsabilidad que caracteriza a la Iglesia Católica, ha realizado una verdadera radiografía a esta especie de tumor en que se ha convertido el tema de la creciente inmigración haitiana en nuestro país.

Esta problemática requiere con urgencia de una solución legal y humanitaria.

El mensaje de los obispos analiza, prácticamente en todas sus partes, la historia y la situación contemporánea de las migraciones, específicamente la entrada cada vez mayor de ciudadanas y ciudadanos haitianos a territorio dominicano.

Ciertamente a todo ser humano le compete el derecho de trasladarse de un lugar a otro, de buscar nuevos horizontes y aventurarse a nuevas posibilidades para lograr la estabilidad económica de su familia.

Es una prerrogativa que no se puede discutir ni rechazar, siempre que se haga sobre el marco del respeto a las leyes y el reconocimiento de los propios deberes.

Bajo este precepto, tal como expresa el Mensaje de los obispos, el Estado dominicano tiene la impostergable obligación de abordar con seriedad y carácter el tema de las regulaciones migratorias con la aplicación de las normativas vigentes, empezando por la propia Constitución de la República.

Ya es hora de actuar con acierto para lograr una solución definitiva al desorden migratorio y a los desatinos en la política domínico-haitiana, desechando cualquier tipo de violencia o sesgo xenófobo contra nuestros hermanos vecinos.

Si hay una institución que tiene calidad para pronunciarse en estos términos, es la Iglesia Católica, pues ha sido ella, y no cualquier institución improvisada que busca afanosamente personería jurídica para lucrarse de las miserias, la que con mayor presteza y constancia ha acogido con cristiana actitud a los inmigrantes indefensos, a millares de familias haitianas que han encontrado en parroquias y sacerdotes a los cirineos que los han ayudado a cargar la cruz del rechazo, del hambre y de la miseria.

Nos identificamos plenamente con el llamado que hace la Conferencia del Episcopado Dominicano al Estado para que resuelva y reordene el fenómeno migratorio sin prejuicios, con visión positiva de la inmigración y con serenidad. Como plantea el Mensaje, se hace impostergable la puesta en ejecución, de manera urgente, de los requerimientos para que se cumpla con la nueva ley que rige esta materia.

Pero no podemos olvidar que el problema de la migración haitiana, masiva y constante hacia nuestro territorio tiene su origen en la desestabilización política y económica de Haití, grave situación, cuya solución requiere del concurso y la participación de la comunidad internacional. Si las condiciones de esa nación mejoran, lo mismo ocurrirá con sus ciudadanos, y consecuentemente con esta problemática que representa cada vez una mayor migración hacia nuestro país.

Nos unimos a la voz responsable y humanitaria de la Iglesia Católica, que reclama el reconocimiento de la dignidad humana, el reconocimiento a los derechos de los inmigrantes haitianos que se encuentran en nuestro país de manera legítima, la regularización del status de quienes no están documentados, las repatriaciones legales y humanas, la negación de la violencia y la xenofobia, y el innegable principio de la equidad.

Las Sagradas Escrituras nos dicen en uno que otro versículo que Dios no hace excepción de personas, no margina nacionalidad ni raza; que acoge al desvalido e invita a llamar hermano al extranjero. Bajo estos valores nos inscribimos y nos unimos al reclamo de que las autoridades se decidan a enfrentar con responsabilidad y justicia un tema que nos compete a todos y que no admite demora.

**

Centros de salud sin supervisión

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.-Unas 9 mil clínicas o centros de salud funcionan sin tener el certificado de habilitación que expide la Secretaría de Salud Pública cuando comprueba que reúnen las condiciones requeridas por la ley

En cualquier sociedad organizada, no hay hotel, restaurante o clínica que opere sin supervisión de alguna autoridad oficial.
Las licencias o franquicias que se otorgan para que uno de estos centros opere están subordinadas a una serie de requisitos que deben ser escrupulosamente observados.
Si no lo hacen, las autoridades cierran estos establecimientos o imponen multas según la gravedad de la falta.
Aquí no hemos llegado todavía a esos niveles, salvo en el caso de empresas industriales o importadoras que sí requieren de certificados de calidad y de seguridad.
No se sabe de que se ejerza una sistemática supervisión de centros como los que hemos citado, ni que se obligue a sus propietarios u operadores a sujetarse a las reglas establecidas.
Es el caso de 9 mil clínicas o centros de salud que funcionan sin tener el certificado de habilitación que expide la Secretaría de Salud Pública, cuando comprueba que reunen las condiciones requeridas por la ley.
Por tanto, la Secretaría de Salud no sabe a ciencia cierta si todo lo que se denomina clínica o consultorio está en condiciones de higiene, equipos, recursos humanos e insumos para atender a los pacientes.
Ese descontrol es gravísimo, porque denota una incapacidad del mismo Gobierno para establecer si sus normas farmacéuticas, clínicas o de otra índole se cumplen en el país.
El propio Colegio Médico Dominicano admite la situación y dice que la mayoría de los hospitales y clínicas, sean públicos o privados, no cumplen siquiera con las exigencias básicas para ser certificados.
Problema mayor todavía.
Esto amerita que se le preste urgente y seria atención, porque está en juego la salud de la ciudadanía y porque la ley, en este caso, no está siendo respetada.
Es preciso indicar que de ese número de 9 mil centros ya unos 2,300 han solicitado la certificación.
Sigue entonces siendo grave que, si califican, no tengan ya dicha certificación, como garantía a los pacientes de que las cosas en esos lugares se hacen según las normas apropiadas.
Lo que se sabe, hasta el momento, es que unos 1,747 establecimientos recibieron “certificados de habilitación” provisionales, provistos casi a la carrera, sin haberse sometido estrictamente a la inspección y la evaluación requerida.
Como quiera que se vea el problema, asoma la incompetencia, el descuido, el desprecio hacia un mandato de ley que está llamado a garantizar a los ciudadanos cierta calidad profesional y ambiental a la hora de procurar la salud.
Estas son de las cosas que andan manga por hombros en nuestro país, lamentablemente.