Paraiso de contrabandistas

En un país virtualmente inundado de drogas, a nadie puede resultarle extraño que esto se conviertiese, en el gobierno pasado, en un paraíso de los contrabandos.
La última y más escandalosa muestra la ofreció ayer la Dirección de Aduanas, al denunciar que 1,500 vehículos de lujo de todo tipo fueron introducidos al país sin pagar los impuestos correspondientes, porque una mafia interna se ocupaba de facilitar la evasión.
Hay 28 ex empleados y funcionarios de la pasada gestión involucrados junto a otras 12 personas todavía no identificadas públicamente en estos menesteres ilegales y mafiosos.
La investigación sobre este cuantioso fraude contra el fisco dominicano estableció que el mecanismo fue utilizado ampliamente desde el 2001 al 2004, un período en el que se proclamaba, con jactancia, que los contrabandos habían sido controlados y que la evasión también.
Como parte de las investigaciones dispuestas por el director de Aduanas, Miguel Cocco, un funcionario que ha dado pruebas de ejercicio responsable y honesto de sus funciones, unos 533 vehículos introducidos de contrabando ya fueron incautados.
Es probable que los compradores finales no tengan ninguna culpa ni complicidad en el crimen de evasión, por lo que ha de concentrarse la investigación –y la penalización del delito– en los verdaderos facilitadores de las operaciones.
En un negocio tan redondo como ese, tan sostenible en el tiempo como para que en casi cuatro años nadie lo hubiese descubierto, son muchas las instancias de Aduanas que debieron de estar comprometidas.
Éstas deben ser identificadas y enviadas a la Justicia.
Concomitantemente con esta sustracción de recursos que debieron entrar en el erario público, otra cantidad multimillonaria de pesos no pudo percibir el fisco por las graciosas exoneraciones y los llamados “impuestos únicos” otorgados privilegiadamente a los de aquel régimen.
Si las Aduanas del país, como se ha comprobado ahora, fueron tan perforadas por el contrabando de miles de vehículos, ¿qué impedimentos tenían los narcos para sacar provecho de las vulnerabilidades existentes e introducir sus grandes cargamentos de drogas a nuestro suelo, depositarlos, reempacarlos, exportarlos hacia los destinos finales y dejar un buen sedimento al mercado local?
Estas revelaciones de Aduanas son apenas el principio de una cadena de escándalos, atrocidades y desmanes que caracterizaron ya no a un Gobierno –porque ni así merece que le llamen– sino a la cleptocracia que nos desgobernó en un cuatrienio de retroceso y caos.

Quédese con nosotros y agarre al toro por los cuernos

Los viajes del Presidente de la República al extranjero despiertan siempre muchas expectativas. Y también críticas. Algunos de ellos obedecen a obligaciones ineludibles que han contraído, de manera concertada, varios gobernantes, como es el caso de las cumbres presidenciales.
Otros responden a gestos de reciprocidad, devolviendo la atención de alguna visita oficial de un presidente a nuestro país.
Por decisión propia, un Presidente puede elegir una misión, corta o larga, de uno o más países con los cuales desea incrementar las relaciones bilaterales, ya sea en el orden económico o en el cultural.
Siempre se esperan frutos de esas visitas y de esas misiones. Y, de hecho, se han conseguido muchos. En otros casos, las expectativas se diluyeron, sencillamente.
Al Presidente Fernández se le tiene como el gobernante dominicano que más ha viajado al extranjero en misión oficial, y no hay dudas de que en el orden personal, de su imagen, ha logrado posicionarse como un mandatario de gran estatura moral e intelectual, como un gobernante moderno.
Muy distinto de su sucesor, que aprovechó los viajes para francas cuchipandas presidenciales, a menudo incurriendo en payasadas ante sus anfitriones.
Ahora se anuncia que el Presidente planea salir de nuevo al extranjero, a dos lugares a los cuales ha ido en varias ocasiones, Taiwán y Japón, en un momento de inestabilidad, ya que aparentemente se suspendió una visita a Singapur, donde también ha ido varias veces.
Si en el Sudeste asiático las tensiones están a la orden del día, aquí las cosas, en nuestro país, no distan de ser graves.
La economía está frenada y cuasi paralizada. Los ciudadanos y los comerciantes sienten que sus presupuestos y sus negocios se deterioran por la falta de dinero en la calle. Los bancos no han podido prestar como antes –se dice que en sólo un año han dejado de prestar 30 mil millones de pesos– y para desconsuelo de depositantes, se reducen drásticamente las tasas que se les pagan a sus depósitos, porque no es negocio contar con una masa inmóvil de dinero sin ganar intereses.
La sequía que afecta al país se manifiesta en crisis agudas en el suministro de agua.Esta falta, unida a prolongados apagones, tiene al pueblo irritado.Y ya se anuncian más huelgas y paros.
Además,en el ambiente repercuten los despidos masivos en empresas, los precios altos de muchos productos de primera necesidad y de las medicinas. Estos son los asuntos que nos afectan y que interpelan al Presidente y a su Gobierno.
No creemos entonces que, frente a este cuadro de miserias y de minas sin estallar, sea prudente realizar ahora ese periplo presidencial. Nos gustaría más tener aquí al Presidente agarrando al toro por los cuernos, y no tan lejos ni tan ausente ni mucho menos divorciado de estas realidades, difíciles y quemantes, que jamás se subsanarían con una visita a Taiwán o Japón, por buena que sea en sus intenciones y en sus resultados concretos.

Manipulando la historia en medio de la crisis

A decir verdad, si fuese por virtudes y deberes de quienes han ejercido el solio presidencial, la galería palaciega deberían declararla desierta. Porque, unos más, otros menos, todos han cometido sus pecados sociales frente al pueblo

A este gobierno se le ha metido ahora un capricho al que no le vemos ni pie ni cabeza: crear una nueva galería de presidentes en el Palacio Nacional, excluyendo a los que, de acuerdo con el criterio de un historiador, irrespetaron las libertades públicas .No importa si se trata de presidentes electos constitucionalmente o no. Trátase, por lo visto, de una categoría especial que entra ahora bajo el juicio exhaustivo de este nuevo tribunal de la historia, asentado en el propio Palacio.Los presidentes que, según el veredicto de la Secretaría Administrativa, no respetaron las libertades públicas, no figurarán en la galería. Porque ésta, por lo que se pretende, es para los inmaculados.Pero ya le sale el tufillo del maniqueísmo histórico, pues a Balaguer se le dejará con su foto, aunque consignando su ejercicio del 86 al 96, pero no el de los 12 años. No entendemos el retruécano. Y cabe preguntarse, para su caso y para el de los demás, ¿qué es más pecaminoso, inaceptable o bochornoso en un Presidente: el haber cometido actos de corrupción y otras perversidades, o violar las libertades públicas? Ambas son reprochables.Bajo los criterios con que se montará la nueva galería, es evidente que en ella podrán figurar presidentes que, habiendo sido corruptos, no violaron las libertades públicas. Aún así, cabe también preguntarse ¿qué pueder ser más perjudicial a un pueblo en un determinado momento o coyuntura histórica: que le roben a mansalva los dineros del erario, o que le den unos cuantos porrazos a los opositores?Además, este criterio sobre las libertades públicas es muy endeble para darle categoría histórica a un hombre,un estadista o un líder de ocasión, o para irradiarlo de una galería de presidentes o de una supuesta y fabricada élite de presidentes buenos.La historia no puede someterse a esta manipulación.Y no estamos para ociosidades de este tipo, cuando el país tiene encima demasiados problemas que ameritan la atención del Presidente y sus ministros.Introducir este elemento, juntando fotos de mansos y cimarrones en una galería palaciega, es inoportuno. Y, por demás, peligroso como un boomerang.A los presidentes se les debe juzgar por un conjunto de acciones, no por una u otra cualidad o deber. Este juego con la historia pierde sentido cuando a Balaguer se le reconoce un período y no otro. A decir verdad, si fuese por virtudes y deberes de quienes han ejercido el solio presidencial, la galería palaciega deberían declararla desierta. Porque, unos más, otros menos, todos han cometido sus pecados sociales frente al pueblo. Unos, falsos moralistas, resultaron ser tremendos alacranes. Otros, falsos civilistas, totalmente lo contrario. El que esté libre de esos pecados, que tire la primera piedra.

Pensemos en nuestras potencialidades agropecuarias

La agropecuaria dominicana necesita un espacio más para ser dimensionada, esta vez enfocando el grueso de su producción en muchos rubros hacia el sector más dinámico y demandante, que es el turismo

En la medida en que aumenta la oferta de habitaciones hoteleras para turistas en todo el país, se advierte la necesidad de crear al menos dos grandes centrales de abastos agropecuarios para satisfacer la demanda de alimentos y productos en esas infraestructuras.El turismo es ahora la fuente de negocios y de empleos más sostenible y todo lo que se mueve como oferta y demanda en los hoteles es apenas perceptible o conocido para la mayoría de los dominicanos.Basta moverse por esas zonas para apreciar los contrastes en los niveles de vida que existen en ellas y los que prevalecen en el resto del país, fruto de ese desarrollo turístico.Parecería que dos países se mueven en paralelo, uno hacia adelante, con estas infraestructuras, y otro a duras penas trata de encontrar las sendas del desarrollo, con dificultades.Antes nos quejábamos del decrecimiento de nuestras exportaciones, pero ocurre que ya tenemos un mercado exigente, que demanda y devora todo cuanto produce el campo dominicano. Pero todavía esa producción no ha sido debidamente canalizada hacia esos negocios, aunque su valor global el año pasado superaba los 300 millones de dólares, casi la misma cantidad de los recursos exportables -de todo género- en ese período.Esto indica que es indispensable organizar una producción masiva y especializada dirigida hacia los consumidores de los centros hoteleros y turísticos del país, lo que conllevará, además, a un mejoramiento en los sistemas de manejo, empaque y distribución de productos, con mejor calidad.Dos grandes centrales de abastecimiento pueden significar el primer paso para esa organización. Los productores necesitan ajustar con los compradores un mecanismo para suplirles productos con regularidad y a precios estables, y los primeros deben asegurarse un pronto pago por sus ventas.Todo eso se puede lograr si le damos a la agropecuaria dominicana un espacio más para dimensionarla, esta vez enfocando el grueso de su producción en muchos rubros hacia el sector más dinámico y demandante, que es el turismo.Esto no significa que se desestime el importante mercado externo.Por el contrario, aquí no ha existido organización de la producción ni de su venta, ni estrategias de mercado. El exportador se vale de su propia destreza y asume sus propios riesgos, y a menudo el Estado lo penaliza, lo cual es un contrasentido. Lo mismo pasa con los productores locales, quienes debido al poco financiamiento de los bancos comerciales se ven obligados a acudir a fuentes oficiales de préstamo o a los usureros de siempre, sin garantías de que producirán con calidad y en volumen adecuado de acuerdo a la magnitud de sus inversiones.El desarrollo de invernaderos debe alentarse para que la producción dominicana comience a ser considerada en su alto valor estratégico y económico. Hay que apostar a la tecnificación y modernización de la agricultura y la pecuaria como si se tratase de los eslabones más urgentes que tenemos que crear para aspirar a un desarrollo a la altura de los tiempos que vivimos.

La nueva cárcel de mujeres de Najayo

La cárcel de mujeres dejará de ser lo que era, un cabaret, un centro de negocios de prostitución y drogas, de compra y venta de indultos, para convertirse en un centro de reclusión modelo

El sistema carcelario dominicano da un paso de avance significativo con la apertura del Centro de Corrección y Rehabilitación de Mujeres, en Najayo.Es un paso hacia el modelo ideal que todos los dominicanos aspiran. Tomará su tiempo, pero lo importante es que ya comenzamos.Este nuevo pabellón ofrece condiciones de alojamiento que no existen en otras cárceles, salvo en la de Puerto Plata que, por nueva, incluye también facilidades que responden a un régimen interno distinto al de los infiernos que son las demás prisiones.En Najayo, las mujeres tendrán celdas iguales, con ventilación artificial, baños y un televisor común. Dispondrán de áreas de deportes para ellas y sus hijos, cocina con cuarto frío, capilla, biblioteca, gimnasio, economato y dispensario médico, entre otras facilidades.Serán custodiadas, por primera vez, por un cuerpo especializado de mujeres desarmadas.Y no se permitirá que entren personas armadas, sean civiles o militares.Se procura, con este cambio de ambiente, propiciar las condiciones para la verdadera regeneración o re educación de las reclusas.La cárcel de mujeres dejará de ser lo que era, un cabaret, un centro de negocios de prostitución y drogas, de compra y venta de indultos, para convertirse en un centro de reclusión modelo.Esa es la línea que debemos seguir con el resto de las prisiones, todavía regimentadas por prácticas que privilegian esas aberraciones.De las 35 cárceles que existen en el país, puros antros e infiernos en los que la tortura nunca ha dejado de ser un componente del castigo, fuente a la vez del odio y la venganza de muchos, 21 están bajo la custodia del Ejército y 12 de la Policía.Esto indica que hay que cambiar esta situación y ponerlas bajo la dirección de una policía de prisiones, verdaderamente especializada.Y hay que mejorar sustancialmente el mecanismo de enjuiciamiento de los reclusos, pues de 13,710 presos, sólo 3,514 son condenados definitivamente. El resto espera por juicio, unos 979 tienen sus casos en apelación y 122 en casación.La capacidad de todas esas cárceles es de 9,152 presos y estamos hablando de más de 13 mil. Eso provoca hacinamiento, promiscuidad,es caldo de cultivo para motines y reyertas. De ese total, la mayoría no tiene cama.Ahora la dirección de Prisiones ha mejorado la alimentación de los reclusos en las principales cárceles, como la de La Victoria, donde se les ofrecen tres comidas diarias, de buena calidad, no bazofia.Felicitamos al ministerio público, encabezado por el Procurador General, doctor Domínguez Brito y al director de Prisiones, general De la Cruz Martínez, por estos avances que, aunque incipientes, abren esperanzas hacia la humanización de nuestras cárceles.

El derecho de expresión y de información

Palabras pronunciadas por el periodista Miguel Franjul, director general del LISTIN DIARIO, en el seminario sobre derechos humanos organizado por la OEA en Santo Domingo el 21 de marzo del 2005.



Desde mediados del siglo 18 la libertad de expresión ha ido adquiriendo categoría universal como un derecho inalienable del hombre.

Desde la Declaración del Derecho del Buen Pueblo de Virginia, del 12 de julio de 1776,que sirvió de modelo para los nuevos estados que surgían y se organizaban jurídicamente en la Unión Americana, pasando por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, este derecho se ha ido ampliando y afianzando en nuestras sociedades.

En efecto, el precepto 19 de esa Declaración postula que *todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión*.

Este es un párrafo rico en su contenido, pues homogeniza un amplio y complejo cuadro de derechos humanos que no se limitan únicamente al ejercicio de decir lo que se piensa, sino que garantiza el acceso a cualquier fuente de información, a recibir información y a difundir esta sin limitación de fronteras, lo que en la práctica se convierte en un verdadero derecho a la información.

Hay tres facultades básicas en este precepto.

La facultad de *investigar*, que la entendemos como una responsabilidad atribuida a los profesionales de la información, a los medios informativos y al público, en general, para poder acceder a las fuentes de las informaciones.

La facultad de *recibir*,en la que subyace el derecho a la noticia, y en la que reconocemos que es un requisito indispensable el que la verdad tenga la primacía en la afirmación del objeto de ese derecho.

Y la facultad de *difundir*, que consiste en la fase vital del ciclo de la comunicación humana, que es donde radica para todos nosotros, ciudadanos o profesionales de la información, el mayor reto, pues persisten restricciones y limitaciones que chocan con el espíritu de esta doctrina del derecho a la expresión.
Fíjense que en la mayoría de las constituciones y legislaciones se reconocen los derechos a buscar la información y a expresarla, pero acompañadas de esta infaltable salvaguarda: siempre y cuando no vayan en contra del órden público o pongan en peligro la seguridad ciudadana*.

No discutimos que este es un derecho que ha de ejercerse en sentido positivo, pero como dijeron los periodistas franceses en su *Carta del derecho a la información* de 1973, la sola libertad de prensa no garantiza, en una sociedad moderna, la información de los ciudadanos. Por ello, se afirma una necesidad nueva, una exigencia contemporanea, que es el derecho a la información.

Con este postulado se reconoce que la información es requisito e impulso para que el hombre, individualmente considerado, adopte decisiones políticas que, por serlas, adquieren un valor comunitario. En pocas palabras, el derecho a la información es componente y acicate de la participación humana en toda actividad que ayude a su progreso y bienestar.

Si bien es cierto que no debería existir ninguna discriminación para el uso y el disfrute de ese derecho, en la práctica rigen limitaciones , tanto aquí como en otras partes de nuestro continente, pero tenemos que reconocer que las más odiosas y penalizantes, como las llamadas leyes mordaza para el caso de los medios de comunicación, han ido desapareciendo en la medida en que se consolida el ejercicio de la transparencia y se fortalece el régimen democrático.

En el caso dominicano, el artículo 8, acápite 6 de nuestra Constitución, ha consagrado el derecho a la información a todos los ciudadanos, aunque no de manera absoluta. Sus límites son bastante explícitos, tales como la dignidad y la moral de las personas, el orden público y las buenas costumbres de la sociedad, el respeto a las figuras del Presidente y el Vicepresidente de la República y a la memoria misma de los difuntos. Estos límites se encuentran consignados en la ley 6132, que es la que rige aquí la expresión y la difusión del pensamiento.

Pero existen también otras legislaciones que, directa o indirectamente impactan en el ejercicio de la libertad de expresión, como son el Código del Menor, la ley de derechos de autor y la mas reciente de todas, la de acceso a la información pública, que ensanchan o abren aún más el abanico de límites para garantizar la protección del honor, la intimidad, la propia imagen de cualquier ciudadano y, en especial, de los niños y los jóvenes.

Ese carácter limitativo, sin embargo, no es exclusivo de nuestro régimen constitucional, legal o jurídico, sino que predomina con distinto rigor y variedad de circunstancias en la jurisprudencia norteamericana y en la francesa, de la cual se ha nutrido la ley dominicana número 6132.

Estamos luchando por la reforma de esta ley, procurando la eliminación de todas las sanciones, multas y restricciones que contiene. Y lo mismo ocurre en distintos países de América Latina.
Ahora mismo se desarrolla en los Estados Unidos un interesante debate sobre las implicaciones del reciente fallo de un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, en el que se obliga a Judy Miller, de The New York Times, y a Matthew Cooper, de la revista Time, a que revelen sus fuentes confidenciales ante un jurado de acusación que investiga la filtración del nombre de una mujer que trabaja para la CIA, o de lo contrario estos periodistas quedarían encarcelados por 18 meses.
Anteriormente, otros jueces en otros estados norteamericanos utilizaron este mecanismo para presionar por la revelación de fuentes a distintos periodistas de la televisión y la prensa escrita,y no hay dudas de que estas acciones provocan una gran preocupación en todos aquellos que imaginamos a los Estados Unidos como el paradigma del respeto a las libertad de expresión.
Ahora la prensa de ese pais lucha para que el Congreso establezca una llamada ley escudo a escala federal, que la proteja de esas limitaciones.
También observamos, con la misma preocupación, un gran contraste en el hecho de que mientras algunos países latinoamericanos incorporan al conjunto de sus leyes el libre acceso a las fuentes informativas, por el otro aprueban reglamentos que, en la práctica, adulteran el propósito esencial, a menudo dificultando su ejercicio pleno y real.

Y si los gobernantes y legisladores no logran mediatizar los alcances de estas leyes de acceso por via de los reglamentos, entonces lo hacen por otro conducto: por via de leyes mas penalizantes para el ejercicio del periodismo o a través de argucias administrativas y disposiciones absurdas destinadas a afectar, como quiera, al sujeto, al objeto o al contenido de tal precepto.

Confiamos, no obstante, que en la medida en que los sistemas políticos y jurídicos de los pueblos vayan evolucionando hacia modelos mas democráticos y participativos, esta libertad de la información se irá tornando mas amplia, mas universal, digamos menos parametrada y condicionada. Esa es nuestra esperanza.

Nos encontramos ahora, justamente, en una de las etapas de la historia de mayor apertura y de fluidez de la información, y parecería que con la aparición de nuevas herramientas y nuevos medios, el ser humano está mejor comunicado y, por ende, mejor enterado y preparado para un mejor desenvolvimiento social e intelectual, en pocas palabras, mas apto para disfrutar de una verdadera cultura de la información que ya se generaliza.

Bajo esta cultura, no se concibe que el ser humano sea privado de conocer toda la información que le interesa para poder participar y decidir de su destino. Los pueblos no se conforman con lo que quieran decir los gobiernos, sino con lo que ellos necesitan saber. La gente necesita tener acceso a información imparcial para poder tomar decisiones bien pensadas sobre candidatos y temas de interés general, y así poder participar plenamente en los procesos políticos de nuestros países

De ahí que esté muy en boga la demanda por transparencia y claridad para los órganos del Estado y de la sociedad civil.

Ahora bien, la conquista del libre derecho a la expresión y a la información no es absoluta si los medios de comunicación olvidan o desertan de sus responsabilidades o desnaturalizan y abusan de esos preceptos. O si los ciudadanos, individual y colectivamente, no defienden a rajatablas ese derecho natural que tienen para indagar, recibir y difundir informaciones, como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Sequía y calor: dos malas noticias

Y mientras evoluciona este fenómeno, que ha cambiado el perfil de la primavera, es indispensable que las Fuerzas Armadas presten su ayuda para reforzar la vigilancia en las zonas boscosas del país, manteniéndose alertas frente a cualquier amenaza de incendio

Teóricamente ha comenzado la primavera, pero ya las estaciones no nos llegan como antes. Esta vez, el país se asoma a un clima totalmente contrario al que tradicionalmente esperábamos para estas semanas.La Oficina Nacional de Meteorología predice que tendremos unos días muy calurosos y que se intensifica la sequía. Dos malas noticias.El país debe recibir estas noticias con la seriedad que amerita , para no desperdiciar el agua almacenada ni para propiciar eventos que desaten fuegos forestales, como el que devasta en estos momentos una zona de la cordillera Central y otra de Los Haitises.Estamos casi en las puertas de una emergencia ecológica por esta causa. Y debemos hacer conciencia de que todas estas novedades son el fruto de las imprevisibles transformaciones en el clima mundial. Una primavera clásica sería la que comenzó ayer, 21 de marzo, con el equinoccio de primavera y concluye el 21 de junio con el solsticio de verano. En tiempos normales, la naturaleza ofrecía un panorama caracterizado por el color verde, por la germinación de las semillas, los árboles, las flores. Había lluvia, humedad, sol y temperaturas templadas y, sobre todo, agradable viento. Los especialistas observan que desde hace algunos años, la primavera se presenta semanas antes de lo habitual y con una temperatura cálida, sin lluvias ni viento.Las causas de este cambio se relacionan con el efecto invernadero. El llamado Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU ha dicho que estos cambios alteran fenómenos biológicos, ecológicos, agrícolas, socioeconómicos e incluso sanitarios.Las olas de calor, como las que ya comenzamos a sentir en el país, acarrean problemas en los cultivos, puesto que hacen madurar las cosechas antes de tiempo, paralizan el crecimiento de las plantas y disminuyen el rendimiento de los sembradíos. Estos cambios deben obligar a las autoridades a disponer de una extensa campaña de orientación en las escuelas, en los centros comunales de los campos y en los clubes de nuestras ciudades, para que vayamos adquiriendo conciencia de sus efectos.Y mientras evoluciona este fenómeno, que ha cambiado el perfil de la primavera, es indispensable que las Fuerzas Armadas presten su ayuda para reforzar la vigilancia en las zonas boscosas del país, manteniéndose alertas frente a cualquier amenaza de incendio.En tiempos como estos, cualquier fuego se propaga con rapidez en las montañas, y es penoso que después de haber invertido tanto tiempo y dinero, sudor y esfuerzos, para repoblar nuestras montañas, perdamos las riquezas de sus bosques en unos cuantos días.La ciudadanía tiene que asumir con la seriedad que lo amerita esta voz de alarma que ha dado Meteorología, y esmerarse en cuidar el ambiente y cuidar la vida misma, sin hacer desarreglos.

Alzas, apagones, desempleo y poco circulante

No nos llamemos a engaños ni pretendamos tapar con una confusa retórica el pesado impacto de ese acuerdo, que ciertamente disciplina la economía, pero que también trae más miseria y más desempleo, menos circulante y más apreturas para todos los dominicanos.


A muchos resulta injustificable que los precios de una gran variedad de productos de consumo diario sigan elevados.Han vuelto las quejas de los consumidores porque no encuentran relación entre la baja de la prima del dólar--desde hace tiempo estabilizada entre 28 y 30 por uno---y los estáticos precios de productos importados o muy impactados por insumos extranjeros.

A esto se suma un alto contraste entre los precios de un mismo artículo en diferentes supermercados, tanto en productos manufacturados como naturales, lo que indica que estamos bajo el imperio de un desorden en esta materia.

Por otro lado, hay factores como la sequía o los daños causados por fenómenos naturales a los sembradíos agrícolas que han provocado escasez, baja oferta, y por ende han subido los precios.Otro factor es que el gasoil ha estado subiendo en las últimas semanas.

Y que los fletes marítimos de insumos o productos terminados también persisten elevados, lo que necesariamente se refleja en el costo final.A la baja y estabilizada tasa de cambio del dólar se le culpa ahora de todas nuestras dificultades presentes.

No solo es la culpable, según se dice, del descalabro del sector de zonas francas, que ha tenido que despedir a millares de trabajadores, sino de una pérdida gradual de la rentabilidad del negocio hotelero turístico.

Tanto ha sido su efecto en las “remesas” que ahora se está poniendo de moda, entre dominicanos residentes en el exterior, cambiar la naturaleza de sus envíos.Ahoran llegan cajas con alimentos enlatados o envasados, con ropas, medicinas y otros artículos útiles, como una forma de compensar la baja en los ingresos que antes recibían sus familiares cuando el dólar estaba al 50 ó más por uno.

Estas “nuevas remesas” pueden ser alternativas satisfactorias, pero reducen el ingreso de divisas al país.Otra razón poderosa que tienen los residentes en el exterior para cambiar los contenidos de sus despachos, es que las casas remesadoras les aplican una tasa dos dólares menor a la tasa vigente en Dominicana, mientras que las cajas con alimentos, ropas, medicinas o utensilios, tienen una tarifa invariable, según peso y tamaño.

Lo cierto es que, con la agudización de los apagones y con los efectos reales que ha tenido sobre el circulante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los dominicanos se las están viendo negras para desenvolverse con sus necesidades cotidianas.

No nos llamemos a engaños ni pretendamos tapar con una confusa retórica el pesado impacto de ese acuerdo, que ciertamente disciplina la economía, pero que también trae más miseria y más desempleo, menos circulante y más apreturas para todos los dominicanos.

Por eso es que muchos han pegado el grito al cielo con los precios que no bajan, con los combustibles que suben y con los apagones que no cesan.

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La Cámara de Cuentas cumplió, ¿y qué ha pasado?

La Justicia tiene un reto consigo misma y con el país. Y, hasta ahora, se ha quedado corta, muy perezosa, tal vez constreñida, por algunas señales que la invitan a voltear la vista y mirar del lado contrario al de la podredumbre que heredamos

Desde septiembre del año pasado, la Cámara de Cuentas ha depositado formalmente en la Fiscalía del Distrito Nacional cinco auditorías con graves indicios de corrupción en el manejo de los recursos públicos.Con excepción de un caso, el del Plan Renove, que es ahora cuando entra a juicio preliminar, los demás casos parecen que han sido colocados dentro de la nevera.Nos referimos a las auditorías practicadas a la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Juventud Rural Inc. (Fundejur), el 30 de septiembre del 2004, la del Consejo Nacional de Transporte o Plan Renove, el 7 de octubre del mismo año, la del Aeropuerto Internacional La Isabela –AILI, el 14 de octubre, la de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas ,el 21 de octubre y la de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (Edeeste), el 11 de noviembre. Lo que se expone en ellas es una monstruosa dilapidación de fondos públicos, con graves pérdidas para el erario, y una asombrosa colección de prácticas irregulares y violaciones a toda suerte de procedimientos administrativos en distintas dependencias oficiales.Fuera de esas auditorías, hay otras que no se han dado a conocer porque en ciertas esferas del actual Gobierno predomina la idea de que es mejor no alborotar a la franja política en la que se anidan los culpables, mientras se discuten y se aprueban en el Congreso algunos proyectos de leyes.A este trato es que le temen muchos dominicanos, porque puede fomentar la impunidad de esos hechos bochornosos, y la apertura de una vía para nuevas depredaciones de los recursos públicos.Hay otros casos bajo investigación de los que nada se habla en estos días. ¿En qué grado están las averiguaciones sobre la venta de indultos y órdenes de libertad en favor de reconocidos delincuentes y, peor aún , convictos de narcotráfico?Por otro lado, ¿qué avance han logrado las autoridades judiciales para identificar, apresar y someter a los tribunales a los “prominentes” ciudadanos que han cooperado aquí con los narcos?Y el tema de los vehículos “sustraídos” y otra vez “sustraídos” para uso de altos oficiales de la Policía, ¿en qué devino?El pueblo tiene la sensación de que, en materia de lucha anti-corrupción, no hay mucho que esperar. No percibe ni voluntad ni sistematicidad en las autoridades.Hubiese sido un consuelo que pudiésemos decir que ha habido más espuma que chocolate, pero ni siquiera espuma ha habido.La Justicia tiene un reto consigo misma y con el país.Y, hasta ahora, se ha quedado corta, muy perezosa, tal vez constreñida, por algunas señales que la invitan a voltear la vista y mirar del lado contrario al de la podredumbre que heredamos.

Promese, un cambio del cielo a la tierra

Promese es una institución a la que el Estado debe de ofrecerle el mayor apoyo y adjudicarle las necesarias categorías, a ver si las medicinas llegan ahora más baratas y con buena calidad a una población que las necesita, pero que no tiene dinero para adquirirlas ni para consumirlas en un largo y costoso tratamiento

Las medicinas han estado prácticamente inalcanzables para los pobres y para los de la clase media por sus elevados costos, lo que constituye una verdadera tragedia social y humana.Bajo el anterior gobierno, la crisis alcanzó sus mayores grados. Los hospitales y clínicas públicas, así como la red de farmacias populares, quedaron desabastecidos, y millares de pacientes pobres sufrieron las consecuencias.Los pacientes tenían que gastar sus escasos cheles comprando medicinas en farmacias privadas porque el Gobierno, que supo endeudarse en cantidades astronómicas de millones de dólares y pesos, dejó sin el servicio a los hospitales. Y hubo casos dramáticos de pacientes renales que murieron por falta de los insumos para dializarse.Esa realidad ha dado un cambio del cielo a la tierra en los últimos meses, porque el Promese, que es la agencia encargada de suplir el 40 por ciento de las medicinas que compran los hospitales, ha reorganizado sus mecanismos y ahora abastece en orden, sin mafias y sin basuras farmacéuticas, a esos centros de salud.Un ejemplo elocuente es que el Promese suple cada día 101 kits de insumos para diálisis a igual número de pacientes renales del hospital Padre Billini, a un costo cada kits de 1,900 pesos. Se trata de una obra de grandeza humana, de respeto a la dignidad y a la vida de hombres y mujeres que, además de su pobreza, no tienen recursos ni siquiera para mantenerse vivos con las diálisis.Promese puede hacer mucho más en la lucha contra la pobreza.El Gobierno debería elevar su categoría y ampliar el radio de acción de sus programas, concediéndoles el cien por ciento de las ventas de medicinas genéricas a los hospitales y clínicas públicas, para resolver las demandas de medicinas baratas y seguras.Pudiera el Promese convertirse en una especie de agencia que emita alertas al país sobre medicamentos vencidos o sacados del mercado, y pudiera ser, también, un eje importante en la verificación, examen y certificación de los medicamentos que llegan al país, una función que hasta ahora le corresponde a un departamento de la Secretaría de Salud Pública, ya que posee los sistemas apropiados para esos análisis.Promese dispone ahora de abundantes medicinas e insumos, ya no hay crisis de abastecimiento de éstos en los centros hospitalarios, y se están remodelando las farmacias populares que, en número mayor de los 400, posee en todo el país.Ahora hay más control para evitar que se adquieran, con suplidores tramposos y ambiciosos, medicinas vencidas o medicinas sin los adecuados componentes, o para que se ordenaran compras de productos que, a la postre, tenían que ser incinerados porque eran una verdadera porquería.Promese es una institución a la que el Estado debe de ofrecerle el mayor apoyo y adjudicarle las necesarias categorías, a ver si las medicinas llegan ahora más baratas y con buena calidad a una población que las necesita, pero que no tiene dinero para adquirirlas ni para consumirlas en un largo y costoso tratamiento.

El auge de los tabloides en América Latina

CIUDAD DE PANAMA.-Los mercadólogos de la prensa escrita vaticinan que, tarde o temprano, la mayoría de los diarios de tamaño sábana de América Latina se convertirán en tabloides. Y todo porque, según los sistemáticos sondeos que han hecho con lectores tradicionales y nuevos, ese es el formato que mas se adapta a sus necesidades actuales.

Como nunca antes se había visto en los seminarios que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa en el marco de sus asambleas anuales y semi-anuales, esta vez no hubo cupos en las salas repletas de directores, de la vieja guardia y de las nuevas generaciones, para escuchar lo que dicen los gurúes del mercado acerca del futuro.

Angel Gómez, de México, Iñaki Palacios, de la Agencia Cases Asociates, y Earl J. Wilkenson, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Mercadeo de Periódicos, con sede en Estados Unidos, polarizaron la atención de los editores al demostrar, con cifras y con estudios de lectoría, cómo el fenómeno de la ‘tabloidización’ gana cuerpo en nuestro continente y en todo el mundo.

Tabloides, como lo es Diario@Diario, han existido desde hace muchos años compartiendo mercado con los de tamaño Standard, pero una serie de factores han contribuido a modificar las audiencias tradicionales de los usuarios de estos medios y a crear otras exigencias en materia de lectura y de información, que los tabloides capitalizan adecuadamente.

LOS JOVENES QUIEREN OTROS MODELOS
Todos los expositores coincidieron en algo: los lectores jóvenes quieren otro modelo, y el tabloide les llena sus expectativas.La ‘tabloidizacion’ ganó terreno a partir del surgimiento de los periódicos Metro que, nacidos en Estocolmo, se generalizaron por el globo aportando una opción de lectoría para los pasajeros de trenes , autobuses y aviones.

Eran gratuitos, pero no es en su gratuidad donde radica el atractivo, sino en los formatos breves y explícitos que utilizaron para encapsular las noticias.En la medida en que el fenómeno se afianzaba y el Internet ganaba adeptos con sus modelos concisos, la lectura rápida emergió como una respuesta al enorme caudal de información que llega hoy al ser humano sin tiempo para conocerla y procesarla.

Una cosa es un diario hecho para ser consumido en quince minutos o media hora, en un contexto de movilización de pasajeros, y otra es la motivación y la aspiración de los lectores.Y es obvio que, frente a las fortalezas de los periódicos Standard, los tabloides conquistan por su portabilidad, porque son mas económicos, porque al no doblarse garantizan una trasmisión visual y real de sus contenidos y porque, interiormente, presentan la historia de manera integrada.

Mientras se multiplican los tabloides, desaparece gradualmente la clásica percepción de que los periódicos pequeños son amarillos o sensacionalistas.Ya varios gigantes de la prensa mundial han adoptado el formato tabloide, otros van camino hacia ese proceso con reducciones de su anchura y altura, pasando mas adelante a un tipo Berlinés y finalmente al tabloide real.

UN TEMA COMPLEJO
Según Wilkinson, los jóvenes prefieren los periódicos tabloides, cuando hay que ir de viaje o cuando se va de casa al trabajo, además las investigaciones de INMA indican que los lectores prefieren mejor las páginas pequeñas de un tabloide. Los cambios de formatos de los periódicos estándar a tabloides, según las investigaciones en Europa, pueden tener algún éxito siempre y cuando se puedan consolidar en el mercado.

Sin embargo, éste es el tema más complejo, expresó Wilkinson. El paso del estándar al tabloide no es un fenómeno nuevo, pero tras la experiencia "más sonada y más reciente" registrada en el Reino Unido se está extendiendo con celeridad en muchos países, subrayó el experto.

El cambio, comentó, ha adquirido una nueva dimensión por la necesidad de adaptarse a los gustos y necesidades del lector actual, elevar la circulación y la publicidad, atraer nuevos lectores, en especial mujeres y jóvenes, hacer frente a Internet y periódicos gratuitos o pasar de un mercado nacional a uno regional o viceversa.Wilkinson advirtió que cambiar al formato tabloide no asegura el éxito y "a corto plazo puede resultar de alto riesgo", por lo que hay que "ser cautelosos".

LOS QUE MARCAN EL CAMINO
Gómez, por su parte, indicó que la experiencia internacional demuestra que en el negocio de la comunicación son los lectores los que marcan el camino a seguir.Son ellos los que justamente han dicho que "lo pequeño es atractivo”.Con "pequeño" se refiere a un formato de periódicos más reducido.

Iñaki Palacios está de acuerdo con él; sin embargo, durante su exposición, prefirió optar por ejemplos concretos de periódicos de Europa y Estados Unidos para los que la transición de diario sábana o standard ha sido un éxito.



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El desafuero, aunque tardío, es un paso correcto

Que esto sirva de lección a todos. Nadie puede apañar un acto innoble, una mala conducta o una falta grave en que incurran los funcionarios electos, como parecía que iba a ocurrir con este legislador, hasta que la Suprema emitió su histórica y ejemplar sentencia.


La figura del “desafuero” está consignada en muchas constituciones y representa un mecanismo, propio del Congreso, para viabilizar el enjuiciamiento de los funcionarios públicos elegidos, incluidos los mismos legisladores, que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

El enjuiciamiento puede hacerlo la Justicia, a través de sus tribunales ordinarios, o el Senado, dependiendo del curso que los diputados quieran darle al acto del “desafuero” del funcionario o legislador implicado.

Esto fue lo que debió hacer, mucho tiempo atrás, la Cámara de Diputados con su miembro, Radhamés Ramos García, para que la Justicia o el Senado se ocuparan de dilucidar si era realmente reo del delito de tráfico de indocumentados hacia el país.

Tuvo que producirse una sentencia condenatoria de la Suprema Corte de Justicia que forzara el paso que acaba dar la Cámara ayer, para que ahora el diputado Ramos García, formalmente despojado de su inmunidad legislativa, comparezca ante el Senado a juicio político.

Lo que viene es previsible: el Senado tendrá que ratificar el veredicto de la Suprema y destituir al legislador, con lo cual se estaría dando un paso —demorado y forzado— importante para la democracia.

Nada pasará en el país por el hecho de que ambas cámaras, al asumir esta decisión, eliminen de su seno a un legislador que ha delinquido. Pero el antecedente servirá para demostrar que no hay que temerle al imperio de la democracia y al fortalecimiento de sus reglas, es decir, a la institucionalidad.

Nunca avanzaremos si los órganos del Estado, llamados a respetar sus propias atribuciones, como esta del “desafuero”, se muestran elusivos, incapaces, indiferentes o reacios a utilizar esa figura contra uno de sus miembros, por una razón todavía inexplicable de “protegerlo”, aún a sabiendas de su grave falta.

Lo que persigue el desafuero, como figura de atribución exclusiva de la Cámara, es justamente proteger a sus miembros de una acción unilateral de cualquier otro poder del Estado.

Sin embargo, en el caso actual, ese hecho se produjo desde el momento en que la Suprema lo condenó, aunque ayer mismo le concediera el hábeas corpus para corregir que su fallo se emitiera estando abierta la legislatura.

Ya no hay más remedio. Y creemos que es la sociedad la que se beneficia de un paso de esta naturaleza, aunque el paso haya sido dado tardíamente por los diputados, demostrando vacilación o poca valoración de sus obligaciones y responsabilidades en este caso.

Que esto sirva de lección a todos. Nadie puede apañar un acto innoble, una mala conducta o una falta grave en que incurran los funcionarios electos, como parecía que iba a ocurrir con este legislador hasta que la Suprema emitió su histórica y ejemplar sentencia.

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Que no se oculten las auditorías

Es grave que, conociendo el desastre, las autoridades persistan en envolverlo en un velo de opacidades, como si obedeciera a un maniqueísmo, a un ejercicio politiquero del amagar y no dar, sólo para facilitar un trato con el que verdaderamente está en falta.


Una vez que el Gobierno ha dicho que posee auditorías que pueden “estremecer” al país, no tiene sentido ocultar al público esos resultados. Ni tampoco “administrarlos” con fines políticos.

Es más, legal y moralmente sería más pecaminoso ocultarlas, demorarlas o manipularlas.

Y esta sociedad reclama ahora del Gobierno que hizo surgir mayoritariamente de las urnas, que ofrezca una prueba de apego a la verdad, a la transparencia y a la necesaria profilaxis moral, que las entregue a la justicia.

Si los resultados de esas auditorías estremecerían al país, es porque ya el Gobierno tiene elementos de juicios válidos y contundentes para sustentar esa presunción, es decir, conoce la magnitud de las irregularidades y a sus verdaderos culpables.

Demorar un día más la publicación de esos detalles va en contra de la necesaria claridad y honestidad en el manejo de la cosa pública.

Es más, un gobierno que se respete no puede llegar siquiera al extremo de que le lluevan las peticiones para actuar en este sentido. Esa es su responsabilidad. Y no vale ninguna excusa.

Ocultar esa información equivale, en buen derecho, a un encubrimiento.
Y aquí no caben alegatos de que si tal paso es o no conveniente a la gobernabilidad.

Ya fuimos desgobernados y traumatizados por un gobierno corrupto e insensible. Dejarlo indemne, impune, sería el peor pecado de esta administración.
Defraudaría más al pueblo de lo que el régimen anterior lo hizo. Y la credibilidad de los políticos, ya en picada, se desplomaría.

Es grave que, conociendo el desastre, las autoridades persistan en envolverlo en un velo de opacidades, como si obedeciera a un maniqueísmo, a un ejercicio politiquero del amagar y no dar, sólo para facilitar un trato con el que verdaderamente está en falta.

Este Gobierno tiene hoy 7 meses y es justo reconocer que ha tenido que lidiar con muchos problemas gravísimos, pero esas coyunturas, esas emergencias, jamás deben entibiar o doblegar su compromiso de no permitir la impunidad en los casos comprobados de irregularidades.

Frente a un adversario envalentonado, arrogante y porfiado, que trata de sugestionar con amenazas de guerra o con trancar el juego en el Congreso, no puede el Gobierno actuar como un animal que anda con el rabo entre las piernas, avergonzado y atemorizado por una bravuconada, porque para eso no fue que lo eligió abrumadoramente un pueblo ilusionado con una justicia que no llega...ni sabe si llegará.

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Uribe, una mano firme para Colombia

Álvaro Uribe ha impresionado sobremanera a los directores y propietarios de periódicos que concurrieron a la asamblea semianual de la Sociedad Interamericana de Prensa, con un mensaje clarísimo a los insurgentes y los drogadictos: por las buenas, habrá negociaciones de paz, de desarme y de justicia real: por las malas, fuego, fuego y más fuego, hasta eliminarlos.


Álvaro Uribe gobierna a Colombia como si lo estuviese haciendo con la ruleta rusa. Su vida ha estado en peligro en varios atentados a tiros y bombas, pero es un hombre que no ceja en su voluntad de guiar a su país—-lo que ya está logrando, francamente—-hacia un escenario de paz y de concordia, sin luchas guerrilleras ni el acoso de bandas paramilitares y sin la corrosiva influencia de los narcotraficantes.

Para hacerlo, no basta con tener coraje personal, porque de eso ha dado demostraciones de sobra, sino la inteligencia, la audacia, también la paciencia, para lidiar con tres problemas a la vez: la sofocación de las guerrillas de las FARC, la de los “paramilitares” y la eliminación del narcotráfico y, como gran utopía, la implantación de una verdadera democracia en Colombia.

Él ha logrado, a base de firmeza y convicción democrática, que su país recobre la confianza en muchos sentidos. En la economía, en la justicia, en su capacidad de integración con otras naciones, en la misma seguridad ciudadana y en la actitud del Gobierno para enfrentar por la fuerza los tres problemas capitales indicados.

La desmovilización, o sea, el abandono de guerrilleros de su vida sediciosa para integrarse a la sociedad y a sus espacios de debate, ha ido aumentando cuantitativamente. El dominio territorial de las guerrillas no es tan vasto como antes, y las acciones armadas de estos grupos han podido ser disminuidas y debilitadas, en un proceso de avances y retrocesos para alcanzar una paz general que todavía, sin embargo, no llega.

Álvaro Uribe ha impresionado sobremanera a los directores y propietarios de periódicos que concurrieron a la asamblea semianual de la Sociedad Interamericana de Prensa, con un mensaje clarísimo a los insurgentes y los drogadictos: por las buenas, habrá negociaciones de paz, de desarme y de justicia real: por las malas, fuego, fuego y más fuego, hasta eliminarlos.

Gracias a esta valiente actitud, los colombianos facilitan ahora las cosas para que constitucionalmente pueda reelegirse. Eso indica que hay confianza en su mandato y especialmente en el hombre, un presidente que actúa sin dobleces frente a tantos enemigos peligrosos, radicales, a menudo invisibles, como son los narcos, pero con la voluntad de implantar la democracia.

No es un hombre pusilánime ni mediocre que anda buscando la plataforma para convertirse en un tirano. Es un demócrata que se resiste a usar la estrategia oportunista de aliarse a un enemigo para destruir al otro, en un triángulo de fuerzas—-narcos, guerrillas y paramilitares—-como tal vez ningún otro mandatario de este continente.

Esa es la ruleta rusa colombiana. Del tambor de tan aterradora combinación de peligros puede salir el tiro que termine con el proceso. Uribe apuesta a manipular esa arma letal y lo hace como si tuviera una zanahoria en la izquierda y un garrote en la mano derecha.

Colombia ha sufrido mucho a consecuencia de esas fuerzas diabólicas que han entorpecido su búsqueda hacia la paz y la democracia.

Pero luce que ahora, con las riendas bien tomadas por Uribe, su destino cambiará. Y eso sería lo ideal, para que otros mandatarios, viéndose en el espejo de este hombre, tan desafiado pero tan valiente y pertinaz, imiten su estilo, su determinación y se abracen a la suprema aspiración de sus pueblos de vivir en paz y en libertad, y, como es lógico, en democracia, su piedra angular.

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Semana de la geografía

Listín Diario y el Plan Lea celebran desde hace 12 años la Semana de Concienciación sobre la geografía como apoyo a la jornada de la Secretaría de Educación. Este año se celebra del 14 al 18 de marzo con el lema ‘‘Cultura, el sonido del lugar’’.


La Semana de la Geografía es un programa anual de desarrollo para concienciar, educar y motivar a las personas a interesarse por nuestros recursos naturales, culturales e históricos.

Este programa lo desarrolla en todo el mundo la National Geographic Society para promover el estudio de la geografía de los recursos naturales. En 1993, Listín Diario y su programa educativo Plan Lea, junto a la Secretaría de Estado de Educación y la Alianza Geográfica Dominicana, responden al llamado de la National Geographic Society, para sumarse a cientos de periódicos de América que promueven esta campaña.

Es así como surge en nuestro país la celebración de la ‘‘Semana de la Geografía’’, con el firme propósito de abrir los ojos a la sociedad sobre la importancia de educarnos en favor del medio ambiente y su conservación, así como de los recuerdos que se obtienen del mismo.

Desde el año 2000, se integró a nuestra campaña el grupo Jaragua, que nos apoya en la tarea de crear conciencia sobre la importancia de la conservación del planeta.

Es por ello que desde hoy lunes 14 de marzo y hasta el viernes 28, toda la población podrá involucrarse en esta campaña para aprender cómo la lengua, la música y otros aspectos del ambiente auditivo dan voz a la historia, al movimiento y a la interacción de la gente alrededor del mundo, con énfasis particular en nuestro país.

En la campaña van a participar todas las instituciones públicas y privadas, algunas de ellas, colaborando como copatrocinadoras. Este gesto de desprendimiento habla en alto de la vocación de servicio al país de las mismas.

A partir de la presente edición de Listín Diario y por cinco días consecutivos, aparecerán encartados en forma de fascículo, los planes de estudio docente para que en cada curso escolar se desarrollen los temas relacionados en la campaña. La publicación también incluirá el tipo de actividad a desarrollar en el curso.

Los contenidos de los planes de clase incluyen este año temas tan variados como ‘‘Cultura: el sonido del lugar’’, ‘‘Biodiversidad’’, ‘‘Conservación’’, ‘‘Población’’ y ‘‘Océanos’’.

Para ampliar los conocimientos sobre estos temas, el interesado puede ingresar a la red educativa de la National Geographic Society, www.ngsednet.org/ Una vez más, Listín Diario sale a la calle de mano con el país. Esta vez, su contribución se relaciona con uno de los tesoros más valiosos: la educación.

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Los once años de la Declaración de Chapultepec

Cosechas buenas de esa declaración, en el caso nuestro, son la ley de acceso a la información pública sin que medien caprichosas restricciones, la propuesta reforma de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento para eliminar penalidades sin sentido contra la prensa y las normas sobre transparencia informativa que se están aplicando en las distintas dependencias de los poderes públicos.


La Sociedad Interamericana de Prensa ha brindado a este Continente, con su Declaración de Chapultepec, una extraordinaria plataforma de principios fundamentales que deben respetarse para que la prensa libre pueda cumplir su misiòn en nuestros países.

A la fecha, esa declaración ha sido firmada por 32 presidentes de casi todos los países latinoamericanos y las excepciones son, hasta ahora, la de Venezuela, Cuba, Santa Lucía, Barbados y Canadá. Hay casos de países en que hasta tres presidentes la han suscrito.

El hecho de firmarlas no ha garantizado, sin embargo, una garantía real de que los derechos de los ciudadanos y de sus medios de prensa a la comunicación estén protegidos ampliamente, o se respeten con rigor, sea cual sea la circunstancia.

Pero la Declaración ha dejado sus valores residuales en las legislaciones de nuestros paìses y todo es cuestión de tiempo y de conciencia para que los pueblos se ocupen de exigir su cumplimiento.

Los diez puntos de la Declaración no constituyen, tampoco, reclamos inalcanzables ni imponen camisas de fuerza a nadie. Ellos subrayan otros principios cardinales de la Declaración sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fundamentos consagrados en las constituciones de muchos de nuestros países.

Su validez radica, sin embargo, en el respeto que se tengan hacia ellos. Es el pueblo, principal beneficiario de esa libertad, el que debe velar porque los órganos del Estado cumplan su parte, en lo que concierne a las garanías que deben ofrecer al ejercicio de la libertad de expresión.

Cosechas buenas de esa declaración, en el caso nuestro, son la ley de acceso a la información pública sin que medien caprichosas restricciones, la propuesta reforma de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento para eliminar penalidades sin sentido contra la prensa, y las normas sobre transparencia informativa que se están aplicando en las distintas dependencias de los poderes públicos.

Naturalmente, no estamos ajenos a las tentaciones de esos mismos poderes, ya que cuando se ven muy presionados recurren a distintas formas elusivas o represivas, se olvidan de que el país firmó unos principios valederos a los que deben darle cumplimiento y a veces no tienen reparos en abusar y atropellar a los periodistas y a los medios cuando estos les lucen más inquisitivos, agresivos y rebuscones.

De todas formas, la Declaración de Chapultepec es un excelente marco para el fortalecimiento del derecho a la información. Es una carta que interpela cada día nuestras conciencias, y que poco a poco ha ido arrinconando a los que son propensos al abuso y al desconocimiento de estos derechos inalienables del ser humano.

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Borrón... y Corte nueva

Lo cierto es que Panamá vive, en esta coyuntura, un momento de grandes oportunidades, pues si no se aboca a la reforma judicial puede caer en peligro la gobernabilidad en la medida en que la población sienta que se fomenta la impunidad de los jueces acusados de vender sentencias y hasta de favorecer a los narcotraficantes

La paráfrasis parece graciosa, pero es algo más que eso. Es la consigna actual en Panamá, a propósito de los escándalos que han sacudido a la Suprema Corte de Justicia, cuyos magistrados han comenzado a sacar los trapos al sol y a acusarse mutuamente de ser venales y corruptos.La presión popular y política para que renuncien o sean expulsados, bajo juicio de la Asamblea de Diputados, la mayoría de los jueces de ese alto tribunal, ha sido tan intensa que ha obligado a los tres poderes del Estado a suscribir un acuerdo para buscar una salida a la crisis.Los diarios panameños y otras organizaciones han recibido esta noticia con evidente desagrado, primero porque en la comisión figura el presidente de la Corte, un juez desacreditado y moralmente incompetente para asunir la tarea de la profilaxis del sistema judicial, y porque se teme que, en lugar de impulsar una verdadera reforma, lo que se busca es ganar tiempo para que por obra de una maniobra política sean nombrados, como nuevos jueces, figuras controladas por el propio partido en el Gobierno.Esto ha creado una disyuntiva de orden legal. Si debe dejarse en manos de un Consejo Judicial, integrado por los mismos hombres de la Suprema, que se juzguen a sí mismos, o si se apela a un mecanismo que permita que sea la Asamblea Nacional de Diputados la que abra juicio, si estima que aplican hechos punibles a los magistrados. O si se deja que la presión popular obligue a los magistrados a renunciar.Cualquiera que fuese la fórmula, no hay dudas de que esto coloca a la nación panameña en la disyuntiva de abocarse a una reforma mayor, no sólo de la Justicia, sino en otros órdenes, y para ello ya surgen voces que proponen que se convoque a la llamada Constituyente Paralela, consagrada en el artículo 314 de la actual Constitución.La idea que está prendiendo entre los más sensatos es que se cree una especie de consejo nacional de la magistratura, a fin de que las influencias políticas que permiten al Presidente designar a los jueces al principio de su mandato, den paso a un mecanismo más transparente.El consejo no sólo sería un ente nominador de los jueces de todo el sistema judicial panameño, sino el juzgador de las conductas penales y éticas atribuidas a todos los miembros del órgano judicial.Lo cierto es que Panamá vive, en esta coyuntura, un momento de grandes oportunidades, pues si no se aboca a la reforma judicial puede caer en peligro la gobernabilidad en la medida en que la población sienta que se fomenta la impunidad de los jueces acusados de vender sentencias y hasta de favorecer a los narcotraficantes. Y si un país llega a desconfiar de su propia justicia, ¿qué no será de aquellos que, fuera de él, se interesen por invertir y arriesgar sus capitales?El caso, sin embargo, ofrece una lección no sólo a los panameños, sino al resto de los países latinoamericanos, donde persisten vicios y defectos de este género. La lección es la de que si no se hace un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad y la transparencia en el ejercicio de los poderes del Estado, éstos, a la menor oportunidad, se verán enfrentados a pruebas semejantes que pongan en riesgo su credibilidad y su legitimidad.O a su colapso final, inclusive.

Un cambio radical para las prisiones

A estas alturas, la experiencia siniestra de Higüey debió mover a las autoridades para producir un desarme general en las cárceles, pero no un desarme para fines publicitarios, sino real.


El Gobierno ha recibido ofertas de una empresa española para la modernización de las cárceles dominicanas, justo en el momento en que hemos sufrido la mayor tragedia en nuestro sistema penitenciario con la muerte de 135 personas en la prisión de Higüey.

La empresa Equipos Tecnológicos y Maquinarias (EQUINSA), que representa el empresario español César de la Prida, ejecutará el programa de escuelas técnicas de atención médica y odontológica para las cárceles dominicanas, según informó el presidente Fernández en Madrid.

Hay que suponer que, por el monto envuelto en el proyecto, la modernización iría más allá del mejoramiento de infraestructuras y que abarcaría mecanismos de seguridad, así como nuevas normas, para cambiar los patrones que hoy rigen dichas cárceles.

Las propias autoridades han reconocido que en esas prisiones predominan bandas o capos que se disputan el control de los negocios internos, llegando a imponerse con los verdaderos mandantes, con más poder e influencia que aquellos que, revestidos por el uniforme o por la representación judicial, nominalmente son sus encargados.

A estas alturas, la experiencia siniestra de Higüey debió mover a las autoridades para producir un desarme general en las cárceles, pero no un desarme para fines publicitarios, sino real.Y tanto como real, de efectos permanentes.

Hay que terminar con ciertas prácticas que acercan más de la cuenta, hasta el punto de que devienen en intimidades, a los custodias con sus reos, propiciando violaciones de normas éticas, negocios turbios, todo lo cual conspira contra el deseo de la sociedad de que las cárceles sean centros de regeneración, asistencia y reforma de ciudadanos marcados por el delito.

Hay que avanzar hacia un sistema más organizado. Pero, para alcanzarlo, es preciso adecentar los recintos, imponer y hacer respetar las normas apropiadas de conducta, tanto para presos como para custodios, y mejorar las oportunidades para el aprendizaje, la enseñanza y la salubridad.

Cuando se crean escuelas y talleres, los reclusos pueden ocupar su tiempo en tareas óptimas y reproductivas. Pero si echan los días entre rejas o en medio de una ociosidad inútil, o si se conforman con vivir bajo las muy particulares reglas que fomentan la promiscuidad, la drogadicción y todas las aberraciones que caben en un ambiente así, de nada valdrán nuevas inversiones ni darles un nuevo rostro arquitectónico a esas prisiones.

Hay que cambiarlas por dentro, de arriba a abajo, en lo conductual, en lo operativo, en lo normativo, para que no vuelvan a repetirse tantas tragedias, en escala mayor o menor, pero siempre dolorosas y traumáticas para todos.

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¿Quiénes “lavaron” las ganancias del narco?

Las afirmaciones del fiscal Kelly, en este contexto, representan un reto para el país y más que nada para el Gobierno, que es el llamado a impedir que esto se convierta en un paraíso para el blanqueo de dinero de la mafia

El gobierno de los Estados Unidos ha establecido que ganancias del narcotráfico han sido “lavadas” en nuestro país.Concretamente, el procedimiento se ha llevado a cabo a través de las remesadoras, casas de cambio y los correos personales, así como a través de empresas de zonas francas y de casinos de juegos.Adicionalmente a esta denuncia, que figura en un informe anual de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que tiene a su cargo el caso Quirino, asegura que los beneficios que éste y su red obtuvieron por la venta de drogas narcóticas en los Estados Unidos eran enviados a la República Dominicana a través de transferencias electrónica a “varias cuentas bancarias”.Ambos testimonios, el del gobierno norteamericano y el del fiscal David N. Kelly, son suficientes para que el Gobierno dominicano, a través del Ministerio Público, abra de inmediato una profunda investigación.Esta investigación puede ayudar a establecer cómo el narcotráfico se las arregló para burlar por tanto tiempo los controles de fiscalización interna de las entidades del sistema financiero dominicano aludidas en ambos informes.Se supone, que desde el inicio de las investigaciones de la DEA, a finales del 2002, sobre las operaciones de narcotráfico de Quirino Paulino Castillo y otros cómplices, algún tipo de alerta debió recibir el sistema financiero sobre la posibilidad de que tales ganancias se recanalizaran hacia acá, como era de esperarse.Una vez identificadas las vías para hacerlo, no se explica que las autoridades de turno, especialmente las fiscalizadoras de ese sistema, como la Superintendencia de Bancos, entre otras, hubiesen sido incapaces de impedirlo, para ahorrarles a la banca y a las entidades conexas al sistema, una burla de esta naturaleza.Así como el gobierno de los Estados Unidos pide la colaboración dominicana y de otros países en su combate contra el narcotráfico, asímismo, en este caso, el Gobierno del Presidente Leonel Fernández debe solicitarles a las autoridades norteamericanas una ayuda especial, no sólo para esclarecer las denuncias, sino para evitar que cualquier entidad del sistema financiero dominicano sea sorprendida con estas prácticas violatorias de las leyes internacionales.Nuestro país suscribió en 1994, en la Cumbre de las Américas, una declaración formal que la compromete en la lucha contra el lavado de activos, especialmente los provenientes del narcotráfico, y bajo ese tenor se han incorporado a su legislación más penalidades y prevenciones.Las afirmaciones del fiscal Kelly, en este contexto, representan un reto para el país y aún más para el Gobierno, que es el llamado a impedir que esto se convierta en un paraíso para el blanqueo de dinero de la mafia.

Lo de Higüey, un suceso horripilante

Nos estruja en la cara, de nuevo, la insegura e inhumana condición de nuestras prisiones, el hacinamiento, la perversión y la violencia que tipifica los modos de vida en ellas, y la falta de mecanismos eficaces de prevención y sofocación de incendios y de otros acontecimientos de emergencia

El país está lleno de pena y de estupor, de asombro y de martillantes inquietudes, a consecuencia de la tragedia de la cárcel de Higüey, donde más de 130 reclusos murieron asfixiados y calcinados durante un motín.Ha sido un suceso horripilante, enlutecedor, lamentable.Nos estruja en la cara, de nuevo, la insegura e inhumana condición de nuestras prisiones, el hacinamiento, la perversión y la violencia que tipifica los modos de vida en ellas, y la falta de mecanismos eficaces de prevención y sofocación de incendios y de otros acontecimientos de emergencia.A todo esto se añade que, dentro de esos recintos, imperan más que nada las leyes que trazan bandas que se disputan el control de los negocios de alimentos, bebidas, drogas y hasta posesión de armas de fuego.En muchos casos, la autoridad real la representan los jefes de bandas, no los oficiales militares ni los alcaides. Mientras persistan esas condiciones, es difícil impedir que se repitan sucesos como los que han conmocionado al país, que se inician con tiroteos o apuñalamientos y palizas y terminan en incendios o en una debacle con saldos trágicos.Las cárceles están desbordadas de presos, la mayoría preventivos, y esto es una realidad del todo conocida y criticada.El hacinamiento bloquea cualquier esfuerzo para llevar orden y tranquilidad a las cárceles, sobre todo en aquellas que, como la de Higüey, había rebosado el máximo de su capacidad.Todo puede ocurrir en un ambiente así.Y, de hecho, ha ocurrido numerosas veces en nuestro país y tras cada tragedia, por más conmovedora, siempre se dice que se pondrá atención y remedio a estos males. Y de la palabra nunca pasamos a la acción.Por una de esas coincidencias, ayer mismo estaba prevista la ceremonia de graduación de la nueva promoción de la Escuela Nacional Penitenciaria, del cuerpo de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario de Elías Piña, y del Centro de Corrección y Rehabilitación de Menores en Conflicto con la Ley, y de los graduandos de la cuarta promoción para el Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabón.Esto ilustra un esfuerzo de capacitación para mejorar el servicio de la hasta ahora insuficiente policía de prisiones, y de veras que en esa dirección hay que encaminar todo esfuerzo de regeneración y humanización del sistema penitenciario. Aunque las cárceles sean almacenes de hombres y mujeres que han delinquido, la sociedad no puede ser indiferente a la tragedia individual que sufre cada uno de ellos, a los peligros que les acechan y a su desventurada realidad. Es una obligación moral revertir este panorama, sin mas espera.

Hay que reducir los impuestos a los pasajes aéreos

Es una lógica sencilla, nada complicada ni perjudicial. En la medida en que abaratamos los pasajes aéreos y se alivian ciertas cargas vigentes para los pasajeros, tanto del exterior como los nativos, impulsamos el negocio de la actividad comercial aérea y estimulamos por ese canal otros ingresos al Estado

Los pasajes aéreos que se compran en el país son, por lo visto, los más caros del mundo, y esto lo dicen las propias aerolíneas y los especialistas en los asuntos de la aviación comercial.Se calcula que , por encima de su valor de mercado, los pasajes aéreos son 112 dólares más caros, y todo porque hay una serie de impuestos que, en la coyuntura actual del turismo, resultan más que gravosos.Tanto para los extranjeros como para los dominicanos.El secretario de Turismo, Felucho Jiménez, ha planteado en estos días la necesidad de que se revisen esos impuestos, porque los considera trabas vigentes que impiden un mayor flujo de viajeros, entrando o saliendo.Nosotros también creemos que esta revisión debe darse.Y, más que nada, que hay impuestos que deben y pueden ser eliminados, a fin de aliviar la carga de los que adquieren pasajes y para mejorar nuestra competitividad en materia de aviación comercial.Mientras menos impuestos,más baratos salen los pasajes y esto puede incentivar los viajes de turismo de los dominicanos y la llegada de visitantes extranjeros.Para éstos últimos hay que considerar los niveles vigentes de impuestos de entrada y de salida y los de las tarjetas de turismo.Si es el propio secretario de Turismo quien admite el efecto indeseado de estos impuestos, debemos suponer que su idea es en gran medida un reflejo de lo que piensa su gobierno sobre el particular.Si existe esa sintonía, pues es de desearse y de esperarse que el Presidente Leonel Fernández se aboque a una reforma de este menú impositivo, tan desmesurado, y logre que estos recargos sean eliminados.Esto no quiere decir que con ello se resuelven los problemas que el secretario de Turismo ha señalado, pero no tenemos dudas de que la finalidad para la cual se recaudan puede ser alcanzada por otros medios.De esos 112 dólares de impuestos, más de la mitad pueden ser revisados, eliminados o reducidos.El Gobierno debería dar este paso, en la seguridad de que puede recuperar, por otras vías, lo que debería de percibir al quitar esos gravámenes.Es una lógica sencilla, nada complicada ni perjudicial. En la medida en que abaratamos los pasajes aéreos y se alivian ciertas cargas vigentes para los pasajeros, tanto del exterior como los nativos, impulsamos el negocio de la actividad comercial aérea y estimulamos por ese canal otros ingresos al Estado.

La Cámara de Diputados: ¿Lo toma o lo deja?

Sea cual sea el destino final del procedimiento, lo cierto es que constituiría una burla para la misma Cámara que, ante una culpabilidad establecida, reintegre al legislador en su curul y le reconozca validez a todos sus actos como diputado activo

Después que la Suprema Corte ha emitido una sentencia condenatoria contra un legislador de la República al que ha hallado culpable de un delito de lesa humanidad, lo menos que puede esperarse ahora de la Cámara de Diputados es que lo saque definitivamente de su seno.No le convendría a su imagen de entidad consagrada a aprobar las leyes de la nación que una de sus butacas siga siendo ocupada por un individuo al que la Suprema Corte, nada más y nada menos, ha condenado a un año y seis meses de prisión por el delito de tráfico de indocumentados.Esa imagen ha sufrido, de hecho, con el manejo mismo del caso. El susodicho legislador llegó al cargo con el peso de las acusaciones de traficar ilegalmente con ciudadanos extranjeros, desde su posición de cónsul en Cabo Haitiano. Es decir, tenía un pie en el hemiciclo y otro, virtualmente en la cárcel, cuando pasó a formar parte de dicha Cámara.Con todas las acusaciones ventiladas, la Cámara ni lo desaforó, pero tampoco declaró no ha lugar al reclamo del ministerio público para juzgarlo.Ahora todo el mundo se pregunta qué hará la Cámara frente a este dictamen tan elocuente, trascendental e histórico, que encierra, prima facie, una importante lección para la sociedad y para el mundo político.El mensaje es de que aquí no pueden haber “vacas sagradas” capaces de eludir el juicio y la sanción que las leyes establecen, al abrigo de complicidades políticas o de otra índole que han abierto amplio campo a las impunidades.Así como la Suprema se ha enaltecido al emitir la sentencia que autorizó la extradición de Quirino Paulino Castillo, así lo ha hecho ahora al ajustarse al mandato de la ley y fallar sobre el delito de tráfico de indocumentados, culpabilizando del hecho a una persona que, en su momento, representaba como cónsul al Estado dominicano, lo cual tiene una tipificación clara en la Constitución dominicana.Al diputado se le ha enviado a prisión, pero existe un propósito de sus abogados de solicitar que se le libere mediante habeas corpus. Sea cual sea el destino final del procedimiento, lo cierto es que constituiría una burla para la misma Cámara que, ante una culpabilidad establecida, lo reintegre en su curul y le reconozca validez a todos sus actos como legislador activo.Para la sociedad, que lucha por institucionalizar este país para que sus dirigentes y sus representantes electos, sean los primeros en dar un ejemplo de apego a estas obligaciones, sería frustrante que la figura de la inmunidad parlamentaria se convierta, en la práctica, en un pasaporte para que los beneficiados puedan delinquir o abusar de las leyes.Por ese camino, estamos desdibujando lo que nos queda de decencia, de patria y de esperanzas.

A la ADP: es mejor el diálogo que la interpelación

Ya existe, para eso, el Foro Presidencial por la Educación, la mesa del Diálogo Nacional y, si todavía faltase más espacio, LISTÍN DIARIO abre sus salas para el entendimiento entre doña Alejandrina Germán —colaboradora de nuestras páginas editoriales— y la directiva de la ADP, integrada por amigos de este diario

Este Gobierno ha proclamado su vocación al diálogo, pero a menudo hay que empujarlo para que sea más expedito concurriendo a él , menos lento en procurar las soluciones.Aún así, ha ido al diálogo, y eso es lo que importa, pues permite que las demandas de un sector sean ponderadas y atendidas sin que los reclamantes tengan que desesperarse y apelar a medidas de presión, que nunca son gratas para el que está siendo interpelado por la ayuda.Hay gobiernos que adoptan la política de desoir o ignorar los reclamos hasta ver si los que los hacen se cansan y se retiran de la lucha.Otros, sin embargo, sólo reaccionan y responden con presión, cuando ya la caldera de las demandas está al fuego máximo. El actual se encuentra en la escala intermedia, por suerte.En estas semanas, el Gobierno del Presidente Fernández se ha visto empujado a entrar en diálogos y negociaciones con diferentes sectores, aun cuando se sabe que heredó una crisis que todavía no le abre mucho campo para las concesiones.El más reciente episodio involucra al Senado, que le ha detenido la aprobación de proyectos cruciales para que se mantenga el acuerdo con el FMI.En el sector salud, hubo una combinación de apertura y de presiones, y ya se ven los frutos.En el de los maestros, desafortunadamente, no ha podido lograrse todavía una conciliación.La secretaria de Educación estuvo con nosotros ayer y nos habló de los importantes planes de su cartera.El maestro, en lo que concierne a su calidad profesional y a su remuneración, está entre sus máximas prioridades.La escuela sin maestros, o los maestros sin escuela, sería una tragedia nacional.Pero los maestros han recurrido en estos días a un mecanismo de presión para llevar a la secretaria al mismo hemiciclo desde el cual se ha incubado una rebelión contra el Ejecutivo, con lo cual trasladan hacia un escenario político y politizado —y por demás sectarizado— un conjunto de demandas que bien pueden dilucidarse, con justeza y equidad, en su ambiente mas lógico: la Secretaría de Educación.Los maestros deberían renunciar a ese propósito. Deben desactivar esa granada política fragmentaria y abrirse, nuevamente, al diálogo, que siempre será más productivo que la confrontación.Ya existe, para eso, el Foro Presidencial por la Educación, la mesa del Diálogo Nacional y, si todavía faltase más espacio, LISTÍN DIARIO abre sus salas para el entendimiento entre doña Alejandrina Germán —colaboradora de nuestras páginas editoriales —y la directiva de la ADP, integrada por amigos de este diario.Si el Presidente acaba de anunciar que privilegia el diálogo y la concertación, ayudémoslo, para que esa vía que nos concede la democracia nunca jamás se cierre.

Un plan que nos compromete a todos

Creemos que el plan recoge, en sustancia, las aspiraciones de la sociedad, que se contraen, de inmediato, a la depuración de la Policía, a la organización de los patrullajes, con mejores equipos y vehículos, a la formación de grupos barriales para dar seguimiento al desarrollo de la estrategia y asegurar su éxito

No se puede pretender que el plan de seguridad democrática que ha esbozado el Presidente Fernández sea la panacea frente a la criminalidad, pero nos parece que es la mejor plataforma que tenemos por el momento para ponerla bajo control y reducirla.La nación estaba exigiendo medidas urgentes para frenar la hemorragia de sangre y la atmósfera de temor que ha producido la delincuencia, y las acciones contempladas dentro del plan lucen que van en sintonía con lo que la sociedad ha venido reclamando.Si perdemos el tiempo en teorizar sobre las causas de la delincuencia, ya sabidas de sobra,corremos el riesgo de quedar arropados por la audacia y las estratagemas de los que delinquen por necesidad, por gusto o por mandato de otros.Y el país no está para quedarse de manos cruzadas frente a los desmanes de los delincuentes, y la mejor prueba es que, como nunca antes, hizo ostensible su rechazo a través de marchas, mítines, demostraciones públicas de colectas y donaciones para la Policía y otras entidades oficiales vinculadas a la seguridad pública, así como en manifiestos y declaraciones formales de entidades y personalidades.Creemos que el plan recoge, en sustancia, las aspiraciones de la sociedad, que se contraen, de inmediato, a la depuración de la Policía, a la organización de los patrullajes, con mejores equipos y vehículos, a la formación de grupos barriales para dar seguimiento al desarrollo de la estrategia y asegurar su éxito.El entrenamiento riguroso del personal sobre la base de modernas técnicas y estrategias recomendadas por especialistas extranjeros en la materia, contribuirá a darle eficacia y organización a esta lucha anti-criminal, en la que cada día surgen modalidades que retan la imaginación de las autoridades y del mismo pueblo.Es obvio que estamos frente a un nuevo contexto en el que la criminalidad encuentra suelo abonado. Por un lado, la intensificada lucha contra el narcotráfico ha desorganizado sus esquemas de venta, y eso ha traído represalias. Por el otro lado, las pandillas juveniles son un fenómeno nuevo que ya han sido enfrentadas en otros países con mano dura, tanto en la represión de las autoridades como en la severidad de nuevas leyes.Esas novedades exigen que la Policía se actualice y se adiestre y que reenfoque sus clásicos métodos para la prevención y la sanción del crimen. Y la sociedad misma necesita también proponer sus propias fórmulas para que el propósito anunciado por el presidente de “pulverizar” el narco y la delincuencia no sea solamente una responsabilidad de las autoridades, sino de todo el pueblo que es quien, en definitiva, sufre todos sus indeseables efectos.

Los “paleros” volvieron por sus fueros

Nadie tiene el derecho a utilizar la violencia y el chantaje para defender el usufructo de una ruta que, por demás, no es de su propiedad, sino que se le concede en aras de organizar la cobertura de los servicios de transporte público en ellas.

Ya lo habíamos dicho hace poco: los choferes de ciertas rutas del transporte se han creído los dueños de ellas, y a menudo las disputas por su control terminan con saldos sangrientos.

Ayer dieron otra prueba de su capacidad para entrarse a palos, o a tiros, si se quiere, en la defensa de la ruta desde la Capital hasta Los Alcarrizos, resultando una treintena de

A consecuencia de la refriega, el tránsito de vehículos por la autopista más importante del país se vio interrumpido. Y para complicar más las cosas, a los pasajeros de numerosos autobuses los desmontaron y los mantuvieron retenidos en los puntos de conflicto, como si se tratara de un secuestro perpetrado por grupos guerrilleros.

Este conflicto pone en peligro la vida de los choferes de los distintos sindicatos y la de todos los pasajeros, ajenos a su problema.Lo peor del caso es que las autoridades nada han hecho para sacar de las calles, de ciertos puntos de la ciudad, a los paleros que los sindicatos arman para agredir a los que “invaden” sus rutas.

En un editorial reciente, recogimos la experiencia de varios ejecutivos y redactores de este diario que han visto cómo en distintos puntos de la ciudad —que también identificamos— se originan a diario agresiones a palos y tiros por el control de las rutas.Los agentes de la AMET y de la Policía no hacen nada para ponerle fin a estos actos típicamente delincuenciales.

Nadie tiene el derecho a utilizar la violencia y el chantaje para defender el usufructo de una ruta que, por demás, no es de su propiedad, sino que se le concede en aras de organizar la cobertura de los servicios de transporte público en ellas. Las experiencias tan desagradables que se han vivido en torno a estas rutas deben mover ya a la autoridad que concede los permisos a revisar este procedimiento de concesiones y a propiciar un entendimiento entre todos.

En el caso de ayer, un sindicato se queja de que el Gobierno quiere otorgar permisos a otros gremios, como si también le estuviera vedado al Gobierno ejercer estas facultades cuando entienda que debe hacerlo, sin someterse al chantaje de un sector específico.

Si los choferes se quieren matar entre sí, pues, que lo hagan, pero que se busquen, para sus duelos, un campo de Marte que no sean las calles ni autopistas del país. Que se vayan lejos, a otros sitios donde no pongan en peligro las vidas de pasajeros inocentes o la integridad de vehículos privados de ciudadanos que no tienen ninguna injerencia ni culpabilidad en sus rebatiñas.

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