El Presidente y las dos agendas

Apoyamos las dos agendas, siempre que a la primera, a la de las necesidades inmediatas, podamos encararlas con otro patrón que no sea el del viejo populismo y paternalismo que ha marcado el quehacer de los mandatarios, y en cuanto a la segunda, nos abrazamos entusiásticamente a ella, con fe en el futuro.


Como ha dicho el Presidente Fernández ante la Asamblea Nacional, hay dos agendas que interpelan a un gobernante en una sociedad tan atrapada por la crisis y el subdesarrollo como la nuestra.

Una es la agenda de las urgencias inmediatas. Otra, es la que permite columbrar los desafíos del futuro y anticiparnos a ellos. En esta última se inscriben los proyectos de envergadura, retadores, concebidos para hacer frente a necesidades previsibles de diez, quince o veinte años.

En sociedades más disciplinadas y mejor dotadas de recursos, la agenda del futuro no despierta tantos miedos ni dudas entre sus habitantes, porque en esta se visualizan y se consignan en proyectos de desarrollo de largo alcance, que cada Gobierno respeta y hace suyos.

Aquí, desafortunadamente, somos muy temporales e improvisadores, y damos la sensación de que no somos capaces de sostener, más allá de cuatro años, que es el período de cada gobierno, programas e iniciativas que necesitan de tiempo para madurar y dar frutos.

Apoyamos las dos agendas, siempre que a la primera, a la de las necesidades inmediatas, podamos encararlas con otro patrón que no sea el del viejo populismo y paternalismo que ha marcado el quehacer de los mandatarios, y en cuanto a la segunda, nos abrazamos entusiásticamente a ella, con fe en el futuro.

Si no hubiésemos acometido, con esa visión, la construcción de las grandes presas, hoy difícilmente tuviésemos capacidad de almacenamiento de agua para uso diverso. Si nos paralizamos de miedo, o las dudas nos apabullan, no hubiésemos hecho obras que hoy son indispensables, pero que se consideraban ‘‘demasiado grandes’’ o ‘‘incosteables’’ o ‘‘monumentales’’ en un momento dado.

Vienen al caso los ejemplos del aeropuerto del Cibao, proyecto condenado al fracaso y que hoy es una productiva y apreciada realidad para Santiago y todo el Cibao; lo mismo que la ampliación de la autopista Duarte, los dos teatros, el Nacional y el Regional, considerados ‘‘suntuosos’’ y fuera de tiempo, así como los elevados y túneles de la capital, por sólo citar un simple muestrario.

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¡Más arriba, mucho más!

La bandera dominicana es el más sublime símbolo de la libertad y la soberanía nacional; es considerada el alma de la Patria. Fue concebida por Duarte y su diseño fue aprobado por Los Trinitarios el 16 de junio de 1838. Ondeó airosa por vez primera el 27 de febrero de 1844,Día de la Independencia Nacional. Fue confeccionada por Concepción Bona y María de Jesús Pina.


Dice la historia que al anochecer del 27 de febrero todo estaba preparado para dar el golpe contra la dominación haitiana.

El Conde quedó convertido en cuartel general y centro principal de la Revolución, al dirigirse desde allí todas las operaciones e instalarse el primer Gobierno de la República, presidido por Sánchez, y con la denominación transitoria de Junta Gubernativa Provisional, de la cual formaban parte además, Matías Ramón Mella, José Joaquín Puello y otros aguerridos patriotas.

A 161 años de aquel acontecimiento, el orgullo de ser dominicano nos ha ayudado a salir adelante de difíciles pruebas.

Hemos levantado un Estado que es ejemplo ante el mundo por su laboriosidad, tesón y espíritu de sacrificio. Con disciplina ejemplar hemos sabido llegar a la modernidad con la frente en alto.

La bandera es nuestro símbolo mayor. Con ella tenemos el rostro de Dios y la certeza de sabernos protegidos por eternos sentimientos de amor. Ella nos une porque vive y respira a través de nuestra devoción.

Encierra una historia, una cultura y una identidad representada por ocho millones de hombres, mujeres y niños que son héroes de una patria libre, soberana e independiente.

Dondequiera que viva un dominicano, saldrá de su interior ese ferviente amor por su símbolo mayor, representado a veces en un saludo cordial, en la ayuda a un necesitado o, hasta en la manera de entregar su solidaridad moral y material.

Ese ha sido el mayor legado de los fundadores de la nación que se ha trasmitido de generación a generación hasta llegar a este presente con gran autenticidad y pasión.

Los colores blanco, azul y rojo no sólo están establecidos para nuestra bandera por la Constitución de la República como homenaje a la sangre derramada, a la verdad y a la paz. Significan el símbolo de la lucha de nuestros libertadores para legarnos una patria libre. El sentimiento de respeto ante los ideales de progreso y libertad que nunca podrán desaparecer de esta tierra generosa.

El día 28 de febrero, al amanecer, grupos de dominicanos tenían cercada la Fortaleza Ozama y todos los puestos de guardia haitianos y residencias de los invasores estaban bajo el control de los patriotas; además, ya patrullas dominicanas recorrían todas las calles de la ciudad.

De esa misma forma y con tal determinación se lucha hoy por erradicar del país los malos ejemplos, desmanes políticos y vicios que nos llevaron hace poco tiempo a vivir situaciones de incertidumbre y desconcierto que amenazaron con romper nuestra paz social.

Hoy, con devoción y respeto, alrededor de la bandera, somos un solo hombre que no sólo pretende evocar la tradición. Este 27 de febrero será nuestro mayor compromiso para sabernos dueños de nuestro propio destino.

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La DNCD, en una lucha que merece respaldo

A los agentes antidrogas se les recibe a tiro limpio en muchas madrigueras barriales, y no menos de seis agentes han muerto en enfrentamientos y celadas en los últimos meses, lo que indica que llevan a cabo una misión peligrosa, cargada de riesgos, en la que nadie puede predecir quién perderá la vida mañana

La lucha contra las drogas ha tenido un balance muy favorable en América Latina en el último año, y puede decirse que aquí en nuestro país no nos hemos quedado atrás.Desde la instalación del nuevo gobierno se han registrado 3,950 decomisos de drogas prohibidas en casi 3 mil allanamientos, y se han enviado a los tribunales 1,475 acusados, lo que indica que, en su trasfondo, la actividad delictiva del narcotráfico es demasiado poderosa y abarcadora.Si esas son las estadísticas de sólo seis meses, hay que convenir que la lucha puede ser todavía más eficaz y productiva, si la Dirección Nacional de Control de Drogas contase con más recursos y equipos para librarla.La lucha no es fácil, porque el enemigo está más y mejor armado que la DNCD y porque sus redes —en el caso dominicano— han sido tan extensas que han tocado el corazón mismo del poder público, limitando la capacidad de sus agentes para descubrirlas o desarticularlas.Uno de los grandes éxitos de la DNCD en este período ha sido el apresamiento del ex capitán Quirino Paulino Castillo y de algunos de sus colaboradores, y los importantes decomisos y arrestos que ha hecho después de ese golpe contundente.Si bien esa misma institución ha sufrido la penetración incisiva de vinculados al narco, como lo ha denunciado la embajada de los Estados Unidos, cuyo gobierno trabaja estrechamente con la DNCD en esta lucha, no es menos cierto que también ha estado expuesta a las aviesas campañas que los mismos aliados del narco han desplegado, desesperadamente, en estos días, para desacreditarla.A los agentes antidrogas se les recibe a tiro limpio en muchas madrigueras barriales, y no menos de seis agentes han muerto en enfrentamientos y celadas en los últimos meses, lo que indica que llevan a cabo una misión peligrosa, cargada de riesgos, en la que nadie puede predecir quién perderá la vida mañana.Es una misión difícil que siempre choca con intereses demasiado fuertes que protegen a los narcotraficantes, los grandes consumidores o sus beneficiarios más directos.Es una misión que, para poderla llevar a cabo con eficacia y con la mayor convicción de lo que ella sifnifica, hay que tener una coraza para no caer tentado por el dinero, por las prebendas o por el temor a las amenazas que pudieran provenir de los perseguidos.Son gentes que tienen los juegos pesados. Son insensibles y matan por puro instinto.El vicealmirante Iván Peña Castillo, jefe de la DNCD, no puede amilanarse frente a todas las amenazas que, en movimiento de pinzas, se desatan tras el golpe dado a la red a la que se vincula a Quirino, y su gran tarea es depurar las filas de la dirección, robustecerla en los principios que la guían, y seguir dando la batalla con firmeza, caiga quien caiga y digan lo que digan.

La Iglesia y los contravalores que nos corroen

En cuanto a la otra cara de la moneda, la de una sociedad empobrecida frente a otra que hace ostentación de lujo y riquezas malhabidas, la Iglesia nos recuerda que aliviar la vida de los pobres no es erradicar la pobreza

La Iglesia tiene a la verdad como una de sus grandes virtudes. Por eso, cuando emite sus reflexiones sobre la situación del país, lo que pone al desnudo es una realidad incuestionable, por dura que nos parezca.Ahora lo ha vuelto a hacer, remarcando sus conocidas preocupaciones por el auge de la delincuencia y la corrupción, sobre el drama de la pobreza y el estado de los servicios públicos, pero esta vez su mensaje tiene un corolario: preocupante esta suma de realidades es el fruto de la inversión de los valores éticos y morales de la sociedad.A juicio de la Iglesia, la inversión de valores es ya una parte distintiva de la cultura dominicana.Y al serlo, evidentemente que coloca a esa cultura en crisis, y de esa crisis emerge, con toda fuerza, una cadena de quiebras que afectan a la sociedad en su conjunto.Llama al país a involucrarse en una cruzada para recuperar los valores invertidos, o contravalores.Para asumirla con posibilidades de éxito, les pide a los dominicanos que privilegien los valores subjetivos, los del espíritu y la autoestima, antes que los objetivos o materialistas.La tónica que estamos apreciando en la sociedad es la del afán de muchos por tener y enriquecerse, a costa de lo que sea, siempre al tenor de lo mal hecho, de lo impropio, de lo ilegal.Por eso es que a diario nos asombramos de que, desde la base hasta la cúpula del poder público, se ofrezcan evidencias de corrupción generalizada. Apropiarse de los fondos públicos es un contravalor, y de esa práctica ya tenemos ejemplos abundantes a la vista. La Iglesia reconoce, incluso, que la nación está sobrecogida por el escándalo del narcotráfico, del robo y de los crímenes asociados a estas malsanas actividades, y está sobrecogida por el involucramiento de altas esferas del poder en tales iniquidades.En cuanto a la otra cara de la moneda, la de una sociedad empobrecida frente a otra que hace ostentación de lujo y riquezas malhabidas, la Iglesia nos recuerda que aliviar la vida de los pobres no es erradicar la pobreza.Con esto nos pone en alerta para evitar expectativas falsas que pudieran crearse con programas que si bien tocan aspectos esenciales, como la alimentación y la salud de los pobres, no es menos cierto que poco empujan hacia el logro de estándares mejores que cambien de cuajo sus penurias.Otra prioridad es la de atacar la violencia y la delincuencia en sus raíces, y para eso llama a la mayoría a imponerse a la minoría de los desalmados que promueven este desafío a la ley, a la autoridad y a la paz misma de nuestra sociedad.Estas reflexiones de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en las vísperas de la efemérides de nuestra Independencia, deben acicatearnos para cuidar y amar más a nuestro país.

Aleyda, un modelo de periodismo responsable

Corría por sus venas la sangre de una estirpe de hombres y mujeres valientes y sufrientes de San Francisco de Macorís, curtidos en el desafío a la dictadura y en el rechazo a todo cuanto significara abuso a la dignidad humana

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Cuando Aleyda Fernández ejerció sus mejores años del periodismo, refulgió como una de las más talentosas y valientes exponentes de este oficio en nuestro país.

Corría por sus venas la sangre de una estirpe de hombres y mujeres valientes y sufrientes de San Francisco de Macorís, curtidos en el desafío a la dictadura y en el rechazo a todo cuanto significara abuso a la dignidad humana.

Y fue esa sensibilidad la que hizo que, como reportera, se interesara por las causas de los derechos humanos y, en especial, por las de aquellos perseguidos y prisioneros políticos que poblaban nuestras cárceles, en una época en la que también el periodismo afrontaba tantos o más riesgos que el disenso o la revolucionaria oposición al statu quo.

Ella no se acobardó, como no lo hace ninguno de los Fernández de su raza, frente a las amenazas, las advertencias o las veladas solicitudes para que se desviara de su misión. Por eso cayó presa y estuvo en la mira de muchos enemigos, a los que su estilo periodístico responsable y denunciador, les producía un efecto urticante.

Aleyda ejerció su profesión con honradez, con equidad, con apego a la verdad, con valor. En su época, eran pocas—casi podían contarse con los dedos de una mano— las mujeres que se dedicaban a este peligroso oficio. Ella descollaba por la profundidad de sus notas, la limpieza de estilo, la facilidad comunicativa.

Corrió innumerables riesgos en la cobertura de episodios tan dramáticos como el ametrallamiento del hotel Matum, tras la revolución de abril, y personalmente intervino en la misión —estrictamente muy personal— de ayudar a salvar vidas de perseguidos políticos.

Su carrera, fundamentalmente, la ejerció en el LISTÍN DIARIO, donde siempre se le respetó y se le apreció. Aún desde su retiro en Cenoví, San Francisco de Macorís, enviaba sus interesantes colaboraciones sobre efemérides y episodios de nuestra historia reciente, verdaderas joyas de la crónica y del reportaje periodístico. Luego nos enviaba pequeñas viñetas de costumbres y rasgos típicos de la vida del campo.

Un edema pulmonar fulminó su fructífera existencia y el país perdió así a una de sus más excelentes y valerosas mujeres, pero sobre todo a una de las más preparadas y talentosas periodistas.

Al recordar ahora todo cuanto hizo en la vida, es cuando mejor apreciamos el contraste entre los periodistas de una generación y otra y los valores que se han diluido en esa transición, entre ellos el sentido de misión de esta carrera, que está para servir a la sociedad, no para usarla como un trampolín de espurios negocios o para comercializar y meter de contrabando aspiraciones políticas o supremas mediocridades sin méritos, así como la valentía y responsabilidad de denunciar todo lo que está mal y podrido, sin importar que el precio sea el vituperio, la cárcel, el destierro. O la misma muerte. El LISTÍN llora hoy, con suma tristeza, su partida.

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Salud Pública y paramédicos, en la vía del diálogo

El sector público hospitalario apenas comienza a reponerse del estado de postración en que lo dejó el pasado gobierno, y trata de enderezar algunos entuertos que afectaron su buena marcha y la calidad y prontitud de sus servicios.


La Secretaría de Salud Pública y los gremios de la salud han dado un paso muy importante al abrir un diálogo para resolver algunos problemas que afectan la paz laboral en los hospitales públicos.

El conflicto surgió a partir del despido de más de 500 odontólogos, bioanalistas, enfermeras, farmaceúticos, camilleros y otros paramédicos, muchos de los cuales tenían una hoja de servicios amplia y limpia.

Producto de los cambios naturales que se originan en el personal de la administración pública cuando se instala un nuevo gobierno, una buena parte del personal paramédico quedó cesante en los hospitales.

Sin ir a la huelga y sin recurrir a otros mecanismos más radicales para presionar su reposición, los gremios de la salud optaron por el camino del diálogo y el entendimiento, y para tales fines buscaron la mediación del director general de LISTÍN DIARIO.

Se logró, de inmediato, que el secretario de Salud, Sabino Báez, recibiera a una delegación de los gremios para discutir la viabilidad y la forma de reponer a parte de los afectados, en la medida en que las condiciones financieras y la disponibilidad de puestos en nuevos subcentros y hospitales lo permita.

Hay un firme compromiso del secretario de Salud en este sentido. Él mismo tomó la iniciativa de proponer esta salida, la cual satisfizo a los representantes de los gremios, y en tal sentido las partes acordaron crear comisiones para reunirse y verificar caso por caso.

El sector público hospitalario apenas comienza a reponerse del estado de postración en que lo dejó el pasado gobierno, y trata de enderezar algunos entuertos que afectaron su buena marcha y la calidad y prontitud de sus servicios.

Las presiones continuas del Colegio Médico para que se satisfagan muchas reivindicaciones, la mayoría legítimas y otras no prioritarias, han desembocado en diferentes huelgas o formas de paralización de esos servicios hospitalarios.

Ha sido la de la Salud una secretaría que no ha tenido tregua en los primeros seis meses del Gobierno del Presidente Fernández. Han pretendido que resuelva, en pocos meses, un desastre que dura años para superarse.

El director general de LISTÍN ha emprendido esta mediación, consciente de esas realidades, pero confiado en la actitud de flexibilidad y de apertura al diálogo que ha notado en ambas partes.

Existen, por tanto, fundadas esperanzas de que este diálogo que se ha iniciado será fructífero y traerá paz laboral y estabilidad en los hospitales públicos, y devolverá el sosiego y el anhelo de una vida digna a aquellos servidores paramédicos que perdieron sus posiciones, no por faltas graves ni por incompetencia, sino por las consabidos cambios de personal que vienen aparejados con cada nuevo gobierno.


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Mañana, el homenaje a la Bandera

Por eso vemos con mucha simpatía la idea, expuesta ayer por la Primera Dama de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, de reavivar el respeto a la Bandera invitando a ciudadanos destacados a enhestarla en las escuelas públicas cada mañana, como ella misma lo ha estado haciendo, lunes tras lunes, durante el Mes de la Patria.


En cualquier tiempo, no importa si es de carnaval o de campeonatos de fútbol, los sudamericanos exhiben las banderas de sus países con mucho orgullo.Pasa lo mismo con los españoles, los franceses, en definitiva, los europeos, y al que va a los Estados Unidos no le parece excepcional, ni modo, que las personas lleven en sus trajes o vestidos una bandera en miniatura.

La bandera constituye, en esos pueblos, un auténtico signo de identidad.Sus colores distintivos —o sus escudos— se plasman en alegorías diferentes adornando calles, parques, envases de productos o en cualquier otro objeto de uso común,como reflejo de un respeto y una significación elevada de su nacionalismo.Aquí le damos a la bandera un uso coyuntural, y no siempre reverencial.Lo mismo ocurre con otros símbolos y expresiones patrias.

Una vez se dispuso que el Himno Nacional se tocase en todas las emisoras de radio y televisión, y faltó poco para que se le llamara a eso un despropósito o una ocurrencia fastidiosa.

Nación que llega a esos extremos, nación que corre el riesgo de diluirse, de ver sucumbir los valores, principios y anhelos que galvanizan el ideal de patria.Por eso vemos con mucha simpatía la idea, expuesta ayer por la Primera Dama de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, de reavivar el respeto a la Bandera invitando a ciudadanos destacados a enhestarla en las escuelas públicas cada mañana, como ella misma lo ha estado haciendo, lunes tras lunes, durante el Mes de la Patria.

También propone que se haga cumplir la ley 14-91 que manda que los símbolos patrios, como los rostros de los padres de nuestra República, figuren en los cuadernos escolares.

Como mañana miércoles se cierran los actos formales del Mes de la Patria, con un homenaje a la Bandera en la Plaza de la Bandera, animamos a los escolares y a todo aquel que se sienta dominicano, de sangre, corazón o sentimientos, a unirse a esta magna celebración.

Este año esa celebración cobra mayor importancia, pues ya hemos visto cómo ese sagrado símbolo patrio fue deshonrado para cubrir el féretro de un delincuente, y cómo se ha ido perdiendo la costumbre de mostrar con orgullo nuestra Bandera, en cualquier escenario o circunstancia, que no sean las que por precepto legal se han establecido.

La nación no se engrandece sólo con obras materiales, sino con el fortalecimiento del sentimiento de lo nacional, con la materialización de los ideales de la patria que nos legaron los fundadores, con el afianzamiento de nuestros valores culturales y con el amor a todos nuestros símbolos, alma y reflejo de nuestras luchas y nuestras grandes aspiraciones.

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Extradición y “nacionalismo”

La sociedad tiene que sentirse satisfecha de que, en este caso, ha habido un ejercicio responsable de la justicia frente al narcotráfico, aunque les duela a sus cómplices y sus aliados

La extradición es una de las instituciones jurídicas del mundo más antiguas, y su aplicación se remonta a los tiempos bíblicos , hasta las mismas tribus de Israel.Desde el siglo VIII de la Era Cristiana se ha recurrido a este mecanismo para resolver las disputas o reclamaciones de delincuentes que cometen una fechoría en un país y se van al suyo, o a otro, para evadir la persecución de la justicia.En el siglo pasado, esa figura alcanzó una mayor formalidad en nuestra América Latina, a partir de la aprobación del Código de Derecho Internacional privado o Código Sánchez de Bustamante, en La Habana, en 1928.Desde entonces, nuestro país ha suscrito tratados de extradición con Cuba (1905), con Estados Unidos (1910), con Uruguay (1933), con España(1981), con Colombia (1982), con Taiwán(1990) y más remotamente con Haití, en 1874.Y más allá de estos tratados, el país ha suscrito la Convención Interamericana sobre Extradición y ha votado su propia ley sobre la materia exclusivamente, la número 489.Tanto esta ley, como las demás que forman parte del cuerpo doctrinal de nuestro sistema juridico, es lo que caracteriza el llamado Estado de Derecho, algo que muchos defienden, día a día, a veces sin saber todo lo que encierra esta expresión.Por tanto, sería una violación grosera a ese mismo Estado de Derecho que cualquiera de nuestros órganos del sistema judicial o del Poder Ejecutivo, ignorando los mandatos de estos tratados y estas leyes, se cruzaran de brazos y se declararan en inacción frente a la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para extraditar a Quirino Paulino Castillo.La extradición no entraña, pues, ningún ejercicio pecaminoso de la justicia, ni altera para nada la soberanía ni las bases legales y morales en que se funda la nación dominicana,ni mucho menos el nacionalismo sano que consiste en la defensa de los intereses de nuestra patria. Atacar o intentar desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia por un fallo que sólo se limita a estimar que “ha lugar” a la solicitud de extradición que formuló a Estados Unidos, atribución que se la otorga el Código Procesal Penal y la tradición jurídica francesa, es ignorar que el alto tribunal ha actuado conforme a lo que le permite el Estado de Derecho que muchos defienden a veces sin saber qué es, en esencia.La atribución final de la extradición la tiene, en virtud de la ley, el Presidente de la República.Y este ha sido consecuente con una historia de reciprocidad en esta materia de tratados bilaterales con Estados Unidos y otros países, y tampoco puede considerársele un ejercicio pecaminoso, ni ilegal ni antinacional, mucho menos un acto de entreguismo o de sumisión infame a otros poderes.La sociedad tiene que sentirse satisfecha de que, en este caso, ha habido un ejercicio responsable de la justicia frente al narcotráfico, aunque les duela a sus cómplices y sus aliados.

Soberanía y narcotráfico

La sentencia de la Suprema nos acerca ahora mucho más a la tendencia actual y universal de globalizar las leyes, especialmente las que están destinadas a ponerle un vigoroso freno al auge del narcotráfico, y a sus ominosas derivaciones

Cuando Estados Unidos y la República Dominicana firmaron un Tratado de Extradición en 1910, el narcotráfico no constituía entonces un delito tan extendido ni mucho menos un flagelo mundial.El acuerdo valía, pues, para aquellos casos de personas que delinquían en uno de sus territorios y se estableció con la finalidad de evitar que los fugitivos escapasen al rigor de las leyes del país en el que cometían sus faltas.Es en los últimos años, cuando el narcotráfico, el terrorismo y las guerrillas forman un tenebroso y peligroso híbrido, cuando las grandes naciones incorporan a sus normas jurídicas estas figuras delictivas. Y en ese contexto han convenido en considerarlas como delitos de lesa humanidad, lo que les permite aprobar leyes que tienen un alcance más allá de sus propios territorios o jurisdicciones.Están excluidos del rigor de estos Tratados, los acusados o perseguidos por razones políticas.Este mecanismo de devolución y enjuiciamiento de un ciudadano a un país en el que ha delinquido, es lo que se conoce como extradición.En el caso de Quirino Paulino Castillo, la Suprema Corte de Justicia, con su sentencia, no sólo se ajusta al espíritu y el mandato del Tratado de Extradición firmado entre nuestro país y los Estados Unidos, sino que refuerza el precepto de la extraterritorialidad de las leyes llamadas a combatir el narcotráfico.Lo cual es un gran acierto.Para la Suprema, la persecución y penalización del narcotráfico no debe ser obstruida “ por un mal entendido nacionalismo”, un argumento que todavía se hace presente en las normas jurídicas de muchos países, pero que está desfasado.Cuando este híbrido tan peligroso del narcotráfico y el terrorismo se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional en gran parte del mundo, el problema fue encarado con pragmatismo y de ahí que las normas jurídicas hayan sido acomodadas para que tengan una dimensión más universal.Esto no significa, como agrega la Suprema en su dictamen, renunciar a la soberanía de ningún país. De hecho, todavía algunas naciones siguen validando lo que siempre ha sido una ficción: la “territorialidad” aplicada al ámbito de las sedes diplomáticas, las residencias de sus delegados y las naves con banderas extranjeras , y a nadie se le ha ocurrido decir que, por esto, hay una soberanía mutilada.La sentencia de la Suprema nos acerca ahora mucho más a la tendencia actual y universal de globalizar las leyes, especialmente las que están destinadas a ponerle un vigoroso freno al auge del narcotráfico, y a sus ominosas derivaciones.

Valerosa sentencia de la Suprema

Con esta sentencia la Suprema hace un gran aporte a la lucha contra el narcotráfico y todas sus secuelas, sin tener virtualmente ningún apoyo o endoso de la sociedad civil que, penosamente, se quedó dubitativa, callada y timorata frente a este mayúsculo escándalo que se deriva de los nexos del acusado con figuras del pasado gobierno.


Los narcotraficantes le temen como el diablo a la cruz a su extradición a los Estados Unidos, porque conocen la rectitud y la severidad con que su sistema judicial encara sus casos.

La mejor prueba de ello es que, en el climax de su resistencia a ser deportados hacia Estados Unidos, los narcotraficantes colombianos fueron capaces de volar el edificio de la Suprema Corte en Bogotá y asesinar, en una sangrienta cadena de ataques y también secuestros, a magistrados y autoridades que luchaban contra ellos.

En el caso dominicano, la sentencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, asumiendo directamente la responsabilidad de la extradición de Quirino Ernesto Paulino Castillo, es un veredicto que la honra y la fortalece.

Es el mejor testimonio de que, al nivel del máximo tribunal de la República, impera el compromiso de no permitir que los narcos se sientan fuera del alcance de la justicia de un país, sea Estados Unidos o cualquier otro con el que tengamos convenios de extradición, que los reclame cuando se sientan perjudicados por sus acciones criminales.

La Suprema Corte no sólo ha validado, con su sentencia, el acuerdo de extradición con Estados Unidos para el caso actual, sino que ha tomado su decisión con plena responsabilidad y firmeza, sin temor a las consecuencias. Ha hecho, con esto, un gran aporte a la lucha contra el narcotráfico y todas sus secuelas, sin tener virtualmente ningún apoyo o endoso de la sociedad civil que, penosamente, se quedó dubitativa, callada y timorata frente a este mayúsculo escándalo que se deriva de los nexos del acusado con figuras del pasado gobierno.

Ha sido notorio, y por tanto cuestionable, el silencio con que observó todo el proceso de investigación y exposición de evidencias sobre el acusado y sus cómplices, a pesar de que estamos en presencia de un acontecimiento que ha puesto al descubierto –en su propia médula– la corrupción de los órganos y figuras del poder en nuestro país, situación que ameritaba que las principales entidades de la sociedad se pronunciaran, con claridad y sin miedo, en favor de la Suprema, para no dejarla sola en su ejercicio.

Por experiencia de otros países, sabemos que la extradición de un capo del narcotráfico deviene, de inmediato, en revelaciones sobre sus nexos y cómplices, y en asesinatos selectivos, para borrar pruebas o proteger otras identidades comprometidas.

También en este escenario es preciso que la sociedad civil trabaje unida a la Suprema, al ministerio público y al Gobierno, para reclamar acciones sin titubeos, sin dobleces y sin enfoques miopes, contra los verdaderos depredadores de los recursos públicos, los que se burlan de las leyes y las instituciones, y los que se han enriquecido a través del vil flagelo del narcotráfico, tema que ha estado ausente de su discurso y de su accionar frente a este caso.

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La Academia, la prensa y la verdad histórica

Listín Diario continuará ofreciendo sus páginas a todos los ciudadanos que a juicio de su dirección tengan algo que decir para contribuir a esclarecer los temas más importantes de la vida nacional.

Cinco prestantes miembros de la Academia Dominicana de la Historia han suscrito una carta al director de este periódico sugiriendo que “cuando cualquier periodista desee difundir asuntos controversiales sobre los pro-hombres de nuestro pretérito, se ponga en contacto con esta institución, a fin de asesorarlo, edificarlo y evitar opiniones desagradables”.

Comprendemos su preocupación, pero nos parece una pretensión con poco asidero, fuera de lugar, impráctica y en alguna medida coercitiva.

Ningún periódico necesita permiso ni autorización previa de la Academia de la Historia para publicar cuestiones históricas, ni tampoco de los académicos de la lengua, la ciencia, las bellas artes, o cualquier otra materia, para reseñar los asuntos que conciernen a sus especialidades.

Los límites de la prensa son los que imponen la ley, el respeto y la decencia. Las opiniones de expertos merecen respeto, claro está, pero no a expensas de alguna pretendida exclusividad de la verdad, cuando en la vida , como dice el refrán, todo es según el color del cristal con que se mire.

Si los ilustres académicos, preocupados por eventuales “opiniones desagradables”, creen que desde este periódico, o cualquier otro, se ha denostado a algún personaje de nuestra historia, pues aquí tienen las puertas abiertas para poner los hechos en contexto.

Para decirlo con la misma llaneza de su carta, del choque de ideas y del debate respetuoso ha de salir la luz, para iluminar las verdades. No olvidemos que los académicos dominicanos, por pertenecer a una corporación iberoamericana reconocida, son correspondientes de la Real Academia de la Historia, que comenzó como una reunión literaria de amigos, en el año 1735, y fue constituida por Felipe V mediante Real Cédula en 1738. Esta institución tiene por objetivo aclarar “la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido”.

Sus estatutos insisten en la finalidad esencial del cultivo de la Historia, para “purificar y limpiar la de España de las fábulas que la deslucen e ilustrarla de las noticias que parezcan más provechosas”.

La prensa, por sus características, constituye un foro indicado para el debate y la puesta en discusión de nuevas informaciones, interpretaciones o análisis de la historia dominicana. Listín Diario continuará ofreciendo sus páginas a todos los ciudadanos que a juicio de su dirección tengan algo que decir para contribuir a esclarecer los temas más importantes de la vida nacional.

Aún con nuestra inmensa ignorancia, como diría el siempre bien recordado don Rafael Herrera, preferimos equivocarnos de buena fe, y que nos enmienden la plana, antes que someternos a cualquier censura previa de ningún tipo, ni siquiera la que quizás con igual buena fe nos ofrece la Academia Dominicana de la Historia. sabiduría inmensa de los cinco académicos dominicanos de la historia firmantes de la infortunada carta que motiva este editorial.

Antes que pretender acallar o condicionar voces valiosas, que bajen al ruedo los académicos y contribuyan con sus verdades a enriquecer el debate.

Al final, será el público, que de bobo no tiene un pelo, quien sabrá discernir a quién creerle.

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El protocolo de Kyoto, gran paso de la humanidad

Este protocolo debe aleccionarnos a luchar por un mejor ambiente en nuestro país, dando los pasos concretos que sugieren los expertos para frenar el progresivo deterioro que ya experimentamos en nuestra calidad de vida


Desde que la tierra ha estado expuesta a un mayor calentamiento a causa de la excesiva emisión de los llamados gases de efecto invernadero, el mundo ha sufrido, en las últimas cuatro décadas, una sucesión de grandes catástrofes naturales y cambios climáticos como jamás se había visto en siglos anteriores.

Sequías, inundaciones, huracanes, granizadas, heladas fuera de época, olas de calor, deshielo de glaciares, han sido el resultado, según los expertos, de la amplia presencia en la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases que han alterado el equilibrio térmico de nuestro planeta.

Esas emisiones las produce la acción humana, el desarrollo industrial, la combustión de los hidrocarburos (nafta, gasoil, fuel oil, entre otros) y del carbón mineral, que constituyen las principales fuentes de energía que emplea el hombre.

Debido a esa gran cantidad de gases se prevé que en las próximas décadas enfrentaremos un aumento ya inevitable en la temperatura promedio global de entre 1,2 y 1,3 grados Celsius, aunque expertos en cambio climático de Naciones Unidas avalan una proyección todavía más dramática: para el año 2100, el aumento sería de entre 1,4 y 5,8 grados Celsius.

Estas previsiones han asustado al mundo industrializado. Y por eso, fue firmado en 1997 el protocolo de Kyoto, al amparo del cual las grandes naciones se comprometen a reducir las emisiones de estos gases a niveles muy concretos: no menos del 5% respecto del nivel de 1990, en el período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012.

Ese protocolo ha entrado en vigor este miércoles y representa el más grande esfuerzo conjunto de la humanidad para proteger la tierra, su medio ambiente, del peligro de un mayor calentamiento por efectos de los rayos solares.

Los Estados Unidos, Australia y otros países no han querido ratificar este protocolo, alegando que las inversiones por más de 150 mil millones de dólares anuales en programas preventivos, lesiona sus economías y no resolverán el problema del calentamiento global.

Frente a este panorama, los expertos recomiendan a todos los países ahorrar la energía que se despilfarra en todos los sectores de la economía, incluyendo el transporte, las casas, las oficinas y la industria, cambiar el uso industrial del carbón por el de insumos menos contaminantes, como el gas natural, especialmente en la producción de energía, y aumentar el uso de energías limpias y renovables, como la eólica y la solar, que no emiten dióxido de carbono.

Este protocolo debe aleccionarnos a luchar por un mejor ambiente en nuestro país, dando los pasos concretos que sugieren los expertos para frenar el progresivo deterioro que ya experimentamos en nuestra calidad de vida.

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Una provocación innecesaria a la Funglode

Si la idea del gremio médico es crear las condiciones para que en la parte frontal de Funglode pueda armarse hoy un rebú que atraiga la atención de la prensa o del público, de entrada es descabellada. Y de por sí injustificable.

El gremio de los médicos ha anunciado que hoy montará una protesta frente a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en la continuación de su lucha por aumentos salariales para sus miembros.

Esta es una necedad, pura y simple, que no ayuda para nada a su propia causa, ya debilitada por la sucesión de yerros y fallidas medidas de presión en pos de ese y otros objetivos.

El hecho de que Leonel Fernández creara esa Fundación Global Democracia y Desarrollo y sea su actual Presidente, no vincula a esta, de ningún modo, con su actual ejercicio presidencial ni tampoco con la suerte —buena o mala— que finalmente tenga esta administración.

La Funglode, como cualquier otra organización no gubernamental, tiene sus objetivos muy claros, y los procura sin importar si su presidente es el primer mandatario o no del país, o si el partido al cual pertenece Fernández está o no en el poder.

Trasladar hacia la sede de Funglode una protesta callejera sólo indica que la cúpula del Colegio Médico ha perdido, ya, todos los escenarios apropiados para hacer sentir su lucha. Su brújula está defectuosa y no luce atinado pretender involucrar en el conflicto a entidades ajenas a él, que no tienen ni han tenido incidencia, ni culpa ni influencia en tal problemática.

Creemos que lo más sensato es que esa protesta sea suspendida y que los médicos piensen mejor en el destino de su lucha, y la reorienten. Las numerosas huelgas que han convocado, paralizando los hospitales y privando a los pobres de recibir las necesarias atenciones profesionales, han saturado su campo de maniobras y han sido, francamente, inútiles.

Esta suma de experiencias infructuosas es el mejor telón de fondo que pueden tener a su disposición para no seguir cometiendo yerros que, como este, de montar una manifestación en el lugar y en el momento equivocado, no les producirá adhesiones o simpatías del pueblo a su causa.

Si la idea es crear las condiciones para que en la parte frontal de Funglode pueda armarse un rebú que atraiga la atención de la prensa o del público, de entrada es descabellada. Y de por sí injustificable. Además, es una falta de respeto y una provocación sin sentido el concentrar personas frente a la sede de esa institución para perturbar sus actividades ordinarias, porque Funglode nada tiene que ver con las decisiones que, a nivel del Gobierno, tomen las autoridades frente a las demandas de los médicos.

Los médicos no deben ni politizar ni ridiculizar su lucha arrastrando a otros que son ajenos a ella.

Ojalá que lo comprendan y que no se lancen al piquete que han anunciado para hoy. Mientras más errores se puedan economizar, en un trayecto de lucha plagado de desatinos, mucho mejor para que, es un plano de más reposo y racionalidad, retomen sus legítimas demandas.

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Otra grave denuncia

De ser cierta la denuncia, las presentes autoridades, a través de sus organismos competentes, tienen la responsabilidad de dar una respuesta a los cientos de productores que se sienten engañados por quienes, prevalidos de su condición de “enllavados” del jefe del Estado, no actuaron con claridad y transparencia a la hora de repartir los invernaderos.


En la edición de ayer lunes, Listín Diario publicó que agricultores de Constanza, Jarabacoa, Villa Trina y San José de Ocoa, las principales zonas en la producción de hortalizas y vegetales del país, destaparon una denuncia escandalosa que merece la atención, no sólo de las actuales autoridades, sino de toda la sociedad.

Directivos de esas asociaciones, que agrupan a productores de esas localidades, han revelado, con pelos y señales, que ex funcionarios del pasado gobierno son responsables de irregularidades en la repartición de una parte de los invernaderos, cincuenta en total, que costaron al erario unos 315 millones de pesos.

De acuerdo a lo expresado por los referidos productores de vegetales, funcionarios y allegados a la anterior administración aprovecharon el período de transición del nuevo gobierno para usar esos recursos, que forman parte de un préstamo por 300 millones de dólares ofrecido por un banco español para la adquisición de 191 invernaderos.

De ser cierta la denuncia, las presentes autoridades, a través de sus organismos competentes, tienen la responsabilidad de dar una respuesta a los cientos de productores que se sienten engañados por quienes, prevalidos de su condición de “enllavados” del jefe del Estado, no actuaron con claridad y transparencia a la hora de repartir los invernaderos.

Decenas de productores, hoy, le reclaman al Presidente de la República, Leonel Fernández, y al secretario de Agricultura, Amílcar Romero, actuar en consecuencia para corregir “la gran injusticia cometida por las pasadas autoridades al distribuir o repartir en su propio provecho gran parte de los invernaderos”.

Este es un nuevo reto del Palacio Nacional para dar respuesta al deseo de la sociedad de emprender de una vez y sin demagogia una verdadera lucha contra la corrupción, que conduzca al castigo de los responsables de utilizar de manera alegre los recursos del Estado en su propio beneficio.

Es un compromiso ineludible que no se quede, una vez más, en el aire esta denuncia responsable hecha de cara al sol y que enaltece a los productores de vegetales de Constanza, Jarabacoa, Villa Trina y San José de Ocoa.

El Ministerio Público tiene, ahora, otra oportunidad de poner en movimiento la acción pública para que se investigue sin revanchismo ni retaliación política esa denuncia que pone en entredicho la honorabilidad de personalidades muy allegadas al ex presidente Hipólito Mejía.

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Leyendas de amor por San Valentín

El Día de San Valentín probablemente surgió de una combinación de tres fuentes, además de la creencia de que la primavera es un tiempo para los enamorados. Hay quienes lo enlazan con una antigua creencia inglesa de que las aves escogen su pareja el 14 de febrero.



Estamos acostrumbrados a predicar el amor desde la superficie. A no incluirnos en su verdadera dimensión. Evadimos colocar nuestros sentimientos en su sitio porque tememos que el amor vuelva la vista sobre nosotros mismos.

Pero antes amar era mucho más sublime. Y el Día de San Valentín se celebraba con especial significado.

En Gran Bretaña e Italia, por ejemplo, algunas solteras se levantan antes del amanecer en el Día de San Valentín. Se paran frente a la ventana esperando a que un hombre pase. Ellas creen que el primer hombre que vean, o alguien que se le parezca, se casará con ellas en ese año. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, menciona esta creencia en Hamlet (1603). Ofelia, una mujer en el drama, canta: Mañana es el día de San Valentín/ temprano, al amanecer,/y yo estaré en tu balcón;/ tu enamorada seré!

Muchos consideran que el Día de San Valentín comenzó de diferentes maneras. Algunos lo remontan a un antiguo festival romano llamado ‘‘Lupercalia’’. Otros expertos conectan el evento con algunos santos de la iglesia primitiva.

Hay quienes lo enlazan con una antigua creencia inglesa de que las aves escogen su pareja el 14 de febrero.

El Día de San Valentín probablemente surgió de una combinación de las tres fuentes, además de la creencia de que la primavera es un tiempo para los enamorados.

Los antiguos romanos celebraban el festival de Lupercalia en febrero 15 para asegurar protección contra los lobos. Durante esta celebración, los jóvenes golpeaban a la gente con listones hechos de piel de animales. Las mujeres recibían los golpes porque pensaban que los latigazos las hacía más fértiles. Después que los romanos conquistaron a Bretaña en el 43 a.C., los británicos “tomaron prestados” muchos festivales romanos.

Muchos escritores enlazaban el festival de Lupercalia con San Valentín porque era en la misma fecha y por la conexión con la fertilidad.En sus orígenes, la Iglesia tuvo al menos dos santos llamados Valentín.

De acuerdo a una historia, en el 200 a.C., el emperador romano Claudio II le prohibió el matrimonio a los jóvenes. El emperador pensó que los hombres solteros eran mejores soldados. Un sacerdote llamado Valentín desobedeció la orden del emperador y secretamente casaba a las parejas jóvenes.

Otra historia dice que Valentín era un cristiano que hizo amistad con muchos niños. Los romanos lo apresaron porque se rehusó a adorar a sus dioses. Los niños extrañaban a Valentín y le tiraban pequeñas notas a través de las rejas de su ventana. Esta historia puede explicar el por que las personas intercambian mensajes en el Día de San Valentín. Muchas versiones aseguran que Valentín fue ejecutado en febrero 14 cerca del 269 a.C. En el 496 a.C., el Santo Papa Gelasio I nombró a Febrero 14 como el Día de San Valentín.En Inglaterra se dice que las aves escogen su pareja en ese día.

Geoffrey Chaucer, un poeta inglés del año 1300, escribió: “Por esto que fue enviado el Día de San Valentín; Cuando cada ave su pareja ha de elegir”. Shakespeare también mencionó esta creencia en su obra “Sueño de una Noche de Verano”. Un personaje en el drama descubre a una pareja de amantes en el bosque y pregunta, “San Valentín ya ha pasado; ¿comienzan estos amantes a juntarse ahora?”

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Nuestro “Chinatown”

Para concretizar este proyecto se remodelará una parte de la avenida Duarte, y la fundación Flor para Todos invertirá 3.5 millones de pesos para la ambientación y ornamentación del futuro Chinatown dominicano.


Los barrios chinos existen en grandes ciudades del mundo y son el reflejo de la creciente migración de China hacia cualquier parte del planeta.

Lo interesante de estos asentamientos es que en ellos se preservan las antiquísimas costumbres de su nación de origen, o de la región de ésta a la que pertenezca una mayoría, coexistiendo sin mayores dificultades con la cultura del país en el cual se han establecido.

La vida en esos barrios es semejante a la de China. Los inmigrantes poseen restaurantes, escuelas, centros de diversiones y reciben al día los medios de comunicación impresos de su país.

Parecen barrios clonados.

Esta experiencia se da también con otras etnias, con otros inmigrantes, especialmente en los Estados Unidos.

Los italianos, los árabes, los judíos, los cubanos, los dominicanos, son algunos ejemplos. En el Alto Manhattan abundan las pruebas de la implantación del estilo dominicano, con sus buenas y con sus malas.Y ya pudiera decirse que la zona está caracterizada como dominicana, con sus peculiaridades.

Aquí, en Santo Domingo, se promueve la interesante idea de crear un Chinatown o barrio chino, con sus arcos multicolores, con sus negocios eminentemente chinos, con sus rótulos en mandarín y en otros giros del mismo idioma, con la finalidad de cohesionar aún más a esa colonia.Y, sobre todo, con un espíritu de rentabilidad turística, añadiéndole un atractivo más a la ciudad.

Acogemos con entusiasmo esa iniciativa, en la que intervienen el Ayuntamiento, los propios ciudadanos chinos, tanto los nacidos en China como sus descendientes dominicanos, en la seguridad de que con el nuevo Chinatown abrimos el abanico de opciones para los negocios y la diversión. Para concretizar este proyecto, se remodelará una parte de la avenida Duarte, y la fundación Flor para Todos invertirá 3.5 millones de pesos para la ambientación y ornamentación del barrio.

La Secretaría de Turismo interviene también en el proyecto, para establecer los parámetros de lugar.

La propulsora entusiasta del Chinatown es Rosa Ng Báez, dominicana, hija de chinos, que siempre se ha interesado porque la riqueza cultural, artística y humana de su pueblo quede plasmada en el nuestro, y sirva como eslabón para unirnos más. De hecho, la mejor noticia es que el Chinatown es compartido por los representantes de las dos China: la Popular y Taiwán, ya que en definitiva se trata de hermanos separados por una coyuntura que no es insalvable ni en el tiempo ni en la historia.

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Que todos podamos decir: “Yo respeto mi bandera”

La Primera Dama, doña Margarita Cedeño de Fernández, con apoyo de la secretaría de Educación, ha lanzado la campaña “Yo respeto mi bandera”, para tocar los corazones de todos nuestros estudiantes y formarlos en los principios de que, este país, solo se engrandece con el esfuerzo de nosotros mismos.


En la medida en que la soberanía, como concepto y realidad, se nos va haciendo borrosa hasta diluirse entre nosotros, el cariño hacia la Patria y a todos sus símbolos parece ha entrado en declive.

Hay dos causas. Una de ellas es la globalización, que pulveriza límites territoriales, diluye fronteras y ensancha las actitudes mentales del hombre moderno, y otra es la desintegración progresiva de la familia, con lo cual se va perdiendo el núcleo esencial de toda sociedad.

Todavía queda amor entre muchos por la suerte del país, de sus valores, de sus símbolos. Y esto ha quedado demostrado con las reacciones de indignación cuando la bandera nacional fue usurpada e irrespetada, colocándola en el féretro de un delincuente, o cuando se supo que la casa en la que nació el patricio Matías Ramón Mella había sido convertida en un negocio de apuestas.

Tratando de contrarrestar el fuerte aluvisión de actitudes indiferentes que van haciendo que la Patria ya no signifique tanto para la mayoría, el Gobierno y en especial la Primera Dama, se han empeñado en fortalecer los sentimientos patrios, comenzando por el rescate y el espaldarazo a la bandera.

Esta no es una actitud coyuntural. Ya en su primer gobierno el Presidente Fernández tuvo la feliz iniciativa de declarar el Mes de la Patria, llenando así ese vacío espiritual y de identidad nacional que estamos padeciendo.

En ese mes, todos los ciudadanos son convocados a amar su bandera, a recordar los sacrificios de sus mejores hombres por mantener en alto la dignidad nacional y a valorizar toda la carga de enseñanzas y buenos ejemplos contenida en el himnario de nuestras gestas. Es un esfuerzo para que la Patria no perezca en nuestros corazones, el último eslabón que le queda.

Ahora la Primera Dama, doña Margarita Cedeño de Fernández, con apoyo de la secretaría de Educación, ha lanzado la campaña “Yo respeto mi bandera”, para tocar los corazones de todos nuestros estudiantes y formarlos en los principios de que, este pais, solo se engrandece con el esfuerzo de nosotros mismos.

La Primera Dama repartió una serie de cuatro cuadernos que contienen informaciones sobre la nacionalidad, los símbolos patrios y otros temas y ha dicho a los escolares que es necesario honrar estos estandartes para que, unidos, podamos forjar una sociedad democrática.

“Cuando logremos eso,—ha dicho— será entonces cuando haremos el más grande homenaje al fundador de la República”.Que este mensaje resuene en los oídos de todos nosotros que, por nuestra indiferencia e insensibilidad, estamos provocando que el ideal, el concepto y la realidad de la Patria, se nos esté evaporando a una gran velocidad en este tiempo.

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Leyes antipandillas o el “Plan Mano Dura”

En toda Centroamérica se ha expandido, como una plaga, la modalidad de las pandillas juveniles, y algunas han llevado a tal extremo su dimensión que se les vincula con grupos de radicales islámicos, para coordinar ataques terroristas.


Las pandillas juveniles son una realidad en la República Dominicana y no tardará mucho tiempo para que, además, sean nuestra gran pesadilla social.No habíamos visto, de unos años para acá, tantos enfrentamientos entre ellas por el control de los puestos de drogas, por fanatismo satánico o por cualquier aberración humana, y hasta qué punto la sociedad parece indefensa y desprotegida frente a sus desmanes.

El Gobierno está elaborando una estrategia contra la delincuencia, asistido por especialistas de la Policía de Nueva York, pero talvez haría falta que nos asesoremos también de aquellos policías centroamericanos —especialmente de Honduras y El Salvador— que sí han tenido una extraordinaria experiencia en este sentido.

En toda Centroamérica se ha expandido, como una plaga, la modalidad de las pandillas juveniles, y algunas han llevado a tal extremo su dimensión que se les vincula con grupos de radicales islámicos, para coordinar ataques terroristas.

Para tener una idea de la tragedia que estas pandillas representan para esos países, en El Salvador, en el 2003, murieron mas de 2 mil personas en ajustes de cuenta, refriegas entre pandillas o víctimas inocentes de los delincuentes.

En Honduras, en los últimos cinco años han sido asesinados en peleas de bandas rivales dos mil niños y jóvenes “Maras”, en una vorágine de sangre y tiros que el Presidente Maduro atribuye al enorme flujo de delincuentes deportados desde distintos estados de los Estados Unidos.

En Guatemala, el fenómeno ha asumido iguales características y ahora el Congreso está apoderado de una ley antipandillas, sometida por legisladores de los partidos Avanzada Nacional y El Patriota, para perseguir y castigar especialmente a jóvenes, de 12 años hacia arriba, que pidan peajes por la fuerza a pasajeros de autobuses usando lenguaje, señales u objetos intimidatorios, a los que pintan graffitis en las calles y la ley es tan estricta y rígida que autoriza a la Policía a detener sólo por las “apariencias” de tigueraje a todo sospechoso.

No sabemos si las autoridades dominicanas enmarcarán su estrategia en un plan de acción coyuntural, o consagrarán por ley las medidas que se encaminarán para enfrentar este fenómeno, antes de que asuma los tonos devastadores y sangrientos con que ya ha teñido a la América Central.

En El Salvador, el llamado “Plan Mano Dura”, implantado por el ex presidente Flores y continuado por el actual mandatario, Saca, ha dado la tónica de la respuesta que debe dar un gobierno —o mejor dicho, una sociedad— al osado desafío de las pandillas, aleccionadas por el consumo y la venta de drogas, empujadas por los marcos de pobreza extrema en la cual germinan, y envalentonadas ante la indiferencia, el miedo y el relativismo que paraliza al resto de la sociedad.

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El rockash, es “pa’fuera” que debe de ir

El “rockash” sólo ha sido bueno para quienes se ganaron una millonada con su traslado y con su depósito en nuestras costas, pero no para las centenares de familias que hoy sufren sus efectos contaminantes.


La basura o “rockash” que desgraciadamente permitieron depositar aquí las pasadas autoridades, debe ser sacada del país, sin contemplaciones.

Aparte de que su depósito constituyó una violación a nuestras propias leyes, la permanencia de esos residuos en Samaná y Monte Cristi ha causado ya algunos inconvenientes.Se reportan muertes y personas afectadas en la piel, así como numerosos casos de pacientes con problemas pulmonares, por los efectos de esa inconveniente basura.

El Presidente Leonel Fernández, siendo candidato presidencial, prometió que si ganaba el poder esa basura sería removida y devuelta a su lugar de origen.

Esto no ha ocurrido y es menester, pues, que el procurador general de Medio Ambiente, que tiene a su cargo el asunto, actúe con firmeza y decisión y disponga de inmediato la retirada de esos desperdicios y someta ante los tribunales a los que se prestaron para ese vil y dañino negocio que perjudica las potencialidades turísticas de Samaná y Monte Cristi.

El “rockash” sólo ha sido bueno para quienes se ganaron una millonada con su traslado y con su depósito en nuestras costas, pero no para las centenares de familias que hoy sufren sus efectos contaminantes.

El procurador de Medio Ambiente para la zona Noroeste ha dado testimonio de que varias personas han muerto de cáncer, incluyendo la directora del hospital de Manzanillo, mientras que entre los enfermos figuran la directora de la escuela pública, el ex-fiscal, dos empleadas del Ayuntamiento con sus familiares y otras personas más.

Esto refleja una situación escandalosa y peligrosa que debe mover a la acción rápida de las autoridades.O, al menos, a que se brinden informaciones completas a la opinión pública sobre el nivel de toxicidad de estos residuos y sobre la forma en que un grupo de personas, autoridades incluidas, formó criminal contubernio para echarle a este país ese cargamento de basura que ningún otro se atrevió a recibir.

Insistimos en que, acerca de este caso, el Gobierno debe dar un ejemplo para que en el futuro los responsables de estudiar y conceder permisos para actividades que puedan afectar el medio ambiente, se abstengan de hacerlo por puro lucro personal.

La Secretaría de Medio Ambiente está para proteger el ambiente, no para hacer chanchullos de ningún género con traficantes de rockash u otras basuras dañinas, ni para permitir impunidad, tolerancia e indiferencia ante el caso específico del material que fue depositado en Samaná y Manzanillo.

El “rockash”, como toda cosa maligna, es “ pa’ fuera” que debe de ir. Y mientras más rápido, mucho mejor.

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El narco nos ha penetrado bastante

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Cada vez que las autoridades dan un golpe significativo al narcotráfico, se hace más visible el nivel de complicidad que tienen en este negocio policías, militares y personas empleadas en puertos y aeropuertos del país.
Desde el decomiso de 1,387 kilos de cocaína a la red cuyo mando se le atribuye al arrestado excapitán Quirino Paulino Castillo a mediados de diciembre, la guerra contra los narcos ha registrado avances.
Ya se están confiscando cantidades grandes en los llamados “puntos de drogas”, hay muchos narcos escondidos o huyendo, y tal parece que se ha producido una momentánea desarticulación en este negocio.
Pero no nos hagamos muchas ilusiones, porque las redes cuentan con sus propios relevos y hasta que las fuentes no sean fulminadas, habrá siempre vías alternativas para que el mercado de las drogas siga funcionando, aún con sus peligros intrínsecos, a los cuales no les temen mucho los que están involucrados.
Lo preocupante es la penetración que los narcos han logrado entre las instituciones que representan la autoridad, inclusive en la misma entidad responsable de prevenir y perseguir este delito, la Dirección Nacional de Control de Drogas.
A menudo se descubren agentes vinculados a ese cuerpo, y a los militares y policiales, en contubernio directo con los narcos, cuando no encabezando ellos mismos las células de traficantes.
Vimos estos casos recientemente, con el descubrimiento de una red de dominicanos y extranjeros a la que se le incautaron 32 kilos de cocaína en el aeropuerto Las Américas, y otro caso en Punta Cana, donde fueron confiscados 10 kilos que una oficial de la DNCD le entregó a un empleado aeroportuario.
¿Cuántas grandes cantidades no habían ya pasado la prueba y burlado los controles por esos y otros aeropuertos anteriormente?
Los repetidos éxitos alcanzados por la DNCD en sus últimos operativos ayudan a que esta institución recupere poco a poco su credibilidad y eficacia.
Ya en otras partes de América Latina, donde los cárteles son poderosísimos, estamos viendo la captura, a buena cadencia de tiempo, de cabecillas y lugartenientes de éstos, lo que indica que los Estados Unidos, auxiliando a esos países, han arreciado con determinación esta lucha, que va pareja con la del antiterrorismo.
Si los narcotraficantes han demostrado que los sistemas de vigilancia y control implantados en Estados Unidos en esta lucha antiterrorista son vulnerables, según los grandes cargamentos de cocaína y otros estupefacientes enviados a su mercado, los terroristas, por igual, pueden tener tantas o más opciones que aquellos para atacar mortalmente a esa gran nación. Aquí se hace necesario intensificar esta lucha, para que la sociedad no siga pudriéndose por culpa de este criminal y espurio negocio.

El Metro, un reto cautivante

El Metro puede ser una obra reproductiva, además de útil. Ojalá que podamos tener éxito en esta empresa de gran envergadura. El Metro es una obra necesaria, aunque muchos entiendan que no es prioritaria porque hay que atender otros asuntos vitales, como la lucha contra la pobreza


Ya lo dijimos en un momento, y vale la pena ratificarlo: simpatizamos con toda iniciativa que tienda a modernizar nuestro país y a dar respuestas a sus necesidades básicas.

La idea del Gobierno de construir un sistema de transportación subterráneo y, en algunos tramos, superficial, en las rutas más críticas de la Capital, está a tono con las demandas de nuestro tiempo.

La Capital, que creció descontroladamente, ha comenzado a sentir las crisis de ese gigantismo en muchos servicios públicos, hasta el punto de que todavía hablamos hoy de fugas y pérdidas de agua y energía en las líneas de distribución, precariedad y mediocridad en el sistema de transporte y caos urbanístico generalizado.

Con todo y descontrol, pudiera decirse que esa es la forma en que el país ha crecido y se ha desarrollado. Pese a nosotros mismos.

La actitud inicial ha sido, históricamente, la de oponernos a las grandes obras, a las obras de envergadura. Parecemos temerles. Somos dubitativos frente a estos retos. Siempre hay un dejo de pesimismo y de dudas en nuestra propia capacidad de emprenderlas. En pocas palabras, a menudo nos asusta el futuro.

El Metro es una obra necesaria, aunque muchos entiendan que no es prioritaria porque hay que atender otros asuntos vitales, como la lucha contra la pobreza.

Ante esto es bueno estar claros: la pobreza ni disminuirá ni dejará de crecer porque hagamos o no el Metro. La modernidad rompe esquemas, cambia los contextos de un país. Es lo que se le opone al atraso, al estancamiento.

Un sistema tan moderno como este no sólo es indispensable, sino imperativo. Si este país no se hubiese abierto al turismo, dando facilidades fiscales a los inversionistas, no tuviéramos hoy la impresionante infraestructura hotelera de la cual se apoya la economía para aumentar los ingresos de divisas y el empleo.

El Estado debe ensanchar las oportunidades para que los inversionistas, locales o extranjeros, asuman las grandes obras, como carreteras, puentes, presas, sistemas de transportación tipo metro, a su propio riesgo.Las ciudades, abigarradas, tienen que abrir espacios para el crecimiento y la fluidez del tránsito de sus ciudadanos.

Lo más importante es que, mentalmente, estemos preparados para dar respuestas certeras a la dinámica de la modernidad que ya comienza a marcar a este país.

Muchos millones de dólares y pesos han sido desperdiciados y dilapidados, sin que la sociedad vea obras concretas. El Metro puede ser una obra reproductiva, además de útil.Ojalá que podamos tener éxito en esta empresa de gran envergadura.

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Los nuevos “Balá” se adueñan de las calles

Esos “paleros” son tan delincuentes como los que andan atracando y matando gentes en el país, pero a juzgar por su quehacer tan visible y previsible, siguen haciendo de las suyas porque hay anuencia o flojedad de las autoridades para reducirlos a la obediencia

Hace pocos días, la directiva de un sindicato de choferes de las rutas K, M y N de Santiago distribuyó entre sus miembros 90 garrotes, bien grandes y sólidos.Son las “armas” que han decidido usar para responder a la agresión no de los delincuentes comunes sino de los choferes de otras rutas, reclamando para sí el soberano y pleno poder de “administrar” determinadas vías, impidiendo que cualquier otro haga negocios en ellas.La situación es la misma –o más grave– en la Capital, y a lo largo de aquellas rutas interurbanas que conectan a las principales ciudades del país.Numerosos incidentes han dejado como saldo choferes muertos a palos o tiros y vehículos incendiados o seriamente averiados.Ejecutivos del LISTÍN han observado a estos nuevos “paleros”, que se asemejan a los de Balá en los tiempos post-trujillistas, operando en la avenida Las Américas con Charles de Gaulle, en la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy , 27 de Febrero y Rómulo Betancourt, en la Núñez de Cáceres con Independencia, en la avenida Duarte, debajo del puente, y en la Isabel Aguiar, a la salida para la carretera 6 de Noviembre, en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez y en la Ortega y Gasset con Roberto Pastoriza.Nuestros corresponsales han reportado casos de graves agresiones en las rutas del cercano y profundo Sur, en los que han intervenido personas que utilizan garrotes y a veces armas de fuego.En aquellas avenidas de la Capital por donde se produce un alto flujo vehicular y existen paradas para los pasajeros, operan estos bandoleros de la manera más impune, provistos, inclusive, de aparatos de radio-comunicación para ubicar a sus víctimas.Las agresiones no solamente afectan a los choferes, que, de acuerdo con los bandoleros, son “intrusos” en sus rutas, sino que alcanzan también, con mucha frecuencia, a los pasajeros. Es como si se tratara de emboscadas en las que los vehículos “piratas” tienen que pagar por la fuerza un peaje para seguir transitando, o abandonar la ruta inmediatamente.Ni los policías de AMET, que son , al parecer, los que están autorizados por ley a dar garrotazos a choferes y a inofensivos ciudadanos, entre ellos a periodistas y fotógrafos, ni los de la Nacional actúan contra estos delincuentes, dueños de las rutas del transporte público.Mientras se crucen de brazos frente al proceder de estos malandrines armados de garrotes, ninguna autoridad tendrán estas instituciones para impedirle a cualquier ciudadano que, provisto también del suyo, haga lo mismo, por cualquier razón o motivo.Esos “paleros” son tan delincuentes como los que andan atracando y matando gentes en el país, pero a juzgar por su quehacer tan visible y previsible, siguen haciendo de las suyas porque hay anuencia o flojedad de las autoridades para reducirlos a la obediencia, trancarlos e impedir que sigan cometiendo sus desafueros, como si fueran dueños de nuestras calles.

Una ley, hasta ahora, de lujo

Las primeras pruebas con el uso de la ley han demostrado que todavía aquí hay gente que le teme a la transparencia y a la verdad. Y en ese tipo de conducta radica el riesgo de que teniendo una buena ley la perdamos en la práctica, muerta por inanición

La ley de acceso a la información pública es, hasta ahora, una pieza de lujo: sólo sirve para apreciarla y admirarla en sus profundos alcances, pero no para usarla y aprovecharla en su plena riqueza.Pocos países de América Latina, de cinco no pasan, han incorporado a su cuerpo de leyes una legislación de este carácter, cuyas disposiciones van de la mano del proceso de transparencia y de lucha contra la corrupción que cada día cobra fuerza en el mundo.Se concibió como un instrumento que permite al ciudadano pedir cuentas al Gobierno y a las instituciones que usan recursos públicos, de la forma en que utilizan y comprometen esos dineros y de todas las acciones que puedan favorecer o perjudicar los intereses del pueblo.Pese a que fue promulgada el año pasado, la ley es virtualmente impracticable porque no existen procedimientos formales para que las solicitudes de información, válidamente encaminadas, sean respondidas en los plazos en que acuerda la dicha ley. La pieza faltante es el reglamento y, por fin, ya el consultor jurídico ha anunciado que está listo y que se le someterá al Presidente de la República para su inmediata entrada en vigor.El reglamento, por sí solo, no resolverá la traba mayor que tiene la ley, que es la inveterada reluctancia de los políticos a someterse al escrutinio del público, especialmente cuando les toca manejar entes del Estado, y de ahí que, tanto en el caso dominicano como en el de otros países, el paso de muchos por el poder quede siempre manchado por la corrupción, en todos los sentidos.Las primeras pruebas con el uso de la ley han demostrado que todavía aquí hay gente que le teme a la transparencia y a la verdad.Y en ese tipo de conducta radica el riesgo de que teniendo una buena ley la perdamos en la práctica, muerta por inanición.

Ocean Blue, otro paraíso

Unos 45 hoteles de las más altas calificaciones existen en la zona de Punta Cana y Bávaro, y por lo menos cinco nuevos están en construcción allí, generando miles de empleos directos. A esa extraordinaria plataforma se sumó hace dos semanas el más nuevo de ellos, Ocean Blue, de la cadena Ocean que está asociada a la local Hodelpa S.A. y que opera otros 9 hoteles en el país. La competencia parece ahora concentrada en los “conceptos” que emplean para atraer a públicos bien diferenciados. Este Ocean Blue incorpora 710 habitaciones y tiene una especie de “Down town”con diversidad de opciones de diversión,como en cualquier ciudad pequeña. Nos conviene que estas infraestructuras se multipliquen y se extiendan a otras regiones. El turismo es,ya, la verdadera espina dorsal de nuestra economía.

Una ley, hasta ahora, de lujo

Las primeras pruebas con el uso de la ley han demostrado que todavía aquí hay gente que le teme a la transparencia y a la verdad. Y en ese tipo de conducta radica el riesgo de que teniendo una buena ley la perdamos en la práctica, muerta por inanición.



La ley de acceso a la información pública es, hasta ahora, una pieza de lujo: sólo sirve para apreciarla y admirarla en sus profundos alcances, pero no para usarla y aprovecharla en su plena riqueza.

Pocos países de América Latina, de cinco no pasan, han incorporado a su cuerpo de leyes una legislación de este carácter, cuyas disposiciones van de la mano del proceso de transparencia y de lucha contra la corrupción que cada día cobra fuerza en el mundo.

Se concibió como un instrumento que permite al ciudadano pedir cuentas al Gobierno y a las instituciones que usan recursos públicos, de la forma en que utilizan y comprometen esos dineros y de todas las acciones que puedan favorecer o perjudicar los intereses del pueblo.

Pese a que fue promulgada el año pasado, la ley es virtualmente impracticable porque no existen procedimientos formales para que las solicitudes de información, válidamente encaminadas, sean respondidas en los plazos en que acuerda la dicha ley.

La pieza faltante es el reglamento y, por fin, ya el consultor jurídico ha anunciado que está listo y que se le someterá al Presidente de la República para su inmediata entrada en vigor.

El reglamento, por sí solo, no resolverá la traba mayor que tiene la ley, que es la inveterada reluctancia de los políticos a someterse al escrutinio del público, especialmente cuando les toca manejar entes del Estado, y de ahí que, tanto en el caso dominicano como en el de otros países, el paso de muchos por el poder quede siempre manchado por la corrupción, en todos los sentidos.

Las primeras pruebas con el uso de la ley han demostrado que todavía aquí hay gente que le teme a la transparencia y a la verdad.Y en ese tipo de conducta radica el riesgo de que teniendo una buena ley la perdamos en la práctica, muerta por inanición.

Ocean Blue, otro paraíso
Unos 45 hoteles de las más altas calificaciones existen en la zona de Punta Cana y Bávaro, y por lo menos cinco nuevos están en construcción allí, generando miles de empleos directos. A esa extraordinaria plataforma se sumó hace dos semanas el más nuevo de ellos, Ocean Blue, de la cadena Ocean que está asociada a la local Hodelpa S.A. y que opera otros 9 hoteles en el país. La competencia parece ahora concentrada en los “conceptos” que emplean para atraer a públicos bien diferenciados.

Este Ocean Blue incorpora 710 habitaciones y tiene una especie de “Down town”con diversidad de opciones de diversión,como en cualquier ciudad pequeña. Nos conviene que estas infraestructuras se multipliquen y se extiendan a otras regiones. El turismo es,ya, la verdadera espina dorsal de nuestra economía.

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Que se descentralice la Policia

La ciudad estaría mejor cuidada en lo que respecta al orden público, si la Policía pudiera ser descentralizada para que importantes porciones de sus agentes trabajen fijo en el Distrito Nacional y los cuatro municipios de la provincia Santo Domingo.
Hasta ahora existe un esquema de comando central que no ha sido impactado por la división, con nuevas demarcaciones, de lo que antes era simplemente Santo Domingo.
La idea de descentralizar se hace más oportuna e imperativa, si tomamos en cuenta que ha habido un auge extraordinario de la delincuencia y que la Policía, carente de equipos y vehículos y motores, no puede llegar a tiempo a los lugares donde se producen estos eventos de violencia o de desorden.
Una mejor distribución de sus agentes, concentrándolos en comandos en cada uno de los municipios, bien dotados de equipos de comunicación y de vehículos, puede ser mejor garante del orden y la paz en esos municipios, aún cuando en ellos operen policías municipales.
Es que la ciudad, con su provincia, se ha hecho tan grande que exige que, para el caso de la Policía, sus fuerzas estén mejor repartidas.
Tarde o temprano tendremos que llegar a otras policías especializadas, que se ocupen de atender segmentos de la población o territorios con una vigilancia más apropiada.
Hemos escuchado que existe un proyecto para crear una policía fronteriza, que sustituya al Ejército y otras fuerzas en la vigilancia y protección de esa zona, por donde a menudo se producen violaciones migratorias y contrabandos.
Así como se ha configurado una policía técnica judicial, una bancaria, una escolar, una turística, que hasta el momento han operado bien, así pudiera ocurrir con la fronteriza, si ésta es integrada, formada y orientada con criterios modernos y con un personal competente.
De ese modo, las Fuerzas Armadas pueden hacer un mejor reordenamiento y concentración de sus tropas en las zonas o ciudades más necesitadas.
Pero lo que está ocurriendo ahora en la frontera, lo mismo que en el caso de la Policía Nacional, es que una buena parte de soldados y agentes se corrompen y abandonan sus responsabilidades con la Patria.
Esto indica que, antes de dar un paso de reforma en este sentido, es necesario depurar esas instituciones. Es necesario ingresar a personas calificadas, someterlas a entrenamientos, a cursos de preparación, y a un aprendizaje más cabal de las materias o problemas a los que harán frente.
Pero no hacemos nada con tener en la frontera a gente desganada, que ni siquiera sabe el lenguaje de los vecinos, impreparada y mal equipada y, para colmo, susceptible a los sobornos o propensa a delinquir sin que le importe un comino lo que le indica y manda su misión.

Límites al ejercicio del periodismo libre en la República Dominicana

Palabras de introducción al debate sobre el Marco de las Restricciones Legislativas, en el Seminario sobre Prensa y Legislación organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa en Santo Domingo el dia 4 de febrero del 2005.

Como muchos de ustedes conocen, el artículo 8, acápite 6 de nuestra Constitución, ha consagrado el derecho a la información a todos los ciudadanos, aunque no de manera absoluta.

Sus límites son bastante explícitos, tales como la dignidad y la moral de las personas, el orden público y las buenas costumbres de la sociedad, el respeto a las figuras del Presidente y el Vicepresidente de la República y a la memoria misma de los difuntos, y se encuentran consignados en la ley 6132, que es la que rige la expresión y la difusión del pensamiento en nuestro pais.

Del mismo modo, otras legislaciones existentes que en alguna medida conciernen al ejercicio de la libertad de expresión, como son el Código del Menor, la ley de derechos de autor y la mas reciente de todas, la de acceso a la información pública, ensanchan o abren aún más el abanico de límites para garantizar la protección del honor, la intimidad, la propia imagen de cualquier ciudadano y, en especial, de los niños y los jóvenes.

Es muy clara la Constitución cuando reconoce el carácter no absoluto de los derechos fundamentales declarados en su artículo 8, ya citado, cuyo ejercicio está limitado en función de intereses subjetivos y de necesidades objetivas vinculados al conjunto del cuerpo social.

Ese carácter limitativo no es exclusivo de nuestro régimen constitucional, legal o jurídico, sino que predomina con distinto rigor y variedad de circunstancias en la jurisprudencia norteamericana y en la francesa, de la cual se ha nutrido la ley 6132, lo que ha dado lugar a un choque de doctrinas o tendencias a favor y en contra.

La SIP, por ejemplo, postula la tesis o el criterio de la libertad plena en todo el ámbito social, sin ningún límite o regulación. Y, de hecho, cuando aquí se propuso a principios el 2000 una reforma a la ley 6132, una de las principales características del anteproyecto era la eliminación de todas las sanciones, multas y restricciones que aún están vigentes. Ese anteproyecto, que también contiene salvaguardas para el mas amplio y libre acceso a las fuentes noticiosas, no ha podido superar el dictamen aprobatorio del Congreso Nacional, lo cual es lamentable.

En los Estados Unidos, luego de algunas decisiones tomadas por el Tribunal Supremo sobre el derecho a la información, se ha desarrollado un animado e insistente debate en el que con mayor frecuencia las llamadas teorías relativistas cautivan a los defensores de la plena libertad.

Los defensores de esta teoría relativista, a la que se le conoce también como teoria del balance de los intereses, argumentan que la Primera Enmienda a la Constitución americana prohíbe toda legislación contraria a la libertad de expresión o de imprenta.

Y a este respecto el magistrado Oliver Wendell Homes opone su doctrina, la del peligro claro y presente, en el sentido de que la expresión no está protegida por la Primera Enmienda, si la misma es: a) de tal naturaleza como para crear un peligro claro y presente. B) si se la utiliza en circunstancias especiales y c), puede acarrear los males sustanciales que el Congreso tiene derecho a impedir.

Para este magistrado, no puede deducirse de esa prohibición la existencia de una garantía de inmunidad sobre cualquier uso del lenguaje.

Sobre esta cuestión se ha conformado un sistema dirigido a favorecer una interpretación sobre un posible conflicto de intereses, que se produciría cuando se vean enfrentados estos dos derechos.

Se hace necesario, entonces, un planteamiento interpretativo que evalúe los intereses en conflicto, que mida los perjuicios que pueda ocasionar un derecho de interés objetivo, como es la libertad de expresión, frente a otro que afecte a la persona como individuo, o viceversa, y esta tesis es la que está cobrando mas fuerza en esos escenarios de confrontación y debates.

En nuestro país aparecen todavía posiciones doctrinales sobre la libertad de expresión que se insertan dentro del criterio que se conoce como absolutista, así como también las de los maximalistas, que son aquellos que aceptan distinguir entre la libertad de expresar ideas políticas---las cuales se consideran absolutas---y la libertad de expresión en otros campos, la cual puede ser matizada de acuerdo con valores sociales como el de la decencia, la moralidad y el orden público.

Ya dijimos que nuestro ordenamiento jurídico sigue el modelo francés en esta materia constitucional sobre las libertades públicas, bajo el cual no existen dudas sobre el carácter limitado de los derechos. Su propia declaración revolucionaria de 1789 subraya que el ejercicio abusivo de la libre comunicación del pensamiento comporta responsabilidades a las que el ciudadano tiene que hacer frente.

En nuestra ley 6132, se expresa que la reglamentación de la libertad de prensa en la democracia tiene su fundamento en la determinación legal en los casos en que pueda ser exigida la responsabilidad de la prensa,de la radio y de la televisión, excluyéndose así toda responsabilidad de represión arbitraria o peligrosa para la libertad de prensa. Por lo tanto, en tales casos el juez es el que decide.

En resumen, mas que de restricciones hay que hablar de límites en nuestra legislación vigente.
Estos son:
Límites penales, para proteger valores como el honor frente a la injuria y la difamación o el prestigio de las instituciones. Límites civiles, que se reflejan en la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la familia y a la propia imagen, que preve incluso determinadas respuestas de tipo indemnizatorio, ya que un mismo hecho puede ser llevado a la via civil o penal, y límites derivados de obligaciones contractuales, en especial los creados por vínculos laborales, que implican un deber de discreción y fidelidad.



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Inaceptable agresión de AMET contra la prensa

Este incidente, penoso, que pudo derivar en algo más grave como la muerte misma de los reporteros agredidos e irrespetados, debe mover el rechazo público de esta sociedad a los métodos draconianos y salvajes con que pretenden actuar muchos agentes de AMET



La Autoridad Metropolitana del Transporte se ha caracterizado, desde sus inicios, por ser más un cuerpo de agresores, y a veces de torturadores, que un organismo consagrado al control y orden del tránsito.Como se consideraban, entonces, una especie de “élite”, empeñada en diferenciarse de los corruptos o ineficaces agentes de la Policía, su conducta fue marcada por la prepotencia y el abuso.

Con demasiada frecuencia la prensa registraba los excesos de sus agentes, los que parecían tener un cheque en blanco para dar palizas, acallar a choferes o transeuntes o imponer multas medalaganariamente y, en no pocos casos, matar.

Esa ha sido, lamentablemente, la cara fea de su historia. Ayer tuvimos otra muestra.

Dos reporteros gráficos, uno de El Caribe, Joel Alcántara y otro de LISTÍN, Adriano Rosario, fueron abusivamente atropellados por tres agentes, a galletazos y trompadas, con ruptura de sus cámaras y accesorios, en plena calle. Los reporteros iban a cubrir, para sus respectivos medios, una actividad en el hospital Darío Contreras.

El primer altercado ocurrió con el equipo de periodistas de El Caribe. Los agentes, uno de ellos llamado “El comandante Pepe Goico”, seguramente por su fama de troglodita, reclamó que el vehículo de la prensa se cruzó en rojo en un semáforo. El reclamo no está mal si esa fuese, siempre, una misión que la AMET respetara escrupulosamente, pero resulta que aquí los motoristas y otros vehículos violan las leyes en sus propias narices, y nada pasa.

Al producirse el altercado, los reporteros de LISTÍN pensaron que algo noticioso estaba ocurriendo y, al llegar, fueron recibidos también con una pescozada por uno de los tres agentes involucrados en el incidente. Dos de ellos se quitaron y ocultaron sus chapas de identificación, menos el apellidado Tejada Bautista.

LISTÍN DIARIO condena enérgica y responsablemente este abuso, esta prepotencia desorbitada e injusta.

Exige también fuertes sanciones para estos agentes abusadores y exige, por igual, la justa indemnización por los equipos destruidos, que son muy valiosos y que, además de ser una propiedad privada, son equipos útiles para el trabajo informativo que impone nuestro quehacer.

Este incidente, penoso, que pudo derivar en algo más grave como la muerte misma de los reporteros agredidos e irrespetados, debe mover el rechazo público de esta sociedad a los métodos draconianos y salvajes con que pretenden actuar muchos agentes de AMET, tal vez formados así para poder lidiar con lo que se entiende es una selva de irracionales e indisciplinados ciudadanos que se mueven en nuestras calles.

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Cómo el anterior gobierno engañó al FMI

Una nota emitida por la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional el pasado 31 de enero pone de relieve las mentiras usadas por las anteriores autoridades gubernamentales para escamotearle al FMI las verdaderas cifras de la situación de ese gobierno y de la economía del país.



Es ahora, calmadas ya las pasiones electorales, cuando el país está comprobando cómo la mentira —y su uso aleve en perjuicio del país— asumió categoría de práctica consuetudinaria en el pasado gobierno.

No solamente el anterior Presidente engañó a muchos de sus partidarios en el PRD asegurándoles que no iría a la reelección, sino que, en ocasión de exponer datos que interesaran a la nación, fueron muchos los casos en que se escamoteaba la verdad de hechos y situaciones diversas.


Esto duró hasta que muchos incautos —de los cuales quedan todavía algunos haciendo un infeliz papel del ridículo— se dieron cuenta de que nos habían tomado el pelo durante mucho tiempo, y de ahí que, a la hora de las votaciones, se produjera un rotundo e histórico rechazo a esas autoridades.


Una de las mentiras más sostenidas era la de que esas autoridades, proyectándose más inmaculadas de la cuenta, libraban una lucha tenaz contra la corrupción, en todos los sentidos.Y ahora las investigaciones sobre la ascendencia del narcotráfico en aquella etapa echan por el suelo esas falsas pretensiones de moralidad monumental.

La infructuosa relación con el Fondo Monetario Internacional no fue, pues, casual. A continuación —y sin más comentarios de nuestra parte por el momento— otra prueba más de lo que decimos. Se trata de la declaración dada por el señor Agustín Carstens, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la revisión hecha por la Junta Directiva del Fondo y divulgada el 31 de enero de este año, del malogrado acuerdo, que pinta de arriba a abajo la magnitud de las mentiras usadas por las anteriores autoridades dominicanas:

“La revisión de la Junta Directiva a petición de Agustín Carstens, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI): La Junta Directiva revisó compras no estipuladas efectuadas por autoridades de la República Dominicana mientras el país estuvo bajo el acuerdo Stand-By, y encontró como resultado, informaciones erróneas de los fondos con respecto al balance del sector público no financiero y la contratación de deudas externas hechas por el sector público en el 2003.


Dicha Junta Directiva lamentó la irresponsabilidad de las autoridades dominicanas en su fracaso de proveer datos exactos, el cual, fue resultado de debilidades administrativas en el manejo del gasto público.


El volumen de los datos revisados fue visto con mucha preocupación. Sin embargo, debido a la transparencia de las nuevas medidas correctivas tomadas por las autoridades del nuevo gobierno para fortalecer la política fiscal y los reportes de datos, la Junta Directiva decidió conceder la petición a las nuevas autoridades dominicanas y dejar pasar por alto incumplimientos de criterios del desempeño en compras no estipuladas del año 2003”, dijo el señor Carstens.

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Ir a un hospital es casi una cita con la muerte

Un país que ofrece semejante estado de ruina en sus instalaciones hospitalarias no puede avanzar hacia el desarrollo, ni puede asegurar un mínimo de condiciones para la salud a la mayoría de sus habitantes

La vida de muchos dominicanos está en juego cada día en nuestros hospitales, a consecuencia de las pésimas instalaciones, falta de medicinas y equipos, y un personal que trabaja desmotivado y desalentado por los bajos salarios.

El abandono y el deterioro a que los condenó el pasado gobierno hace que cada ingreso a un hospital sea una cita con el peligro, con el riesgo de la muerte, dada la carencia de los recursos más elementales para tratar enfermedades.

Uno no se explica cómo pueden sobrevivir los pacientes que llegan con enfermedades gravísimas, los que necesitan de cirugía de urgencia, los accidentados, los que son llevados a las llamadas salas de cuidados intensivos, si en esos centros no hay medicinas, no funcionan los equipos y no hay condiciones generales ambientales para asegurar, al menos, una atmósfera limpia para aguantar un internamiento.

Para colmo, aquí los pacientes parecen no tener derechos, ni que se les reconozcan algunos elementales principios de dignidad, pues al llegar adoloridos, incapacitados o heridos, tienen que someterse al manejo y la atención que permitan brindarles esas condiciones de precariedad y de desmotivación de los médicos y enfermeras.La vida es pues, para todos, pacientes y médicos, bastante dura.Y no sólo por las carencias, sino por el abandono, el descalabro y la poca higiene en que fueron dejados por la pasada administración.

Ahora se anuncia el propósito de emprender un plan de higienización y remozamiento de unos 20 hospitales importantes, para ponerlos en condiciones de atender mínimamente a los que requieren de sus servicios.Esta inversión es supernecesaria, ya que los costos de la salud se han disparado y quienes más han sentido esas alzas son los pobres que no pueden internarse en centros privados, y a veces ni en los mismos hospitales públicos, donde tienen que comprar de todo, hasta el agua que necesitan.

Un país que ofrece semejante estado de ruina en sus instalaciones hospitalarias no puede avanzar hacia el desarrollo, ni puede asegurar un mínimo de condiciones para la salud de la mayoría de sus habitantes.Un ejemplo del descuido imperdonable que caracterizó el sistema de salud en el pasado reciente es la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

Tras ser sometida a un proceso de mantenimiento y re-equipamiento general, terminó siendo un basurero de ratas y cucarachas. Ahora será nuevamente rehabilitada. Pero esa es la historia de todos los hospitales públicos.

Estamos vivos de milagro, ya que verse internado en esos hospitales, o procurando en ellos una cura urgente, se convierte, para muchos, en un pase seguro hacia el otro mundo.

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Interesante propuesta del Presidente

Con el grado de acceso a la información que tienen los jóvenes de hoy, la eventual reforma debe de considerar que la obligatoriedad y gratuidad del bachillerato exige del Gobierno una mayor inversión en plataforma y en conceptos que respondan a las necesidades del mundo moderno

El Presidente Fernández ha lanzado una idea muy interesante: que, mediante una reforma constitucional, se consagre la obligatoriedad de la educación pública hasta el bachillerato.

Es este un punto, no el único, por supuesto, que cabe considerar como parte de nuevas reformas al sistema educativo, para corregir algunos problemas que han ido devaluando la importancia de la educación en nuestro país.

Las estadísticas son consistentes, año tras año, en el sentido de que aumenta la deserción escolar no sólo a nivel de primaria, sino ya en el bachillerato, cuando apenas quedan pocos años para que un joven termine esta etapa de su formación antes de aspirar a una profesión.

Muchas veces la razón no tiene que ver con precariedades de alimentación y de textos gratuitos, como acontece en el nivel primario, sino con las presiones por empleo remunerado que ejercen los jóvenes en un mercado que les ofrece pocas oportunidades.

Aquí entra en juego el dilema de continuar la formación o entrar en la faena laboral para mantener una familia, para costear sus estudios o para mejorar su situación de vida. El Presidente dice que no basta con declarar constitucionalmente la obligatoriedad de esta educación pública y gratuita hasta el bachillerato, si la medida no está acompañada de acciones puntuales para estimular a los jóvenes a culminar sus estudios.

La clave pudiera estar en que, al tiempo que se proclama una reforma constitucional en este sentido, la misma abarque como nivel el bachillerato en las carreras técnicas que el mismo Estado pueda ofrecer, creando institutos especializados o incorporando estas materias a las mismas escuelas públicas, que antes las impartían.

La obligatoriedad pasa también por un compromiso mayor y más serio del Estado en garantizar esas condiciones, pues de nada sirve extender la gratuidad si no hay maestros bien preparados, si no hay facilidades para que los jóvenes pobres adquieran sus textos y uniformes, o si no diversificamos los actuales esquemas para ofrecer otras materias , como las electrónicas, que tienen gran demanda de operarios, técnicos y profesores.

Con el grado de acceso a la información que tienen los jóvenes de hoy, la eventual reforma debe de considerar que la obligatoriedad y gratuidad del bachillerato exige del Gobierno una mayor inversión en plataforma y en conceptos que respondan a las necesidades del mundo moderno.

Pero lo más importante es hacer que la juventud reconozca que si no se prepara adecuadamente, no podrá optar por las escasas oportunidades de empleo remunerado o de becas, y que el Estado y la sociedad en su conjunto no defrauden aquellos que han decidido invertir muchos años para su preparación académica, proporcionándoles qué hacer y de qué vivir una vez culminen sus estudios.


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