El Día del Padre

SANTO DOMINGO, R.D.- El Día del Padre no es solamente para honrar a nuestro progenitor, sino a todos los hombres que actúan como figura paterna como los padrastros, tíos, abuelos, y en general al símbolo, ya que todos son merecedores de respeto y admiración.



La fecha de celebración del "Día del Padre" no es idéntica a nivel mundial. En la tradición católica, por ejemplo, el homenaje se tributa en ocasión de los festejos por el día de San José, el 19 de marzo en el santoral.

Sin embargo, muchos países tienen su propia fecha, de acuerdo a sus tradiciones. Mientras que en la República Dominicana la celebración coincide con el último domingo de julio, en Australia y Nueva Zelandia los festejos se cumplen el primer domingo de septiembre. En Bélgica: el día de San José pasa para el segundo domingo en junio. En Brasil y en Taiwán ocurre en agosto, mientras que en los países nórdicos el cumplimiento sucede el segundo domingo de noviembre. Un hecho peculiar es que en Tailandia se celebra con el cumpleaños del rey, el 5 de diciembre. Con independencia de esta variedad internacional, lo cierto es que hay un consenso muy bien definido para el homenaje.

El Día del Padre no es solamente para honrar a nuestro progenitor, sino a todos los hombres que actúan como figura paterna como los padrastros, tíos, abuelos, y en general al símbolo, como merecedores de respeto y admiración.

La historia de la fecha data de 1909, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso la idea de celebrar el Día del Padre.

Esta mujer se inspiró en el profundo amor que sentía por su progenitor, un veterano de la guerra civil llamado Henry Jackson Smart, que enviudó al su esposa morir en el parto de su sexto hijo y, a partir de ahí, se hizo cargo de la crianza de los niños, suplantando el amor y la dedicación de la madre y a la vez, cumpliendo su rol de padre. El primer Día del Padre se celebró en Spokane, Washington un 19 de junio de 1910. Ese mismo día, en varias ciudades de los EEUU, la gente se unió a las celebraciones.

Pero oficialmente en los EEUU se festeja desde 1924, cuando el presidente Calvin Coolidge declaró la fecha como celebración nacional.

En 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre.

De inmediato, muchos países latinoamericanos adoptaron la celebración para honrar a todos los hombres que cumplen ese rol.

Las primeras celebraciones eran netamente familiares e íntimas. Pero con el paso del tiempo, los comercios se poblaron de regalos para agasajar a los padres en su día.

Más bulldozers y menos teorías

SANTO DOMINGO, R.D.- Aunque hagan ruidos y provoquen desvíos del tránsito o algún tipo de incomodidad a los ciudadanos en sus rutinas habituales, en el fondo el ciudadano aprecia que los bulldozers estén en las calles, en los pueblos o en cualquier carretera, demostrando que el Gobierno trabaja.



Nos acercamos al primer año del Gobierno y son más los anuncios de intenciones que las realizaciones concretas.

Proponemos voltear este escenario futurista por uno en que la acción inmediata haga frente a nuestras más imperiosas necesidades.

Vayamos a la política del bulldozer. Y cuando hablamos del bulldozer, en realidad queremos referirnos al uso intensivo de máquinas que juegan un papel primordial en la construcción de todo tipo de edificaciones, carreteras, túneles, avenidas.

No hay una actividad más generadora de empleos que la que produce la llamada “industria de la construcción”, y la que mejor proyecta al pueblo las señales de una dinámica acción del Gobierno.

Con los bulldozers, o las popularmente llamadas “comesolas”, el primer gobierno del presidente Fernández plasmó grandes obras públicas, que le dieron un sello de realizaciones a toda su gestión, aunque se le criticara el énfasis que estos “megaproyectos” fuesen puestos en dos grandes ciudades y no en el resto del país.

Cuando los bulldozers mueven sus pesados andamiajes excavando terrenos y preparándolos para zapatas de edificios o plataformas de carreteras, o cuando realizan movimientos de tierra o de asfalto, la economía también se mueve a la par con ellos.

Pero si uno viaja a cualquier provincia y no ve estos aparatos en función, o ni siquiera los ve por parte alguna queda con la percepción de que hay parálisis en esta materia.

Aunque hagan ruidos y provoquen desvíos del tránsito o algún tipo de incomodidad a los ciudadanos en sus rutinas habituales, en el fondo el ciudadano aprecia que los bulldozers estén en las calles, en los pueblos o en cualquier carretera, demostrando que el Gobierno trabaja.

Por eso insistimos en que bajo la situación de crisis y apreturas que este Gobierno heredó de otro que dejó numerosas obras inconclusas, lo primordial es que, en un ejercicio temporal de austeridad, suprima secretarías y direcciones generales que no juegan un papel vital en la solución de las necesidades perentorias.

Que se usen esos recursos en la financiación de obras, de casas, de carreteras, de lo que sea, y que el Estado reduzca su nómina por esta vía. Esa combinación de medidas hará dinamizar la economía, crecerá el empleo productivo y habrá dinero circulando entre el público, lo que no ocurre ahora.

Al Gobierno se le ve acorralado por un desborde de la delincuencia. Pero también se le ve como extasiado y conforme en la más sublime, vaporosa y pulquérrima nube de ilusiones, entregado al examen de cuestiones abstractas, inasibles, en un temario que si bien es relevante debatir en foros, cumbres o seminarios, no tienen la virtud de producir para hoy, para lo inmediato, el pan que sacia el hambre de millones de estómagos vacíos, o el dinero que alivia nuestras cuencas. Los bulldozers pueden cambiar el panorama.

Una emboscada alevosa y cruel

SANTO DOMINGO, R.D.- Nunca nos han asustado las bravuconadas, las amenazas ni las acciones criminales directas que se han ejercido a lo largo de 116 años de historia de LISTÍN contra la empresa o contra sus ejecutivos y periodistas.



El asesinato, anteanoche, de Ángel Bello Pérez, asistente del señor Ramón Báez Figueroa, en una emboscada audaz, alevosa y cruel, nos conturba profundamente.

Las primeras informaciones indican que un grupo de hombres armados, perfectamente sincronizados en su plan de ataque, bloquearon su camioneta en pleno elevado de la avenida 27 de Febrero, en el centro de la ciudad, la perforaron con decenas de disparos y mataron al señor Bello Pérez, dejando su cadáver con el signo distintivo de estos grupos: el tiro de gracia.

Por ser, en esos momentos, el asistente del ex presidente de la Editora Listín Diario, sentimos de cerca el impacto de su cobarde asesinato y, sacando fuerzas en medio de la indignación que nos causa, exigimos al Gobierno el inmediato esclarecimiento de este caso.

Estamos conscientes de que el país está arropado por una grave ola de delincuencia, caracterizada por la actuación sin trabas de asesinos y rateros que desafían a una autoridad paralizada por la indecisión o por un precario ejercicio de sus atribuciones, y que bajo tal estado de inseguridad sólo podemos dar gracias a Dios por cada día que sobrevivimos a esta orgía de sangre y de irrespetos.

Pero también estamos conscientes de que, con o sin autoridad responsable, hay grupos que operan al dictado de órdenes y mandatos con los códigos inconfundibles de la mafia, para enviar sus señales de advertencia a los futuros objetivos de sus retaliaciones y venganzas.

Este diario y la familia propietaria, Báez Romano, a la cual el señor Ángel Bello Pérez servía con honradez, con lealtad, con fino caracter de hombre cristiano y pacífico que a nadie ofendía ni provocaba, está consciente, por igual, de todos los riesgos que entraña el ejercicio de un periodismo independiente y, sobre todo, denunciador de los nexos entre capos de la droga y delincuentes de toda laya con el pasado régimen.

Nunca nos han asustado las bravuconadas, las amenazas ni las acciones criminales directas que se han ejercido a lo largo de 116 años de historia de LISTÍN contra la empresa o contra sus ejecutivos y periodistas. No dejamos de reconocer que, en el fondo, hay algunos que quisieran vernos desaparecer, o confinados a un ejercicio mediatizado, complaciente y parcial con sus intereses.

Son los intolerantes de siempre; los que se sienten desnudos en sus falsas poses públicas o descubiertos en sus más insanas, burdas y corruptas acciones, o los que son capaces de recurrir a las mentiras, al abuso del poder y a las trampas jurídicas, para apoderarse de esta empresa o para controlarla desde fuera.

De ese tenebroso universo humano salen gentes que son capaces, por paga, de matar inocentes, de llevar a cabo ajustes de cuenta, de cometer acciones osadas para intimidar a quienes adversan o de prestarse a todas las bajezas posibles.

A esos, y a sus patrocinadores, les dejamos este mensaje claro: no nos chantajearán, no nos amedrentarán, no nos silenciarán ni nos harán recapitular en la sagrada misión que hemos asumido a lo largo de más de un siglo de existencia.

Lo que Roberto le ha devuelto a la ciudad

Tres grandes avenidas, el Malecón, el Expreso Quinto Centenario y la Tiradentes, en el barrrio de Cristo Rey, se convierten los domingos en espacios libres de automóviles.
Durante todo el día, esos espacios pertenecen al público, especialmente a los de clase media y pobres que no disponen de clubes, resorts ni otros exclusivos lugares para divertirse como los tienen los ricos o acomodados.
Una sensación de libertad, de pertenencia, invade a todos aquellos que cada domingo hacen de esas avenidas un territorio propio para jugar, descansar, pasear, hacer ejercicios, bailar, promover “picnic” y botar el golpe de una semana probablemente tensa, apabullante, en la que las carencias, las frustraciones y la delincuencia atormentan sus espíritus.
Conjuntamente con esta iniciativa de clausurar esos espacios que la ciudad les ha quitado a sus gentes para dárselos a sus vehículos contaminantes y ruidosos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha emprendido una campaña denominada “Yo amo a mi barrio”. Tiene por finalidad elevar la estima y el sentido de identidad y de vecindad de las gentes de los barrios pobres, a los que solemos tipificar como antros de drogas, de delincuencia, de violencia y de los peores estigmas sociales.
Roberto Salcedo, el síndico, ha sido el artífice de este extraordinario esfuerzo.
Con ello, le ha devuelto a los pobres, a los carenciados, las oportunidades de salir de sus tugurios, de sus patios, de sus malolientes laberintos, para disfrutar a sus anchas un día pleno, feliz, en esos espacios abiertos, arbolados, que se hacen más puros cuando no circulan los vehículos.
Esta Capital, cada día, enajena espacios a las gentes para dárselos a los carros y los autobuses, cuando lo apropiado sería que hiciéramos nuevos parques, nuevos jardines, nuevas plazas. Cómo es posible, para citar un ejemplo, que un área del Parque Olímpico sea ocupada por un sucio taller de chatarras que debería herir la sensibilidad del Presidente de la República cada día que pasa por el frente, y cómo es posible que el Parque del Este haya sido mutilado para erigir las obras del elefante blanco de los Juegos Panamericanos?
El sentido de amor al barrio que Roberto Salcedo ha promovido con gran acierto debería generalizarse. Es a toda la ciudad a la que debemos amar, convirtiendo otras avenidas en espacios libres, y no sólo los domingos, sino los fines de semana, creando más plazas y remodelando otras zonas, como la avenida Duarte, para hacerlas más peatonables, más para humanos que para máquinas.
Esta es una ciudad contaminada, agresiva, ingrata y peligrosa para el peatón, donde ni siquiera hay aceras apropiadas para que pueda transitar, ni mucho menos espacios libres para su recreación. Tenemos que hacer mas bulevares y parques, y cerrar incluso algunas calles y avenidas —en ciertos casos hasta permanentemente—para darle al pueblo lo que una falsa “modernidad” urbanística no ha podido: nuestro sentido de pertenencia y de sociabilidad.

Ni siquiera en el hogar estamos seguros

SANTO DOMINGO, RD.-Un profesor, que duró 25 años en la UASD impartiendo Física, estaba plácidamente en su hogar, junto a su esposa e hija, y un asesino, a sangre fría, entró a la galería, le disparó tres balazos y lo mató.
Otro dominicano, inexplicablemente, ha caído en medio de esta cadencia de fuego, horror y sangre que ha teñido al país y que no da señales de ser parada en seco.
Se acrecienta la inseguridad de todos nosotros. Ni siquiera el hogar es, ya, un espacio protegido en el que una familia pueda sentirse a salvo del golpe aleve de un criminal, de un ladrón o de una bala perdida.
Toda la ciudadanía está en peligro, y eso lo saben las autoridades que ya han realizado un diagnóstico amplio y profundo sobre este fenómeno.
De ahí ha surgido el llamado plan de seguridad democrática.
Ese plan revela hallazgos importantes. Por ejemplo, ha detectado que existe una fuerte percepción de que los jóvenes adultos y los menores de los barrios pobres se sienten estigmatizados por la sociedad.
Como en los barrios pobres es que se desatan las refriegas y los insólitos, esos jóvenes sienten que la sociedad los culpabiliza y los discrimina.
Dicen, por ejemplo, que si un joven de Capotillo, Las Cañitas, Gualey o Guachupita entrega un currículum en una empresa, no le dan el empleo por provenir de esos barrios.
Este estigma social se une al fenómeno de las pandillas juveniles y al del narcotráfico, para crear las condiciones de un estado de rebeldía, violación de la ley, insatisfacción y desafío al estado de cosas del país.
Ha coincidido con una veloz pérdida del prestigio y la autoridad de la Policía, a cuyos miembros asocian abiertamente con cualquier modalidad de delincuencia.
La institución ha caído presa en este desajuste, y por eso la sociedad se encuentra hoy totalmente desprotegida, insegura y atemorizada.
Por eso a cualquiera le dan un tiro, ya sea para robarle, para cobrar una deuda, para patentizar un desacuerdo o para sembrar más terror y luto en la familia dominicana.
Estamos llegando a un punto en que cada vez más nos convencemos de que, simultáneamente con acciones para dar vida a los clubes, crear espacios de recreo y sociabilidad, fomentar empleos y facilitar el acceso a la educación y a la salud, debe aplicarse la “mano dura” de la que nos habló el Presidente en su mensaje a la nación el pasado 27 de febrero.
Esa “mano dura” no se ha sentido. Por el contrario, cada día hay más sangre, más muertes, más atracos, más gentes abusadas y humilladas por los pandilleros, y más sensación de inseguridad paralizante y más deseos de muchos de salir huyendo de este infierno, de esta selva sin leyes.

El PLD tiene que aclarar ese asunto

SANTO DOMINGO, RD.-Justo en el momento en que el Gobierno ha diseñado un plan de ética pública, su propio partido admite la posibilidad de que altos funcionarios hayan hecho “uso y abuso” de los recursos del Estado para promover acciones fraudulentas en su pasada elección de dirigentes.
El “uso y abuso” de esos recursos está castigado por la misma Constitución de la República y por su Código Penal. Y si faltara poco, lo proscribe la plataforma aprobada por la Comisión Nacional de Ética y Contra la Corrupción.
Ningún partido está exento de sufrir los efectos de fraudes y tramposerías en sus convenciones o elecciones internas, ni de que las luchas internas se tornen violentas o desestabilizadoras. En definitiva, en ese ambiente de pujas y discrepancias es que desarrollan su ejercicio, tanto si están en el poder como si actúan fuera de él.
Estamos acostumbrados a esas prácticas, para las cuales ellos mismos establecen sus propios códigos de indulgencia, bajo la premisa de que en política no importan los medios, sino los fines. Por eso es que la ética o la moral poco asiento tienen dentro de sus organizaciones o en la conducta individual de los políticos.
Y de esa degradación moral se contagia, desafortunadamente, el ejercicio del poder. Si las democracias están en peligro, o se reputan frágiles en nuestros países, es en gran medida a causa de la corrupción de sus premisas y de sus fines. Los políticos desvergonzados y corruptos son los culpables de esa situación. Por eso lucen con tan baja estima ante la sociedad.
En el caso particular del uso y abuso de los recursos del Estado, es preciso determinar si fue cierto. Y si lo fue, la magnitud de las cantidades dilapidadas ilegalmente. Y, en consecuencia, el partido debe elegir entre apañar esa inconducta gravísima, o dar un ejemplo a la nación, denunciándola y sometiendo a los culpables a la acción de la Justicia.
De lo contrario, si se comprueban esas y otras irregularidades en su proceso electivo, constituiría una vergüenza para el propio presidente del partido, que lo es al mismo tiempo de la República, el que su reelección en ese cargo político se haya producido en un marco contaminado por el fraude y la acción dolosa.
Un gobierno, un presidente y un partido que han proclamado su apego a las normas éticas en su ejercicio público no pueden permitir, bajo ninguna circunstancia, que las prácticas corruptas se aposenten en sus actividades internas, so pena de merecer el rechazo de una población que quisiera más sanidad, más limpieza y más seriedad en el sistema de partidos del país.
Además, si las denuncias se comprobaran, constituiría una ofensa al país, sometido a privaciones, a cargas impositivas y a un escenario de restricciones y desesperanzas, que los recursos que el Estado recauda para dedicarlos al bien común, sean desviados para doblegar voluntades y comprar conciencias o para patrocinar escandalosos fraudes electorales internos.

¿E’ p’atrás que vamos?

SANTO DOMINGO, RD.-Después del revelador estudio de Gallup sobre el uso del tiempo en las escuelas dominicanas, no queda más remedio que proclamar que, en esta materia, es “p’atrás que vamos.”
El dato elocuente es que en las escuelas sólo se imparten la mitad de las horas de clases al día, por tanda.
La razón fundamental: los maestros no asisten porque tienen reuniones de su gremio, o porque están enfermos.
Los alumnos no asisten porque han enfermado, porque sus padres no los envían a las escuelas, por voluntad propia del estudiante o porque están trabajando.
Ante esas revelaciones, la secretaria de Educación ha dicho que “esos resultados no sorprenden a ninguno de los que estamos en este acto, porque todos y todas, de alguna manera somos conocedores de la problemática”.
Si es así, por qué, entonces, no ha sido radicalmente resuelta?
Demasiado dinero invierte el Estado en la educación pública como para que un aspecto tan esencial como es el cumplimiento elemental del horario no venga a convertirse, como luce que es ahora, en una de las mayores y agudas deficiencias del sistema.
Lo penoso es que el principal causante de la no docencia es el maestro, que desperdicia su tiempo en reuniones del gremio o entre sus colegas, descuidando su obligación primordial frente a la sociedad y al alumno.
¿Por qué esas reuniones no se hacen fuera del horario de las clases?
Si no se pueden hacer, entonces la sociedad debe reclamarle a la Secretaría de Educación que pague sólo por horas impartidas, y de esa manera el maestro que no desee ganar más de lo que percibe puede aprovechar su tiempo en las reuniones gremiales, mientras se buscan sustitutos dispuestos a enseñar.
El principio de la autoridad y de la continuidad en la escuela depende mucho de la actitud y del cumplimiento del maestro. Si el alumno no percibe interés en el educador, y se acostumbra a verlo faltar por motivos baladíes, entonces se desencanta y se frustra y él también deja de asistir.
Y así se forma una cadena de incumplimientos que, a la postre, perjudica a todos, pero principalmente a la sociedad, que ha confiado la formación de sus recursos humanos a una escuela infuncional, irresponsable, vaga.
No es un buen consuelo el decir que ese problema se conoce. Lo propio hubiese sido que se anunciase que ya fue resuelto.
Esto exige una rápida y firme decisión de las autoridades, para detener este retroceso, este imperdonable desperdicio de horas sin dar docencia en el que la mayor parte de la culpa recae, según los resultados de la encuesta, en los propios maestros, que tantos beneficios reclaman.

Las “terrabandas”

SANTO DOMINGO, R.D.- Las “terrabandas” son hábiles para incursionar de noche en un territorio privado, destruir carteles e instalar alambradas y levantar casuchas, y crear una presión social y jurídica a los propietarios, para que se vean forzados a negociar o a ceder frente a sus reclamos, aun cuando no tengan la razón.



Al menú delincuencial del país hay que agregarle uno que ya está asumiendo características de fenómeno en las zonas de vocación turística: el de las “terrabandas”.

Ya habíamos denunciado sus onerosos efectos en el caso del Suroeste, donde luego de anunciarse que se ejecutaría un proyecto de desarrollo integral de Bahía de las Águilas, sospechosamente comenzaron a producirse lo que en principio se llamó “invasiones de terrenos”.

El objetivo de las “terrabandas” no es intentar ocupar tierras y acelerar un asentamiento humano improvisado con “padres de familia” alquilados para tal fin, sino crear una situación de chantaje para obtener dinero a cambio de retirarse.

Participaban personas que, bien conectadas en oficinas donde reposan títulos de propiedad, se las ingeniaban para falsificar títulos o para lograr, en contubernio con autoridades corruptas, copias de expedientes que indican con precisión los linderos de tierras a las que tomaban por asalto.

Ahora está ocurriendo lo mismo en la zona costera del Noroeste, desde Manzanillo hasta Punta Deborah, donde existen planes ambiciosos para establecer nuevos proyectos turísticos y el conjunto de infraestructuras que siempre los acompañan.

Esa zona es remota y despoblada. Estas condiciones de desolación, de incomunicación y de poca vigilancia, facilita no sólo la incursión de los “terrabandas”, sino también los planes siniestros del narcotráfico.

Ya se han detectado, por esa zona, lugares favoritos donde operan y se ocultan contrabandos desde Haití y las islas de South y North Caicos, así como tráfico de drogas.

No hay que dudar que narcotraficantes poderosos, con dinero para financiar las ocupaciones de tierras, estén patrocinando las “terrabandas”, para crear así espacios bajo control para el depósito de drogas que entran por mar o que se lanzan desde avionetas volando a baja altura.

Así como lo propusimos para el caso del Suroeste, otra zona predilecta para los contrabandos de drogas, entendemos que en el caso de Villa Vásquez hasta Monte Cristi, debe montarse una vigilancia especial.

Sabemos que a un poderoso consorcio pretendieron -o lo lograron- chantajearlo para que entregara dinero a cambio de desalojar de sus tierras a numerosos invasores que, bajo el falso alegato de que sus ancestros eran propietarios, incursionaron en esas zonas.

Las “terrabandas” son hábiles para incursionar de noche en un territorio privado, destruir carteles e instalar alambradas y levantar casuchas, y crear una presión social y jurídica a los propietarios, para que se vean forzados a negociar o a ceder frente a sus reclamos, aun cuando no tengan la razón.

Un ejemplo reciente de esto sucedió en Jimaní, en las tierras elegidas para construir casas para los damnificados del aluvión del río Soleil. Todavía no han podido hacerse todas, por culpa de la aparición de unos “dueños” que nadie conocía.

¿El hombre fallido?

SANTO DOMINGO, R.D.-La presencia de la mujer es cada vez más ostensible en los principales escenarios de la vida de nuestro país, especialmente en los formativos y educativos. ¿Qué ha pasado, pues, con el hombre, en esta coyuntura?
Si se trata de universidades, constituyen la mayoría, muy por encima de los hombres, a los que nadie ve como antes, como machos predominantes en todo.
Lo mismo pasa en los centros especializados en idiomas, computadoras y en nuevas carreras técnicas. Parecería como si la especie varonil se hubiese extinguido.
Igualmente, ellas sobresalen en actividades de carácter espiritual y en aquellas que ofrecen claves para una vida mejor, para proteger a la familia y a los hijos, así como en jornadas de ayuda y solidaridad a ciudadanos en necesidad.
También están teniendo un papel más activo dentro de los partidos políticos. Mucho mejor que el de ciertos hombres que ya deberían estar guardados en un museo, para evitarnos más fastidios.
La mujer no quiere desaprovechar ni el espacio ni la oportunidad para insertarse aún más en los centros en los que se decide el curso de esta nación, y por ello es previsible que, en los años por venir, las ideas y las propuestas que provengan de ellas en ánimo de mejorar las cosas en este país, tengan un peso todavía mayor.
Uno se pregunta si el avance y el destaque de la mujer va en línea paralela con el del hombre, o si es que el hombre se bate en retirada concentrando su accionar y sus intereses en unos pocos campos, desalojados de los anteriores por una capacidad superior y emergente como la de la mujer. ¿Será esto una señal de que estamos, aquí, ante el hombre fallido?
No hay dudas de que esta decisiva incursión de la mujer en casi todas las esferas de la sociedad es el fruto de su capacidad intelectual, de su vocación de servicio y de un derecho bien ganado a decidir, con su voz y su voto, lo que debe de hacerse en este país. No subestimemos ni echemos al hombre al basurero... todavía.
A nivel del Estado, la mujer ha sido dignamente representada en posiciones legislativas o ministeriales y judiciales en las últimas administraciones, mientras que a una escala intermedia, como en empresas privadas, instituciones sociales, organizaciones religiosas y deportivas, su influencia se deja ya sentir en múltiples formas. ¡Qué bueno que así sea!
La mujer es más sensible que el hombre a las distintas variables de la crisis social. Siente y padece la desintegración de los hogares, el relativismo de la juventud, la desarmonía entre la aspiración a una vida digna y las severas limitaciones del poder adquisitivo, el flagelo de la pobreza expandida, sufre los vaivenes de los precios, la violencia y la inseguridad.
Tras escalar, con tenacidad, fuerza de convicción y amplio talento, el lugar que desde hace tiempo la sociedad le tenía reservado, la mujer tiene ahora más autoridad y peso específico en la conducción de este país. Sin su concurso, no puede diseñarse ni funcionar la nueva nación que todos aspiramos.

Los partidos y la corrupción; dos caras de la misma moneda

SANTO DOMINGO, R.D.-La cúpula del Partido de los Trabajadores del Brasil ha caído defenestrada por sus propios actos de corrupción, concretamente ante las denuncias de que usaba recursos del Estado para comprar apoyos al proyecto legislativo que permitiría la reelección del presidente Lula da Silva el año que viene.
Adicionalmente, los líderes están acusados de sobornar a legisladores para conseguir apoyo a otras iniciativas y para fortalecer la decaída coalición que el PT tiene con otros partidos brasileños.
Los aliados del PT se quejan de que, en la repartición de cargos en el Estado, el partido de Lula no les dejó casi nada.
A consecuencia de estas denuncias, el presidente Lula da Silva ha tenido el coraje y la destreza de volar cabezas y de proceder a una reorganización de su gabinete.
Eso hace que tenga todavía chance de recuperarse del daño que le han hecho sus colaboradores partidarios y del Gobierno y de que, con alguna suerte, se reelija.
Las prácticas de corrupción, tanto a nivel del ejercicio de las más elementales actividades de los partidos, como dentro del Gobierno, una vez llegan al poder, han marcado y desacreditado a los partidos políticos latinoamericanos, y especialmente a los de nuestro país.
Aún frente a todas las abundantes y vergonzosas evidencias,todavía muchos tienen la osadía de negarlo y, mas que de negarlo, de venderse como dirigentes inmaculados.
Esa negativa a admitir que esas prácticas corruptas son dañinas y deben de ser erradicadas es lo que da lugar a que los partidos, poco a poco, hayan degenerado en su esencia y en su accionar, y que al llegar al poder sean recurrentes en ellas.
Y que los corruptos sigan porfiados, robando y robando más los dineros del pueblo de manera impune y campante. Mientras en Brasil han renunciado o han sido “renunciados” los acusados de corrupción, aquí ni lo uno ni lo otro.
Mientras allá la sola denuncia ha causado una verdadera tormenta política de repercusiones que aún no terminan, aquí el espíritu de cofradía es tan fuerte que suscita una protección mutua, con la ventaja de que los demás partidos ni siquiera se atreven a atizar una campaña de saneamiento y rectificación ni aprovechan los errores de los otros, porque tampoco están libres de pecado.

Lo que debemos decirle al Foreign

SANTO DOMINGO, R.D.- La República Dominicana tiene intactos, por el momento, los cuatro elementos constitutivos del Estado moderno: un pueblo con identidad propia, un territorio bien definido y no mutilado, un poder político que manda sobre la sociedad y, por último, una soberanía que puede ejercitar, a pesar de dos interrupciones históricas


La estructura jurídica del Estado dominicano, bajo la cual se organiza y opera la nación, funciona adecuadamente.

Los tres poderes esenciales tienen vida propia y libre albedrío.

No somos una nación en la cual hay dos o más Estados, ni somos un Estado etéreo, sin el sustento de algún grupo étnico o antropológico unido para un objetivo superior como nación.

El régimen político que tenemos permite la renovación de los poderes públicos mediante elecciones, no por la vía de imposición externa o por un reparto forzado del poder en situaciones en que la soberanía está mediatizada o que su control territorial es parcial.

El Congreso discute y aprueba leyes de alcance nacional. La Justicia opera con sus mecanismos propios y, en nuestro caso, avanza hacia un ejercicio más independiente y más pleno.

El resto de la sociedad tiene clara conciencia acerca de las fuentes legítimas de la autoridad que se impone sobre ella y la rige en todos sus aspectos. Las libertades están garantizadas, porque no vivimos bajo una dictadura, régimen en el cual no se respeta ni el derecho ni la vida de las personas y la ley solo tiene aplicación acomodaticia y conveniente a los intereses del dictador.

No somos paria internacional y estamos reconocidos ante los organismos como una nación organizada, que maneja su propia producción, sus finanzas, su comercio y que respeta las leyes y convenios supranacionales.

Como nación tenemos fallas, producto de un dinámico proceso de cambios y de adaptaciones a los nuevos modelos de relaciones comerciales y políticas en el mundo globalizado. El Gobierno también falla a menudo en satisfacer las necesidades que la Constitución pone bajo su responsabilidad atender y resolver.

Por suerte, no tenemos crisis institucional en ninguno de los poderes clásicos, ni una yuxtaposición o refriega entre estos. Y contamos con fuerzas de defensa para proteger, en lo que se pueda, el territorio nacional de las amenazas graves. No tenemos, en definitiva, un Estado fallido, sino políticos que fallan.

Estas son las verdades que debemos listarles al Foreign Policy o a cualquier otra entidad que se dedique a hablar disparates sobre este país, de nuestros amores y de nuestros dolores.

Que la autoridad tome el control de las calles

El país agradecerá que el Gobierno mantenga a soga corta a los delincuentes y no les deje espacios para atacar impunemente como hasta ahora lo han hecho. Mientras más tarda en darle este golpe esencial, más pronto estamos de caer de rodillas frente a sus malvados designios.



En lo que el nuevo plan de seguridad democrática da sus frutos, que no lo será por ahora, el Gobierno debe asumir el problema que le plantea la creciente delincuencia en el país como una de las más críticas amenazas a su propia estabilidad.

En consecuencia, lo mejor que puede hacer en estos momentos es disponer de un enérgico plan de emergencia policial y si se quiere hasta militar, para romper de inmediato el ciclo creciente de delincuencia que cada día cobra más víctimas inocentes.

No hay otra forma de disuasión posible que no sea desplegando a nivel de toda la Capital, Santiago y algunas provincias del país la mayor capacidad de agentes o soldados, al estilo como se hace en tiempos en que el orden público se siente amenazado por una huelga o por desórdenes callejeros generalizados.

Lo que está ocurriendo ahora es peor, porque la criminalidad ya no tiene pausas, ni horarios, ni zonas. A los delincuentes no se les asusta ni se les persuade con teorías, con documentos ni con planes bien elaborados, sino con la fuerza y la energía que la ley le asigna a sus cuerpos de seguridad nacional.

Los delincuentes están actuando a sus anchas porque sienten que la Policía Nacional está en baja, con pocos recursos y agentes en las calles, o porque perciben que la ciudadanía ya no tiene tanta confianza en ese cuerpo, en razón de la participación de muchos de sus miembros en la actividad delictiva.

Las recientes incursiones de la llamada Policía Preventiva en diversos barrios de la Capital ha demostrado que en ellos hay verdaderos arsenales y bandas armadas y organizadas para repelerlas.

Si esas bandas se uniformaran y asumieran una consigna política, no estarían lejos de asemejarse a unas guerrillas urbanas. Se han adueñado de zonas específicas en las que florece el negocio del tráfico de drogas. Los delincuentes atacan en cualquier lugar, y lo peor es que matan por cualquier cosa.

Si una situación de este género se enraiza y se hace costumbre, la sociedad, la economía, la coexistencia ciudadana, sufrirían un tremendo daño.

Por eso urge un golpe de "shock", una acción enérgica de las autoridades, mediante un plan sistemático de allanamientos, presencia continua y control de barrios y zonas vulnerables, hasta que pueda concebirse o ponerse en marcha el mecanismo de prevención y seguridad democrática que está contenido en el documento que las autoridades entregaron al Presidente de la República.

El país agradecerá que el Gobierno mantenga a soga corta a los delincuentes y no les deje espacios para atacar impunemente como hasta ahora lo han hecho. Mientras más tarda en darle este golpe esencial, más pronto estamos de caer de rodillas frente a sus malvados designios.

El hacinamiento humano se hará más grave

SANTO DOMINGO, R.D. El gran hacinamiento humano que se ha creado alrededor de los espacios que Balaguer trataba de proteger y mantener al margen de la voracidad urbanística, no sólo ha representado un gran deterioro para millones de familias que no alcanzan a disfrutar de un estilo digno de vida, sino que ha sido fermento principal de la delincuencia.


Cuando Balaguer construyó el Expreso Quinto Centenario y abrió, en el corazón de San Carlos y Villa Francisca, la gran avenida México, el cuadro compacto de la pobreza en aquel momento pareció romperse en muchos pedazos.

A estos dos grandes proyectos viales sumó Balaguer el reacondicionamiento de los barrios La Ciénaga y los tugurios creados a las orillas del río Ozama, prohibiendo inclusive —con presencia militar— nuevos asentamientos.

Se creó, en el entorno del Ozama, el parque Mirador del Este como una barrera a la amenaza de la expansión urbana descontrolada, y en la otra orilla se erigieron nuevas edificaciones para tratar de adecentar la vida en esos lugares.

Pocos años antes, Balaguer había hecho otro ejercicio de “desorganización de la pobreza”, creando las urbanizaciones Las Caobas y repoblando Los Alcarrizos.
Ese fue su estilo, pero en el fondo la estrategia de partir en dos los segmentos más abigarrados y más pobres que tenía la ciudad en ese momento, y que parecían asfixiar sus posibilidades de crecimiento, le resultó útil.

“Desorganizó la pobreza”, a cambio de crear otras condiciones para los nuevos asentamientos y manejar, en condiciones más cómodas, el proceso de rescate de los ríos Isabela y Ozama, que hoy aparentemente no se puede emprender por falta de recursos.

El gran hacinamiento humano que se ha creado alrededor de los espacios que Balaguer trataba de proteger y mantener al margen de la voracidad urbanística, no sólo ha representado un gran deterioro para millones de familias que no alcanzan a disfrutar de un estilo digno de vida, sino que ha sido fermento principal de la delincuencia.

Ahora el panorama se torna más preocupante, según las proyecciones que se han hecho en el sentido de que para el año que viene, el 2006, cerca de un 40 por ciento de la población dominicana vivirá apretujada en esos barrios de la capital y de Santiago, acentuando más el cuadro general de crisis y carencias. A este fenómeno humano no se le ha podido enfrentar adecuadamente, porque los gobiernos lucen más empeñados en embarcarse en obras lujosas, grandilocuentes y costosas, que en atacar el grave problema humano que se engendra en los tugurios.

Cabría preguntarse si no vale la pena emprender obras de reforma, viales y de edificaciones, en aquellos nucleos de pobreza, para producir no sólo empleos sino un cambio en las condiciones de vida de sus habitantes, y proveerles servicios de agua y de energía, y otros básicos, cosas que no se pueden ofrecer en esos laberintos cerrados, angostos y enlodados, de los que sale de noche el rumor lacerante de los gritos de los hambrientos, los alaridos de la violencia intrafamiliar o los tiros que se intercambian delincuentes y policías, o delincuentes entre sí.

¿Vale la pena hacerlo? por supuesto. Sólo falta la voluntad y la conciencia clara para saber que estamos aventando una peligrosa bomba social.

Colmados, tras las rejas

SANTO DOMINGO.-Los colmados han sido, dentro de nuestra tradición, los ejes de la vida en los vecindarios, Pero ya están perdiendo esa condición. La causa: el terror provocado por los delincuentes.
El vínculo cotidiano entre el colmadero y los clientes ya no tiene el calor de antaño, pues muchos colmados han instalado rejas para protegerse de los ladrones.
Otros han optado por dormir dentro de los locales o agenciarse un local vecino para cuidar de cerca sus negocios.
La mayoría ha roto inclusive la costumbre de cerrar tarde, y ahora lo hacen más temprano, privando al cliente del vecindario de conseguir algo que necesita a esas horas.
En el país hay más de 60 mil colmados que, en promedio, manejan ventas entre 4 y 5 mil pesos.
En gran medida, son mitigadores de muchas necesidades humanas pues fían productos a los que no tienen el efectivo en ese momento. En tiempos de apagones, aquellos locales que poseen planta propia y televisores se convierten en un punto en el cual los vecinos se congregan para pasar mejor lo que pudiera ser un mal momento.
Pero los colmaderos no tienen protección de ningún género. Carecen de seguros de salud, no califican para obtener préstamos en la banca formal y, para colmo, ni el Programa de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa les facilitan a tiempo y en cantidades suficientes, el financiamiento que buscan para continuar operando.
Se les achaca la culpa de algo que ellos no producen ni manufacturan, es decir, de las subidas de precios de ciertos productos que ya vienen aumentados de origen, sea por el recargo cambiario o por otros impuestos.
Sin embargo, los colmaderos se quejan de que la Dirección General de Impuestos Internos les está aplicando una cuota de entre 700 y 800 pesos mensuales como anticipo a las ventas, algo que ellos no se explican, pero que tampoco se les ha explicado ni justificado.
Los robos frecuentes de sus negocios han tenido, a veces, saldos trágicos. En estos días mataron al dueño de un colmado dentro del negocio, en el cual dormía para no abandonarlo.
El problema de la energía, tanto la falta de luz como su encarecimiento tarifario, también perjudica la rentabilidad de sus negocios.
Pese a que constituyen un sector importante en la economía del país, sus representantes no son invitados al Diálogo Nacional. Van los del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que no tienen el contacto ni la familiaridad con la crisis que se vive en los vecindarios día a día y probablemente no sean tan solidarios con las miserias de estas mayorías.
Fuera de su labor comercial, los colmaderos ejercen una función social, dada por los estrechos vínculos entre todos los del vecindario, ya que es allí donde afloran y se debaten sus necesidades, sin que se llegue a los extremos de los partidos políticos, cuyas pasiones se desencadenan y se resuelven a base de tiros, silletazos y pescozones.

El drama de los estómagos vacíos

SANTO DOMINGO, R.D. Julio 10- En esa cantera de empobrecidos, hambrientos y, como se dice ahora, “carenciados” de todo, lo prioritario es la comida, y lo indispensable es el ingreso, sea como sea, si es por una vía legítima o por una impropia.


Según un cálculo hecho por el Presidente en estos días, cerca de 182 mil familias dominicanas, de las 200 mil que se consideran más pobres, no usan gas propano.

Partiendo de ese dato, hay que suponer que si no disponen ni siquiera de estufas tampoco dispondrían de suficientes recursos para comprar alimentos o para comer lo que la naturaleza les provea sin costo.

No hay un espacio geográfico específico para esta masa. Se disemina en nuestros campos y barrios, y puja por su sobrevivencia a cualquier costo.

En esa cantera de empobrecidos, hambrientos y, como se dice ahora, “carenciados” de todo, lo prioritario es la comida, y lo indispensable es el ingreso, sea como sea, si es por una vía legítima o por una impropia.

El gran intelectual dominicano José Ramón López decía que el hombre era un estómago con otros órganos alrededor de este para servirlo.

Con esto quería dar a entender que si al ser humano no se le facilitan las condiciones para satisfacer esta necesidad primaria, cualquier cosa puede ocurrir en la búsqueda desesperada del alimento.

Hace muchos años, en ocasión de una oleada de asaltos populares contra supermercados y centros menores de abarrotes, el Episcopado brasileño emitió una carta pastoral defendiendo el derecho que tenían esas masas empobrecidas a comer, sean cuales fueran las circunstancias.

Es increíble que teniendo el Gobierno y el sector privado a su servicio tantos expertos y analistas calificados, sus disquisiciones sobre el futuro del país y los contenidos de sus reformas fiscales pasen por alto la doliente realidad que ha descrito el presidente Fernández, sobre la base de datos levantados por las Naciones Unidas en una encuesta nacional.

Aquí nos enfrascamos en la búsqueda de fórmulas que privilegian el ingreso, la presión tributaria, pero dejamos de lado acometer la gran tarea de ir en auxilio y rescate de esas 200 mil familias empobrecidas, a las que ni siquiera el voluntarioso apoyo de la tarjeta “Solidaridad” o “Comer es primero” les podrá mitigar su prolongado estado de desnutrición y de desesperanza.

Pocas veces mencionamos este drama como una de las fuentes naturales de la delincuencia que nos arropa.Y por ignorarla y creer que solo es un fenómeno provocado por la lucha del mercado de las drogas, ahí tenemos el monstruo de la criminalidad desgarrándonos con sus feroces garras.

El hambre, los padecimientos que provoca; el desempleo, la falta de oportunidades; la escasez de dinero en gente que ansía ganárselo y que lo necesita para solventar sus necesidades fundamentales, es el caldo de cultivo de la situación que vivimos hoy.

Más caro nos ha costado enfrentarla y padecer sus consecuencias, que haber dispuesto de recursos y planes de empleo para prevenirla. Esa es la taladrante y dolorosa verdad.

Apaciguando los espíritus en ira

SANTO DOMINGO, R.D.- Julio 10- Es una gran iniciativa la que han tomado las iglesias evangélicas para llevar directamente a 300 mil hogares dominicanos una palabra que mueva a la paz y al desarme de tantos espíritus en ira.


Hace falta que este ejercicio se repita y toque lo más profundo de los corazones de los dominicanos, para ver si de esa manera vuelven a afianzarse en los hogares dominicanos los olvidados principios del amor, del respeto al prójimo y de la solidaridad entre familiares, amigos y vecinos.

Los hogares dominicanos, fragmentados muchos por la desintegración de los matrimonios o las riñas y desacuerdos internos, necesitan de estas sanas orientaciones que la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica se propone infundirles durante esta singular campaña.

Este es un esfuerzo que apoyamos. Le pedimos a la sociedad que abra las puertas de sus hogares para que este mensaje de paz, de unidad y de solidaridad, constituya un bálsamo, un aliciente y una vía para restablecer la coexistencia civilizada y amorosa en ellos.

Más allá de los hogares, los evangélicos se harán presentes en escuelas, oficinas públicas, centros comunitarios y las juntas de vecinos, llevando un mensaje que Cristo nos ha dejado como imperativo moral, humano y social a través de su doctrina.

Nos parece muy atinada la idea de crear “peñas comunitarias” para promover la difusión de principios y valores que ayuden a disminuir la violencia intrafamiliar —causa de muchas tragedias y muchas angustias— y a crear condiciones de decencia y honradez en la conducta de los ciudadanos.

La violencia delictiva y criminal no es la única que ha dañado el marco de la convivencia en el país. La verbal, que conjuga insultos, palabras soeces, imprecaciones, está gravitando negativamente no sólo entre miembros en conflicto de una familia o de un núcleo barrial, sino en los mismos medios de comunicación, donde se asume como fruto del libertinaje general en que hemos caído. Nadie parece ruborizarse ante el entronizamiento de la vulgaridad en el lenguaje habitual de muchos ciudadanos.

Por otro lado, está la violencia visual, la que matiza las imágenes más usuales de variados programas de televisión, películas, videojuegos y las noticias que se refieren a los escenarios de la guerra, que influyen poderosamente en la agresividad de los instintos humanos, que desembocan en más agresiones y tragedias.

Amarrar lenguas desaforadas, proclives al insulto impune, ha de ser una tarea difícil, pero no imposible, si el mensaje de conciliación, de prudencia, y si se quiere de ternura, se acepta y se asume en el contexto de esta campaña del CODUE y de otras iglesias, como la católica, las que se han unido en un esfuerzo apaciguador de esos espíritus en ira para minimizar estas y otras formas de agresión que dividen a los dominicanos, y que nos escandalizan como sociedad que aspira a desarrollarse por otros senderos.

Perros realengos, entre la pestilencia y la rabia

SANTO DOMINGO, R.D.- Julio 10- Los perros realengos están por doquier en este país, coexistiendo a la libre en una sociedad en la que la fealdad del viralata ya quedó apabullada por otras dolientes realidades.


Los gatos también andan sueltos, pero a diferencia de los primeros, que viven ladrando y rebuscando en zafacones el sedimento de nuestras miserias, estos últimos hacen galas del sigilo y la acechanza para hincar sus dientes en cualquier lugar en que haya ración apropiada para sus estómagos.

Eso no quita que sean presas apetitosas de aquellos humanos que ni siquiera tienen la suerte de probar carne todos los días y que, como tantos cuadrúpedos sin dueños, se las buscan en estas calles a como dé lugar.

No sabemos cuántos perros realengos tenemos en el país, pero por el ruido de sus ladridos, no importa el lugar ni la hora, o por la forma en que algunos, los menos domesticados y feroces, se hacen presentes en el escenario, podríamos suponer que no cabrían en una gran perrera.

Uno de los problemas que heredamos de ellos es la rabia. Esta enfermedad se transmite, como sucede con otras plagas microbianas, con un poder expansivo que se disemina en la población y nos provocan muchas dolencias y amarguras.

Los perros realengos se mueven entre basuras y excrementos, de las cuales hay por montones en nuestros ambientes. Por eso vivimos en medio de tanta pestilencia y podredumbre.

En estos días, la Unidad de Control de Animales de la Policía Turística se propuso hacer una redada y sólo atrapó siete en la Zona Colonial. El comandante de la brigada dijo que los perros “se olieron” el operativo y escaparon. Los capturados fueron llevados al albergue que tiene la Sociedad Protectora de Animales (Padela), en Manoguayabo.

Es bueno saber que, por lo menos, los realengos tienen su propia sociedad civil, que los protege, y los vacuna. Aunque a menudo los castra.

Esto último evita que se reproduzcan y entonces crezcan en número y , acaso, en la potencialidad de riesgo de sus agresivos instintos.

Pero a pesar de estas precauciones, no faltan en el ambiente tantos realengos enfermos, holgazanes, con sus cuerpos deformes, que sólo por las babas que dimanan de sus mandíbulas o por el afán de morder lo que sea puede el humano darse cuenta que padecen rabia.

Hay otros, aparentemente sanos e inofensivos, que se ofrecen por dinero en esas especies de “pet-shop” que funcionan en algunas esquinas y en las proximidades de centros empresariales, sedes de partidos políticos y oficinas del Estado, pero que no pueden ocultar su origen y vocación “viralatina”, que también están llamados a engrosar este ejército de pulgosos que nos atribula.

Como no hay un programa presupuestado para sacar de circulación a tantos realengos que pueblan nuestros espacios, hay que conformarse con la idea de que, algún día, cuando sea menester, alguna autoridad se ocupará de aislarlos, controlarlos y evitar que sigan expulsando de sus bocas y estómagos, o de sus pieles sarnosas, las bacterias, larvas, orines y excrementos que nos enferman irremediablemente.

Las fiscalías barriales

Cuando se implantó la modalidad de situar un representante fiscal en los cuarteles policiales, la iniciativa fue acogida como un esfuerzo más por garantizar los derechos ciudadanos de los detenidos y de las víctimas de alguna acción delictiva.
Jugaron, inclusive, un papel determinante en la apertura de casos de violencia intrafamiliar y en la atención a personas abusadas de otras formas, organizando e instrumentando los expedientes de lugar.
Las mujeres fiscales merecieron la confianza de las abusadas y, de esa enriquecedora experiencia, surgieron los modelos de atención especializada de esos casos.
Pero después que las mujeres fiscales fueron retiradas y que algunos representantes del ministerio público dejaron de cumplir su verdadera misión, porque se contaminaron con los excesos y atropellos de los cuarteles, se malogró el esfuerzo.
Ahora, por suerte, se revitaliza y cobra importancia porque existe un nuevo código procesal penal y porque se han creado las llamadas “fiscalías barriales”.
Estas entidades operan no como una simple oficina para recibir quejas, sino como una escuela de prevención, de orientación y de conciliación de intereses, por tanto, más eficaces en la solución de los casos.
Se encuentran en los barrios más conflictivos de la Capital, y constituyen una alternativa más humana y respetuosa al ambiente de los cuarteles, donde primaba —o talvez sigue primando— la cultura del pescozón o del tablazo para que un detenido o un testigo “cante” y confiese.
Ahora hay atmósfera para que los querellantes puedan ser escuchados y atendidos, sin que se encuentren con la sorpresa de que el escribiente, el cabo o el sargento de puesto en un cuartel resulte el mismo que lo atracó o abusó de ellos. Un grupo de orientadores profesionales de la conducta asiste a los fiscales, los que a su vez cuentan con el respaldo y el aliento de los llamados patronatos de las fiscalías, que se forman con los ciudadanos más representativos del barrio.
Los del patronato saben, por tanto, quién es quién y cuál es la inclinación delictiva de los más díscolos o la situación de precariedades y de incomprensiones que reina en los hogares.
Juegan bien su papel de conciliadores y auxiliares de la Justicia, conduciendo a menudo a los perseguidos hasta donde los fiscales para ser sometidos a interrogatorios, antes de que los saquen del inventario de los seres vivos en un intercambio de disparos con una patrulla.
Congratulamos al fiscal del Distrtito, doctor José Manuel Hernández Peguero, por esta iniciativa, que debería ser imitada por otras jurisdicciones para que el ministerio público sea algo más que un persecutor de violadores de la ley y ayude a evitar conflictos y a regenerar a los que delinquen.

Todavía no “arranca”

Con una inversión prácticamente asegurada, con todos los planos hechos, con una ley que la faculta, todavía no arranca la gran autopista del Coral, que unirá a La Romana, Higüey y Punta Cana.
La inversión inicial, de 255 millones de dólares, está asegurada mediante la emisión de notas de infraestructuras o bonos, a un plazo de amortización de 15 años y tasas de interés menores del 9 por ciento.
Estamos hablando de una autopista que contribuirá no sólo a crear empleos, sino a conectar en poco tiempo a los puntos turísticos más importantes de la zona, los que anualmente generan beneficios por mil millones de dólares.
Creíamos que ya ese proyecto estaba en pie de ejecución, pero sorprendentemente nos enteramos que está en una especie de limbo: ni arranca, ni se sabe cuándo arrancará.
En un país necesitado de que se abran nuevas fuentes de trabajo que dinamicen la economía y que se amplíe y se modernice la estructura vial que ameritan nuestros polos turísticos, es inexplicable que una obra de esta envergadura no se haya iniciado.
Y es sorprendente que esto ocurra en momentos en que en esa zona se levantan majestuosas instalaciones hoteleras valoradas a un costo superior a los 3 mil millones de dólares.
Un bulevar que se inició hace pocos meses en la zona de Punta Cana se encuentra paralizado.
Las vías de comunicación no son ya las más óptimas para el enorme flujo de turistas y de inversionistas que están fijando sus negocios en los potenciales atractivos de la zona.
Los entornos hoteleros, como dijimos hace algún tiempo, se arrabalizan sin que nadie mueva un dedo para detener tal proceso de degradación.
En el caso de la autopista del Coral, su utilidad no sólo radica en la pronta conexión que permite entre tres grandes centros turísticos, sino en su condición de eslabón que consolida el sistema de comunicaciones terrestres entre la Capital y la productiva zona del Este.
Los turistas que prefieren los hermosos ambientes de Punta Cana o Bávaro y, en el futuro inmediato, de Cap Cana, podrán optar por conocer otros lugares de interés —hasta la misma Capital con su Zona Colonial y otras atracciones— viajando por tierra, en un tiempo relativamente corto.
Menor que el actual, que es un suplicio.
El Gobierno debería interesarse en saber qué ocurre con esta obra paralizada, para cuya ejecución existe inclusive una ley que autoriza a la firma de ingenieros a procurar financiamiento internacional —ya obtenido—, y que está llamada a dar un empuje a la economía de la región, produciendo nuevos empleos y creando mejores expectativas de progreso.

De seguro que están decepcionados

Un grupo de expertos de la OEA ha estado en el país evaluando cómo nosotros respetamos y ponemos en práctica los mandatos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Congreso.
De seguro que están decepcionados.
Pese a que la convención interamericana, por su carácter de ley supranacional, es muy clara en la definición de los actos de corrupción o antiéticos en la administración pública, su aplicación ha sido hasta ahora virtualmente nula.
Todavía no hay transparencia suficiente ni tranquilizadora en lo que concierne al manejo de fondos públicos.
Ni siquiera se percibe vocación auténtica, en la burocracia, para acogerse a los saludables procedimientos de la ley de acceso a la información pública. La existencia de una Comisión Nacional de Ética y de los llamados comités de probidad que funcionan en algunas dependencias gubernamentales, no evita que los funcionarios transgredan las reglas y se dediquen a buscar “lo mío primero”, valiéndose de todos los trucos posibles para ocultar las sustracciones. La prueba es que bajo la pasada administración se cometieron innumerables fechorías y manejos turbios de los fondos públicos, y no se conoce que la ley o las disposiciones de la Convención fuesen aplicadas con rigor y proporcionalmente a los casos perpetrados.
Actos ilícitos, como el facilitar el tráfico de seres humanos, de drogas narcóticas, de influencias, o enajenación de recursos del patrimonio nacional, así como el depósito de sustancias peligrosas que atentan contra el medio ambiente, se produjeron en ese período y de nada valieron las leyes que castigan esas irregularidades e inmoralidades.
Hasta el gobierno de los Estados Unidos se vio precisado a cancelar visados de entrada a su territorio a funcionarios del régimen, una medida que sólo se asume cuando es grave el impacto que una transgresión tiene en su ordenamiento jurídico, en su economía, en sus más caros intereses como nación.
El Presidente Bush, en enero del 2004, dispuso que se cancelara automáticamente el visado a todo funcionario de gobiernos extranjeros que incurrieran en comprobados actos de corrupción, medida que alcanzaba también, de manera gradual y por un efecto de cascada, hasta sus familiares más directos.
Estados Unidos quiso certificar, dentro de la OEA, a las naciones latinoamericanas según su nivel de respeto o violación de esta convención interamericana, pero todavía hay resistencia.
De todos modos, la presencia de un grupo de expertos de la OEA alentando la sujeción a esa convención anticorrupción, es una señal de que el asunto preocupa bastante, porque ya se le considera como una de las causas debilitantes del sistema democrático en el continente, en correlato con el avance de la pobreza y el descrédito de los partidos políticos y sus llamados “líderes”.

¿Más impuestos? No, no y no

SANTO DOMINGO, R.D.- La mala experiencia que hemos tenido con las reformas fiscales es que se venden como panaceas y terminan constituyéndose en fuentes de ingresos para sustentar a gobiernos malos, incapaces y siempre cortos en redireccionar hacia la sociedad los beneficios de tan monumental ingreso.


Este pueblo ha sido recargado de impuestos, una y otra vez, y los gobiernos parecen insensibles ante los desesperados reclamos del pueblo para que no le sigan mellando su exhausto poder adquisitivo.

Cada vez que se presenta una coyuntura, a la lista de gravámenes directos o indirectos que existen se le pretende añadir más cargas, sin tomar en cuenta que ya el pueblo es castigado por otros onerosos costos, invisibles, que se derivan de las precariedades de muchos servicios o de la pobre calidad de muchos productos que consume.

Ahora estamos en otro de esos momentos en que para hacer frente a una situación sólo se piensa en impuestos, jamás en la menguada capacidad de resistencia, emocional y económica de las gentes, que tienen que subsistir con presupuestos familiares que rinden cada vez menos.

Tiene mucha razón el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en advertirles a las autoridades, y a todo aquel que anda proponiendo más cargas impositivas, que otra subida de los impuestos encontrará el rechazo y la resistencia del pueblo. Si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica implica la eliminación de una comisión cambiaria que sólo sirve para engrosar las arcas del Estado, mas no para aliviar la situación de pobreza del país, pues que se redoble el esmero del Gobierno en cobrar más eficazmente el 30 ó 40 por ciento de evasión que existe con el ITBIS, o en conseguir el ciento por ciento de los demás tributos existentes.

Se supone que el Tratado traerá más inversiones, más empleos, más beneficios económicos para el país. ¿Por qué, entonces, no dejar que esas bonanzas lleguen por sí mismas y que el pueblo, algún día, pueda disfrutarlas con los cheles que puedan sobrarles?

Insistimos, la clase media no soporta que se le generalice el cobro del ITBIS, como se anda proponiendo, ni que le suban un punto porcentual más a la lista de los artículos y servicios ya gravados.

La mala experiencia que hemos tenido con las reformas fiscales es que se venden como panaceas, y terminan constituyéndose en fuentes de ingresos para sustentar a gobiernos malos, incapaces y siempre cortos en redireccionar hacia la sociedad los beneficios de tan monumental ingreso.

Y se habla de “compensaciones” sociales, pero éstas, a la postre, resultan una ficción. Y devienen en programitas de ayudas económicas que no alivian nada, porque ya sea por la inflación o por las escaseces y la especulación, se diluyen sus efectos. Y lo peor de todo es que los gobiernos, en plan populista, gastan más en promover las bondades de esas “compensaciones”, que en lograr que éstas tengan, siquiera, una mejor utilidad.

Que lo piense bien el Gobierno y el Congreso, y todos aquellos que sólo recurren a impuestos y más impuestos para enfrentar coyunturas, pero que se olvidan de que el pueblo no resiste que le devoren lo poco que recibe la mayoría, mientras unos pocos crean fortunas a base de evadir al fisco o engañar al Estado y a la sociedad con sus trapisondas.