Una reforma, pero sin arrebatos

SANTO DOMINGO.-Las dos reformas constitucionales (1994 y 2002) fueron festinadas, pecaron de arrebato y han traído desagradables consecuencias.
Ahora tenemos la oportunidad de arreglar entuertos de ambas enmiendas, sin prisa, sin sesgo de oportunismo político.Acogemos la propuesta del Presidente Fernández de convocar a un debate, serio y sereno, del cual puedan salir las líneas maestras de la futura reforma a nuestra Carta Magna.
Se parte de la necesidad de organizar al Estado y a la Nación sobre las nuevas bases de la globalización.
En esta nueva era, las relaciones de los pueblos se rigen por parámetros más universales, y a lo interno se requieren adaptaciones legales e institucionales que permitan al país responder a esas expectativas.
Las reformas anteriores se concentraron, básicamente, en aspectos políticos coyunturales. No obedecían al interés de darnos, como país, una nueva visión y un compromiso con la modernidad.
Ahora ha llegado la oportunidad de hacerlo, siempre que intervengan todos los sectores nacionales y los mejores juristas, para que la reforma sea integral, abarcadora, revolucionaria.
En el ínterin, tenemos que estar alertas para evitar que, aprovechando el clima favorable hacia la reforma, ésta no se apresure bajo el actual Congreso.
Existe el temor de que la mayoría congresional que maniquea el ex presidente Hipólito Mejía, resentida por la apabullante derrota electoral que ha sufrido, intente venganza promoviendo unilateralmente una reforma hecha a la medida de las ambiciones de poder de ese grupo político. Hay que cerrarles el paso a esas intenciones, si es que todavía esa fuerza política, que fue capaz de defenestrar al país en cuatro años y de cohonestar una reforma oportunista e imprudente, cree que tiene legitimidad para hacerlo.
Estos temores no son infundados.
La experiencia ha demostrado que, en materia de bellaquerías, no hay barreras para los porfiados políticos que creen que pueden hacer todos los desarreglos que les venga en ganas desde el Congreso.La reforma constitucional es una necesidad y hay razones y realidades que la justifican.
Lo que no se justifica es que una fuerza política pretenda capitalizar este clima, para alzarse con el santo y la limosna con una iniciativa que merece ponderación, buen juicio y espíritu de consenso

Sigue la imprevisión

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA Las escenas de cuanto ocurrió en Jimaní hace dos años, todavía están frescas en la memoria de todos los dominicanos.

Asimismo, persisten, están ahí, en Jimaní y en Haití, las causas que produjeron el desastre en el que perdieron la vida 1,068 personas y otras 1,600 desaparecieron.

Es uno de los desastres naturales más grande de los últimos tiempos que fue registrado por los satélites de la NASA (Administración de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos). Se conserva la información gráfica en su página de la Internet para los estudiosos por sus características peculiares.

El río Blanco, que atraviesa la frontera, es una corriente mínima, un lecho seco la mayor parte del año, incluso es una cuenca relativamente pequeña.

El 24 de mayo del 2004 lluvias torrenciales, extrañas en esa parte de la isla de baja pluviometría, excedieron la capacidad del suelo de absorber agua. La tierra, principalmente en Haití, ha perdido los árboles que atan con sus raíces los terrones e impiden que se desmoronen los montes.

Durante el día y la noche llovió. La cuenca se rebosó y los torrentes hicieron caer enormes trozos de montaña que crearon una represa del lado haitiano. Cuando el caudal sobrepasó esa improvisada presa de tierra y piedra, estalló, y se lanzó montaña abajo. El torrente arrastró vidas y bienes en el lado haitiano, primero, y en el dominicano después. Todo ocurrió en pocos minutos.

Finalmente lanzó su carga de mortandad en el lago Enriquillo.

Al otro día la desolación era inmensa y el dolor aún mayor. El mundo entero se conmovió y las ayudas corrieron hacia Jimaní y hacia las comunidades haitianas. Se planteó la necesidad de reforestar para impedir que en el futuro ocurriera algo similar.

Se anunció la reconstrucción de viviendas para auxiliar a los miles que quedaron desamparados. Pero al cumplirse hoy los dos años de este acontecimiento todavía Jimaní está deforestado y, por tanto, la potencial amenaza permanece hoy igual que hace dos años.

Pero lo más increíble de todo es que aún después de transcurridos dos años sigue el desamparo, viviendas sin terminar, promesas incumplidas, escenas desgarradoras.

En este año en que se anuncian huracanes catastróficos para esta zona del mundo, es previsible esperar que esa parte del país pueda ser afectada, puesto que estamos en la ruta de estos fenómenos atmosféricos.

Si esto es tan previsible - como dice el refrán es una “guerra avisada” - ¿cómo no se toman previsiones? ¿Cómo es que nuestras autoridades - en dos administraciones diferentes - no han podido encontrar soluciones a un asunto tan simple y preventivo?

Jimaní es una realidad que nos golpea a la cara.

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¿Cuánto cuesta el proceso electoral?

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Es innegable - y esa es nuestra posición - que la democracia tiene un costo económico inevitable en partidos y campañas políticas tanto para esta como para cualquier sociedad, y que es un gasto imprescindible.

Pero, ante el volumen de actividades y propaganda de todo género como las que hemos visto incrementarse en los últimos años, sería interesante establecer ¿cuánto cuesta, cuánto gasta la sociedad dominicana en este proceso para sostener instituciones que son inmanentes al contexto del buen gobierno, como es el caso del Congreso Nacional y los ayuntamientos?
Sería un buen ejercicio matemático o contable que deberían hacer las autoridades.

Es imprescindible que tengamos un Congreso Nacional o un organismo de creación de regulaciones. Es, asimismo, imprescindible la creación de un cuerpo de gobierno más reducido a nuestro entorno, como es el caso de los ayuntamientos. Estos organismos han sido la base de la mejor forma de gobierno que se ha podido dar la humanidad a través de los últimos milenios.

En todas las sociedades y en todas las culturas han existido estas instituciones de gobierno con mayor o menor desarrollo, poder o influencia, más claramente aplicados o únicamente esbozados. Éstas, por tanto, parecen inherentes a la forma de vida de los seres humanos en todas las latitudes.

Por tanto, no estamos discutiendo el valor social de estos organismos.Lo que tratamos de advertir es algo que uno de los embajadores de la Unión Europea, recién establecido en el país, notó desde que pisó tierra dominicana: “Cuan costosa es la campaña política en la República Dominicana, una nación pobre”.

Como el Congreso Nacional estará ahora inclinado hacia el partido del presidente Leonel Fernández -quien ha dado muestras de interesarse en temas como los planteados por organismos internacionales para la reducción de la pobreza y mejorar la educación- sería importante que este tema del gasto sea analizado cuidadosamente.

¿Es imprescindible todo esto para que la población escoja representantes a los ayuntamientos o al Congreso Nacional? Si de todas maneras tendremos que escogerlos ¿no habrá una forma menos costosa?

Un punto a favor de los que han criticado esto es observar el nivel de las abstenciones. La propaganda no ha sido suficiente para convencer de votar a la mitad de la población. Entonces, ¿para qué sirvió todo ese gasto? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Debió todo ese dinero dirigirse hacia otros capítulos no menos importantes?

Nuestros líderes políticos deberán reflexionar con precaución en torno a esto y quizás presentar a la sociedad una propuesta seria de remediación.

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Todo el mundo lo sabe ya

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Parecería una paradoja, como las tantas que se dan en nuestra sociedad, pero es una realidad que espanta.

Todo el mundo sabe ya, en todas las comunidades - grandes y pequeñas - quiénes ganaron y quiénes perdieron. Los únicos que parecen no saberlo - o prefieren ignorarlo - son los funcionarios depositarios de la documentación del proceso y los perdedores.

Es innegable que la boleta que se ha diseñado es de difícil interpretación para el ciudadano que debe votar, además de que provee graves dificultades en el proceso de recuento de los votos.

Es suficiente con tres elecciones legislativas y municipales para comprender que este tipo de embrollo en las boletas es irresistible, además de que crea problemas innecesarios y previsibles. Lo que se impone es modificar cuanto antes esta forma de votación.

Con estas elecciones queda más que demostrado que el ciudadano sí puede - aún frente a todos los recovecos que se han inventado los jefes partidarios al imponer estas boletas - elegir claramente y desechar a quiénes les resultan indeseables.

Esta boleta interrumpe el deseo del ciudadano de alcanzar una real representación.
La boleta debe ser hecha por estamentos de representación para que cada demarcación sepa por quién vota. Se tiene ya que abandonar la idea de que el voto se le debe dar en parte al partido o que el partido tiene derechos adquiridos por sí. La Constitución establece que la base del poder está en el pueblo y en la decisión de ese pueblo de expresarla por medio del voto directo o a través de sus representantes.

Hace años que aprendimos que las boletas “de arrastre” interrumpían esa representación y la hacían oscura e indefinida.

Con la reforma de la boleta se quiso alcanzar una mayor representación, pero ahora están por medio las ambiciones de las dirigencias de los partidos que aún piensan y actúan con métodos que se suponían superados.

Estas elecciones recién pasadas demostraron que la población supo diseñar la dirección de su voto. Hay comunidades donde esa disección está claramente establecida y esto debe respetarse.

Es imposible permitir ahora que los retrogradas y los acuerdos de aposento quieran imponer “soluciones”. La solución es la que se expresó en las urnas, la que ya es conocida en toda la población.

Los partidos deben hacer sus reclamos. A eso tienen derecho como se los reconoce la ley. Pero esos reclamos deben hacerse tras terminar el conteo de los votos.

Es mejor que los políticos comiencen a acostumbrarse a la expresión libérrima del voto popular. Es, en ocasiones, un trago amargo, pero nadie puede evitar apurarlo.

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¡Paz a la ciudadanía!

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- La población reclama paz. Demasiado violencia se ha soportado hasta ahora, fomentada por una delincuencia que espanta. Es imposible esperar que a esta angustia se le quiera sumar más intranquilidad con violencia entre los grupos políticos que se supone deben tener la representación de una población que ha demostrado su vocación pacifista y patrocinadora de armonía.

Ahora surge un nuevo ingrediente que intranquiliza más. Es el escamoteo de votos y los arreglos al margen de la expresión popular en las urnas, como parece advertir el comunicado del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Es importante que los líderes principales de los partidos políticos comiencen a disolver el lenguaje de atropellos y dirimir sin violencia sus diferencias. Los líderes inducen en sus seguidores las buenas o las malas conductas, por lo que los dirigentes tienen una mayor responsabilidad social.

Ese proceso, que está creando desconfianza en el sistema de partidos que ahora tenemos, no puede continuar.

La población merece paz. Y está comenzando a reclamarla. Una forma sutil de protesta contra los patrocinadores de la intranquilidad es el restablecimiento - a los tres días de las votaciones - de todas las actividades sociales. Las poblaciones retornaron a su febril actividad, al congestionamiento del tránsito y su laboreo.

Todavía les interesa conocer en detalle lo que ocurre con sus líderes, pero cada vez tienen menor interés o prestan menos atención. Esto debe ser advertido por los partidos políticos.

Con esto no queremos decir que el ciudadano se aleja de los partidos políticos. Pero sí queremos advertir que se distancia de los líderes escamoteadores, “rebuseros” y poco confiables.

Hay quienes, al tratar de interpretar esta actitud de rechazo de la violencia de gran parte de la población, advierten que hay un rechazo a los partidos. Pero esto no es cierto. Lo que puede sentirse es una desvinculación con formas de actuar de dirigentes políticos.

Los partidos son instituciones fundamentales para organizar la representación de la población. Han existido en todas las sociedades y en todos los grupos, aún en las tribus más primitivas y bajo las dictaduras. Son, de hecho, no necesariamente de derecho, agrupaciones de personas con intereses comunes frente a determinados objetivos. Por tanto, es ilusorio pensar que dejaremos de tener partidos, porque aborrezcamos los actuales. Los grupos sociales buscarán siempre, de una u otra manera, formas de expresión común, de grupos grandes o pequeños, y por tanto habrá partidos, con o sin nombres rimbombantes.

Son, en consecuencia, los mecanismos de los que se vale la población para mejorar sus condiciones de vida, conservar sus bienes y su entorno, y garantizar la permanencia de la sociedad. Es por medio de su accionar que se logra el interactuar civilizado que garantiza el disfrute de los derechos ciudadanos. Es este el mecanismo más apropiado.

En consecuencia, tienen una mayor responsabilidad los líderes políticos y es por esto que a ellos reclamos paz para la población que se ha comportado de una manera civilizada.

Necesitamos paz para progresar. ¡Necesitamos tranquilidad!

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Nadie puede malograr esta democracia

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.- Si algo ha quedado claro en nuestros procesos electorales es la auténtica vocación democrática del pueblo.

Los electores no son de ningún partido en especial. La mayoría se mueve en función de expectativas y de la confianza que puedan suscitar en ellas los candidatos.Las considerables fluctuaciones que han experimentado las votaciones en favor de cualquiera de los tres grandes partidos, en 20 años de elecciones libres, es una muestra inequívoca.

Eso es lo que explica que entre una elección y otra hayan cambiado las simpatías de la mayoría y que el partido que una vez obtuvo abrumador respaldo, sufriera a la vuelta de otros comicios un rechazo mayor o proporcional.

El electorado es bastante sorprendente. Los partidos no pueden sentirse que poseen la mayoría, pues esta inclina su favor según sienta que el partido o los líderes que ha llevado al Gobierno han satisfecho sus expectativas.

En el caso actual, la mayoría ha decidido darle un voto de confianza al gobierno del presidente Leonel Fernández, tanto como se la dio, en el pasado, a Hipólito Mejía para que ascendiera a la Presidencia y contara con el más abrumador poder en los estamentos del Estado.

A la hora de evaluar los resultados, el desempeño de cada gobierno, el elector prefiere acudir a las urnas para ratificarlo o rechazarlo, sin apelar a la violencia o a cualquier vía inconstitucional e irregular.

Otra prueba de la vocación democrática es que, consciente del descrédito del sistema de partidos, no apostó, en estos comicios, a su colapso, como se hubiera entendido si la abstención hubiese sido intencionalmente alta.

A contrapelo de los temores de que una elección congresional o municipal no provoca entusiasmo, en estos pasados comicios se evidenció el enorme interés del ciudadano por producir cambios por la vía electoral.

Esa vocación y esa convicción democrática no pueden ser burladas ni malogradas por ninguna entidad, sea institucional, estatal o política.

De ahí nuestro insistente reclamo en que la JCE apure la emisión de sus cómputos, para que cese la incertidumbre y se cierre el paso a las componendas de los que quieren pescar en aguas revueltas tras cada elección.

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Un clima de peligro

SANTO DOMINGO.-El clima post-electoral se está enrareciendo vertiginosamente. Peligrosamente. Las fricciones entre partidos contendientes o electores disgustados se tornan violentas y sangrientas.

Ya llevamos varios muertos en la etapa post-electoral y cunde intranquilidad, confusión y dudas por culpa de la lentitud de la JCE en terminar la difusión de los computos finales.

Militantes fanatizados se atrincheran en locales partidarios y rechazan los resultados dados a conocer oficialmente hasta el momento.

Algunos locales de juntas electorales, como en Baní, Elías Piña y Nagua, han sido cerrados a causa de amenazas o broncas alrededor del proceso de validación de actas.

Hay dudas y confusión en esta delicada etapa de conteo y difusión de los votos.La Junta Central Electoral dosifica, como un suero, sus cómputos y el país se llena de rumores de que algo irregular se persigue con esta lentitud.

De nuevo, las coaliciones partidarias se amparan en sus propios conteos para distribuirse escaños congresionales o sindicaturas y regidurías.

Estas proclamaciones de triunfos son impertinentes y provocadoras.Poco parece importarles lo que diga o deje de decir la JCE en sus boletines.

Hasta se habla de fraude, de impugnaciones y de reclamaciones, y no faltan paranoicos dispuestos a salir a las calles a desconocer los resultados hasta ahora oficializados.

La enorme inversión en recursos humanos y tecnológicos hecha por la JCE para 12 horas de votaciones y otra tanda de conteo no ha cumplido su cometido.

No se explica la exasperante tardanza entre uno y otro boletín, ni el hecho de que cada uno de esos comprenda, aproximadamente, a 200 mil electores.

Esta situacion está creando las condiciones para una crisis innecesaria y temeraria en el proceso.La JCE tiene que apurar el paso.

Su credibilidad es la única garantía para que los inconformes, los perdedores, acepten el veredicto de las urnas.

Ella está poniendo en juego esa credibilidad, en la medida en que proyecta incapacidad para oficializar unos datos que ya todos los partidos poseen en sus actas de votaciones.

JCE, al paso de mula cansada

SANTO DOMINGO.-En las elecciones presidenciales de 1962, cuando había que computar manualmente los votos de un millón 54 mil electores, el país supo en menos de 24 horas que Juan Bosch había sido electo Presidente.

En las del 1966, con un sufragio de un millón 345 mil votantes, ocurrió lo mismo. El país supo que Joaquín Balaguer ganaba los comicios en menos de 24 horas.

Sucesivamente, los sistemas de elección se han ido modificando pero el electorado ha sabido manejarse con las nuevas modalidades y, salvo el “puscht” militar contra la Junta en 1978, no ha habido traumas severos en el proceso de contar y emitir el veredicto final.

Ahora, sin embargo, con una población menor de electores y con un gasto multimillonario en montaje y tecnología, estamos enfangados en un lento y exasperante conteo de los votos.

Estos largos lapsos entre un boletín y otro, pasadas más de 24 horas de las elecciones y abarcando un porcentaje inferior a la mitad, suscitan muchas sospechas y preocupaciones.

Cuánta falta hace una Comisión de Seguimiento para espolear a los lentos sistemas computacionales de la JCE a que se espabilen y suelten rápido las cifras finales.

Si en las presidenciales del 2004 supimos a tiempo los resultados, eso fue obra de dicha Comisión. Pero ahora, torpedeada incluso por algunos partidos, esa Comisión no existe y, por ende, no hay una instancia a la cual recurrir para que la JCE, al paso de mula cansada, salga de su marasmo y nos diga, ya, quién ganó las elecciones congresionales y municipales del martes.

La recuperación de Doña Yolanda

Nos alegra la noticia de que la señora madre del Presidente de la República, doña Yolanda Reyna, ha sido dada de alta y ha superado la crisis de salud que obligó a que se le implantara un marcapasos.

La señora Reyna estuvo internada en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada, Laboratorio y Telemedicina (CEDIMAT) por más de cinco días, coincidiendo su recaída con el proceso electoral del país.

El Presidente Leonel Fernández, sin descuidar sus delicadas funciones como jefe del Estado y máximo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo a su lado y pendiente de su estado, demostrando que el amor y el cuidado de una madre está por encima de cualquier otra prioridad en nuestras obligaciones pasajeras.

¡Que se agilicen esos cómputos!

SANTO DOMINGO.-La tardanza en emitir el primer boletín oficial sobre el resultado de las elecciones congresuales y municipales del martes, ha desembocado en contradictorios anuncios de victoria entre las principales alianzas competidoras.

A las 2 de la madrugada de hoy fue que vino a conocerse el primero de esos boletines para el orden congresional, lo que causa preocupación y angustia y da lugar a proclamaciones tempranas de triunfo de las dos coaliciones que se disputan los principales cargos en juego.

El elector se impacienta por conocer el resultado de sus sufragios, y fácilmente reacciona ante los primeros impulsos de esas proclamaciones de triunfo. Luego se le hace muy difícil aceptar una derrota, o validar los cómputos que se dan como oficiales por la JCE.

Afortunadamente, el elector, en esta oportunidad, ha esperado paciente el resultado, de manera tan ejemplar y civilizada como concurrió a las mesas electorales durante todo el día del martes.

Una significativa ausencia de electores, como estaba prevista originalmente, no empañó el carácter democrático, regular y libre que alcanzó esa justa.

En el fondo, la inasistencia traduce un amplio sentimiento de apatía hacia las ofertas electorales de los partidos, que es también una opción que la democracia brinda a los pueblos para que expresen de algún modo y sin coerción sus puntos de vista sobre el proceso.

Las dificultades se originan entre los partidos, sus delegados o los candidatos inconformes cuando los veredictos de las urnas no los favorecen.

Falta esperar ahora el resultado final de las votaciones, para determinar cómo queda el mapa de la representación política en el Congreso y los ayuntamientos y, luego, confiar en que el mandato popular sea cabalmente respetado por todas las partes, ninguna de las cuales tiene derecho a torcer ni manipular la decisión que el pueblo ha dictado a través del voto.

Una cita ineludible

SANTO DOMINGO.-El pueblo dominicano está convocado hoy a una cita ineludible: al sufragio electoral para escoger a los congresistas y autoridades municipales del período 2006-2008.

Por las características especiales de esta elección, en la que se permite el llamado “voto preferencial”, estos comicios constituyen una prueba para el reforzamiento del sistema democrático, que se basa en la alternabilidad y en la representatividad de los elegidos.

Si bien es demasiado amplia la lista de candidatos, estas elecciones ofrecen la oportunidad al votante de medir y sopesar la calidad, la preparación o el grado de aptitud profesional y la vocación de servicio público de muchos de ellos.

Es una oportunidad, como dice la Iglesia, para escoger a los mejores, es decir, a los que el pueblo perciba que reúnen condiciones que los hacen merecedores de la fe y la confianza pública.

Este ejercicio ayudará sobremanera a poner un freno, un valladar, contra la inclusión en estos puestos de poder de individuos cuya vida ha estado marcada por la ineptitud, la deshonestidad, la marrullería y la corrupción.

O contra aquellos de quienes pueda sospecharse que han llegado suertudamente a esas categorías de candidatos por la fuerza de intereses oscuros ligados al narcotráfico u otras formas delictivas.

En la medida en que los ciudadanos entiendan que el votar representa una oportunidad de oro para decidir el destino de sus instituciones estatales, en esa medida el voto se hace más comprometido con ese principio.

En juego está la composición del Congreso y de los gobiernos municipales. El reto de las nuevas autoridades es el de concebir leyes e iniciativas que conecten mejor al país con las tendencias del desarrollo mundial.

No puede ser un Congreso rezagado ni maniqueado por intereses que a menudo resultan perturbadores al proceso dinámico de la globalización en que nos encontramos.

El país que irá hoy a las urnas lo hará, sin dudas, con la expectativa de escoger autoridades que puedan devolver a esas instancias de poder su decisivo rol en la marcha del país, el brillo de las mejores ideas, el auténtico espacio para el debate de los asuntos nacionales e internacionales de manera seria y profunda, y su obligación de servir al bien común, no a las parcelas codiciosas que sólo aspiran a chupar del presupuesto nacional o a convertir los recintos del Congreso y los ayuntamientos en un mercado de leyes y prebendas.

Un día fatídico en la vida de Listín

SANTO DOMINGO.-El 15 de mayo del 2003 es un día fatídico, acaso el más terrible en los 117 años de historia de vida independiente de este diario.

Ese día, los cancerberos de Hipólito Mejía intervinieron el periódico para controlar su línea editorial e informativa y ponerla al servicio de su reelección, ambición que el pueblo rechazó abrumadoramente un año después en los comicios presidenciales.

La ocupación del Listín formaba parte--y hoy se ve más claro el propósito-- de un burdo y descarado montaje para preservar en el poder a un grupo que sólo hizo retroceder el país, hundiéndolo en un fango de corrupción, chercha populista y envilecimiento moral jamás visto.

Hubo que librar una perseverante lucha en los tribunales de justicia y soportar desacatos a sus sentencias, hasta que finalmente la Suprema Corte de Justicia ordenó la devolución del diario a sus legítimos propietarios.

En un pasado lejano, la misma intención malévola y desorbitada acompañó las presiones ejercidas por la dictadura de Trujillo para obligar al cierre de este diario por más de dos décadas.

La diferencia en las dos fechas es que en la primera el periódico pudo organizar su paréntesis histórico, pero en la reciente no, pues fuimos ocupados por un gobierno sin calidad moral para hacer lo que hizo, de cuyos personajes principales el país conserva todavía un ingrato recuerdo.

Pero, por fortuna, Listín no estuvo solo en medio del atropello. Sus lectores y sus clientes y la sociedad sensata rechazaron el abuso y las falacias en que se apoyó el gobierno de Hipólito Mejía para intervenirnos.

Una experiencia como esta, no importa sus matices y grados de injusticia, la han soportado también otros diarios en el mundo cuando se enfrentan a un poder ambicioso, paranoico y dictatorial que pretende su control.

Ese es el precio que se paga por preservar la independencia, la dignidad y la credibilidad periodística. Y para defender esos valores, sólo tenemos un arma: la verdad, y una divisa: la firme convicción de luchar para que jamás otro gobierno intente humillarnos, desconsiderarnos y usufructuar ilegalmente una empresa que no le pertenece.

Y ahora... pasemos balance

SANTO DOMINGO.-Hoy termina la campaña electoral y atrás queda un derroche multimillonario de pesos y una montaña de pobres desatendidos y desesperanzados.

La cuantiosísima inversión que han hecho el Estado y los partidos para el montaje y desarrollo de estas elecciones ha sido un escándalo.

Es de tal magnitud que hasta el embajador de una de las naciones más ricas y poderosas del mundo, Alemania, se quejó de lo tanto que ha gastado un país pobre en estos menesteres.
¿Para qué ha servido la inversión?

Pues, para mostrar la inutilidad de la verborragia politiquera, la carencia de ideas y programas precisos y viables en la mayoría de los aspirantes, para presenciar la incapacidad de los grupos de concertar un serio compromiso de respetarse en la campaña, para contemplar las flaquezas humanas de los que venden sus lealtades partidarias, y para medir la incomparable ambición de poder de 10 mil 200 ciudadanos que quieren “servir” al país como manejadores del presupuesto público.

Llegamos al momento crucial de las elecciones -este martes- con un perceptible desgano de las mayorías de ir a votar por candidatos que no convencen con sus eslóganes de campaña, o que no resultan confiables a los ojos de muchos, porque carecen de credenciales profesionales o morales para garantizar un honesto y fructífero ejercicio de la posición a que aspiran.

Ha de revisarse, para el futuro, qué conviene al país: si botar o derrochar millones en campañas huecas, tensas y estériles, o en la imperativa atención a barrios y pueblos miseriosos, a gente que busca salud y educación, y a fomentar programas que abran las puertas del empleo a los millares de compatriotas cuyo voto desesperado buscan los que tratan de escalar hasta las fuentes del poder.



Por la salud de Hatuey

El licenciado Hatuey De Camps ha tenido que ser trasladado de emergencia a los Estados Unidos, debido a complicaciones en su salud.

El licenciado De Camps es un prestigioso y perseverante luchador político, que ha dado los mejores años de su joven existencia al esfuerzo de mantener la democracia dominicana. Y por esa trayectoria, es una de nuestras más importantes figuras públicas.

Hacemos votos por su total y rápida recuperación y por su vuelta a la actividad política del país, donde se le necesita por su correcto y firme liderazgo.

¡Que Dios nos coja confesados!

SANO DOMINGO.-Es una pena que se haya tomado la decisión de disolver la Comisión de Asistencia Electoral, a causa del desplome del Pacto de la Civilidad.

Esa Comisión era la única instancia confiable que podría tener la sociedad y todos los electores a la hora de la verdad de las urnas, de los clásicos pataleos electorales.

Cuando los partidos o candidatos que se sepan perdedores intenten cuestionar los resultados, este país se dará cuenta de lo importante que hubiera sido contar con dicha Comisión.

Los primeros que cuestionan a la Junta Central Electoral cuando no están conformes con los sufragios son los propios partidos o candidatos participantes.

Y es en esos tranques, ya familiares para la sociedad dominicana, que una comisión independiente, a cuyos miembros no se les puede tildar de ser jueces parcializados o comprometidos con los partidos que los designaron, puede cumplir un trabajo de búsqueda de la concordia y el entendimiento.

En el pasado, y en contextos de crisis electorales, una comisión de este tipo ha podido intervenir como un ente magnífico para el acuerdo y la solución. Su creación, en el marco del Pacto de la Civilidad, debió trascender más allá de los desacuerdos de los partidos firmantes.

Y si se piensa bien, ella era la mejor opción que tenían los partidos para dirimir, dentro de la JCE, cualquier tipo de conflicto que pudiera poner en peligro la integridad y legitimidad del proceso.

La forma en que se ha roto el Pacto de la Civilidad, bajo el cual nació la Comisión de Asistencia Electoral, presagia más tensiones en la antesala de los comicios del martes 16.

Si el órgano rector de las elecciones y sus jueces no hubiesen sido cuestionados o puestos bajo sospecha, tal vez nadie osaría a apostar al tranque o al vacío existiendo una comisión de notables no parcializada y con calidad moral para avalar un veredicto.

Pero las cosas han cambiado desde anoche para acá. ¡Que Dios nos coja confesados!

Candidatos objetables

SANTO DOMINGO.-Entre los más de 10 mil aspirantes a cargos congresuales y municipales en las elecciones del día 16 hay individuos con hojas de vida muy negras.

El que hayan podido alcanzar el estatus que ahora tienen como candidatos demuestra que falta todavía mucho rigor legal en este país para impedir que cualquier truhán o narcotraficante sea llevado por vía del voto legítimo a puestos de mando en los poderes públicos.

Personajes con cuentas pendientes en la justicia o con evidentes conexidades con el crimen y la corrupción administrativa han tenido la suerte de intervenir e influir en los procesos electivos de las organizaciones políticas, y ostentar hoy una categoría que les permite optar por un escaño en el Congreso o por un cargo en los gobiernos municipales.

Tanto se reconoce la existencia de estas especies dañinas en el universo de candidaturas que un alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos llegó a proponer en estos días a los dominicanos que no voten por aquellos aspirantes marcados por estas categorías delictivas.

Si no los hubiera, en el presente proceso, sobraría referirse a ellos. Pero la advertencia ha sido oportuna si tomamos en cuenta que en muchos países de América Latina, en especial aquellos que han sido desafiados por el narcotráfico, la osadía de los delincuentes ha llegado a tal punto que logran situar en los centros de poder a sus propios camaradas para asegurarse la continuidad o expansión de sus actividades ilícitas.

Tienen recursos en abundancia para imponerse en los procesos electivos de las agrupaciones partidarias y, una vez alcanzadas las posiciones del poder público, predominar en ellas y dirigir la orquesta de sus maquinaciones perversas.

En el caso dominicano, sería una pena y una vergüenza que individuos deshonestos, descalificados, subjúdices o altamente sospechosos por sus inconductas morales y políticas, sean llevados a la grupa del voto legítimo y libre a las más codiciadas posiciones del Congreso y los ayuntamientos y, todavía más, a los otros pilares del Estado que tienen bajo su responsabilidad la conducción de los destinos de nuestra nación.

Que se publique antes la lista de los “desubicados”

SANTO DOMINGO.-Si algún ciudadano fue “desubicado” de su mesa de votar sin su consentimiento, lo pertinente es que la Junta Central se lo comunique a tiempo.

Y una de esas maneras podría ser la publicación de la lista de sus nuevos colegios antes de las elecciones.

Este mecanismo permitiría que quienes no están enterados del cambio, porque no lo autorizaron, puedan saber de antemano a cuáles colegios fueron remitidos.

Lo que se ha establecido es que miles de personas han sido cambiadas no de mesas o de recintos, sino de un lugar a otro fuera de su jurisdicción original.

Es decir, de la capital a Pedernales.

Si el elector no está enterado de ese cambio, una publicación temprana de la lista de desubicados ayudaría a enterarse a tiempo. De ese modo estaría en condiciones de ir directamente al centro de votación, y no acudir a la mesa en la que siempre vota y encontrarse con que debe de sufragar en otra distinta, tal vez a larga distancia.

¿Qué pasaría si un elector fue removido sin consentimiento a otra mesa? ¿Estaría obligado a votar en la nueva, que tal vez no conoce, por unos candidatos que tampoco conoce o que no serían de su agrado?

Si es así, se estaría violando su derecho constitucional al privársele de votar en el lugar en el que siempre ha votado, o forzándolo a sufragar por candidatos que no conoce o en una jurisdicción a la cual no pertenece.

Creemos que la publicación, a nivel nacional, de los votantes desubicados puede evitar muchos inconvenientes a la hora de las votaciones.

Y mientras menos dificultades y confusiones existan, mucho mejor para lograr que estos sean unos comicios libres, transparentes y confiables.

Una cautelosa precaución

SANTO DOMINGO.-Los partidos políticos han consentido, finalmente, en crear la Comisión de Asistencia Electoral, cuyo auxilio de seguro que lo vamos a necesitar.

Este es un proceso que viene marcado por sospechosas dislocaciones de votantes que aún no han sido esclarecidas, sino vanamente minimizadas.

Eso de decir que las dislocaciones (más de 160 mil, cerca de un uno por ciento del electorado) no influirán en el resultado de las votaciones, es un ridículo consuelo.

Los partidos que lidian en estas elecciones conocen de sobra las maniobras más usuales que se realizan para sacar provecho, tramposamente, del voto.

Esas “dislocaciones” las han patrocinado, en el pasado, candidatos con poder que llevan de un lugar a otro, por ejemplo de la capital a un pueblo distante, a miles de sus “electores” sobre la base del cambio de domicilios.

O utilizan cédulas marrulleramente obtenidas en la fuente que las expide, para “inscribir” haitianos o personas no aptas para el voto. O sencillamente compran cédulas auténticas a sus portadores ñsobre todo si son señalados del partido contrarioñ para impedirles el sufragio.

También se han denunciado, en el pasado, finas jugadas de tipo electrónico para alterar el padrón, así como escamoteos intencionales de utensilios para votar a fin de que no lleguen a tiempo a las mesas electorales.

En medio de una maraña de irregularidades, en la que todos sabemos que meten sus manos los políticos, una Comisión de Asistencia Electoral nunca deja de ser una cautelosa medida de precaución frente a tollos mayores.

Esa es una instancia con capacidad moral para advertir situaciones anómalas o para frenar cualquier desvarío. No es, como se ha querido pintar, una comisión para sustituir a la Junta Central Electoral, sino para hacer más creíble y legítimo su trabajo y su veredicto final.

Esta decisión de los partidos, de crear la Comisión, figura entre los puntos acordados en el Pacto de la Civilidad firmado ayer, bajo el aliento y apoyo del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado, figura creíble y al mismo tiempo experta en estos seguimientos.

Fue la mejor apuesta, frente a un panorama no del todo claro, hasta el momento, con lo que tiene que ver con el manejo del proceso electoral.

La sociedad encancerada (y 3)

SANTO DOMINGO.-El peor de todos los tumores de nuestra sociedad es la desesperanza. Cuando el paciente la pierde, se rinde por completo a la agresividad letal del cáncer. Esta sociedad está tumorizada, y hemos dejado que las enfermedades nos envilezcan, y nos degraden.
En ese trance estamos perdiendo la identidad.

¿A quién le preocupa el ideal de nuestros patricios? ¿Qué valor tienen sus enseñanzas para las actuales y futuras generaciones? ¿Por qué somos tan insensibles frente a una serie de fenómenos que nos hacen una nación dependiente y subordinada a las fuerzas o tendencias que imponen los más poderosos?

Estamos actuando con indiferencia. Y los que nos mandan son, en este sentido, los más indolentes.

Una cultura contradictoria, ajena a nuestros valores, se asienta y echa raíces al conjuro de una invasión pacífica de millares de seres humanos desafortunados y desvalidos, y se conjuga con la nuestra, bastante desdibujada por esa pérdida de la identidad nacional. Es un dejar de hacer y un dejar pasar lo que estamos viviendo.

No hay acción contra la cultura de la desobediencia de las leyes, no hay castigo de los corruptos, no hay protesta ante los desmanes y saqueos que protagonizan algunos políticos desde los puestos públicos, no hay manera de contener la expansión del narco, como mercado y como plataforma de negocios mafiosos, no hay respuestas para evitar la huida al exilio de millares y millares de ciudadanos desesperanzados o desempleados.

No hay autoridad completa. La poca que queda no se ejerce, sea cual sea su nivel. Los servicios básicos han fracasado. No hay proyecto que avance sin comisiones. No hay seguridad ciudadana para nadie. Ni justicia totalmente confiable.

Hay aridez en el liderazgo nacional, sobre todo en el moral, y por ese resquicio penetran los más descalificados, el tigueraje que asecha para devorar los recursos públicos a cualquier costo.

Lo material que se plasma en un crecimiento urbano o en las estadísticas de la economía no subsana la pobreza integral que corroe el cuerpo social. Sin valores morales y sin valores patrios estamos como aquél que pierde la brújula y no puede direccionar el rumbo de sus objetivos.

Una sociedad así, es una sociedad encancerada hasta el tuétano.

La sociedad encancerada (2)

SANTO DOMINGO.-El cuerpo de nuestra sociedad está emponzoñado por males gravísimos, el principal de los cuales es la corrupción en todas las esferas, más notoria en aquellas que administran los bienes públicos.

De las pocas fuentes que ayudan a ver más claro el diagnóstico de tal podredumbre, las auditorías constituyen uno de ellos. Por eso las ocultan.

En el espacio en que nos desenvolvemos, no hay nada que garantice en lo absoluto lo que se nos ofrece o lo que solicitamos o adquirimos por paga, o lo que nos corresponde como compensación y atención del Estado.

Un trabajador se pasa la vida como empleado, sujeta su renta al pago de impuestos, pero al abandonar el oficio queda desamparado y desatendido por el Estado, sin derecho a recibir en justicia parte de lo que dio en sudor y lágrimas por su país.

Las inequidades están a la orden del día. Desde los abusos con precios adulterados hasta la venta de artículos y servicios que adolecen de la mejor calidad. El ejemplo más palpable es el servicio de energía eléctrica, que se cobra pero no se garantiza.

La parte sana de la sociedad, la que estudia y se interesa por servir, no encuentra cómo canalizar sus contribuciones intelectuales o laborales. No se abren espacios para los nuevos profesionales, por lo que muchos emigran o se entregan a oficios de oportunidad, o de lo contrario no sobreviven dignamente.

Los seres humanos que necesitan alguna atención especial, sean niños o adultos de la tercera edad, no tienen dolientes, salvo escasas instituciones y personalidades que cultivan la filantropía y la caridad y se ocupan de ellos.

Y si bien estas tumoraciones, señaladas grosso modo, no son ajenas al conocimiento de todos nosotros, lo increíble es que, conociéndolas, no aparezcan los más aptos con el cauterio en las manos para extirparlas.

La sociedad encancerada (1)

SANTO DOMINGO.-Adolorida por varios tumores que uno no sabe cuándo van a reventar, la sociedad dominicana luce encancerada.

La imagen pudiera parecer hiperbólica, pero le cuadra, sin dudas, a la realidad que vivimos (¿ o sufrimos?) cada día.

Una sociedad enferma es aquella cuyos órganos vitales están disfuncionales: sus leyes, sus autoridades, sus valores morales, sus instituciones.

Si la comparáramos con un cuerpo humano y le pusiéramos equivalentes a la cabeza, el tronco y las extremidades con cada uno de los elementos más afines, tendríamos de inmediato una radiografía perfecta de ella.

Sus tumores son relevantes: cualquiera desafía la ley porque sabe que la autoridad o la justicia flaquean en algún tramo del acto de penalizar, o porque percibe que la ley pueden violarla hasta los mismos que están llamados a custodiarla y hacerla respetar.

Si hay una delincuencia generalizada, que no respeta límites, es consecuencia de ese tumor. Y delinquir no es únicamente perpetrar actos criminales o abominables, sino violar elementales reglas que toda sociedad se impone para asegurar una coexistencia ordenada entre sus miembros.

Una sociedad encancerada es aquella en que la mayoría de su población, como ocurre en el caso nuestro, agoniza en la pobreza, atrapada en una maraña de limitaciones y escaseces, llena de enfermos y hambrientos, sin esperanzas de que el cuadro pueda cambiar radicalmente en los años venideros.

Un retraso anunciado

SANTO DOMINGO.-El elector dominicano se impacienta cuando la Junta Electoral tarda en dar a conocer los resultados de sus sufragios.
En esa especie de limbo que crean los lapsos entre un boletín y otro, la ciudadanía queda a merced de un inquietante compás de espera que da origen, a su vez, a numerosas conjeturas.

Y más que a conjeturas, a la prisa de los partidos que se presumen ganadores por difundir sus propios cómputos.

En un ambiente así, se precipitan las controversias y las alegaciones entre los partidos o los candidatos y se desencadena una fuerte presión sobre los tabuladores de la JCE para que aceleren su trabajo.

Conociendo de antemano estos factores de trauma, la Junta Central Electoral se ha esmerado en anunciar un ritmo lento, tardío, en el cómputo y difusión de los resultados electorales, no se sabe bajo cuáles poderosas razones.

La prontitud en la depuración de las actas no depende sólo de los jueces electorales en cada mesa, sino de la decisión de los delegados de los partidos.

Es conocida la estrategia de los que se sienten perdedores, por clara percepción de la tendencia del voto, a rehusar la firma o validación de las actas, para retrasar intencionalmente su procesamiento, o para abrir cauces a las impugnaciones.

El problema pudiera darse, inclusive, entre delegados de una alianza partidaria ( que en estos comicios será uno por alianza, no por los partidos incluidos en esa alianza) que se sientan inconformes por la pérdida o la baja votación de los candidatos de su propio partido.

Pero, en realidad, lo preocupante es que la JCE avise de antemano que el conteo se retrasará. ¿Cuál es la razón, si no se espera una alta votación que complique las cosas?

Con la tecnología y la experiencia que hemos acumulado, en elecciones donde participan más votantes y los cómputos han sido difundidos mas rápidamente, no se entiende que ahora las cosas sean al revés.

Demasiadas aprehensiones se han creado alrededor de estos venideros comicios para que agreguemos más ingredientes preocupantes, como este del anticipado retraso en el conteo y difusión de los sufragios.

Por eso, es necesario que una Comisión de Seguimiento trabaje en proximidad con el organismo rector de las elecciones, para ayudar a despejar dudas o sinsabores el día después del 16 de mayo.

¿Qué tanto miedo a esa Comisión?

SANTO DOMINGO.-Nadie se explica por qué se ha formado tanta alharaca alrededor de la idea de que opere una Comisión de Seguimiento de las elecciones.

Los comicios dominicanos de las últimas décadas siempre han sido observados o fiscalizados por entidades y personalidades, sean de aquí o de fuera.

La Comisión de Seguimiento es una instancia moral que la misma sociedad ha creado para vacunarse a tiempo contra posibles tramposerías en los comicios.

Como aquí se integra la Junta Central Electoral con no disimulada presencia de jueces patrocinados o fielmente vinculados a partidos políticos, la sospecha sobre sus actos nunca desaparece de la mente de los electores.

La experiencia que hemos tenido con retruécanos de toda índole y con irregularidades engendradas en el mismo seno de ese tribunal, ha ido creando la necesidad de que, en cada proceso, se active la Comisión de Seguimiento.

Por lo regular, esta Comisión cumple la misión de garantizar un mínimo de limpieza de los comicios y, en ocasiones de dificultades, ha asumido un papel de mediadora o de arbitraje para evitar mayores problemas.

No tiene sentido que los partidos ñalgunos partidosñ se opongan a rajatablas a la existencia de esta Comisión, sobre la base de que ésta sería un organismo superior o supletorio de la Junta.

¿Acaso no son los mismos partidos los que, a través de sus delegados de mesas, validan finalmente las actas de votación? ¿Por qué no dejan que esta función sea exclusiva y potestativa de los oficiales de las juntas electorales?

Este solo papel demuestra que las elecciones se realizan bajo un amplio marco de vigilancia y seguimiento, ya sea de los propios partidos como de organizaciones no vinculadas al quehacer político.

Una Comisión de Seguimiento es algo más en ese universo de veedores. Pero la caracteriza el hecho de que se forma con figuras prominentes y confiables de la sociedad que no se prestarían a cohonestar una tentativa fraudulenta para torcer los resultados de los comicios.

Es indispensable, conociendo la aficción a los trucos electorales que tienen ciertas formaciones políticas, que una instancia mayor, ad hoc, vigile el proceso y sea garante de su limpieza, como muro de contención a toda suerte de factores que puedan empañarlo o violentarlo.

Que todos puedan votar

SANTO DOMINGO.-Al fardo de apatía que sobrellevan ya muchos electores desganados, se suma ahora como factor que desalienta el sufragio la noticia del cambio de mesas de votar en perjuicio de miles de electores.

La Junta Central Electoral tendrá que buscar rápidamente el mecanismo idóneo para que los “dislocados” puedan ejercer el voto donde les correspondía originalmente, salvo que sí hayan autorizado un cambio de dirección a plena voluntad.

Pero no puede permitirse que por culpa de errores que los votantes no cometieron ni por cambios que ellos jamás solicitaron, éstos se vean impedidos de ejercer un derecho constitucional. Esta sola causa es suficiente para anular cualquier comicios.

Los jueces de la JCE tienen que esclarecer las verdaderas causas de este problema que, al parecer, viene ocurriendo desde hace meses y que, a juzgar por lo que ha dicho sobre el particular el director de elecciones, es realmente preocupante.

La irregularidad detectada es de tal magnitud que sólo en una provincia, de 16 mil electores, hay mas de 3 mil votantes “dislocados” o “movilizados” de sus mesas de votación.

Lo peor de todo es que no hay un simple traslado interno en un mismo recinto, sino hacia otros colegios electorales situados fuera de la demarcación en la que viven los votantes.

De nada valdría autorizar a éstos últimos a votar en lugares fuera de sus provincias o municipios, ya que estarían forzados a hacerlo por candidatos que tal vez no conocen y por los cuales nunca han tenido intención de sufragar.

Hay que considerar que, de antemano, es alto el número de ciudadanos que no se animará a votar, según lo que arrojan los estudios de intención de voto de la misma JCE.

Si a ese desánimo se le abonan las denuncias de situaciones irregulares o no muy claras en el manejo del proceso, la gente se verá menos alentada a participar en un proceso de tales características.

Nadie desearía que a ese nivel de confusión estén las cosas el 16 de mayo. Así que la obligación de la JCE es aclarar y resolver lo que tenga que resolver de la manera más clara y satisfactoria posible. Y sin pérdida de tiempo.

El Pacto de Respeto Mutuo

SANTO DOMINGO.-Los candidatos a síndico del Distrito Nacional firmarán hoy un Pacto de Respeto Mutuo que puede tener un hondo significado en la vida política del país, más allá del plano episódico de estas elecciones.

No se trata únicamente de un compromiso coyuntural, sino de ir sentando las bases para que las campañas proselitistas del futuro se conduzcan bajo otras modalidades, tal y como se hace en naciones que han avanzado más que la nuestra en este quehacer.

El electorado de hoy siente la necesidad de que los candidatos lo atraigan y lo convenzan con otras herramientas, con técnicas de comunicación y de contacto más eficaces y no con ostentaciones de fuerza, a veces agresiva e irracional, ni con los excesos verbales e insultos que pasan por alto el fundamento y esencia de una competencia electoral.

No es a una gallera a la que vamos a ver animales matándose a espuelazos; ni al viejo circo romano a presenciar las fieras aniquilando a los competidores.

Las elecciones son un camino para que el pueblo, con entera libertad de conciencia y de paz pública, ejercite su derecho a decidir a quién favorece para dirigir sus destinos, ya sea en el orden nacional o en el municipal.

Generalmente, los que prefieren el camino de la gallera o del exterminio puro y simple del contrario, no tienen capacidad para sobresalir en la lucha, porque la personalizan. Pierden de vista que el elector sólo procura al candidato que mejor programa presente, o que demuestre su buena y comprometida intención con las necesidades de las mayorías; con aquel que muestre más capacidad, talento y decencia para desempeñar el cargo al que aspira.

Con este primer paso que dan hoy los candidatos a síndico por el Distrito Nacional, al firmar el Pacto de Respeto Mutuo en la sede de LISTÍN DIARIO, se envía al país un mensaje de cambio al electorado del presente y del futuro, en la forma de ejercer el proselitismo.

A partir de ahora, los candidatos pondrán de manifiesto su voluntad de ayudar a cambiar el método de hacer campaña, para que en el futuro los sucesores de su liderazgo -y sus partidarios, en definitiva- canalicen sus aspiraciones con maneras más civilizadas, menos insolentes y violentas, y más respetuosas del derecho de los demás a participar en una contienda sin presiones, sin amenazas, y sin tantas vaciedades en los discursos y las ofertas.

En la medida en que se acojan a sus términos y los hagan respetar entre sus seguidores, los candidatos se elevan en estima, alcanzan la estatura de políticos civilizados y comprometidos con el mejor destino de su país y se hacen ciudadanos más admirados, respetados y reconocidos por el pueblo.

El “día sin inmigrantes”, una prueba decisiva

SANTO DOMINGO.-Millones de inmigrantes esperan dar hoy una crucial prueba de su poder cuando paralicen hoy sus faenas en todos los Estados Unidos, en protesta por los planes de aprobar leyes que afectan su permanencia en ese país.

Los hispanos, que constituyen dentro de ese conglomerado de inmigrantes una porción bastante significativa, son los que prácticamente lideran y se responsabilizan del éxito de este histórico boicot.

Más allá del poder de convocatoria que han tenido para organizar marchas y convocar a este paro nacional, está el hecho de que esa comunidad hispana tiene negocios que globalmente producen para la economía norteamericana más de 700 mil millones de dólares anuales.

Tienen representatividad en los estamentos de la autoridad de ese país y forman una masa de más de 41 millones, lo que indudablemente marca con un sello especial la demostración que esperan dar hoy como señal de desaprobación a las leyes que criminalizarían o harían más difícil su presencia en los Estados Unidos.

No están solos en su proyecto. Iglesias de todas las denominaciones y organizaciones sociales, como la emergente coalición contra la guerra y el racismo, apoyan este boicot sobre la base de considerar que la idea que prima es la de reflexionar sobre el sentido de la dignidad del ser humano, así como pedir el reconocimiento legal de todas las personas en los Estados Unidos.

Lo que se reclama, fundamentalmente, es una amnistía incondicional, sin represalias para nadie, y la apertura de las fronteras con un sistema de migración que facilite la reunificación de los trabajadores con sus familiares.

Por la magnitud de las marchas que se han realizado previamente, se estima que estas manifestaciones pro inmigrantes han superado por mucho las movilizaciones de Martin Luther King demostrándole así al gobierno y a los senadores que los inmigrantes representan una fuerza muy grande y que esos poderes deben de modificar ineludiblemente toda actitud discriminatoria que alberguen contra los inmigrantes.